Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123572
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.572, "T., M. N.; T., E. A. y T., D. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, de Lázzari.
La Cámara Primera de Apelación -Sala II- en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró el estado de adoptabilidad de los niños M. N., E. A. y D. T. (v. fs. 531/541 vta.).
Se interpuso, por el progenitor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 546/553).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Se inician las presentes actuaciones con la presentación efectuada por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la localidad de San Fernando, en donde comunicó que se había tomado una medida de abrigo con relación a los niños M. N., E. A. y D. T., hijos de la señora C. N. S. y el señor M. E. T., en el Hogar Convivencial María Aroza de Gomedio.
En dicha oportunidad se indicó que tomaron intervención a partir de la presentación espontánea que habían realizado los tíos paternos de los niños, quienes compartían el terreno en el que vivía la familia de los infantes. Allí se relató que otro tío paterno de la niña M. -de nombre E.- habría observado, al acercarse a la casilla en la cual habitaba la familia T., una situación de abuso que había involucrado al joven S. C. de 14 años y a su hermana M. de 7. Refirieron que la niña había sido internada en el Hospital Materno Infantil de San Isidro por las lesiones sufridas. Además, contaron las malas condiciones habitacionales y que los ocho miembros de la familia dormían en una sola habitación. Indicaron que allí sus progenitores consumirían drogas, que los niños se encontraban todos en malas condiciones de higiene y que no les realizarían los controles médicos ni se encontrarían escolarizados ni documentados. Señalaron, también, maltrato físico por parte de los progenitores hacia todos los niños (v. fs. 5/6, 11/12 y 17/28).
A fs. 22/27, 29/34 y 36/41 se presentó el Informe Inicial del Plan Estratégico de Restitución de Derechos (P.E.R) con relación a los tres niños.
A fs. 69/70 tomó intervención la Asesora de Incapaces, haciendo saber que consultado el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) Penal surgía que en la Fiscalía del Joven del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se había radicado, con fecha 14 de agosto de 2017, la IPP n° 14-00-005025-17 caratulada "C., H. S. (Menor de edad) s/ abuso sexual".
Luego, el Juzgado interviniente declaró la legalidad de la medida de abrigo (v. fs. 71/72 vta.).
Posteriormente, se realizó un cambio de alojamiento de los niños al Hogar de Niños Puertas del Cielo, por encontrarse más cercano a su centro de vida (v. fs. 113/115).
A fs. 131/147 se presentó el Informe de Conclusión del P.E.R. en el cual los operadores dieron cuenta de las medidas llevadas a cabo para modificar las circunstancias que motivaron la medida de abrigo. De este surgía que a pesar de sus limitaciones la señora S. mostró cariño y apego hacia sus hijos, aunque en ambos se observó poca compresión de las problemáticas que había generado la implementación de la medida de protección y una inconstante adherencia a las estrategias desplegadas, así como una escaza red de apoyo familiar.
En ese contexto se solicitó el plazo de 45 días a fin de evaluar la continuidad de las estrategias, así como también para encausar la búsqueda de posibles familiares que pudieran asumir el cuidado de los niños.
A fs. 193/209 se agregó el Informe Complementario, donde se concluyó que ambos progenitores presentaron un vínculo de afecto hacia sus hijos pero no lograron trasladar "el deseo" al cumplimiento de las pautas propuestas. El Servicio manifestó que durante el plazo otorgado para continuar con la evaluación de los progenitores estos no habían logrado regularizar la concurrencia a los dispositivos propuestos y ambos mantenían una mala relación con sus respetivas familias, por lo que no se había podido contar con ellos como red de apoyo.
Informaron también que contactaron a la abuela materna, por lo cual solicitaron un plazo de 30 días para evaluar la posibilidad de realizar un proceso de vinculación de ella con los niños.
Posteriormente, se aduna el informe de fecha 5 de junio de 2018 del cual surge que la señora P. -abuela materna de los niños- si bien en su discurso había manifestado la intención de responsabilizarse por el cuidado de sus nietos no había podido llevar adelante ninguna acción para su concreción (v. fs. 248/252).
Con fecha 6 de julio de 2018 el Servicio presentó el informe de Cese por Pedido de Adoptabilidad; allí indicaron que habiendo agotado las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada se declarara el estado de adoptabilidad de los niños (v. fs. 261/266)
A fs. 306/312 vta., luego de analizar la situación y los elementos de convicción aportados a la causa, el magistrado de origen declaró el estado de adoptabilidad de M. N., E. A. y D. T.
II. Apelado este fallo por los progenitores, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental lo confirmó (v. fs. 531/541 vta.).
III. Contra este último pronunciamiento el señor M. E. T. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 546/553), por el cual denuncia la errónea aplicación de los arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño; 1, 14 bis, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño; 3 de la ley 26.061 y 4, 5, 6, 7 y concordantes de la ley 13.298.
Alega que la Cámara realizó una errónea interpretación de la ley ya que -a su entender- declaró el estado de adoptabilidad de sus hijos violando el derecho de estos a criarse en el seno de su familia de origen, al separarlos de sus progenitores y hermanos mayores y extinguiendo la responsabilidad parental. Solicita, por lo tanto, que la decisión "deberá reverse por la Excma. Suprema Corte, a los efectos de restablecer el derecho cercenado por la Excma. Cámara, al violar fundamentalmente el derecho de M., E. y D. T. de criarse en el seno de su familia biológica y/o a todo evento mantener un régimen comunicacional con su padre biológica (sic)" (fs. 548 vta.).
Manifiesta también que su situación de vulnerabilidad económica no es un dato menor en la resolución del caso, por las consecuencias que esto trae aparejado, refiriendo que se encuentra inmerso en una situación compleja y sistémica que imposibilitó revertir las decisiones que se tomaron en torno a sus hijos (v. fs. 549 vta.).
Además, hace hincapié en la prioridad de la familia de origen, argumentando que "Es fundamental el derecho que tienen los niños de permanecer en el seno de su familia biológica y que mientras dure su institucionalización se debe tratar por todos los medios de revincularlos con ambos progenitores y la familia ampliada" (fs. 550 vta.).
Finalmente, cuestiona la forma en que se abordó la posibilidad de considerar a la familia ampliada, específicamente a la hermana y abuelas materna y paterna, como referentes (v. fs. 550 vta./552 vta.).
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1.a. El análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigido a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales -cuestión que hace a la médula de lo controvertido en autos- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia solo si se acredita la existencia de absurdo (conf. C. 114.372, "R., G. Á.", sent. de 18-IV-2012; C. 114.497, "A., E. y R., N.", sent. de 24-X-2012), extremo que -adelanto- el recurrente no logra patentizar.
En efecto, la Cámara -luego de analizar la prueba colectada- afirmó en cuanto al acogimiento de M., E. y D. con su familia de origen "que a través de la medida de protección dictada, se han realizado las gestiones necesarias para que los niños puedan ser insertados en el ámbito de su familia, lo cual no ha podido lograrse, a pesar de haberse solicitado oportunamente nuevos plazos para seguir elaborando las estrategias de acción" (fs. 539 vta.).
También sostuvo que "Los Sres. S. y T. al peticionar la revocación de la sentencia, requieren que se ordene la revinculación de sus hijos, indican que se han mudado y que sorpresivamente han superado los conflictos familiares, pero no indican a dónde, no denuncian su nuevo domicilio y en ningún momento presentan siquiera un plan de acción para poder brindarle a sus hijos asistencia, cuidado y educación" (fs. 539 y vta.).
Seguidamente destacó "que al tomarse la medida de abrigo los niños no se encontraban escolarizados, no tenían actualizado su calendario de vacunación y D. no tiene documento nacional de identidad y presenta déficits en su manera de expresarse que probablemente se deban a la falta de estímulo que tuvo hasta el momento de ingresar al hogar..." (fs. 539 y vta.).
Finalmente, concluyó que "Los progenitores no lograron, a lo largo de la tramitación de las presentes, visibilizar la situación de vulnerabilidad a la que fueron sometidos sus hijos, no reaccionaron frente a la problemática [...] no lograron entender que la medida de abrigo se adoptó a partir de las diversas negligencias que ellos cometieron en el cuidado de sus hijos" (fs. 539).
Tal solución a la que arriba la Cámara no ha recibido un reproche idóneo que demuestre la presencia de un error palmario y fundamental en la apreciación del juzgador que lo haya conducido a conclusiones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa, ni tampoco que evidencie un descuido del "interés superior del niño" (conf. C. 116.731, "M. Z. A. C.", sent. de 18-XII-2013).
La crítica que a su respecto ensaya el señor T. a fs. 549/552 no porta una refutación concreta e idónea de los fundamentos centrales en que se apoyó el pronunciamiento que ha sido adoptado priorizando el interés superior de los niños y brindando las razones que sustentan el declarado estado de adoptabilidad.
En este sentido, tiene reiteradamente dicho esta Corte que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que solo trasunta una discrepancia de criterio y no demuestra cómo se habría producido la infracción legal o el absurdo denunciado (C. 65.618, "La Patagonia Cía. Argentina de Seguros S.A.", sent. de 13-III-2002; C. 120.610, "M., K. I.", sent. de 15-XI-2016).
IV.1.b. Más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, corresponde señalar que el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
Así, del análisis de las actuaciones surge acreditada tanto la vulneración de derechos de los niños en el seno de su familia de origen como también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo (v. Informes de Conclusión del P.E.R. -fs. 13/147-; Complementario -fs. 193/209- y de Cese por Pedido de Adoptabilidad del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de San Fernando -v. fs. 261/266-).
Frente a ello, las manifestaciones expuestas en el recurso por el que se persigue que se deje sin efecto la declaración de adoptabilidad (v. fs. 548 vta./551 vta.) no aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de los progenitores ni en la familia ampliada, descripta en los diferentes informes elaborados a lo largo de todo este proceso, de los cuales se desprende la imposibilidad de retorno de los niños al hogar familiar y ello por múltiples motivos que exceden lo atinente a la carencia de recursos.
Al respecto, los profesionales del Servicio expresaron que "La evaluación realizada, teniendo en cuenta los informes de los distintos espacios a los que fueron derivados la Sra. S. y el Sr. T., evidencia que no han logrado un reconocimiento genuino de las situaciones de negligencia a las que fueron expuestos sus hijos, y que motivaron la adopción de la medida, como así tampoco ha sido suficiente el trabajo en pos de revisar su rol materno y paterno en el cuidado adecuado de los niños [...] A lo largo de las entrevistas los progenitores han asociado siempre la medida a la presunta situación de abuso, y al abordar cuestiones tales como los no controles médicos, la no escolaridad y/o la falta de documentación de todos los niños, toman una postura defensiva evadiendo su responsabilidad como progenitores [...] También se considera que la Sra. C. [progenitora] se encuentra en una dualidad con respecto a la presunta situación de abuso sexual de S. hacia M. [...], no logró incorporar a su hijo en los tratamientos psicológicos y psiquiátricos a los que fue derivado" (fs. 196).
En el mismo informe también expusieron que "Ambos [progenitores] dejaron pasar los turnos otorgados para tratamiento psicológico, y asistieron con suma irregularidad al Grupo de Orientación de Padres [...] Esta situación demuestra que no han logrado asumir su responsabilidad, ni han tomado conciencia de las causales que ameritaron la adopción de la medida de abrigo, sino que tomaron las propuestas como una obligación que no pudieron sostener en el tiempo [...] Lo que resulta de mayor gravedad es la imposibilidad de cumplir el encuadre en las vinculaciones con los niños, sin registrar la forma en que sus ausencias y llegadas tarde afectan a M., E. y D." (fs. 196).
En cuanto a la posibilidad de vinculación con la familia ampliada, a la que hace referencia el señor T. en su pieza recursiva (v. fs. 551 vta./553), del informe del órgano administrativo de fs. 193/206 surge que ambos padres mantenían mala relación con sus respectivas familias, por lo que no se había podido contar con ellos como red de apoyo.
Sin embargo, se evaluó a la abuela materna de los niños, quien en un primer momento manifestó su voluntad de responsabilizase por el cuidado de ellos, pero se concluyó, luego de las evaluaciones, que no había podido llevar adelante situaciones que sustentaran dicho deseo (v. fs. 247/252).
En ese mismo orden de ideas, se colige de la exposición del equipo técnico de fs. 255/256 que "...al adoptarse la medida de abrigo la Sra. A. D., tía paterna, se habría presentado en el Servicio Local para responsabilizarse de los niños pero que desde dicho Servicio le habrían informado que no era posible pues esta tía comparte el terreno con el 'presunto abusador'". Asimismo, la señora S. M. T. (abuela paterna) expresó "...que no le es posible cuidar a sus nietos debido a su cuadro de salud y a que reside en un lugar hostil y violento" (fs. 256).
Finalmente, en cuanto a la vulneración del "principio de inseparabilidad de los hermanos" que denuncia el quejoso a fs. 551 y vta., cabe aclarar que el mismo debe ceder cuando, como en el caso, se constatan situaciones graves que hacen imposible su realización, tales como la denuncia de abuso que involucró al joven S. C.
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN Masculino s/ abrigo", 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que estos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los Jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"(CS., "N.N. o U., V. s/ protección y guarda de personas", 12-VI-2012; L. L. 26-VI-2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27-XI-2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 [junio], 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
En la misma línea argumental esta Corte ha sostenido que en resguardo del interés superior del niño o niña y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta (arts. 3, CDN; 75 inc. 22, Const. nac.; doctr. C. 110.887, "N.N. o S., V.", 10-VII-2013; C. 119.541 y C. 120.229, cits.).
En consecuencia, considero que se debe rechazar el recurso articulado (art. 289, CPCC).
IV.2. Conforme lo solicitado por el recurrente en cuanto a que "a todo evento mantener un régimen de comunicacional con su padre biológico" (fs. 548 vta.), se insta al Juzgado interviniente a que valore la posibilidad de adoptar medidas tendientes a evaluar la eventual conveniencia de arbitrar un mecanismo que permita establecer un régimen progresivo de comunicación entre los niños y su progenitor, siempre que resulte beneficioso para ellos y que no obstaculice el proceso de adaptación vincular que se viene desarrollando con el matrimonio seleccionado, toda vez que la necesidad de afianzar la estabilidad de los lazos afectivos con su familia adoptiva es un requisito ineludible para definir si esa comunicación responde a su mejor interés (arts. 2, 3, 6 y 8, Convención de los Derechos del Niño; 3, ley 26.061; 595 inc. "d" y 621, Cód. Civ. y Com.).
IV.3. Asimismo, en atención a que los niños se encuentran transitando un proceso de guarda desde el 12 de julio de 2019 (v. fs. 571/574 vta.) y a fin de alcanzar la efectividad de los derechos de los infantes, el Juzgado -junto con la Asesora de Incapaces- deberá adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados en la etapa actual en la que se está generando el vínculo entre los niños y sus respectivos guardadores (art. 29, ley 14.528, y decreto 295/2014), junto a un seguimiento evolutivo realizado por el equipo técnico del órgano interviniente.
IV.4. Finalmente, tal como lo ha puesto de manifiesto el señor Procurador General en su dictamen, el dí
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