Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123576
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.576, "V., J. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, de Lázzari.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, resolvió declarar la situación de adoptabilidad de la niña J. V. (v. fs. 274/299 vta. y 334/349 vta.).
Se interpuso, por parte de la progenitora de la niña, M. V. V., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 372/386).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Familia n° 2 de Mercedes declaró el estado de adoptabilidad de la niña J. V. (v. fs. 274/299 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la progenitora de la niña, la Sala III de la Cámara de Apelación departamental lo confirmó (v. fs. 334/349 vta.).
III. Contra el fallo de la Cámara, la progenitora de la niña, con el patrocinio de la señora defensora oficial a cargo de la Unidad Funcional de Defensa en lo Civil y Comercial y de Familia n° 2 departamental, deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la infracción de los arts. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 2, 3, 4, 7, 11, 17, 27, 29 y 34 de la ley 26.061; 4, 6, 7, 9, 19 incs. "c", "e" y "f"; 34, 35 incs. "a", "b" y "c" y concordantes de la ley 13.298; 12 de la ley 14.528 y 607 del Código Civil y Comercial. Asimismo, denunció absurdo en la valoración de la prueba (v. fs. 372/386).
Afirma que se institucionalizó a su hija en un hogar de tránsito sin haberse trabajado con el entorno, ni con referentes afectivos o con una familia acogedora (v. fs. 374 vta.).
Aduce que desde siempre estuvo a disposición del Servicio Local, desde donde se elaboraron informes que manifiestan haberla acompañado en virtud de que se trataba de una madre adolescente, pero que en realidad ya hacía tiempo que el organismo no lo hacía, ni a la recurrente ni a su familia ampliada (v. fs. 375).
Considera que yerra el Tribunal de Alzada al afirmar que la impugnante tuvo una clara y efectiva posibilidad de ejercer su defensa esgrimiendo que, por el contrario, en infracción con la normativa vigente el proceso tramitó en forma íntegra en ausencia de la impugnante, quien solo luego de un año tomó pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo, presentándose en autos luego de ser asesorada el 19 de diciembre de 2018, momento en el cual se le prohibió a su letrada presenciar la pericia llevada a cabo, sin notificación previa (v. fs. 375).
Expone que lo decidido en la causa resultó producto de una decisión arbitraria, basada en informes desactualizados, vulnerándose con ello el interés superior de su hija al que tanto se alude en la sentencia (v. fs. 375 vta.).
Afirma que el fundamento que le da sustento a la sentencia recurrida es erróneo y que no se observó el menor reparo en respetar la defensa en juicio, calificándose de manera equivocada las situaciones motivantes de la causa y considerando en situación de desamparo a la niña cuando no se dispusieron medidas concretas y reales que le permitieran a la progenitora superar las situaciones de abandono que esta última vivió durante su infancia (v. fs. 378).
Sostiene que el tribunal a quo aplica erróneamente las normas que invoca, confirmando un fallo de primera instancia que convierte a la niña involucrada en el centro de una injusticia flagrante, apartándola de su familia de origen y cercenando todo derecho a vivir con su madre (v. fs. 379 vta.).
Plantea que de la lectura de las actuaciones no surge que se haya recurrido a las diversas medidas o programas de fortalecimiento disponibles previstos por las leyes aplicables al caso (v. fs. 380).
Denuncia que el fallo impugnado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba (v. fs. 377 y 384).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Inicialmente, resulta preciso recordar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales -en este caso de la progenitora de la niña, cuestión que hace a la médula de lo controvertido en autos- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia solo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009 y C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que si bien se denuncia en el recurso no se advierte configurado en la especie.
IV.2. Sin embargo, y más allá de lo referido desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole del asunto debatido corresponde señalar que el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa.
En efecto, se inician las actuaciones con la comunicación de la medida de abrigo adoptada el 24 de octubre de 2017 por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Nueve de Julio con respecto de la niña J. V., nacida el 17 de junio de 2017 (v. fs. 2/5).
Como problemática que originó la medida, el organismo administrativo refirió que había comenzado a trabajar desde el momento de la gestación de la niña J., ya que su madre M. V. V. se encontraba en situación de calle, lo que sumado a su historia de abandono y abuso sexual, del que había sido víctima, la volvía vulnerable. Por tal motivo, a través del programa de fortalecimiento familiar se incluyó la figura del acompañante familiar para ayudar a M. V. durante su embarazo en cuanto a los controles médicos y el cuidado de su cuerpo. Mientras tanto, M. V. fue alojada en una pensión (v. fs. 4).
Se informó que los cuidados fueron garantizados durante el tiempo indicado por el médico; sin embargo, una vez vencido dicho plazo, M. V. comenzó a exponer a J. a situaciones de riesgo, observando los operadores que tenía grandes dificultades para ser garante de los derechos de la niña (v. fs. 4).
Continua el informe narrando que la progenitora y la niña convivieron en una pensión, luego en un hotel y después nuevamente en otra pensión. Que la joven madre no pudo sostener la permanencia en ninguno de dichos lugares y que, luego de una pelea entre M. V. y las dueñas de una pensión, terminó en situación de calle con J. (v. fs. 4).
