Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124951
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 23 de marzo de 2022 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.951 "B. S. M. S/ ABRIGO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 29 de marzo de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 23 de marzo del mismo año.
II. La señora C. N. A. deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que interesa destacar- rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. resol. de 3-II-2022; escrito electrónico del 18-II-2022 denominado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL -DEDUCE-" y su archivo adjunto).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó la resolución de primera instancia que a su turno declaró el estado de adoptabilidad de los niños E. Y., B. A. y S. M. B. y L. V. A. (v. sents. 15-XII-2020 y 4-V-2021).
III.1. En la vía ahora intentada la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, en la violación de la garantía constitucional del debido proceso y de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 23 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 1, 11.2, 17.1, 19 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (v. págs. 23 y 25/30 del adjunto cit.)
III.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. En ese sentido, denuncia que esta Corte, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, calificó -sin fundamentación- al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto como insuficiente. Manifiesta que el fallo objetado -al confirmar la decisión del Tribunal de Alzada- guardó silencio respecto al planteo medular llevado a sus estrados, esto es: fijar la dimensión y alcance de la obligación del Estado, a la luz de los nuevos paradigmas que emergen de los instrumentos legales, constitucionales y supralegales a los que ha adherido la República. Ello, en el apuntalamiento de la familia biológica, la función materna y los derechos de las madres privadas de su libertad (v. págs. 20/21 adjunto citado). En particular, aduce que la declaración del estado de adoptabilidad de los niños de autos sin tener en consideración a la familia biológica no es respetuosa de su interés superior (v. págs. 29/30 del adjunto cit.).
Asevera, además, que este Tribunal -al igual que los señores jueces que han intervenido con anterioridad- adoptó un papel de "simple espectador" con funciones de contralor de la evolución de los acontecimientos -niños expuestos a violencia familiar y asfixia económica- a contrario de lo establecido por los nuevos instrumentos legales y constitucionales vigentes (v. págs. 22 del archivo adjunto cit.).
III.3. Denuncia -por otro lado- que no se adecuó el abordaje de la situación a las exigencias del debido proceso, ya que no se arbitraron las medidas necesarias para proteger a los niños dentro de su familia de origen (v. pág. 23 del adjunto cit.).
Y concluye que la sentencia objetada ha perdido la oportunidad de señalar el nuevo tipo de abordaje que debe dispensarse a la niñez, a la familia en crisis y a las madres privadas de su libertad, citando como fundamento de su posición las normas nacionales y convencionales que entiende vulneradas (pág. 20/31 del adjunto cit.).
III.4. Finalmente, cita en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (Fallos: 312:1580; 328:2870; 330:3055; 331:941; 323:91; 328:2870; 331:147; 330:2180; 2206 y 3471; 331:2047; 333:1376; 330:3055; v. págs. 3, 17, 21, 24, 30 del adjunto cit.), los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Fornerón" y "Atala Riffo" (sents. de 27-IV-2012 y 24-II-2012, respectivamente; v. pág. 29 del adjunto citado.)
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 2-III-2022) el mismo fue contestado por la Asesora de Incapaces (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 18-III-2022 y escrito electrónico de fecha 29-III-2022 y su archivo adjunto)
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación o de un Tratado y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí, que respecto de la vía incoada, corresponde señalar que las cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para resolver el estado de adoptabilidad de los niños de autos, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según ha dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a disentir con la postura fijada por esta Corte para descartar el recurso de hecho intentado, insistiendo la agraviante con cuestionamientos que merecieran oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 17/31, escrito electrónico cit. y resol. en crisis).
V.3. En lo que atañe a los cuestionamientos referidos a la vulneración del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tampoco merecen favorable acogida toda vez que, tanto la sentencia cuestionada, como los pronunciamientos de grado, fueron específicamente sustentados en el interés superior de los niños involucrados (v. págs. 2/6 de la sent. en crisis). En consecuencia, tampoco queda configurada -en principio- la exigencia relativa a que el fallo haya dirimido el pleito en forma contraria a los derechos fundamentales denunciados, condición necesaria para la admisibilidad del recurso en estudio (art. 14, ley 48 cit.; Fallos: 148:62; 311:965).
V.4. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14 bis, Const. nac.; 3, 4, 5, 8, 9 y 18, CDN; 17.1, CADH; v. pág. 25/30, adj. cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal y de la Corte Interamericana que cita (v. v. págs. 3, 17, 21, 24, 29 y 30, adj. citado.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 23 de marzo de 2022 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:37:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:53:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2022 11:10:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2022 10:17:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2022 10:36:52 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/06/2022 10:44:59 hs. bajo el número RR-307-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia