Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123715
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.715, "N., J. E. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la decisión de la instancia de origen que, a su turno, había diferido el tratamiento de la declaración de adoptabiliad de los niños J. E. y A. I. N. respecto de su progenitora hasta obtener el resultado de la vinculación materno-filial ordenada. Asimismo, otorgó a la medida el plazo de seis meses -contados desde la fecha en que todas las partes se encontrasen notificadas- debiendo informarse mensualmente las conclusiones y evolución de cada uno de los niños a la señora jueza interviniente (v. fs. 390/397 vta. y 522/529 vta.).
Se interpuso, por la señora Asesora de Incapaces, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 560/581).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora jueza de familia resolvió diferir el tratamiento del pedido de adoptabilidad de los niños J. E. y A. I. N. solicitado por el órgano administrativo, la Abogada del Niño y la señora Asesora de Incapaces hasta obtener el resultado de una vinculación materno-filial, autorizando para ello las visitas de la señora A. N. a sus hijos en el hogar en donde se encontraban alojados. También autorizó las visitas del señor C. B. y ordenó las medidas pertinentes para que se pudieran llevar a cabo (v. fs. 390/397 vta.).
La Cámara departamental, a su turno, confirmó la resolución apelada y dispuso que: 1) las visitas ordenadas con la frecuencia semanal allí estipulada deberán mantenerse por un plazo de seis meses (contados desde la fecha en que todas las partes involucradas se encuentren notificadas), debiendo informarse las conclusiones y evolución de cada uno mensualmente a la señora jueza a fin de considerar lo peticionado por la señora Asesora cumplido tal período; y 2) se arbitren los medios necesarios a fin de que se resuelva la situación de la señora N. respecto de lo dispuesto en los arts. 702 del Código Civil y Comercial y 12 del Código Penal (arts. 3.1., 9.1., 9.3., 18.1., 20.1., 21, 37 y 40.2., CDN; 607 apdo. "c" y sig. párr., 702, 706, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 522/529 vta.).
II. Frente a ello, la señora Asesora de Incapaces departamental -doctora Elizabeth M. Roitman- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la errónea aplicación de los arts. 2, 26, 113, 51, 607, 638, 639, 646, 647, 702, 703, 706 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 24, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 40 y 41 de la ley 26.061; 3, 4, 6, 7, 32, 33, 34, 35 y 35 bis de la ley 13.298; 3, 4, 9, 18, 20, 21, 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 560/581).
Al respecto aduce que "el a-quo resuelve con fecha 31/05/2019 continuar dilatando la solución, que debería ser expedita, a la precaria situación jurídica de los menores de edad y autorizar la revinculación con los Sres. A. N. y A. C. B. con una frecuencia semanal, aún a pesar de la incertidumbre que generaría en ambos justiciables quienes hace más de un año y medio esperan una respuesta a sus interrogantes; conociendo el planteo introducido por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Morón y este Ministerio Público Tutelar; siendo consciente de que los desestabilizaría emocionalmente puesto que así lo determinaron los profesionales a cargo de su atención terapéutica quienes elevaran como consecuencia el expreso pedido de suspender el contacto materno-filial hasta que estuvieran dadas determinadas condiciones; a sabiendas de la inexistencia de un vínculo no solo biológico sino también socio-afectivo con el Sr. A. C. B.; habiendo evaluado la falta de implicancia y elaboración subjetiva de la Sra. A. N. con relación a las situaciones de violencia, negligencia y abandono que los llevaran a su estado actual. Y haciendo una interpretación absurda del material probatorio y errónea de la normativa aplicable al caso, la segunda instancia decidió confirmar la postura" (fs. 364 vta. y 365).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. El deber de los progenitores establecido en el art. 646 del Código Civil y Comercial de la Nación de cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo y el correlativo derecho que tiene todo niño de vivir, de ser posible, con su familia biológica constituida por sus progenitores (conf. CSJN Fallos: 328:2870, causa S.1801.XXXVIII, sent. de 2-VIII-2005) encuentra por cierto su base constitucional en lo normado por el art. 7.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho del niño de ser cuidado por sus padres biológicos en la medida en que sea factible.
Sin embargo, como surge del citado art. 7.1. y del art. 9.1. de la Convención, tal regla no es absoluta. Esta última norma, que -como es sabido- impone a los Estados signatarios del tratado el deber de velar porque el niño no sea separado de sus padres, exceptúa aquellos casos en que las autoridades competentes determinaren, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, otra solución en el interés superior del menor. La separación del niño, incluso, puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo cuando fuere objeto de maltratos o descuido por parte de sus padres.
A su turno, en su art. 20 dispone que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, contemplando entre los posibles cuidados la adopción o, de ser necesaria, la colocación en instituciones de protección de menores.
En forma coincidente, el art. 11 de la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de todo niño a "crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando estos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley". Con todo, el mismo precepto añade que "en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley".
Finalmente, el actual art. 700 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé que "Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por: a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata; b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero; c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo; d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo".
III.2. En el caso en estudio, conforme lo que surge de las constancias adunadas a la causa encuentro que la situación de abandono de los niños de autos se encuentra acreditada.
En efecto, del análisis de las actuaciones surge palmaria la vulneración de derechos de los niños en el seno de su familia de origen, que resulta previa a la situación de encierro de la progenitora, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Morón; v. fs. 3, 4/12, 36/45, 48/49, 57/59, 98/99, 179/181 y 201/204).
De allí surge que el Servicio Local tomó intervención en la problemática familiar en el año 2015, en donde a través de entrevistas realizadas se pudo constatar que los niños se encontraban en una situación de vulneración, ya que no asistían a ninguna institución educativa, no contaban con los controles de salud correspondientes y habían presenciado situaciones de violencia entre adultos (v. fs. 4/12).
La situación se fue sosteniendo a través de las diferentes propuestas del Servicio, hasta que en el mes de noviembre del año 2016 se produjo un quiebre en las posibilidades de intervención, ya que la señora N. comenzó una relación de pareja con el señor C., lo que conllevó que ella y los niños quedasen expuestos a situaciones de violencia extrema (v. fs. cit.).
El 15 de mayo de 2017, luego de una visita domiciliaria, la señora N. alegó que los niños pasaban desde los viernes hasta los martes con el señor L. -expareja- para que ella pudiera trabajar, encontrándosela muy deteriorada y enojada con los referentes barriales (v. fs. cit.).
Finalmente, el Servicio Local informó que desde el mes de octubre de ese año no habían podido mantener contacto con la progenitora, ni con los niños, ya que habían dejado de asistir a la escuela y a las instituciones que sostenían la intervención con el grupo familiar y se presumía que los menores se encontraban expuestos a armas de fuego y un entorno social con consumo de sustancias. Solicitaron, en consecuencia, la medida de abrigo con auxilio de la fuerza pública (v. fs. cit.).
Con respecto a la señora N., de las observaciones efectuadas por los profesionales que la evaluaron se desprende que no ha logrado interiorizar y rectificar la conducta negligente y abandónica que motivara la adopción de la medida de abrigo respecto a sus hijos.
Así, del informe pericial interdisciplinario agregado a fs. 373/375 vta. surge que "en cuanto a sus deseos no ha tomado completa conciencia de su situación actual y de futuro, estando sus proyectos fundados en una situación que no inverosímil [sic] pero no ajustada estrictamente a la realidad" (fs. 374 vta.).
Por su parte, la licenciada María Carolina Lucini sostuvo que la progenitora "minimizó los episodios señalados como actos de negligencia [...] y minimizó episodios de violencia física o verbal hacia su hijo J. E. o su hija A. I. [...] Sus lazos sociales son escasos y de baja densidad; por lo cual, a la fecha, no configurarían un sistema de apoyo sobre el cual, la señora N., pueda poner en funcionamiento alguna dinámica familiar concreta (es decir, aquella que asegure la supervivencia del hijo e hija, favorezca su crecimiento sano, aporte clima de afecto y estimulación, entre otras funciones). Por estos motivos, tal vez, las referencias a una vida cotidiana fuera del penal que ha expresado la señora N., hayan resultado ambiguas y lánguidas" (fs. 376/378).
Por otro lado, del informe psicológico acompañado por el Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra", en referencia al niño J. E. se extrae que "Con respecto a sus padres, el niño ha hecho referencia a situaciones de violencia relativas a su madre y ha dado una versión idealizada de su padre (sin poder identificar a quién se refiere) en un relato escueto. Por otra parte, se ha hecho preguntas en cuanto el lugar en donde va a residir y la posible conformación de una nueva familia. Es decir, ha pensado en la posibilidad de tener una nueva mamá y papá" (fs. 432/434).
En la misma línea del informe elevado por el Equipo Interdisciplinario del Hogar Convivencial de Niños "Bernardino Rivadavia" se colige que "[l]a confianza en los adultos del entorno de origen se encuentra dañada para ambos niños, ante lo cual será imperioso sumarles experiencias reparadoras que inscriban marcas efectivas de recursos diferentes de crianza: de capacidad protectora, cuidadora, dadora de ternura y exenta de maltrato" y sosteniendo que "dado que la figura materna evoca tanto aquellas marcas de experiencia familiar positiva, como aquellas de valor traumático-doloroso, ligadas a la vulneración de derechos, y sumamente desestabilizantes en la actualidad, se considera desaconsejable el contacto con dicha figura hasta tanto no se constate a nivel clínico-terapéutico, un grado suficiente de progreso psicológico, que requiere la responsabilización y rectificación subjetiva materna, respecto de este punto. También es preciso sumar evidencia de un trabajo interno que haya permitido revisar los determinantes causales de la repetición de sus conductas violentas y negligentes" (fs. 252/254).
De lo expuesto se colige que la señora N. no ha alcanzado el grado suficiente de progreso psicológico que se requiere para revisar las causales -de negligencia y violencia- que determinaron la intervención del Servicio y la posterior adopción de la medida de abrigo ni, mucho menos, para poder ejercer su rol materno en forma responsable, premisas que resultan absolutamente necesarias para que sea posible una revinculación materno-filial en los términos ordenados por la instancia y confirmados por el Tribunal de Alzada.
III.3. Asimismo, coincido con lo expuesto por la señora Asesora de Incapaces en cuanto advierte que la decisión adoptada por la señora jueza de grado, confirmada por el Tribunal de Alzada, fue luego de culminada la etapa administrativa y en un estadio procesal de la etapa judicial en donde ya se debería haber brindado una solución definitiva a la situación jurídica A. y J. E., quienes se encontraban -al momento de la interposición del recurso- institucionalizados hacía más de un año y medio.
En ese sentido, la mencionada funcionaria alega que "Vencido el plazo máximo de vigencia de la medida excepcional de protección de derechos (resolución tomada por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Morón luego de más de tres años de abordar interdisciplinariamente el fortalecimiento del rol materno de la Sra. A. N., pues no olvidemos que la intervención con este grupo familiar comienza en el año 2015, resultando infructuosas cada una de las alternativas que propone el art. 35 de la Ley 13.298 y modificaciones introducidas por Ley 14.537 para hacer cesar la vulneración de sus derechos) y fracasadas las estrategias implementadas en coordinación con la red de efectores institucionales para revertir las circunstancias que la motivaran, con fecha 27/12/2018 eleva el informe de gestión del P.E.R., recomendando como conclusión la declaración de la situación de adoptabilidad de A. I. N. y J. E. N.. Planteo introducido por este Ministerio Público Tutelar con fecha 20/02/2019 a partir de un exhaustivo análisis de las constancias de autos, valorando su situación actual y futura e interpretando en consonancia su 'interés superior', cuestión que a la fecha no se ha tratado" (fs. 563 vta.).
Al respecto, vale recordar que la Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto [...], se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los señores jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del señor juez Maqueda y 331:941, voto del señor juez Zaffaroni; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12-VI-2012; L.L. 26-VI-2012, 26-VI-2012, 7; cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27-XI-2018, LA LEY 31-I-2019, 31-I-2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 cita online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3 última parte, en un todo coherente con lo estipulado en los arts. 3, CDN; 4, ley 13.298 y 706, Cód. Civ. y Com.).
Por ello, en aras de ese interés superior del menor y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22).
III.4. En tal aspecto, de estos actuados surge que el juzgado interviniente -en virtud de lo que se desprendía de los informes de la psicóloga del Hogar San Bernardino y de la licenciada Mercedes de La Mata, psicóloga tratante del niño J. E.- con fecha 27 de abril de 2020 sostuvo que "...considero conveniente para la salud psicofísica de J. y A., no esperar más. No sólo se encuentran los plazos legales en exceso vencidos, sino además se desprende de los informes psicológicos que los niños han presentado manifestaciones claras del agotamiento de la vida institucional y comienzan a tener angustia y vivencias de vacío y que según la Lic. de la Mata en la actualidad J. ha podido superar la crisis de angustia y que se encuentra trabajando en la construcción del tiempo, generando las condiciones para el armado de una historia singular, sugiriendo la pronta resolución de la situación del niño" (pág. 5, resol. de 27-IV-2020). Ordenó, en consecuencia, librar oficio al Registro de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción a efectos de que remitan listado de postulantes inscriptos con domicilio en la ciudad de La Plata, que puedan albergar y brindarles contención y afecto a J. E. y A.
Posteriormente, y dada la exitosa vinculación de los niños con el matrimonio conformado por la señora A. G. A. y el señor S. O. C., dispuso el egreso del hogar en donde se encontraban alojados otorgándole al matrimonio, con quienes desde el mes de octubre de 2020 se encuentran conviviendo felizmente y adaptados, una guarda provisoria, situación que sería altamente perjudicial para ellos de verse alterada en la actualidad (v. oficios de 30-X-2020, 18-VI-2021 y 7-IX-2021).
Del último informe recibido se extrae que "Se vislumbra que A. y S. se constituyeron en los referentes de cuidado y contención de J. y de A. Acompañándolos en sus necesidades, siendo pilares y apoyo en los aprendizajes (escolares, conductuales y emocionales) que los niños se encuentran transitando por su edad. De sus relatos de vida cotidiana se observa, además, el genuino respeto que sienten por la relación fraternal con la que han llegado J. y A. a sus vidas, y que ellos acompañan y fortalecen en la construcción del entramado familiar que se van dando" (v. archivo adj. al informe de 7-IX-2021).
En ese sentido, resultan evidentes las ventajas que -para el de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.