Se dejó expresado que tras ese acontecimiento M. V. había sido alojada en la casa de una amiga, mientras que J. lo fue junto a una acompañante familiar con quien se adoptó la medida especial de protección transitoria, solicitándose luego vacante en un Hogar Convivencial (v. fs. 5).
En el informe inicial del Plan Estratégico de Restitución de Derechos los operadores evaluaron que M. V. no lograba posicionarse en su rol materno en cuanto a los cuidados de su hija. Asimismo, se informó que la joven madre carecía de vínculo con su familia de origen a excepción de su abuela paterna, quien en reiteradas oportunidades había sido convocada por el Servicio Local y por M. V., no obteniendo respuesta alguna por parte de aquella.
En cuanto al progenitor de J., F. M., se informó que el mismo fue agresivo con M. V. durante el embarazo, lo que había dado motivo a la adopción de una restricción de acercamiento. Se mencionó que desde el Servicio Local se había trabajado durante mucho tiempo con él por diversas situaciones, tales como consumo, situación de calle, violencia de género y conflicto con la ley penal, observándoselo dudoso frente a su implicancia como padre en el trabajo planteado por el organismo administrativo (v. fs. 55 y 57).
Se consideró que los mayores obstáculos estaban dados tanto por la falta de familia ampliada que pudiera acompañar la medida como por el posicionamiento materno en relación con los cuidados que J. requería (v. fs. 58).
Se refirió que los progenitores de J. eran padres jóvenes, con historias de vida complejas, donde el desvalimiento y la desprotección estuvieron y continuaban aún presentes, no contando con otros que pudieran sostenerlos subjetivamente (v. fs. 58).
Como objetivos de la intervención, respecto de M. V., se plantearon los siguientes: dar intervención al Área de Salud del Municipio a fin de que se le diera lugar a un espacio psicoterapéutico; trabajar en conjunto con la Oficina de Empleo del Municipio para lograr su inserción laboral; dar intervención al Área de Desarrollo Social del Municipio en lo que respecta a la cuestión habitacional; evaluar la posibilidad de que la joven retome la trayectoria escolar (v. fs. 59).
Luego, en el informe de conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos de fecha 20 de abril de 2018, el organismo administrativo expresó que las circunstancias que habían motivado la medida de abrigo no se habían modificado.
Se destacó que desde el momento en que J. se encontró alojada en el Hogar Convivencial de Salto, M. V. solo había concurrido en dos oportunidades a consultar por su hija, expresando su interés meramente desde lo discursivo, sin poder actuar en consecuencia (v. fs. 111).
Se agregó que, pese a que M. V. había accedido a dar inicio a un tratamiento psicológico, aun habiéndosele conseguido un turno desde el Servicio Social no había concurrido (v. fs. 111).
También se refirió que, si bien se la acompañó y orientó en las gestiones con Desarrollo Comunitario y oficina de empleo, M. V. no había podido concretar la búsqueda laboral ni habitacional (v. fs. 111).
Por su parte el juzgado interviniente, luego de legalizar la medida de abrigo (v. fs. 66/67 vta.), le solicitó al Servicio Local que arbitrara los medios para hacer concurrir en forma personal a los progenitores de J. a la sede del organismo judicial con el objeto de tomar contacto personal con la magistrada y con el Equipo Técnico (v. fs. 90).
Frente a ello, desde el organismo administrativo se estableció una comunicación con el juzgado haciendo saber que les resultaba dificultoso convocar a los progenitores de la niña, ya que no mantenían contacto con los mismos y desconocían su paradero (v. fs. 94).
A fs. 110 obra el acta de la audiencia celebrada en el juzgado con integrantes del Servicio Local de la cual surge que el nombre de F. M. había sido dado por M. V. pero que este no había reconocido a la niña. En cuanto a M. V., se mencionó que se encontraba en situación de calle (v. fs. 110).
Luego, la magistrada interviniente convocó a una nueva audiencia para tomar contacto con F. M., M. V. V. y con las señoras A. A. y Z. M. (progenitoras de los nombrados) disponiendo que en caso de corresponder se gestionase la compra de pasajes por intermedio del Servicio Local (v. fs. 116 y vta.).
A fs. 127 obra un acta labrada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Nueve de Julio en la cual se informan las diligencias llevadas a cabo para tratar de dar con el paradero de M. V. a los fines de notificarla de la audiencia fijada. De esta surge que el agente notificador se constituyó en una pensión ubicada en la calle Vedia n° ... de la localidad citada, donde mantuvo una entrevista con una persona quien, preguntada acerca de M. V. V., refirió que hacía más de un año que no vivía allí, aportando el número telefónico de esta última.
Se informó también que el agente mantuvo comunicación telefónica con M. V., poniéndola en conocimiento de los pormenores de la cédula de citación, manifestándole que era urgente, frente a lo cual M. V. dijo que se haría presente en la dependencia policial para firmar la notificación, lo que no ocurrió a pesar de que al día siguiente se entabló una nueva comunicación telefónica con ella (v. fs. 127).
El juzgado dispuso una nueva citación de M. V. (v. fs. 149) para cuya notificación -al desconocerse el domicilio-, según surge del informe de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Nueve de Julio, se intentó contactarla sin resultado vía telefónica, por lo que se le envió un mensaje vía Facebook, expresando la nombrada que se acercaría a la dependencia a firmar la notificación, lo cual no concretó (v. fs. 164).
Atento al resultado negativo de las diligencias practicadas, el órgano judicial dispuso la notificación mediante la publicación de edictos por el plazo de dos días en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de la ciudad de Nueve de Julio (v. fs. 166 y 170/188).
Luego, no habiendo comparecido M. V. ante el juzgado, pese a encontrarse debidamente notificada mediante edictos, se dispuso la designación de un defensor oficial (v. fs. 189).
Frente a ello, merecen desestimarse las críticas que esgrime la recurrente en relación a que se vulneró su derecho de defensa en las presentes actuaciones.
Al respecto, comparto lo expuesto por el señor Procurador General en su dictamen, donde -luego de una detallada compulsa de lo actuado en la causa (v. fs. 397 vta./398 vta.)- señala que "...se ha resguardado la garantía del debido proceso de la recurrente, habiéndose agotado todas las medidas conducentes para que recobrara el cuidado y protección de su hija; y su derecho de defensa, al constatarse que tuvo oportunidad de tener conocimiento de la delicada situación en que se encontraba su derecho a ejercer la maternidad, no obstante lo cual las actitudes que asumió ante diferentes situaciones, denotan su renuencia, tanto para acoger las sugerencias que le fueron efectuadas durante la vigencia de la medida excepcional, con la finalidad de que pudiera asumir el cuidado y protección de J., como después de su vencimiento, para cumplir los compromisos asumidos en sede judicial aunque ello fuere perentorio (v. fs. 221, 261/262 vta. y 272)" (fs. 398 vta.).
IV.3. Luego, en relación con la crítica referida a la supuesta ausencia de medidas concretas y reales dirigidas a superar las situaciones de abandono que la propia recurrente vivió durante el transcurso de su infancia, tal como quedara expuesto más arriba, de las constancias de la causa se desprende que el organismo administrativo desplegó estrategias tendientes a la restitución de derechos, orientando y acompañando a la progenitora de J. en la búsqueda de empleo, vivienda y acceso a un tratamiento psicológico, no logrando, luego de vencido el plazo de ciento ochenta días previsto en la legislación aplicable, revertir las causas que motivaron la adopción de la medida de abrigo (v. fs. 111/113).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3 in fine , en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3, CDN; arts. 4, ley 13.298 y 706, Cód. Civ. y Com.).
Sobre dicha base, considero que una ampliación de los plazos a las resultas de un cambio en las condiciones particulares de la progenitora iría en desmedro de los derechos de J., ya que ello requeriría de un tiempo adicional y se sabe que este condicionante tiene particular importancia en la vida los niños (conf. doctr. causas C. 120.610, "M, K.", sent. de 15-XI-2016 y C. 121.968, cit.).
En función de ello, comparto la conclusión a la que arriba el representante del Ministerio Público en cuanto a que "...se ha constatado el agotamiento de las alternativas en pos de cumplir la finalidad de la medida de abrigo, -restitución de los derechos vulnerados- dando lugar a la excepcional separación del binomio madre-hija, normada por el art. 607 inc. 'c' del Código Civil y Comercial y 7 de la ley provincial 14.528..." (fs. 399 vta.).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de la niña (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en causa Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. En similar sentido causas C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010 y C. 124.007, "L. o NN Masculino s/ abrigo", resol. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto [...], se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que estos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los Jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)" (CS., "N.N. o U., V. s/ protección y guarda de personas" 12-VI-2012; L. L. 26-VI-2012, 7; cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27-XI-2018, La Ley 31-I-2019, 31-I-2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 cita Online: AR/JUR/63273/2018).
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y por los mismos fundamentos, doy el mío por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan en función de que los antecedentes reseñados dan cuenta de que la señora V. tuvo oportunidad de tener conocimiento de la situación en que se encontraba respecto del ejercicio de la maternidad en el momento en que denuncia su imposibilidad de ejercer el derecho de defensa y de las medidas de apoyo que se le ofrecieron.
Ahora bien, con la finalidad de que se mejore el acceso a la justicia y el debido proceso para aquellas personas que atraviesen similares circunstancias adversas, es que corresponde exhortar al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, para que arbitre las medidas tendientes, cuando no haya certeza sobre la individualización del domicilio, a generar un protocolo específico que contemple en el diseño de actuación una respuesta oportuna y efectiva tendiente a la localización y notificación de los adultos o referentes de los niños o niñas en situación de abrigo. Y a que, en el marco de una política pública de carácter institucional, se articule lo propio c
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