Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128115
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús con asiento en Avellaneda;
2Exhortar al Juzgado al que se le atribuye la competencia a los fines indicados en el punto III; y 3) girar las actuaciones a control disciplinario.
C. 128.115 "D'A. G., I. S. Y OTRO/A S/ ABRIGO"
I.1. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de San Miguel informó, el 14 de abril de 2021, al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de General San Martín con asiento en San Miguel la adopción de una medida excepcional de derechos -abrigo- respecto del niño T. R. G. -nacido el 15 de junio de 2013- y el joven -hoy mayor de edad- I. S. D'A. G. -nacido el 10 de abril de 2006-, a cumplirse en ámbito no institucional junto a la tía materna, la señora N. G., en el domicilio sito en el … … n°… de Villa Domínico, Avellaneda. Asimismo, comunicaron que los niños sufrían situaciones de violencia física y psicológica por parte de su progenitora que motivaron la adopción de la medida (v. "Escrito-se presenta" de 14-IV-2021 y sus PDF adjs.). Seguidamente, el titular del organismo decretó la legalidad de la medida de abrigo adoptada y dio curso al control de legalidad de la misma (v. "Abrigo legalización-se decreta" de 23-IV-2021).
I.2. Luego, tras haberse modificado el lugar de cumplimiento de la medida y encontrándose los niños junto a su abuela materna, la señora I. G., en el domicilio sito en calle ... n°… de Villa Domínico, el Servicio Local solicitó que se le otorgue la guarda provisoria (v. "Oficio recibido" de 6-V-2021 y su PDF adj., "Oficio recibido" de 22-X-2021 y sus PDF adj., "Oficio-contesta" de 4-IV-2022 y su PDF adj. y "Oficio-contesta" de 6-VII-2022 y su PDF adj.). A continuación, el titular del organismo le otorgó a la señora I. G. la guarda provisoria del niño T. y del joven I., concluyó la medida adoptada y se declaró incompetente para continuar interviniendo. Para así decidir entendió que el centro de vida de los niños se encontraba en la localidad de Villa Domínico, Avellaneda, donde se encontraban viviendo junto a su abuela materna. Citó el art. 716 del Código Civil y Comercial y remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental (v. "Interlocutorio (concluye la causa)" de 13-X-2022 y "Competencia-se resuelve" de 14-X-2022).
I.3. Recibidos por el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús con asiento en Avellaneda que resultó desinsaculado (v. "Receptoría-oficio de respuesta" de 19-X-2022 y "Pase a" de 20-X-2022), su titular dio intervención a la Asesoría de Incapaces (v. "Pase a-ordena" de 24-X-2022).
Transcurrido un prolongado lapso de tiempo sin que obren movimientos en las actuaciones, se ordenó la intervención del equipo técnico. Seguidamente, la trabajadora social del organismo realizó un informe social, del que surge que los niños continuaban viviendo en Villa Domínico (v. "Pase a-ordena" de 28-VI-2023 e "Informe asistente social" de 1-XI-2023). A continuación, el titular del organismo rechazó la competencia endilgada. Para así decidir, entendió que la guarda debía tramitar ante el organismo que conocía la conflictiva familiar, es decir, ante el juzgado que previno. Citó el art. 830 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y devolvió las actuaciones a San Miguel (v. "Sentencia definitiva" de 22-II-2024 y "Pase a" de 26-III-2024).
I.4. Arribadas las actuaciones al organismo que previno, su titular prorrogó la guarda provisoria respecto del niño T., cesó su intervención respecto del joven I. por haber adquirido la mayoría de edad y mantuvo sus argumentos respecto a la competencia. Finalmente, atento al conflicto negativo de competencia suscitado elevó el expediente a este Superior Tribunal (v. "Competencia-se resuelve" de 30-IV-2024 y "Pase a" de 2-IV-2024).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
II.1. Conforme la descripción de antecedentes efectuada, resulta menester destacar que esta Corte ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado cuerpo normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución nacional; arts. 1, 11, 15, 36.2 y concs. Constitución provincial; arts. 2, 3 y concs., ley 26.061; art. 3, Dec. 415/2006; arts. 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en relación a la persona (causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019, e. o.).
Asimismo, corresponde señalar que este Tribunal se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia" añadiéndose que esta directiva prevalece "…no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
Además, la Corte Suprema nacional ha establecido que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes se destaca la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (Fallos: 338:1149; 340:415; 342:1031; entre otros).
II.2. En el supuesto que se considera, las constancias objetivas de autos y de sus causas relacionadas ilustran que desde abril de 2021 el joven T. vive en la localidad de Villa Domínico, Avellaneda. Que primero lo hizo junto a su tía materna, luego junto a su abuela paterna y finalmente con su abuela materna. En este sentido, es menester resaltar que en un primer momento lo hizo en el marco de una medida de abrigo adoptada por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de la localidad de San Miguel y luego, al concluir dicha medida excepcional, en el marco de una guarda provisoria (v. "Escrito-se presenta" de 14-4-2021 y sus PDF adjs., "Oficio recibido" de 6-V-2021 y su PDF adj., "Oficio recibido" de 22-X-2021 y sus PDF adj., "Oficio-contesta" de 4-IV-2022 y su PDF adj. y "Oficio-contesta" de 6-VII-2022 y su PDF adj., "Interlocutoria (concluye la causa)" de 13-X-2022 y "Competencia-se resuelve" de 30-IV-2024).
Con apoyo en lo expuesto, ponderando el estadio procesal del trámite de la causa y la necesidad de determinar con rapidez cuál es el juez competente, atento a las cuestiones sobre las que versa y la entidad de los derechos involucrados, es posible considerar que el centro de vida de T. se encuentra en la localidad de Villa Domínico, Avellaneda, por lo que debe declararse hábil para conocer en las presentes al magistrado con competencia territorial en ese lugar. Es que, el órgano más cercano al citado domicilio es el que está en mejores condiciones para atender las peticiones que la situación imponga. Ello así, toda vez que si bien las decisiones operadas en torno al abrigo y la eventual guarda del niño han sido adoptadas en un marco de provisoriedad (arg. art. 657, Cód. Civ. y Com.), el tiempo transcurrido y la posterior consolidación de la situación fáctica de T. quien se encuentra bajo los cuidados de su abuela desde hace ya bastante tiempo, permiten confirmar que su centro de vida actual y que su proyección a futuro no evidencia elementos relevantes que -por el momento- permitan suponer lo contrario.
En efecto, la competencia se fija en función del sujeto de tutela, cuyo interés prevalece sobre los principios de prevención y de la perpetuación de la jurisdicción. Ello, en sintonía con las directivas del Código Civil y Comercial, que consagran como principio procesal el respeto de la inmediación y de la tutela judicial efectiva (v. arts. 706 y 716, Cód. Civ. y Com.; doctr. CSJN, causa 372/2018, sent. de 7-VI-2018, del Dictamen del Procurador, al que remite; causas C. 125.369, "R. D. C. J.", resol. de 24-V-2022; C. 125.624, "A. A.", resol. de 10-VI-2022 y C. 125.803, "F. T. A.", resol. de 15-VII-2022).
III. Finalmente, no puede soslayarse que desde que han sido radicadas las actuaciones ante el Juzgado de Familia n°1 de Avellaneda y hasta su declaración de incompetencia ha transcurrido casi un año y medio sin que obren en autos actividad jurisdiccional útil tendiente a resolver la situación de T. con criterios de definitividad, conforme dispone la normativa vigente (arg. art. 657, Cód. Civ. y Com.), lo que permita una máxima protección en sus derechos satisfaciendo de mejor manera su interés superior. Sabido es que en este tipo de procesos el factor tiempo es trascendental en la vida de los niños, por ello el propio ordenamiento entre sus pilares fundamentales eleva el principio de oficiosidad como garante de una tutela judicial efectiva (arts. 706, 709 y concs., Cód. Civ. y Com.), que en el caso se vio obturada por la inacción evidenciada en el mentado organismo jurisdiccional.
La escasa actividad ha estado direccionada en averiguar el domicilio y centro de vida de los niños en afán de controlar la competencia atribuida. Repárese que desde que han sido arribadas las actuaciones el 24 de octubre de 2022 hasta el primer despacho han transcurrido siete meses, y el 29 de mayo de 2023 la Titular dispuso "sin perjuicio de su competencia" fijar una audiencia para el día 28 de diciembre de 2023, es decir, otros siete meses más. Empero previo a ello, ordenó practicar un informe ambiental con el objeto de cumplimentar las averiguaciones emprendidas en el proveído del 29 de mayo de 2023 (v. proveído del 28-VI-2023). Sin embargo, pese a que la perito trabajadora social confirmó el domicilio de las partes en la localidad de Villa Domínico, lo que motivó la atribución de competencia aludida, el pasado 22 de febrero de 2024 se declaró incompetente rechazando la atribución con sustento en el principio de prevención (art. 830, CPCC), circunstancia que bien pudo argüir al momento de haber recibido las actuaciones y sin necesidad de efectuar un inútil dispendio de actividad jurisdiccional durante el lapso de tiempo referenciado.
Debido a ello y en atención a la asignación de competencia que se propicia, corresponde exhortar al Juzgado de Familia n°1 de Avellaneda-Lanús con asiento en Avellaneda que adopte de manera urgente -con la especial sensibilidad que la situación exige y con la debida diligencia y celeridad-, las medidas tendientes a resolver la situación actual del niño, a fin de proveer al debido resguardo de sus derechos; y, asimismo, girar las actuaciones a control disciplinario (arts. 3 y concs., CDN; 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 Const. prov.; 3 y concs., ley 26.061; 4 y concs., ley 13.298).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús con asiento en Avellaneda; 2) exhortar al Juzgado al que se le atribuye la competencia a los fines indicados en el punto III; y 3) girar las actuaciones a control disciplinario.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:59:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:44:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 13:04:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:48:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:05:08 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:59:01 hs. bajo el número RR-461-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia