Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125313
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.313 "S. B. S/ ABRIGO"
I. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Lomas de Zamora confirmó la sentencia de la instancia de origen que, a su turno, declarara la situación de adoptabilidad del niño B. S. (v. sents. del 29-III-2021 y 30-IX-2021).
II. Contra dicha forma de decidir se alza la progenitora, M. d. l. Á. S., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 20-X-2021) el que, siendo concedido en la instancia ordinaria (v. resol. de 26-X-2021), es traído a consideración de esta Corte.
III.1. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada, mediante la cual se aduce violación a la doctrina legal de este Supremo Tribunal; absurdo y arbitrariedad e infracción de los arts. 3, 9, 12, 18.2, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3.4,6.1,12.2 y 23.2 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; 1, 2, 22, 638 y cctes., 706 y sigs. del Código Civil y Comercial; 3, 5 y 6 de la ley 13.298 y 3 y 7 de la ley 26.061, se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En este sentido, el Tribunal de Alzada en virtud de las constancias probatorias incorporadas, dijo:
a) "... entiendo que la labor de la judicatura se puede apreciar a través de los diversos actos cumplidos, donde se acudiera no solo al saber pericial, sino que se ha posibilitado dar cumplimiento a las diversas alternativas que han ido surgiendo en autos, en los cuales no se ha puesto en tela de juicio en ningún momento la opción de iniciar o retomar el proceso de revinculación interrumpido por cuestiones inherentes a los progenitores, de lo que dan cuenta los diferentes informes o presentaciones" (v. sent. de 30-IX-2021, pág. 15).
b) "... si bien los padres han expuesto su intención de recuperar a sus hijos, lo cierto es que la conducta evidenciada por aquéllos -en lo que aquí atañe en especial con relación a la progenitora-, en los fallidos intentos llevados a cabo por el equipo encargado de evaluar su aptitud a fin de favorecer su vinculación con el niño, a los fines de recomponer la relación, no han logrado modificar las circunstancias consideradas al inicio de la medida de abrigo (...) Adviértase que si bien se resolvió al establecer la legalidad de la medida (fs.19/20, 17-8-19) que la ahora recurrente debía acreditar estar llevando a cabo el respectivo tratamiento psicológico y psiquiátrico; a cuyo respecto, surge junto al informe del PER de los 120 días, precisamente a fs. 44, con fecha 3/12/19, que la misma ofrece resistencia a llevar a cabo un tratamiento psicofarmacológico recomendado por los especialistas" (v. sent. cit., pág. 16).
c) "... se advierte que se han tomado todas la medidas a fin de agotar las posibilidades de mantenerlos en la familia de origen, convocando aún a la familia ampliada, cediendo solo esta posibilidad ante la angustiante situación del menor, quien permaneció en el hogar que lo contenía un largo período" (v. sent. cit., pág. 16).
d) "... Más allá de que la Sra. S., alega que la Juez a quo no ha permitido el contacto de la progenitora con el niño, y que no ha sido oído el menor así como que no se han agotado las posibilidades de revinculación, alegando la falta de oportunidades para recuperar a su hijo, lo cierto es que no se han llegado a cumplir los respectivos tratamientos aconsejados a la misma a fin de que pudiera reconocer, y en su caso modificar, las actitudes nocivas advertidas respecto al menor, motivo por el cual, no puede desconocer la apelante que se le ha dado la oportunidad de revertir la situación que quedó definida a lo largo del proceso (...) Por el contrario, lejos de producirse algún acercamiento favorable, puede advertirse que el inconveniente se profundizó, prolongándose a lo largo del tiempo" (v. sent. cit., págs. 16/17).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las págs. 4/33 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar el abordaje empleado en las instancias ordinarias en torno a la revinculación con su hijo y la posibilidad de permanencia de éste con su familia de origen) se desentienden de aquél dado por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de B. S. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la alegada arbitrariedad, toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
IV. Más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015; e. o.).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de B. en el seno de su familia de origen -tanto en lo que respecta a su progenitora como a su progenitor-, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo (v. constancias obrantes a fs. 4/11 -comunicación de la medida de abrigo-; informes de seguimiento del P.E.R. elaborados por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Esteban Echeverría de fs. 43 y 54 e informe de conclusión del P.E.R. de fs. 56; acta de fs. 44; informes del Hogar "Casa MANU" elaborados por la directora Silvia Casas de fs. 45 y 55).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la madre (v. págs. 4/33 del escrito del 20-X-2021) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la asumida en la tramitación del proceso, en la cual se ausentó sin justificación a la audiencia celebrada por el a quo -en la que se fijó, además, la realización de informe pericial- (v. acta del 20-XI-2020), como tampoco de la expuesta en los informes elaborados por el Equipo Técnico del Juzgado efectuados con el niño y el progenitor, de los cuales se desprende: "... El niño se encuentra bajo tratamiento psicológico vía video llamadas. Refiere que por períodos se despierta angustiado por las noches refiriendo sueños con monstruos. Juega a "ser papa" (sic) (...) Se desenvuelve con naturalidad, vislumbrándose medio habitual de comunicación con "Natalia" su psicóloga, siendo dicha figura el único contacto por fuera de la institución. El niño presenta un lenguaje claro, espontáneo, acorde a su edad. Expone sus gustos por los autos de carrera, las películas de Star Wars, nos muestra un muñequito de la saga (...) Interrogado respecto a la posibilidad de buscar familia para él, expresa que "quiere una nueva familia con dos papás" (sic) advirtiéndose identificación a la situación afectiva de su compañero de hogar..." (v. informe interdisciplinario del 18-XI-2020). Y, asimismo, respecto al progenitor que "... Se presenta como pasivo y espectador respecto a las problemáticas graves atravesadas con sus hijos, a pesar que en algunas situaciones actuó deliberadamente y sostiene la justificación de su conducta (interrumpir tratamiento farmacológico de la hija) (...) Dicho posicionamiento obtura la posibilidad de implicarse y responsabilizarse por el padecimiento de sus hijos como consecuencia directa (por acción /omisión o negligencia) del ejercicio fallido de las funciones parentales de cuidado y protección" (v. informe interdisciplinario del 15-XII-2020).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias y ponderando la gravedad de los hechos denunciados que persisten de larga data, teniendo en consideración la causa relacionada "S. H. A. s. Control de legalidad" en trámite por ante el Juzgado Nacional Civil n° 38, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de B. (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, in fine , en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 Cód. Civ. y Com.).
En el sub examine , el interés superior de B. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (conf. doctr. art. 594, CCCN).
Lo expuesto basta para descartar las infracciones legales, supralegales y convencionales denunciadas, imponiéndose el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2021 09:56:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2021 19:01:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/11/2021 19:26:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 09:10:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 09:50:36 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/11/2021 11:02:08 hs. bajo el número RR-894-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia