Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124891
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) ordenar que se dé cumplimiento a las medidas dispuestas en los puntos IV y V.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
C. 124.891 "F. A. M. R. S/ ABRIGO"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó -por un lado- los pedidos de restitución presentados por los progenitores y la abuela materna y, por el otro, declaró la situación judicial de adoptabilidad de la niña M. R. F. A. (v. sent. de 13-IV-2021).
II. Frente a ello, la progenitora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 29-IV-2021).
III. Las cuestiones planteadas en la referida vía extraordinaria han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del 2 de febrero de 2022, cuyos fundamentos centrales (vinculados con la insuficiencia técnica del recurso a los fines de conmover la sentencia de la Cámara), son compartidos por este Superior Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.
Así, del dictamen surge que "... los fundamentos de la Alzada, reposan sobre las constancias del proceso, que aportan el soporte fáctico y probatorio para declarar el estado de adoptabilidad de la niña; sin que el embate recursivo deducido, alcance a conmover los fundamentos sobre los que reposa el sentido de la solución jurídica sentada en el pronunciamiento recurrido (art. 279 CPCC)." (pág. 6 del dictamen del 28-XII-2021).
Asimismo, el representante del Ministerio Público, luego de analizar las constancias de la causa adunadas en forma tanto previa como posterior al dictado de la sentencia del Tribunal de Alzada, concluyó que: "Sin dudas, ha quedado demostrada la vulneración de los derechos de M. que diera origen a la medida excepcional y el fracaso de las estrategias establecidas por el organismo administrativo para dotar a la madre de las herramientas necesarias para superar las dificultades en asumir su rol (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N°14, párr. 71 y 72)." (pág 12 del dictamen cit.).
En consecuencia, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de la niña (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ella se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3, última parte, CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 CCyC).
Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
IV. Por otro lado, y coincidiendo con el punto VI del citado dictamen, en la instancia de grado deberá evaluarse la posibilidad de procurar un régimen de comunicación entre la niña y su madre biológica, siempre resguardando el interés superior de la niña, su paz y tranquilidad (arts. 3 y 8.1, CDN).
V. Finalmente, en atención a que se encuentra iniciado el proceso de guarda (v. oficio del 9-VI-2021) y a fin de alcanzar la efectividad de los derechos de M., el Juzgado -junto a la Asesoría de Incapaces- deberá adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados en la etapa en la que se genere el vínculo con sus guardadores (art. 29 ley 14.528 y decreto 295/2014), junto a un seguimiento evolutivo realizado por el Equipo Técnico del órgano interviniente
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) ordenar que se dé cumplimiento a las medidas dispuestas en los puntos IV y V.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68 2do. párrafo, Cód. cit.).
Regístrese y notifíquese -con copia del dictamen del 2 de febrero del 2022- por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2022 14:30:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2022 19:13:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 08:09:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:44:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 08:56:08 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:20:57 hs. bajo el número RR-211-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia