Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto y se insta a la instancia de origen a continuar con el seguimiento del recorrido terapéutico aconsejado a la señora O. en el afán de favorecer a su fortalecimiento de conformidad con las consideraciones plasmadas en el acápite VII del voto que abre el acuerdo.
Costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.954, "B. M. D. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, declaró la situación de adoptabilidad de la niña M. D. B. (v. sents. de 15-V-2018 y 14-V-2019).
Contra dicho pronunciamiento se alzan los progenitores, señor J. R. B. y señora A. O., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del día 4 de junio de 2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del 30 de septiembre de 2021, en archivo adjunto), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Las presentes actuaciones tienen su inicio en la comunicación de la medida de abrigo adoptada por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Olavarría el día 29 de abril de 2016 respecto de la niña M. D. B. En dicha comunicación se detalló que existieron evidencias de violencia psicológica y negligencia de parte de los progenitores para con sus hijas (v. fs. 1/3).
I.2. Habiéndose utilizado todas las estrategias posibles encaminadas a revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción por parte del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (v. informes del organismo de niñez, fs. 4/7 y 72/77) y sumada esta situación a las conclusiones a las que arribó el cuerpo técnico auxiliar (v. informes, fs. 51/52, 54/55 y 58), el Juzgado de Familia n° 1 con asiento en la ciudad de Olavarría determinó que han sido "...analizadas y agotadas todas las intervenciones tanto administrativas como jurisdiccionales, en pos de lograr revertir aquellas situaciones que motivaron la adopción de la presente medida de abrigo, sin lograr la movilización, impulso, reacción y/o reclamo de los progenitores de M. D. B." (fs. 192) y, consecuentemente, declaró su situación de adoptabilidad (v. sent. de 18-V-2018).
Dicho pronunciamiento fue apelado por ambos progenitores (v. presentaciones del día 30 de mayo de 2018).
II.1. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial se ordenó fijar audiencia a los fines de que la niña M. D. pudiese ejercer su derecho a ser oída (v. proveído del día 4 de diciembre de 2018), lo que efectivamente se llevó a cabo el día 20 de diciembre de 2018, acto en el cual se encomendó a la licenciada Victoria Pérez Bitone la confección de un pormenorizado informe de lo observado.
En el referido informe se concluyó que la niña M. D. se encontraba -junto con su hermana D.- en un proceso de adaptación favorable respecto de sus guardadores, manifestando deseos de permanecer con ellos. Asimismo, se consideró relevante que las niñas continuasen con sus respectivos espacios terapéuticos (v. informe del día 27 de diciembre de 2018).
II.2. En base a las constancias de autos, el resultado de la escucha mantenida y el informe recabado, el Tribunal de Alzada dictó sentencia confirmando la decisión de la instancia de origen. Ponderó que había quedado ampliamente demostrado que las niñas vieron vulnerados sus derechos y que las estrategias encaminadas a revertir la situación fracasaron. En este sentido señaló, además, que en el presente caso se ha esperado un lapso por demás prudencial para ayudar a los progenitores a construir un proyecto con sus hijas, pero que no han podido hacerlo (v. sent. de 14-V-2019).
III. Contra dicha sentencia se alzan ambos progenitores mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del día 4 de junio de 2019).
Denuncian absurda valoración de la prueba, violación de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y errónea aplicación de los arts. 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 3, 6 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; 14, 18 y 33 de la Constitución nacional; 15 y 36 inc. 5 de la Constitución provincial; 607, 621, 707 y concordantes del Código Civil y Comercial; 37 de la ley 26.061; 1, 2, 7 y concordantes de la ley 26.657; Preámbulo incs. "h", "k", "o", "s" y "t" y arts. 5 incs. 1 y 2, 13, 23 y concordantes de la ley 26.378. Asimismo, señalan inobservancia de las leyes 26.485 y 13.298 y sus decretos reglamentarios 300/05 y 177/14.
Hacen hincapié en que "...el fallo se apoya en informes que databan de dos años atrás, cuando se comenzó a trabajar con los padres, en forma concomitante con la toma de la medida, pero como se expresara en el recurso de apelación, no consideró los avances de los padres 'durante' el proceso, fallando sin siquiera haber recibido un informe actual del estado de los padres [...] lo que transforma en absurdo en la evaluación de la prueba y los presupuestos de hecho" (presentación del día 4 de junio de 2019, págs. 7/8).
Manifiestan que la sentencia en crisis desplaza la expresa responsabilidad del Estado y sus operadores -organismo de niñez y cuerpo técnico interdisciplinario del Juzgado- de propender al fortalecimiento de la familia a los fines de revertir las circunstancias que dieran nacimiento a la medida de abrigo, depositando en los progenitores, carenciados psicosocialmente, "...la carga de que se ocurran motu propio las formas y medios para lograr su cambio..." (presentación cit., pág. 8).
Manifiestan que la señora O. ha sido víctima de violencia de género y que nunca tuvo la posibilidad de alojar o retirar a las niñas del Hogar, toda vez que durante el transcurso de las medidas ella misma estuvo alojada en un refugio para víctimas de violencia y luego en un alojamiento provisto por el municipio, "Hogar de Mary" - donde permanece en la actualidad-, donde no se le permite recibir visitas ni pernoctar con sus hijas. En tal sentido, y con el objeto de reforzar esta posición, destacan: "...que, al momento de la toma de la medida, la Sra. O. y sus hijas fueron retiradas del domicilio que compartían con el Sr. B., dada que la relación familiar estaba signada por la violencia" (presentación cit., pág. 9). En el marco de este escenario, puntualizan que los organismos intervinientes del Estado no han propiciado articular estrategias en pos de favorecer el fortalecimiento de la progenitora para el adecuado ejercicio del rol materno.
Con relación al progenitor, indican que "...luego del altercado con su hija al encontrarla con su novio, la solución del Juez de Familia fue abrupta [...] la prohibición de contacto con todas sus hijas [...] implicó el inicio de un proceso de desvinculación, con el que llegaron las niñas a la audiencia de la Cámara" (presentación cit., págs. 9/10).
En otro orden de ideas, destacan que -adicionalmente- se agravian porque la solución dictada por el Tribunal de Alzada "...impone consecuencias extremadamente dañosas para ellas, tales como la separación del resto de sus hermanas con una grave desvinculación con el entorno familiar, véase que ambas niñas fueron entregadas en guarda preadoptiva a una pareja que se domicilia en la ciudad de Bahía Blanca..." (presentación cit., pág. 10).
Finalmente, arguyen que, al igual que las niñas, gozan de una protección especial en su calidad de personas con discapacidad, debiendo haber existido en el caso una obligación reforzada de parte del Estado en cuanto a los trabajos y apoyos brindados para así poder preparar a una familia -atravesada por diferentes vulnerabilidades- para el adecuado ejercicio de la responsabilidad parental.
IV. El recurso debe ser rechazado en virtud de su insuficiencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Así, este Tribunal ha sostenido que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del conducto revisor (conf. doctr. causas C. 119.507, "Lucas", resol. de 26-III-2015; C. 118.236, "Daniel Ricca S.A.C.", sent. de 8-IV-2015 y C. 121.082, "Manzanillo", resol. de 15-XI-2016), tal como se verifica en el caso (art. 279, CPCC).
Hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en su dictamen (v. dictamen del día 30 de septiembre de 2021, en archivo adjunto) por considerar que los mismos abastecen adecuadamente la respuesta que cabe dar a la impugnante (conf. metodología utilizada en causas C. 115.708, "N.N.", sent. de 12-VI-2013; C. 117.084, "W., G.", sent. de 4-VI-2014 y C. 121.036, "M., B. D.", sent. de 29-XI-2017).
En efecto, el Tribunal de Alzada consideró que las circunstancias que habían llevado a la adopción de las medidas de excepción continuaban presentes y en virtud de ello aplicó la normativa vigente en la especie (arts. 3, 5, 9, 18 y 43, CDN; 8, 17 y 25, CADH; 75 inc. 22, Const. nac.; 607, Cód. Civ. y Com.; 3, 7, 32, 37/41, ley 26.061 y 4, 7, 35 bis y concs., ley 13.298) y destacó que: "...de los diversos informes obrantes en autos se advierte una profunda dificultad de los progenitores en asumir y ejercer su rol parental y la carencia de un soporte familiar de sostén y acompañamiento [...] M. D. y sus hermanas no eran atendidas debidamente en el cuidado de su salud, alimentación e higiene, comienza a trabajar con la familia una acompañante terapéutica, evidenciándose en sus informes la violencia psicológica y negligencia de parte de los progenitores para con sus hijas [...] dicha profesional renunció al acompañamiento de los progenitores debido a los malos tratos que el Sr. B. le propinó..." (sent. de 14-V-2019, pág. 17).
Al respecto agregó que, conforme constancias de autos, la señora O. no sostuvo el espacio terapéutico aconsejado; el progenitor, por su parte, se negó a realizar tratamiento hasta el mes de mayo de 2017 cuando fue anoticiado del fracaso de las estrategias en pos de revertir las circunstancias que dieran origen a la medida (v. sent. cit., pág. 18).
Además, hizo hincapié en la discontinua comunicación que ha mantenido la progenitora con sus hijas y, después, en el obrar violento del progenitor, quien en una oportunidad amenazó con un cuchillo a su hija D. y esta tuvo que solicitar volver a ingresar al Hogar (v. sent. cit., pág. 20).
En relación con la vulnerabilidad invocada por los progenitores remarcó que "...con fecha 31/10/2018 se dictó sentencia en las actuaciones 'B. J. R. s/ Determinación de capacidad' (expte. n° 19.450), rechazándose la demanda de determinación de la capacidad jurídica del Sr. B., y dicha resolución ha adquirido firmeza [...] si bien en el proceso de determinación de la capacidad de la Sra. O. no se dictó sentencia, ya ha transcurrido un tiempo por demás prolongado desde que se adoptó la medida de abrigo (3 años)..." (sent. cit., pág. 20).
De este modo, concluyó que "...ha quedado ampliamente demostrado que las menores han visto vulnerados sus derechos y que las estrategias encaminadas a encauzarlos han fracasado. El interés superior de M. D. B. requiere que se garantice de manera inmediata su derecho a contar con figuras significativas que le ofrezcan seguridad emocional y contención afectiva..." (sent. cit., pág. 21).
Tales afirmaciones no han sido objeto de una crítica concreta y precisa; los recurrentes se limitan a cuestionar que se hayan agotado las estrategias para fortalecer el ejercicio de la responsabilidad parental y el estado de irreversibilidad de las circunstancias que dieron origen a la adopción de las medidas de excepción. Se limitan a descalificar la sentencia sin demostrar que los sentenciantes hayan incurrido en errores graves, trascendentes y fundamentales que infrinjan lo prescripto por la normativa (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e.o.), lo que no alcanza para demostrar el error imputado.
Lo expuesto basta para desestimar este fragmento impugnativo (arts. 279 y 289, CPCC).
V. Igual déficit contiene el planteo de violación de la doctrina legal alegada, en tanto no se ha establecido su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e.o.).
VI. Por las circunstancias expuestas y por compartir las conclusiones del señor Procurador General, estimo que se encuentran dadas las condiciones que justifican que la niña M. D. tenga otro seno familiar en resguardo de su superior interés (arts. 3, ley 26.061; 3, CDN; 4, ley 13.298 y 706, Cód. Civ. y Com.).
En el caso, el interés superior de la niña M. D. se materializa en la necesidad de protección de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (conf. doctr. art. 594, Cód. Civ. y Com.), toda vez que quedó acreditado en autos que persisten las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas excepcionales de protección de derechos y, a la vez, se vislumbró una mejoría notable en la niña desde la adopción de la medida de excepción (v. informes, fs. 3/5, 65/66, 68/69, 72, 84/89, 148/149, 162/163, 168/169).
En la actualidad, la niña M. D. y su hermana D. A. se encuentran en guarda con la pareja integrada por L. R. A. y S. A. A. desde el día 29 de noviembre de 2018, ámbito en el que se las encuentra en excelentes condiciones (v. informe del día 27 de diciembre de 2018; sent. de 29-XI-2018, expte. 22.509 y dictamen cit., pág. 8).
VII. Por otra parte y en virtud del papel fundamental que en el ordenamiento jurídico internacional e interno ocupa la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales -de aplicación obligatoria para los jueces, en razón de su carácter transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485; 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g", Convención de Belém do Pará; 3, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Observación General 21, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28, CEDAW, párr. 18; Observaciones Finales de la CEDAW sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, ptos. 23 y 24 y art. 16 incs. "e" e "i", ley 26.485)-, y en tanto en la presente causa ha quedado reconocida la violencia de género sufrida por la señora O., habiéndose además denunciado su vulnerabilidad en torno a su capacidad -cuestión que si bien no ha sido definida obliga a propiciar el máximo manto protector previsto por el ordenamiento-, estimo prudente que, independientemente de trabajar en la continuidad del camino hacia la adopción, en la instancia de origen se continúe con el tratamiento terapéutico oportunamente aconsejado a la señora O. a los fines de propender a su fortalecimiento.
VIII. Por todo lo expuesto, el recurso debe ser rechazado en tanto no se ha demostrado el absurdo invocado, como tampoco las infracciones normativas alegadas (art. 279 y su doctr., CPCC), y debe actuarse según lo señalado en el acápite VII de la presente.
Las costas se imponen a los recurrentes en su condición de vencidos (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto y se insta a la instancia de origen a continuar con el seguimiento del recorrido terapéutico aconsejado a la señora O. en el afán de favorecer a su fortalecimiento de conformidad con las consideraciones plasmadas en el acápite VII del voto que abre el acuerdo.
Costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio con copia del dictamen del señor Procurador General y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/03/2022 20:18:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 08:31:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 17:09:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2022 00:20:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2022 14:22:33 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/03/2022 15:59:26 hs. bajo el número RS-5-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia