Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123783
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) exhortar al juzgado de origen a dar cumplimiento con lo dispuesto en el punto II.3 de la presente.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
"A. B. Y OTRO/A S/ ABRIGO"
La Plata, 16 de marzo de 2020.
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró a los niños B. J. A. y C. B. A. en situación de adoptabilidad y privó de la responsabilidad parental a la progenitora de los mismos, C. P. A. (v. fs. 267/275 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, la señora A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo y violación de las normas y principios que regulan el actual sistema de protección de la niñez (leyes provinciales 13.298 y 13.634; ley nacional 26.061; vulneración del derecho de los niños a que se respete su mejor interés -art. 3 Convención sobre los Derechos del Niño- y violación del derecho de defensa de la progenitora; infracción de la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, en particular la n° 579/86; art. 462 del Código Civil y Comercial de la Nación y de los derechos contemplados en Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones del Comité de Derechos Humanos, Observaciones del Comité de la ONU sobre Discapacidad, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, v. fs. 285/304).
II.1. Inicialmente, resulta preciso recordar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C.100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C.108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
II.2. Sin embargo y más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida y los intereses en juego, corresponde poner de relieve que la situación de adoptabilidad de los niños B. J. y C. B. que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia, encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, entre las conclusiones del equipo del Servicio Local que adoptó las medidas de abrigo se afirmó que "Ante el informe del Servicio Social y médico, además de la entrevista mantenida con la madre de los niños, se puede observar e inferir pocas pautas de alarma por parte de C., lo que afecta a sus hijos en detrimento de su derecho a la integridad psico física y a la salud, considerándose estos vulnerados y sin referentes adecuados que puedan garantizarlos hasta el momento" (v. fs. 22).
Luego, del informe de seguimiento del Plan Estratégico de Restitución de Derechos (P.E.R.) se deprende que desde la adopción de las medidas de protección especial se mantuvieron diversas entrevistas con la señora A. en las cuales los operadores le habían indicado que realizara distintas acciones como el inicio de un tratamiento con respecto a su salud física y de una terapia, lo cual no había sido llevado a cabo. Asimismo, se hizo mención a la ausencia de referentes afectivos que quisieran hacerse cargo del cuidado de ambos niños (v. fs. 41/43).
Más adelante, obra un dictamen elaborado por los peritos psicólogo y psiquiatra del Equipo Técnico del juzgado en el cual se indicó que la progenitora no podía responsabilizarse de la crianza de sus hijos (v. fs. 62 y sigs.). Es de destacar lo manifestado por C. en la entrevista con los referidos profesionales en la que expresó -intentando explicar el contagio de la sífilis que padecían ella y sus hijos- que en una época de su vida "anduve en cualquiera (sic), estaba de acá para allá, con los chicos, hasta que caí en la casa de D., mi marido. Ahora estoy bien ahí. Desde que me sacaron a mis hijos, me tranquilicé. .." (El resaltado no figura en el original). A su vez, del informe de fs. 125 y sigs. se desprende que C. se separó del señor G., cambiando de domicilio y habitando un espacio detrás de la mueblería "A.".
Finalmente, en el informe de conclusión del P.E.R., realizado a los seis meses de adoptadas las medidas de abrigo, se destacó que la situación de vulneración de derechos de ambos niños resultaba irreversible teniendo en cuenta que A. no había podido cumplir con ninguna de las acciones requeridas por Servicio Local interviniente. Por ello, teniendo en cuenta la imposibilidad del ejercicio parental por parte de la progenitora y la falta de referentes afectivos, el organismo citado sugirió que se declarara el estado de adoptabilidad de B. J. y C. B. A. (v. fs. 67/70).
En similar línea, el informe de la Asistente Social, luego de describir los antecedentes de autos -entre los cuales recuerda que C. se negó a realizar el tratamiento para la enfermedad que padecía mostrando, a su vez, carecer de pautas de cuidado- descree que sus hijos sean víctimas de abuso sexual infantil, si bien reconoce que su pareja de 58 años de edad dormía con B. (v. fs. 75/77). En el mismo informe -y ya en las observaciones- resalta lo que le expuso la Directora del Hogar, a saber, que B. no habla de su familia, "nunca hizo referencias salvo decir 'no tengo papá'; es lo único; no cuenta de su familia ni a mi, ni a la cocinera, ni a las cuidadoras ni a la psicóloga... Pero lo llamativo es que es muy extrovertida, se habla todo".
Sobre la base fáctica referida y teniendo en cuenta lo dictaminado por los peritos del Cuerpo Técnico del juzgado agregado a fs. 62/63 y por la Asesoría de Incapaces n° 4 a fs. 316, cabe inferir que una ampliación de los plazos a las resultas de un cambio en las condiciones particulares de la progenitora, así como la implementación de un sistema de apoyos para el ejercicio del maternaje, no puede tener un efecto útil inmediato ya que ello requeriría -a todo evento- de un prolongado tiempo adicional al que ya ha transcurrido y se sabe que este condicionante tiene particular importancia para la vida de los niños los que no pueden seguir esperando la posibilidad de inserción en el seno de una familia definitiva (art. 2, Cód. Civ. y Com.; conf. C. 118.472, sent. de 4-XI-2015; C. 120.768 "V., M.", resol de 7-IX-2016; C. 120.610 "M., K. I.", sent. de 15-XI-2016).
Asimismo, es de destacar que la base argumentativa de esta decisión no está sustentada en la consideración de una actitud abandónica de la progenitora, sino en la ponderación del interés superior de los niños que determina su separación necesaria (art. 23.4 de la Convención sobre la Personas con Discapacidad; arts. 1 a 3 del Código Civil y Comercial; conf. causa C. 120.768 cit.).
En suma, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada es la que mejor se adecua al interés superior de B. J. y C. B. (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (conf. causas Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010).
Se ha dicho al respecto que en resguardo de ese interés superior y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional (arts. 3, CDN; 75 inc. 22, CN; causas C. 119.541 y C. 120.229, cits.)
Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
II.3. Asimismo, en atención a lo informado mediante oficios electrónicos de fechas 17 y 20 de diciembre de 2019, corresponde exhortar al juzgado de origen para que -actuando en forma conjunta con el Ministerio Público pupilar- de manera urgente se aboque a la tarea de seleccionar, dentro de aquellos inscriptos en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, guardadores para B. J. y C. B. (conf. art. 15 y concs., ley 14.528, Acordada n° 3.607).
A fin de alcanzar la plena efectividad de los derechos de los niños, se deberán adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados a la etapa en la que se generen los nuevos vínculos (art. 29 ley 14.528 y decreto 295/2014), junto a un proceso de seguimiento evolutivo realizado por el equipo técnico del juzgado interviniente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) exhortar al juzgado de origen a dar cumplimiento con lo dispuesto en el punto II.3 de la presente.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia