Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124718
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC). Y, asimismo, exhortar al Juzgado interviniente a continuar con el abordaje interdisciplinario a través de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar juntamente con el equipo de Salud Mental del Hospital del Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores con el objeto de propender al fortalecimiento y mayor autonomía de la recurrente tal como fuera indicado en la presente.
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 124.718 "H. G. S. Y R. S. J. S/ ABRIGO"
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, el pasado 26 de agosto de 2020 confirmó la sentencia de la instancia de origen que, a su turno, declaró la situación de adoptabilidad de los niños S. J. R. y H. Á. R. y, asimismo, rechazó la pretensión de la madre de iniciar un proceso de revinculación con los mismos (v. sent. de 13-IV-2020).
Contra dicha forma de decidir, se alzó la progenitora, J. F. R., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 18-IX-2020 en causa 124.718 "AGR.1") el que, siendo concedido en la instancia ordinaria (v. sent. de 22-II-2021), es traído a consideración de esta Corte.
II.1. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada, mediante la cual se desprende que se aduce la inaplicabilidad de la ley 13.298; ley 26.061; art. 75 inc. 22 Constitución nacional; arts. 3, 9, 18 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 17.1, 11,2, 19 y 24 Convención Americana de Derechos Humanos; y, asimismo, violación de la ley 24.632 y 26.485; se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En este sentido, el Tribunal de Alzada en virtud de las constancias probatorias incorporadas, considera:
a) "...Existen diversas situaciones que pueden dar lugar a que se declare que un niño se encuentra en situación de adoptabilidad, y aquí se dan todas ellas: abandono, desamparo, violencia, negligencia grave y abuso sexual. Por ese motivo el Servicio Local de Tigre puso fin a seguir trabajando con la madre para que sus hijos puedan regresar con ella y se declaró la situación de adoptabilidad focalizándose el proceso en la búsqueda de una familia que pueda ser continente a través de la figura de la adopción." (v. sent. de 26-VIII-2020, p. 24).
b) "De la narración de los hechos relevantes surge que J. F. R. abdicó total, injustificada y voluntariamente a los deberes derivados de la responsabilidad parental respecto de todos sus hijos quienes sufrieron todo tipo de vejámenes mientras vivieron con ella y con sus parejas." (v. sent. 26-VIII-2020, p. 25).
c) "Todos los antecedentes señalados demuestran que no fue el Estado el que no asistió a R., sino que fue ella quien no hizo nada para demostrar su genuina intención de cambiar y trabajar su problemática para que los hijos por los cuales reclama regresen con ella." (v. sent. 26-VIII-2020, p. 33).
d) "S. y H. tiene la necesidad de contar con figuras significativas que le ofrezcan seguridad emocional y afectiva. En consecuencia, no cabe sino reafirmar la convicción aceptada por la juez a quo en cuanto a que, de acuerdo a las circunstancias del caso, corresponde al interés de la menor proporcionarle un hogar donde pueda crecer y desarrollarse con afecto y estabilidad (...) Otorgarle a la madre un nuevo período de prueba, expondría a S. y a H. a una situación de riesgo y eventual vulneración de derechos (...) La situación de adoptabilidad de un niño debe ser confirmada pues ha quedado comprobada la incapacidad de su madre para asumir responsable y fructíferamente la crianza de S. y H., para contenerlos tanto física como psíquicamente, dado los recurrentes episodios de violencia familiar con un grado acentuado de agresividad, conductas omisivas que revelan serias dificultades para identificar situaciones de riesgo de los menores, y una precariedad de lazos que no genera vínculos basados en la afectividad, aquí no hay un referente familiar que pueda cumplir responsablemente con la crianza de los menores, sino que el ambiente que les esperaría a los niños se encuentra impregnada de abusos y violencia..." (v. sent. 26-VIII-2020, p. 37).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logra ser conmovido por los agravios volcados en las págs. 4/17 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar el obrar del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Tigre y del Juzgado interviniente, en señalar la falta de perspectiva de género en las decisiones e insistir en su propia versión de los hechos) se desentienden de aquél dado por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de los niños S. y H. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
II.2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de S. y H. en el seno de su familia de origen -tanto en lo que respecta a su progenitora como a su familia ampliada-, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Tigre del 21-XI-2018; 17-XII-2018; y 17-IV-2019).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la progenitora (v. págs. 4/17 del escrito del 18-IX-2020 de la causa "AGR.1) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes elaborados por el Equipo Técnico del Juzgado, de los cuales se desprende que "...pese a que realiza tratamientos psicológico y psiquiátrico, y asiste a reuniones en Políticas de Género, se percibe que no ha logrado consolidar su fortalecimiento integral tendiente a concretar un cambio favorable en su posición subjetiva, ni tampoco pudo obtener las herramientas necesarias para garantizar que los derechos de sus hijos no resulten vulnerados (...) se desprende que en la actualidad la señora J. F. R. no cuenta con recursos personales para brindar cuidado, protección, educación y contención a sus hijos, ni puede garantizar que su crianza integral se desarrolle de modo adecuado y respetando sus derechos..." (v. informe del 11-IX-2019, p. 12).
En este mismo orden de ideas del informe interdisciplinario presentado por la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar de fecha 21 de enero de 2020 se colige que "...no contamos con elementos suficientes para dar cuenta de un cambio de posición subjetiva en relación a los motivos que condujeron a la toma de medida de abrigo con les niñes (...) se observa una centralidad en su discurso respecto de los cambios que se encuentra intentando realizar para recuperar los cuidados de sus hijes, pero los mismos por el momento van en la línea de obtener recursos materiales que ella considera necesarios o deseados por elles" (v. archivo adjunto en trámite electrónico del 19-II-2020).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, in fine , en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 Cód. Civ. y Com.).
En el sub examine , el interés superior de S. y H. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial, a vivir y desarrollarse en una familia que les procuren cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (conf. doctr. art. 594, CCCN).
De esta manera, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
III. Finalmente, pese al embate infructuoso intentado por la recurrente, no puede soslayarse el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la C.E.D.A.W., párr. 18; Observaciones Finales de la C.E.D.A.W. sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
Bajo este paradigma se advierte el papel que ha ocupado la historicidad marcada por la violencia de género y los abusos que ha padecido la recurrente a lo largo de su vida, los que han impactado negativamente en su personalidad y al día de hoy le impiden asumir la responsabilidad prioritaria de asegurar a sus hijos el disfrute pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y garantías (art. 7, ley 26.061). En base a ello, ponderando lo que dimana del informe interdisciplinario del equipo de Salud Mental del Hospital del Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores en cuanto a que "La paciente concurre a las entrevistas en tiempo y forma hasta el día de la fecha; pudiendo trabajar progresivamente aspectos relacionados a su historia reciente y episodios traumáticos de larga data. La sensación de irritabilidad fue mermando y la paciente fortaleció su participación en diversas instituciones (Iglesia, Escuela, cursos de manualidades del Municipio) que la ayudaron a rearmar una red de apoyo y contención. El cuidado de su salud, aspecto físico e higiene han mostrado también mejorías notables. Actualmente, realiza trabajos informales y sostiene actividades institucionales. Se considera la posibilidad de un pronóstico favorable en tanto pueda continuar fortaleciendo las redes de apoyo e institucionales que hasta el momento pudo construir..." (v. archivo adjunto en trámite electrónico del 19-II-2020), sumado a lo que se colige del informe de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar en cuanto a que "...Y. R. se encuentra construyendo estrategias de autocuidado y autonomía, sosteniendo espacios de contención y fortaleciendo los vínculos con su red social..." (v. informe, cit.); este Tribunal entiende que, independientemente de trabajar en la continuidad del camino hacia la adopción, en la instancia de origen, el Juzgado deberá garantizar a la recurrente -a la par- la continuidad del abordaje interdisciplinario a través de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar juntamente con el equipo de Salud Mental del HDI Dr. Valentín Nores con el objeto de alcanzar la autonomía y el fortalecimiento perseguido. Elementoséstos que marcarán los designios de la eventual adopción que pueda recaer sobre S. y H., valorizándose, en su caso, los avances logrados en tales aspectos (arts. 594, 595, 619, 620, 621 y cctes. CCCN; arts. 1, 2, 3, 5, 7, 16 y cctes. ley 26.485).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC). Y, asimismo, exhortar al Juzgado interviniente a continuar con el abordaje interdisciplinario a través de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar juntamente con el equipo de Salud Mental del Hospital del Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores con el objeto de propender al fortalecimiento y mayor autonomía de la recurrente tal como fuera indicado en la presente.
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.)
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:11:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:28:09 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia