Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123865
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) exhortar al juzgado interviniente a dar cumplimiento con lo dispuesto en los puntos III y IV de la presente.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
"H. B. A. P. Y OTROS S/ ABRIGO "
La Plata, 15 de abril de 2020.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Genoud y de Lázzari dijeron:
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- declaró el estado de adoptabilidad de N. G. y U. H. (v. fs. 550/571 vta.).
Contra dicho fallo, la abuela materna y la progenitora de los niños deducen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 575/582 vta. y 583/590).
Por el primero de los remedios se plantea la violación de los arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21 de la Convención de los Derechos del Niño; 1, 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño; 3 de la ley 26.061 y 4, 5, 6 y 7 de ley 13.298 (v. fs. 577 vta.).
En el segundo se denuncia la errónea aplicación de los art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, los arts. 3, 7, 8 y conc. de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3 de la ley 26.061 y 4 de le ley 13.298 (v. fs. 585 vta.).
II. Los recursos no prosperan, atento a la insuficiencia técnica que portan (conf. art. 279, CPCC).
II.1. Inicialmente, resulta preciso recordar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales -cuestión que hace a la médula de lo controvertido en autos- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C.100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C.108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
II.2. Sin embargo y más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida y los intereses en juego, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo de los recursos que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de los niños de autos en el seno de su familia de origen (v. informes elevados por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niños del Municipio de Vicente López -v. fs. 48/53, 65/88, 140/143, 208/216, 219/224-, los informes de Conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos P.E.R. -v. fs. 267/273 y 279/285-; los realizados por el Equipo Técnico del Juzgado interviniente -v. fs. 185/188- y los confeccionados a petición del Tribunal de Alzada -v. fs. 522/526 y 527/539 vta.), así como el fracaso de las estrategias de intervención dirigidas a superar las causas que motivaron la medida de abrigo, en pos de hallar una posibilidad para que los niños pudieran permanecer en su entorno pero en condiciones adecuadas a su interés superior.
Frente a ello, las manifestaciones expuestas en los recursos por los que se persigue que se deje sin efecto la declaración de adoptabilidad (v. fs. 578/581 vta. y 586/589 vta.), no aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de la progenitora y su madre descripta en los diferentes informes elaborados a lo largo de todo este proceso, de los cuales se desprende la imposibilidad de retorno de los niños al hogar familiar y ello por múltiples motivos que exceden lo atinente a la carencia de recursos, aspecto -este último- al que se circunscriben principalmente los intentos recursivos.
En ese sentido y a modo de ejemplo, se observa en el último informe interdisciplinario confeccionado a instancia de la Cámara (v. FS. 527/539 vta.), que "Las Sras. S. H. e H. A. no se encuentran en condiciones de ejercer adecuadamente la responsabilidad parental, no presentando aptitudes para responder satisfactoriamente a las necesidades de alimentación, salud, educación, afectivas y emocionales de los niños N. y U. H.. Más aun considerando la corta edad de los niños y la necesidad de una atención que contemple muy especialmente la etapa evolutiva que atraviesan, donde resulta crucial atender a la necesidad de apego, de estimulación del desarrollo de la interacción afectiva, del lenguaje y de los recursos simbólicos" (v. fs. 539).
Así, a la luz de las referidas actuaciones, la solución adoptada en ambas instancias ordinarias es la que mejor se adecua al interés superior del niño (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (conf. Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22 X 2003; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010).
En este orden de ideas, se ha sostenido que en resguardo de ese interés superior y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (arts. 3, CDN; 75 inc. 22, CN; C. 110.887, "N.N. o S., V.", 10-VII-2013; C. 119.541 y C. 120.229, cits.).
Por lo expuesto, corresponde el rechazo de los recursos articulados (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
III. Asimismo, en atención a lo informado mediante oficio electrónico de fecha 20 de febrero del 2020 y a fin de alcanzar la efectividad de los derechos de los infantes, el Juzgado de origen -junto a la señora Asesora de Incapaces- deberá adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados en la etapa en la que se genere el vínculo entre los niños y sus respectivos guardadores (art. 29 ley 14.528 y decreto 295/2014), junto a un seguimiento evolutivo realizado por el equipo técnico del órgano interviniente.
IV. Por último, en virtud de las circunstancias que surgen de la compulsa de las presentes (v. fs. 9), corresponde requerir al Juzgado actuante que informe mediante oficio a esta Secretaría si se ha realizado efectivamente la denuncia penal que allí se menciona (conf. causas C. 119.398, "F., E. R.", resol. de 5-XI-2014; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) exhortar al juzgado interviniente a dar cumplimiento con lo dispuesto en los puntos III y IV de la presente.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia