Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124951
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) ordenar que se dé cumplimiento a las medidas dispuestas en el punto IV.
Costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
C. 124.951 "B. S. M. S/ ABRIGO"
I. La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la situación de adoptabilidad de los niños E. Y., B. A. y S. M. B. y L. V. A. (v. sent. de 4-V-2021).
II. Frente a ello, la progenitora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la violación de los arts. 11, 12, 15 y 36 inc. 2 y 8, 161 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 16, 18 y 33 de la Constitución nacional; 3, 6, 9, 19, 24 y 37 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; 3, 4, 9, 19, 32, 33, 34 y 35 de la ley 13.298 y decreto Reglamentario N° 300/05; 34 inc. "c", 358, 362 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 607, 701, 1775, 1776 del Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, alega que se ha incurrido en absurdo (v. escrito electrónico del 20-V-2021).
III. El recurso no prospera, atento a la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Inicialmente, resulta preciso recordar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de los roles parentales -cuestión que hace a la médula de lo controvertido en autos- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C.100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C.108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
Sin embargo, y más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de los derechos de los niños en el seno de su familia de origen -en el caso, el órgano administrativo tomó intervención a parir de la muerte del niño D., hermano de los menores de autos (producto de una golpiza por parte de sus progenitores, quienes al día de la fecha se encuentran detenidos por ese hecho), encontrándolos en su domicilio sin adultos responsables a su cargo-, como así también del fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo o de encontrar a otros familiares o referentes idóneos para hacerse cargo de su cuidado (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Almirante Brown del 6-XI-2017 y 4-VI-2018, del Equipo Técnico del Juzgado del 9-III-2020 y del Hogar "Arco Iris" del 14-IX-2020).
Luego, frente a las manifestaciones expuestas en el recurso interpuesto por la señora A. (v. escrito del 20-V-2021) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de la misma respecto de la expuesta en los informes obrantes en la causa, que van más allá de su actual situación de encierro y del resultado del proceso penal, de los cuales se desprende que "Este Equipo Técnico interviniente concluye que en base a lo trabajado no fue posible revertir las causales que originaron la toma de la medida" (pág. 3 del informe del 4-VI-2018). Y que "En virtud de los resultados obtenidos a través de las estrategias instrumentadas, la descripción del cuadro familiar de origen, el estado de situación de las causales que motivaron la medida, y el despliegue subjetivo observado en el niño, niña o adolescente durante la intervención, este organismo solicita que se declare el Estado de Adoptabilidad." (v. pág. 4 del informe cit.).
Asimismo, de las indagaciones llevadas a cabo al efecto, surge que tampoco existen integrantes de la familia ampliada que puedan hacerse cargo y responsabilizarse por los niños. Así, del mismo informe citado surge que "En relación al Sr. B. L. L. abuelo paterno, se considera como debilidad que no pudo visualizar la compleja situación de violencia familiar en la que los niños estaban inmersos" (pág. 3 del informe cit.).
En el mismo sentido, se extrae de la pericia realizada por el Equipo Técnico del Juzgado que "la Sra. J. [conviviente del señor B.] se niega a continuar con el proceso de evaluación, manifestando 'No nos vamos a hacer cargo de los nenes, porque estamos teniendo problemas de salud' (sic). [...] Refiere que su esposo, el Sr. B. al momento actual se encuentra internado, quien no podrá asistir al encuentro de mañana con quien suscribe, habiendo transitado un cáncer de colon, cirugía de vejiga y próstata. Por su parte, la entrevistada manifiesta tener problemas en sus rodillas, con dificultad para caminar, y su hija A. M., quien también se encontraba citada para llevar adelante dicho proceso, se encontraría ocupada con sus estudios. 'No puede hacerse cargo, ella tiene 20 años y esta estudiando' (sic)." (pág. 2 del informe del 9-III-2020).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, in fine , en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 Cód. Civ. y Com.).
Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
IV. Finalmente, atendiendo a la institucionalización excesivamente prolongada en la que se encuentran los niños (v. informe del 25-VI-2021), se encomienda a la instancia de origen que -actuando en forma conjunta con el Ministerio Público Pupilar y el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción-, de manera urgente se aboque a la tarea de búsqueda de aspirantes a guarda con fines de adopción, respetando en la medida de lo posible los lazos fraternos, y se comience el proceso de vinculación, con miras a un pronto egreso de la institución en donde se hallan alojados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) ordenar que se dé cumplimiento a las medidas dispuestas en el punto IV.
Costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2021 14:48:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2021 18:43:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2021 14:42:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 19:20:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 12:17:33 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/02/2022 12:51:43 hs. bajo el número RR-14-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia