Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124306
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHabiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, de conformidad con lo aconsejado por el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 124.306 "G. M. A. S/ ABRIGO (EXPEDIENTE DIGITAL)"
I. La Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró a M. A. y B. J. G. en situación de adoptabilidad (v. sents. de 7-VI-2019 -fs. 204/208- y de 19-XII-2019 -fs. 269/286-).
II. Contra dicha decisión se alza la señora M. G. mediante recurso extraordinario de nulidad (v. presentación del 27-II-2020), en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, el que siendo concedido (v. resol. de 17-IX-2020), es traído a consideración de este Tribunal.
III. Las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario interpuesto han sido adecuadamente consideradas por el Procurador General en oportunidad de emitir su dictamen (v. dictamen del 24-XI-2021), cuyos fundamentos centrales, vinculados con la improcedencia del recurso a los fines de conmover la sentencia de la Cámara, son compartidos por este Superior Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.
Del dictamen dimana lo siguiente: "... Considero que el recurso de nulidad extraordinario contra la sentencia de segunda instancia en análisis no satisface, ni siquiera mínimamente con los recaudos técnicos legalmente exigidos. Luego de señalar su objeto, presupuestos formales y sustanciales, pasa a exponer los hechos antecedentes. En esta etapa yerra en reiteradas circunstancias las citas de los antecedentes obrantes en la causa. También aparecen en el escrito frases sueltas e inconexas" (v. dictamen cit., pág. 7).
En este sentido, puntualiza que "... al advertirse poca claridad y confusión argumental, el remedio intentado se presenta ineficaz al no satisfacer los recaudos examinados, por lo que correspondería desestimar el recurso extraordinario impetrado [...] la causa de la impugnación no está enmarcada en alguno de los supuestos del artículo 161 de la Constitución de la Provincia, la fundamentación no es autónoma, suficiente, ni diferenciada, por lo que el intento recursivo está destinado al fracaso (v. dictamen cit., pág. 7).
A su vez, destaca: "... Confunde el recurrente el planteo de una nulidad procesal, con los términos del recurso extraordinario de nulidad previsto en la ley adjetiva, que surge de los términos de los arts. 168 y 171 de la Carta magna provincial. Entiendo que resulta necesario exponer que el remedio intentado, la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones [...] En el caso presente, el reproche resulta improcedente, toda vez que la cuestión que en su postulación podría ser considera omitida -referida a la evaluación del plexo probatorio, como así la supuesta intervención de modo insuficiente por parte de los Asesores de Incapaces- no son propias de este tipo de recurso extraordinario. Sobre la forma y el fondo del remedio extraordinario intentado, considero que resulta impropio del ámbito del presente medio de impugnación, ya que el acierto o el modo cómo el órgano de grado abordó y resolvió las cuestiones puestas a consideración de las partes, resultaría ser un eventual error in iudicando -como es sabido- excede el limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario en tratamiento..." (v. dictamen cit., págs. 8/9).
Finalmente, sin perjuicio de lo ya expuesto, señala que "... del expediente surge en forma clara y precisa que tanto las asesoras de incapaces, como así también las defensoras oficiales actuantes, obraron con diligencia y haciendo honor a la alta responsabilidad personal y profesional requeridas para casos como el presente, en el cual se encuentran comprometidos sensibles derechos de raigambre constitucional (...) se advierte que la pretensión de la parte recurrente se basa en una mera disconformidad con lo resuelto por la Cámara, que en modo alguno merece el estatus de omisión de una cuestión esencial. Respecto a esto último, no se advierte que la Cámara de Apelación interviniente haya incurrido en una omisión que pudiera viabilizar el presente recurso. Se observa, pues que el Tribunal de Alzada abordó en forma extensa y detallada todas las cuestiones puestas en consideración a través del recurso de apelación..." (v. dictamen cit., pág. 11).
IV. Además de las circunstancias señaladas por el señor Procurador General, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos del niño B. J. G. y la niña M. A. G. en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la adopción de la medida de abrigo (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Presidente Perón de fojas 3/15; 89; 90/92; 93/97; 120; 150/155; 159/161).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la progenitora (v. págs. 2/23 de la presentación del 27-II-2020) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados como así tampoco de las conclusiones arribadas por la Lic. Palacios, Perito I del Sistema de Sostén de la Procuración General, entre las cuales destacó: "... se muestra en total disconformidad, sin comprender las razones que motivaron dicha decisión ya que -expresa- ambos niños se encontraban bien cuidados..." (v. informe de fojas 172/173).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de B. J. y M. A. (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "... el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "... la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 CCyC).
Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, de conformidad con lo aconsejado por el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese - con copia del dictamen del señor Procurador General- por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2022 14:30:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2022 19:13:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 08:09:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:44:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 08:56:03 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:20:50 hs. bajo el número RR-207-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia