Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para intervenir, respecto de A. L., V. y A. M., al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar; debiendo generar una copia digital y dar de alta un nuevo trámite con conocimiento de la receptoría general de expedientes de conformidad con el acápite III de la presente resolución y 2) hacer saber al Juzgado de origen la exhortación que surge del punto IV.
C. 127.544 "M. A. L. Y OTROS S/ ABRIGO"
I.1. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de la localidad de Merlo informó, el 12 de abril de 2019, al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Morón la adopción de una medida excepcional de derechos -abrigo- respecto de los niños A. L. M., M. M., A. M., V. M. y E. M. a cumplirse en ámbito no institucional junto a V. M. -hermana mayor de los niños- en el domicilio sito en calle … … n°… de la localidad de Pilar (v. "Actuario-informa" de 25-VI-2020 y sus PDF adjs.).
De las constancias objetivas de la causa se desprende que la medida de excepción devino a consecuencia del deceso de la progenitora de los niños, y que estos se referenciaban junto a su hermana mayor, quien asumió la responsabilidad de cuidarlos (v. "Actuario-informa" de 25-VI-2020 y sus PDF adjs.).
Asimismo, con posterioridad, se comunicó la modificación del lugar de cumplimiento de la medida únicamente respecto de E. y M. M. quienes pasarían a residir junto a la señora D. M. B. en … n°…, de la localidad de González Catán, partido de La Matanza (v. "Entrevista-psicólogo acta" de 13-VIII-2020).
I.2. Años más tarde, sin que el titular del organismo se haya expedido respecto de la legalidad de la medida de abrigo, la Asesoría de Incapaces impulsó la causa y se constató que A. L., V. y A. continuaban viviendo en la localidad de Pilar, así como E. y M. seguían en González Catán (v. "Asesor-presenta dictamen" de 24-V-2023 y "Audiencia evaluativa de peritos-acta" de 22-VIII-2023).
Seguidamente, la jueza de Morón se declaró incompetente para intervenir en los presentes. Ello en el entendimiento de que el centro de vida de E. y M. se encuentra en González Catán y el de A. L., V. y A. en Pilar. Citó el art. 716 del Código Civil y Comercial y sin más, remitió la causa a los juzgados de familia de los departamentos judiciales de La Matanza y de San Isidro con asiento en Pilar que correspondan (v. "Competencia-se resuelve" de 25-IX-2023).
I.3. Habiendo sido recibida la causa por el Juzgado de Familia n°6 de La Matanza que resultó desinsaculado (v. "Receptoría-oficio de respuesta" 17-X-2023 y "Pase a" de 24-X-2023) asumió la competencia atribuida en relación a los niños E. y M. al entender que su centro de vida se encontraba en González Catán (v. "Primer despacho/se provee" de 30-X-2023).
I.4. Por su parte, recibidas las actuaciones por el Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar que fue sorteado (v. "Receptoría-oficio de respuesta" 17-X-2023 y "Pase a" de 27-X-2023) rechazó la competencia atribuida. Para así decidir entendió que ante su par de Morón había tramitado la conflictiva familiar y que debía garantizarse el principio de concentración que rige en materia de familia, en consecuencia devolvió los autos al organismo que previno (v. "Competencia-se resuelve" de 7-XI-2023 y "Pase a" de 8-XI-2023).
Finalmente, el titular de Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Morón mantuvo sus argumentos y atento al conflicto negativo de competencia ordenó remitir las actuaciones a este Tribunal (v. "Despacho simple" de 14-XII-2023 y "Pase a" de 15-XII-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, esta Corte ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, el art. 716 del citado régimen normativo regula que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución nacional; 2, 3 y concs., ley 26.061; 3, dec. 415/2006; 1, 11, 15, 36.2 y concs. Constitución provincial; 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298; causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019; C. 123.342, "R., G. C. A.", resol. de 10-VII-2019; C. 123.810, "B. A., C. J.", resol. de 26-II-2020; C. 123.852, "A., L. M.", resol. de 4-III-2020, e. o.).
Asimismo, se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia" añadiéndose que esta directiva prevalece "…no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
En este orden de ideas, es dable destacar que A. L., V. y A. residen desde el año 2020 en la localidad de Pilar y, a la par, que no obran en autos informes de seguimiento del Servicio Local interviniente, ni resolución de parte del Juzgado respecto de la legalidad de la medida adoptada, así como tampoco actos procesales tendientes a controlar la medida excepcional de protección adoptada (v. "Entrevista-psicólogo acta" de 13-VIII-2020).
Frente a este escenario, ponderando que hace ya tres años los niños residen junto a su hermana, sin perjuicio del carácter en que allí se encuentran -cumpliendo una medida de excepción-, resulta claro que el centro de vida quedó consolidado en la localidad de Pilar, sumado -además- que no existen elementos de que dicha situación fáctica pueda modificarse en el futuro. Asimismo, la aplicación del principio de prevención no solo pierde fuerza ante un principio rector como es el interés superior de los niños como consideración primordial, siendo un elemento de consideración de tal interés la determinación de su centro de vida (art. 3 inc. "f", ley 26.061), sino que además, de las constancias de autos no surge que el Juzgado que previno haya realizado actividad procesal útil que merezca ser destacada en este estadio a los fines de evaluar el conflicto de competencia suscitado.
Si bien las omisiones incurridas y la falta de impulso oficioso resultan imputables al Juzgado de origen, no puede escapar del análisis de esta Corte que el art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra la necesidad de valorar el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes involucrados a la luz de alcanzar la tutela judicial efectiva y la inmediación, como principios generales que deben gobernar los procesos de familia (conf. Fallos: 339:1571 y causa CSJ 1681/2017/CS1 "C., R. c/ P., N. R. s/ medida cautelar", sent. de 13-XI-2018).
A su vez, la Corte Suprema nacional ha establecido que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes se destaca la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (Fallos: 338:1149; 340:415 entre otros).
De allí que, ponderando el tiempo transcurrido desde el inicio de los presentes y la necesidad de determinar con rapidez cuál es el juez competente, atento a las cuestiones sobre la que versa y la entidad de los derechos involucrados, debe declararse hábil para intervenir en las presentes al magistrado con competencia territorial en el lugar de residencia actual de A. L., V. y A. Es que, el órgano más cercano al citado domicilio es el que se encuentra en mejores condiciones para atender las peticiones que la situación imponga, por contar con acceso directo a la persona afectada (C. 125.344, "L. J. C.", resol. de 20-IV-2022; CSJN Fallos: 339:1571; 340:421; 343:1163).
Con apoyo en lo expuesto, corresponde definir que respecto de los niños V., A. y A. L. debe intervenir el juez con competencia territorial en la localidad de Pilar, es decir el Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar.
III. En otro orden de ideas, este Tribunal advierte que sobre este mismo expediente digital, en el cual se trabó el conflicto de competencia que motiva esta resolución, continúa el curso de las actuaciones respecto de los niños E. y M. por ante el Juzgado de Familia n°6 de La Matanza; es decir, que existe una doble intervención debido a la omisión -al momento de la declaración de incompetencia del Juzgado de origen- de ordenar la conformación de incidente a los fines de distribuir en dos expedientes por separado. Debido a ello, se exhorta al organismo jurisdiccional con asiento en Pilar, al cual se le asigna la competencia, a que, una vez notificado de la presente, proceda a generar una copia digital y dar de alta a un nuevo trámite con conocimiento de receptoría general de expedientes, debiendo continuar en los presentes lo relativo a los niños E. y M. (art. 34 inc. 5, CPCC).
IV. Por último, en razón de las omisiones enunciadas y la falta de impulso oficioso en un proceso tan sensible como el presente, en el que se debaten derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, corresponde exhortar al Juzgado de origen a que, en lo sucesivo, observe en su tramitación la debida diligencia y celeridad y proceda a la adopción de las medidas pertinentes para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a fin de proveer al debido resguardo de los mismos (arts. 3 y concordantes, CDN; 75 inc. 22 y 75 inc. 23, Const. nac.; 11 y 36 Const. prov.; 3 y concordante, ley 26.061; 4 y concordantes, ley 13.298).
Asimismo, se le hace saber que deberá efectuar adecuadamente las radicaciones electrónicas de las causas, a fin de permitir la correcta visualización de todos los trámites digitales y cumplimentar -así- con lo normado por los arts. 11 y siguientes del Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes digitales (Anexo Ac. 3.975/20) y los arts. 1 y 6 de la Resol. 1.087/20 de este Tribunal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para intervenir, respecto de A. L., V. y A. M., al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar; debiendo generar una copia digital y dar de alta un nuevo trámite con conocimiento de la receptoría general de expedientes de conformidad con el acápite III de la presente resolución y 2) hacer saber al Juzgado de origen la exhortación que surge del punto IV.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/02/2024 14:05:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:16:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2024 09:26:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:00:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:36:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:40:53 hs. bajo el número RR-163-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia