Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127604
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de General San Martín.
C. 127.604 "E. V. P. S/ ABRIGO"
I.1. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Malvinas Argentinas informó, el 21 de junio de 2023, al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de General San Martín la adopción de una medida excepcional de derechos -abrigo- respecto de la niña V. P. E., nacida el 1 de julio de 2022, a cumplirse en ámbito institucional, en el Hospital Central de Pediatría "Dr. Claudio Zin". Asimismo, comunicó que la niña padece distintas afecciones a la salud que han requerido diferentes internaciones en dicho nosocomio y que pese a los intentos de que su progenitora aporte a revertir esta situación no se había logrado una situación propicia para que se garantice el derecho a la salud de la niña. En el informe acompañado, el Servicio Local informó que el domicilio de la niña y de su progenitora era en calle … … n°… de la localidad de Benavidez, partido de Tigre, sin perjuicio de resaltar que al momento de la medida vivían ambas en la localidad de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas (v. "Etapa de conocimiento-ingreso directo" de 21-VI-2023 y su PDF adj.).
I.2. Seguidamente, la titular del organismo se declaró incompetente para continuar interviniendo. Ello, en el entendimiento de que el centro de vida de la niña se encontraba en la localidad de Tigre, por lo que debía intervenir el organismo con competencia territorial allí. Fundó su postura en los arts. 3 de la ley 26.061, 716 del Código Civil y Comercial y remitió las actuaciones al Juzgado de Familia que por sorteo corresponda (v. "Competencia-se resuelve" de 10-VII-2023).
I.3. Recibidos por el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Tigre que resultó desinsaculado (v. "Oficio electrónico" de 10-VII-2023 y "Pase a" de 11-VII-2023), su titular rechazó la atribución conferida. Para así decidir, afirmó que el domicilio de la niña y su progenitora se encuentra en calle … n°… de la localidad de Villa de Mayo conforme surge de los documentos nacionales de identidad. Que, en este orden de ideas, se encuentran interviniendo efectores de salud del partido Malvinas Argentinas y el Servicio Local de dicha localidad. En razón de ello, entendió que el centro de vida de la niña se encontraba en Malvinas Argentinas y que en razón de lo normado por los arts. 3, 9 , 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 716 del Código Civil y Comercial y 2 y 3 de la ley 26.061 devolvió las actuaciones al organismo que previno (v. "Competencia en E. Previa-se resuelve" de 12-VII-2023 y "Pase a" de 12-VII-2023).
I.4. Arribadas las actuaciones al Juzgado de Familia n°3 de General San Martín, previo dictamen favorable de la Asesoría de Incapaces, su titular declaró la legalidad de la medida excepcional de derechos respecto de V. P. E. y dio curso al control de legalidad de la misma (v. "Vista asesoría-contesta" 8-VIII-2023 y "Resolución registrable" de 9-VIII-2023).
I.5. Concluida la medida de abrigo, el Servicio Local interviniente presentó el informe final del plan estratégico de restitución de derechos requiriendo el dictado de la situación de adoptabilidad de la niña. De dicho requerimiento se dio traslado a la progenitora quien se presentó en autos oponiéndose a lo requerido, solicitando la declaración de incompetencia y requiriendo la remisión de las actuaciones al Juzgado de Familia con asiento en Tigre, atento a que posee su domicilio allí (v. "Abrigo-informe" de 1-XII-2023 y su PDF adj. y "Se presenta" de 22-XII-2023).
Seguidamente, la titular del organismo tuvo por trabado el conflicto de competencia suscitado y ordenó elevar los presentes a este Tribunal (v. "Competencia-se resuelve" de 26-XII-2023 y "Pase a" de 27-XII-2023).
II. Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, las mismas fueron devueltas por elevación prematura (v. "Proveído" de 9-II-2024 y "Pase a" de 15-II-2024).
III.1. A continuación, el Juzgado de Familia n°3 de San Martín citó a la progenitora a una entrevista con el equipo técnico, quien pese a su incomparecencia hizo una presentación manifestando que las actuaciones tenían que tramitar ante el organismo con sede en Tigre toda vez que ese era el domicilio de la niña y que sumado a ello, que la causa esté radicada en extraña jurisdicción le generaba a la progenitora obstáculos para ejercer su derecho de defensa (v. "Informe psicólogos" de 27-II-2024, "Informe psicólogos" de 25-III-2024 y "Manifestación-formula" de 22-IV-2024).
III.2. Seguidamente, el Juzgado de Familia n°2 de Tigre notificó copia de un proveído en el que se remitía a los argumentos ya esgrimidos con anterioridad para declararse incompetente, sumó que el organismo de San Martín había intervenido en todo el control de legalidad de la medida de abrigo y que todos los efectores que se encontraban trabajando en pos de la restitución de derechos de la niña se encontraban en la localidad de Malvinas Argentinas -lugar del centro de vida de V. P.- y, finalmente, que en enero de 2024 la niña había sido trasladada a la clínica de rehabilitación "Clínica Santa Catalina Remo" sita en calle Antártida Argentina 430, de la Ciudad de Pilar, es decir a un dispositivo que no se encontraba en su jurisdicción (v. "Despacho simple" de 14-V-2024).
Finalmente, atento al conflicto negativo de competencia suscitado, se elevaron las actuaciones a este Tribunal (v. "Pase a-ordena" de 17-V-2024 y "Pase a" de 17-V-2024).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
IV.1. Al respecto, este Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado régimen normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución nacional; arts. 2, 3 y concs., ley 26.061; art. 3, Dec. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y concs. Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en función de la persona (causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019, e. o.).
Asimismo, corresponde señalar que este Tribunal se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia" añadiéndose que esta directiva prevalece "…no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
Además, la Corte Suprema nacional ha establecido que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes se destaca la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (Fallos: 338:1149; 340:415 entre otros).
IV.2. En el supuesto que se considera, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Malvinas Argentinas adoptó la medida excepcional de derechos atento a la situación informada por el servicio social del Hospital "Dr. Claudio Zin" respecto de V. P. y, en particular, resaltó que la niña se encontraba viviendo junto a su progenitora en la localidad de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, aunque el domicilio que se citó como actual en el informe era en la localidad de Benavídez, partido de Tigre (v. "Etapa de conocimiento-ingreso directo" de 21-VI-2023 y sus PDF adjs.).
Sin perjuicio de ello, el organismo jurisdiccional con sede en San Martín asumió el control de legalidad de la medida de abrigo adoptada (v. "Resolución registrable" de 9-VIII-2023). Cabe aclarar, que recién ante la conclusión de la medida excepcional de derechos y el requerimiento de la progenitora -que manifestara que el domicilio de la niña es en la localidad de Tigre-, el Juzgado de Familia interviniente entendió trabado el conflicto de competencia y elevó las actuaciones a fin de dirimirlo (v. "Abrigo-informe" de 1-XII-2023 y su PDF adj.). En este sentido, es del caso resaltar que el Servicio Local informó la modificación del lugar donde se cumple la medida de abrigo y la niña actualmente se encuentra en un dispositivo especializado en la localidad de Pilar (v. "Oficio-acompañado/se provee" de 11-I-2024 y sus PDF adjs.).
De acuerdo con las pautas precedentemente señaladas, las circunstancias relatadas por el Servicio Local y por la progenitora, y el estadio procesal en que se encuentra el trámite, no es posible afirmar que el centro de vida de la niña se encuentre en el lugar donde reside actualmente, pues lo hace en el marco de una medida excepcional de protección de derechos.
A mayor abundamiento, cabe recordar que este Tribunal ha sostenido que el art. 609 inc. "a" del Código Civil y Comercial prevé que la declaración de adoptabilidad debe tramitar ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos (conf. doctr. C. 120.237, "B., A", resol. de 21-X-2015, C. 120.503, "M., N. B.", resol. de 2-III-2016; C. 123.805, "Q., A", resol. de 15-IV-2020). En este sentido, al encontrarse vigente la medida de abrigo, toda vez que la jueza que declaró su legalidad no se ha expedido respecto de su conclusión -conforme lo ha solicitado el Servicio Local interviniente-, es quien debe continuar interviniendo (v. "Abrigo-informe" de 1-XII-2023 y su PDF adj.).
En el marco de un proceso de declaración de situación de adoptabilidad, que exige una intervención dual y coordinada entre el organismo administrativo interviniente, en el caso, el Servicio Local de Malvinas Argentinas, con la finalidad de revertir las circunstancias que dieron origen a la medida de excepción, resulta lógico que continúe en su intervención el Juzgado de Familia n°3 de General San Martín; pues es este organismo el que decretó la legalidad del abrigo y que, además, asumió la competencia a lo largo del proceso mediante el abordaje dual antes mencionado para perseguir la restitución de derechos de la niña, por lo que recién al momento de la presentación del informe final del P.E.R. la declaración de incompetencia deviene sorpresiva, debiendo expedirse sobre el fondo de la cuestión dictando la sentencia de mérito que estime corresponde en el presente proceso de declaración de situación de adoptabilidad. Ello, con independencia de que, con posterioridad, en los términos del art. 615 del Código Civil y Comercial y, según la decisión que aquí recaiga, en definitiva, pueda reverse dicha circunstancia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de General San Martín.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2024 12:13:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:48:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2024 15:54:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:43:56 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:39:58 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:00:45 hs. bajo el número RR-519-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia