Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125853
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
C. 125.853 "G. L. S/ ABRIGO"
I. El Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Olavarría comunicó, al Juzgado de Familia n° 1 -con asiento en Olavarría- perteneciente al Departamento Judicial de Azul, que el 12 de abril de 2022 adoptó una medida excepcional de protección de derechos (abrigo) respecto del adolescente L. G. -nacido el 20 de abril de 2006-, siendo el lugar de cumplimiento el Hogar Convivencial de Tornquist (v. Sist. Augusta, trámite: "Demanda se presenta", de fecha 13-IV-2022 y pdfs. adjs.).
Dicho órgano decretó la legalidad de la medida de abrigo por el plazo de ciento ochenta días y, seguidamente, se declaró incompetente para intervenir. Argumentó para ello que el joven reside en la localidad de Tornquist, lugar de cumplimiento de la presente, hecho que -a su entender- fijó allí su centro de vida. Así, en base a los principios generales de inmediación, celeridad y economía procesal, y de conformidad con lo normado por el art. 716 del Código Civil y Comercial de la Nación, entendió que la competencia del presente debía ser desplazada al juez de familia de la referida locación. En consecuencia, remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a efectos del sorteo de rigor (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 21-IV-2022).
Recibidos, el Juzgado de Familia n° 1 de esa departamental -que resultó desinsaculado (v. trámite: "Receptoría oficio de respuesta" de fecha 29-IV-2022)- previa vista al señor Asesor de Incapaces (v. trámite: "Asesor presenta dictamen", de fecha 17-V-2022), repelió la atribución endilgada. En ese sentido, luego de un pormenorizado relato de antecedentes, entendió prematura la decisión del juez preventor, toda vez que las actuaciones dan cuenta de una situación de inestabilidad que impide considerar consolidado el centro de vida de L. en la localidad de Tornquist. De allí que devolvió los autos al remitente (v. trámite: "Sentencia interlocutoria", de fecha 22-VI-2022), quien mantuvo su postura y, atento al conflicto negativo de competencia suscitado, elevó los presentes a este Tribunal (v. trámite "Elevación a Suprema Corte se ordena", de fecha 1-VII-2022).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, este Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado régimen normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución nacional; arts. 2, 3 y concs., ley 26.061; art. 3, Dec. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y concs. Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en función de la persona (causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018, e. o.) y se ha expedido en el precedente "C., R. F.", resol. de 30-VIII-2016.
Asimismo, corresponde señalar que esta Corte se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia" añadiéndose que esta directiva prevalece "…no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
En el presente, se desprende de las constancias acompañadas, que el Servicio Local de Olavarría asumió su intervención -por primera vez- en el año 2012, con relación a todo el grupo familiar que residía en esa localidad. Luego de separados sus progenitores, L. se fue a vivir con su madre y la nueva pareja a la localidad de Sierra de la Ventana.
A partir del año 2018, el joven vivió intermitentemente en una u otra locación. Ello, dado los reiterados problemas de convivencia familiar y hechos de violencia denunciados respecto de su padre y la pareja de su madre. Finalmente, en el mes febrero de 2022, se informó la internación del adolescente en el Hospital de Olavarría -por padecer ideas suicidas- desprendiéndose de las intervenciones efectuadas que no desea vivir ni en Sierra de la Ventana -con su progenitora- ni en Olavarría -con su padre-. Abordada dicha situación por los servicios involucrados, tanto con la familia paterna como con la materna, el resultado fue negativo.
Es así que, a partir de todas las estrategias desplegadas, L. expresó su deseo de vivir en un hogar para adolescentes y se decidió -con fecha 12 de abril de 2022- la adopción de la presente medida de abrigo en el Hogar Convivencial de Tornquist -cerca de su progenitora-, dando intervención al Servicio Local de esa localidad (v. trámite: "Demanda se presenta", de fecha 13-IV-2022, archivo adjunto "per.pdf").
Ahora bien, de acuerdo con las pautas fijadas precedentemente y las circunstancias relatadas, no puede soslayarse que, en el estado actual de la causa, no es posible determinar si el centro de vida del joven se sitúa o no en el lugar donde reside actualmente, debido a los múltiples cambios de residencia y la intermitencia e inestabilidad de su convivencia familiar.
Frente a casos similares, la Corte Suprema nacional ha establecido que si los magistrados en disputa están en situación legal análoga para asumir el juzgamiento de la causa, la elección debe hacerse valorando cuál de ellos cuenta con mejores elementos para alcanzar la tutela integral de los derechos del niño (conf. Fallos: 327:3987 y 339:1571; entre otros), pues resulta necesario priorizar la salvaguarda del principio de inmediatez para garantizar la efectividad y celeridad de la actividad tutelar, en resguardo del interés superior de los niños.
Dicha pauta resulta coherente con la directiva que surge del art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto consagra la necesidad de valorar el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes involucrados, así como el respeto de la tutela judicial efectiva y la inmediación, como principios generales que deben gobernar los procesos de familia (conf. Fallos: 339:1571 y causa CSJ 1681/2017/CS1 "C., R. c/ P., N. R. s/ medida cautelar", sent. de 13-XI-2018).
Con apoyo en lo expuesto, ponderando el tiempo transcurrido desde el inicio de los presentes, el estadio procesal en que se encuentran y la necesidad de determinar con rapidez cuál es el juez competente, atento a las cuestiones sobre las que versa y la entidad de los derechos involucrados y valorando especialmente la edad de L. y su deseo de alojarse en un hogar convivencial, a fin de reestablecer sus lazos familiares (v. trámite: "Demanda se presenta", de fecha 13-IV-2022, per.pdf, cit. pág. 14), debe declararse hábil para intervenir al magistrado con competencia territorial en el lugar de su residencia actual. Es que, el órgano más cercano al citado domicilio es el que se encuentra en mejores condiciones para atender las peticiones que la situación imponga, por contar con acceso directo a la persona afectada (conf. Fallos: 339:1571; 340:421; 343:1163).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2022 17:04:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2022 14:17:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/08/2022 09:37:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:37:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:42:58 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:15:39 hs. bajo el número RR-551-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia