Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125956
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.956 "N. F. A. S/ ABRIGO"
I. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, declaró la situación de adoptabilidad de F. A. N. (v. sents. del 9-XI-2020 y 15-VII-2021).
II. Contra dicha forma de decidir se alza la progenitora, señora S. A. N., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 19-VIII-2021) el que, siendo concedido en la instancia ordinaria (v. resol. de 26-VIII-2021), es traído a consideración de esta Corte.
III.1. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada, mediante la cual se denuncia la violación de la doctrina legal de este Superior Tribunal y errónea aplicación de los capítulos V y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 7, 8 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 11, 17 párrafo 1, 19 y concs. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 10 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3.1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 36 incs. 1, 2, 7 y 8 de la Constitución provincial; 10, 29 y concs. de la ley 26.061; y 9, 14 primer párrafo, 19 inc. "c", 34, 35, 35 bis y concs. de la ley 13.298; se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En este sentido, el Tribunal de Alzada en virtud de las constancias probatorias incorporadas consideró:
a) "... tengo el convencimiento de que son demasiado elevadas las posibilidades de que S. N. vuelva a exponer a sus hijos a situaciones de abandono, y está claro que los niños ya lo han padecido en demasía, siendo la hora de procurarles estabilidad en sus afectos y un entorno seguro para su pleno desarrollo. Es este el punto en el que, a mi criterio, estriba el interés superior de F. y su hermanita K. -en contraposición con el de su madre biológica-, siendo ésta la cuestión que ha terminado por decidir mi voto afirmativo, acompañando la decisión de la magistrada de grado..." (v. sent. de 15-VII-2021, pág. 16);
b) "Resulta relevante ponderar los efectos producidos por el largo tiempo de institucionalización que llevan los niños respecto del vínculo con su madre biológica, el que pude comprobar se ha desgastado, predominando hoy en ellos la ilusión de contar con una familia estable, sintiéndose entusiasmados con la idea de un afecto incondicional y muy necesitados de contención efectiva. No hay margen para poner en peligro el balance emocional y psicológico de los niños, lo que ocurriría de accederse a la pretensión de la apelante, A ello se suma que la salida de esta situación de abrigo ya no admite dilación..." (v. sent. cit., pág. 19);
c) "... no es la mera petición de un progenitor de querer hacerse cargo del niño, lo que implique de manera automática la imposibilidad de decretar la adoptabilidad. En efecto, siendo este tipo de conflictos tan complejos -y particularmente este caso dadas las circunstancias de vida de S. N.-, es deber de la jurisdicción analizar qué consecuencias puede tener en la vida de los menores la petición de crianza de los progenitores (...) la regla jurídica que ordena sobreponer el interés superior del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres..." (v. sent. cit., pág. 20);
d) "... la petición de S. N. de querer revincularse 'paulatinamente' con sus hijos (...) ya no tiene posibilidad de llevarse a cabo sin provocar daños mayores a F. y a su hermana, por lo que debe descartarse, poniendo en la centralidad el superior interés de estos niños..." (v. sent. cit., pág. 23).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las págs. 6/10 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a expresar que se han modificado las circunstancias que dieran origen al dictado de las medidas de excepción) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de su hijo F. A. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar la impugnación y permite, además, descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de F. A. en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la adopción de la medida de abrigo, cuya intervención viene de larga data y no admite más dilación (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 11-VII-2018; 17 de agosto de 2018; 31-X-2018; 31-X-2019; y del Servicio Zonal del 12-XI-2019; en archs. adjs.).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la progenitora (v. págs. 6/10 del escrito 19-VIII-2021) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados como así tampoco de las conclusiones arribadas por el equipo técnico del Juzgado y de las pericias elaboradas ante el Tribunal de Alzada; entre las que se destaca: "... la Sra. N. manifiesta afecto hacia los mismos, aunque se hace evidente su dificultad en poder brindar un cuidado y sostén estable y armónico..." (v. informe pericial del 13-VII-2018); y, asimismo que, "... Entiende que los problemas quedaron en el pasado y ahora está bien y no hay nada para elaborar. Considera que con el apoyo de su pareja, de la iglesia y el logro de la casa, no requiere de otras ayudas o cambios (...) Es pobre el registro de dificultades o limitaciones propias que puedan favorecer dificultades en el contacto con los chicos. Predominan mecanismos de negación y minimización de sus problemas (...) requiere de ayuda psicológica regular y obligatoria, supervisada por terceros, para poder sostener el intento de revinculación de los hijos. Sin el apoyo y la orientación psicológica cabe esperar que presente las dificultades asociadas a las características más desadaptativas arriba señaladas. Requiere ese tipo de ayuda para poder desarrollar capacidades de maternaje más acordes a las necesidades que puedan presentar sus hijos, así como la elaboración de las dificultades propias que la llevaron al consumo de sustancias y a la situación de abandono de sí misma y sus hijos mayores..." (v. informe pericial del 5-IV-2021).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de F. A. (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre él pueda tomarse y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12-VI-2012; L. L. 26-VI-2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27-XI-2018, LA LEY 31-I-2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de F. A. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el tiempo de trabajo excesivo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción van siempre en detrimento de los derechos fundamentales de los niños (conf. doctr. art. 594, Cód. Civ. y Com.).
Finalmente, resta aclarar en torno al respeto de los derechos fundamentales de F. y la valoración de su interés superior que, conforme surge del sistema informático Augusta, tanto él como su hermana K. M. se encuentran en guarda con fines de adopción desde el día 24 de junio de 2021 junto a la pareja conformada por F. V. G. y M. A. O., habiendo obtenido -en torno a los resultados sumamente positivos- la sentencia de adopción plena el pasado 2 de agosto de 2022 (v. sent. de 2-VIII-2022 en autos caratulados "N. F. A. y otro/a. Adopción. Acciones vinculadas").
De esta manera, tal como se adelantara, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/09/2022 09:34:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2022 20:42:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2022 10:56:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:48:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:43:28 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/12/2022 11:45:50 hs. bajo el número RR-810-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia