Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125492
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.492 "C. B. A. G. S/ ABRIGO"
I. La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes confirmó la sentencia dictada en la instancia de origen que, a su turno, rechazara la propuesta efectuada por la progenitora en torno al alojamiento de B. Á. G. C. con su familia ampliada y declarara su situación de adoptabilidad (v. sents. del 6-XI-2020 y 13-VIII-2021).
II. Contra dicha forma de decidir se alza la progenitora, señora V. A. M., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 2-IX-2021) el que, siendo concedido en la instancia ordinaria (v. resol. de 8-IX-2021), es traído a consideración de esta Corte.
II.1. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada, mediante la cual se denuncia errónea aplicación y violación de los arts. 3, 5, 7.1., 8.1, 12, 19 y 20 de la Convención de los Derechos del Niño; 26, 607, 608, 609, 610, 700 y cctes. del Código Civil y Comercial; 3, 11, 33, 35, 37 y cctes. de la ley 26.061; 4, 32, 33, 34, 35 y cctes. de la ley 13.298; 2, 7, 12, 13 y cctes. de la ley 14.528 y de la doctrina legal; se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En este sentido, el Tribunal de Alzada en virtud de las constancias probatorias incorporadas, consideró que:
a) "... no caben dudas acerca de que el mejor interés de el menor se orienta a que se mantenga la sentencia atacada. Esto implica desterrar definitivamente los inaceptables sufrimientos a los que ha sido expuesta en su corto itinerario existencial" (v. sent. de 13-VIII-2021, pág. 17);
b) "... El proceder del progenitor descripto en este inciso, no se compadece con el medio esperado por la ley para que el niño se desarrolle plenamente; de ahí entonces la necesidad de paralizar las conductas que hacen peligrar la formación del hijo, privando al padre de su autoridad" (v. sent. cit., pág. 18);
c) "... El SLPPDN implementó distintas líneas de abordaje tendientes al fortalecimiento de la progenitora en el ejercicio de su función parental, tales como brindar un espacio de asistencia y contención a B., garantizar los derechos mas elementales en lo relativo a su cuidado personal, higiene, socialización y educación, reforzar su potencialidad en el ámbito escolar (...) con todo lo trabajado en el caso, el niño pudo visibilizar las graves situaciones a las que se encontraba expuesto en la convivencia con su grupo familiar, lo que lo llevó a plantearse la posibilidad de no querer volver son estos, y ser incorporado en una nueva familia. En cuanto a la familia de origen, se vislumbra que pese a las articulaciones efectuadas con otros dispositivos (CAJ. DIAT, Mediación Comunitaria, Escuela 35) no se logra revertir las situaciones que dieron origen a la toma de la medida. La Sra. M. no ha logrado rever su postura en tanto no pudo tomar conciencia de la problemática lo cual no fue posible trabajar en ella. En relación a los hermanos del menor también se mantuvieron las situaciones de consumo, violencia y delitos. En torno a su familia ampliada, todos han sido entrevistados por el SL. coincidiendo que lo mejor para el niño era no regresar con su madre. De allí que el planteo introducido por la apelante al respecto no puede ser considerado como valido" (v. sent. cit., págs. 19/20);
d) "... la parte apelante no ha demostrado la posibilidad de llevar cabo estrategias diseñadas a lo largo del tiempo a fin de lograr un marco de contención y cuidado del menor, ni se contó con familia ampliada que logre brindar la protección, ya que los propuesto referentes familiares que ofreció la apelante se negaron del cuidado. Concretamente a lo largo de la intervención del SLPPDN con la familia se observa que se realizaron múltiples abordajes orientados a la evaluación y acompañamiento de la función materna de la Sra. M. pero todo esos intentos nunca se pudieron sostener en el tiempo" (v. sent. cit., págs. 20/21);
e) "... se ha observado resistencia de la Sra. M. al momento de brindarle recursos tendientes acompañarla en la organización familiar, obstaculizando las estrategias implementadas sin efectuar un movimiento o esfuerzo subjetivo, sino sólo demandas" (v. sent. cit., pág. 21) y
f) "... la voluntad debe ser acompañada con hechos concretos demostrativos de que están en condiciones de asumir el cuidado del niño, pero de la probanza recolectada se concluye que ni la progenitora ni la familia ampliada son personas aptas para asumir el cuidado del menor de autos una figura que pueda acompañar y favorecer a la progenitora en el ejercicio de su maternidad" (v. sent. cit., pág. 21).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las págs. 1/7 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar el obrar del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Mercedes) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de B. Á. G. C. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e.o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
II.2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos del niño B. Á. G. C. en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Mercedes y del Hogar Convivencial de Niños Arnaldo Mignaguy del 18-IX-2019; 27-V-2020, en arch. adj.; 16-VI-2020, en arch. adj. y del 26-VIII-2020).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la progenitora (v. págs. 1/7 del escrito del 2-IX-2021) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados como así tampoco de las conclusiones arribadas por los profesionales que integran el cuerpo técnico del Juzgado, entre las cuales se puede destacar: "... B. es un niño que a pesar del contexto violento y vulneratorio al que ha estado expuesto, hoy que se encuentra y se siente protegido por primera vez en su vida. En su corto devenir nadie de su familia ni nuclear ni extensa ha podido resguardarlo de las diversas y graves situaciones violentas, negligentes y de maltrato a las que ha estado expuesto. Hoy puede pensarse como niño, puede jugar, puede desenvolverse con pares, puede aprender, puede disfrutar. Comienza a ubicar emociones, a distanciarse de los enojos, de la violencia, y a preguntarse acerca de la posibilidad de tener una familia que no se pelee, que no lo agreda, que no lo maltrate..." (v. informe del 27-VIII-2020); "... la Sra. M. en su discurso se muestra respecto de B. en un rol de par, en simetría de condiciones y necesidades. Ella no ha podido desplegar un rol protector respecto de su hijo. Como así tampoco presenta la capacidad de simbolizar que la medida dispuesta en autos se enmarca en la protección integral de su hijo. En su discurso aparece que la responsabilidad está puesta en los otros, su marido, su suegra, sus hijos mayores. Ella se muestra desimplicada respecto al devenir de su vida, de sus acciones, y de cómo el transcurrir de ésta historia familiar fue el corolario para la situación actual de B. (...) no se puede dejar de consignar que se está tramitando la Determinación de la Capacidad Jurídica respecto de la Sra. M. (EXP. NUM.: 32816), y allí surge de las evaluaciones pertinentes que la misma presenta un diagnóstico de Discapacidad Intelectual Moderada y trastorno límite de la personalidad (...) se considera importante que se sostenga el acompañamiento profesional, institucional adecuado, atento a que la misma no cuenta con una red familiar afectiva que la contenga a fin de sobrellevar su situación actual..." (v. informe del 4-IX-2020).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior del niño (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre él se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 CCyC).
En el caso en particular, ponderando -además- la opinión expresada por B. Á. G. en autos (v. acta del 27-VIII-2020), se concluye que su interés superior se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procuren cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (conf. doctr. art. 594, CCCN).
De esta manera, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2022 14:30:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2022 19:13:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 08:09:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:45:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 08:56:23 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:21:19 hs. bajo el número RR-225-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia