Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 129140
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir al Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de La Plata en estas actuaciones y en las conexas, a saber: AC1 "C., D. A. y otro. Abrigo" (expediente MO-30833-2015) y AGR1 "C., D. A. y otro. Guarda con fines de adopción".
C. 129.140 "C. D. A. Y OTRO/A S/ ABRIGO" y su acumulada.
I. Se elevan a la consideración de esta Corte los autos "C., D. A. y otro. Abrigo" (expediente LP-37553-2024) a fin de resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados del Fuero de Familia n°3 del Departamento Judicial de Morón y el n°6 de La Plata. Conjuntamente, se remitieron los expedientes agregados, a saber: AC1 "C., D. A. y otro. Abrigo" (expediente MO-30833-2015) y AGR1 "C., D. A. y otro. Guarda con fines de adopción".
II.1. De la lectura integrada de las causas -y en lo que aquí interesa resolver-, se desprende que los autos AC1 "C., D. A. y otro. Abrigo" (expediente MO-30833-2015) fueron iniciados el 11 de septiembre de 2015 y tramitaron ante el Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de Morón. En aquéllos, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Morón adoptó una medida excepcional de protección de derechos -abrigo- respecto de los niños D. A. C. -nacido el 14 de octubre de 2008- y L. A. C. -nacida el 23 de mayo de 2006, hoy mayor de edad- a cumplirse en ámbito institucional, primero en la Casa de Abrigo municipal de la localidad de Morón y luego, a partir de junio de 2018, en el Hogar "San Patricio" sito en calle 446 entre 28 y 28 bis de la localidad de City Bell (v. "Observación" de 24-X-2024 y sus PDF adjs.).
Seguidamente, previa intervención de la Asesoría de Incapaces se declaró la legalidad de la medida adoptada y se dio curso al proceso de control de la misma. Durante este tiempo, el organismo administrativo y judicial de forma coordinada y conjunta desplegaron las estrategias necesarias para revincular a los niños con su familia. Sin embargo, ante el fracaso de las estrategias y atento a lo solicitado por el Servicio Local, el titular del Juzgado decretó la situación de adoptabilidad de D. A. y de L. (v. C-129.140, trámite: "Observación" de 24-X-2024, archivo adj. titulado "PDF 3"; C-128.140-AC1, trámites: "Abrigo legalización-se decreta" de 17-IV-2018, y "Sentencia interlocutoria" de 16-VII-2019).
II.2. Transcurrido un lapso de tiempo, la Asesoría solicitó al juez interviniente que se declare incompetente para continuar interviniendo, ello en tanto, D. A. y L. A. vivían en City Bell desde el año 2018 por lo que su centro de vida se encontraba allí. Asimismo, ante el requerimiento de iniciar las determinaciones de la capacidad de ambos jóvenes era necesario que intervenga el juez con competencia territorial en el lugar donde se encontraban D. A. y L. A. Así, la titular del organismo se declaró incompetente para continuar interviniendo, citó el art. 3 de la ley 26.061 y sin más remitió las actuaciones junto a su conexa AGR1 "C., D. A. y otro. Guarda con fines de adopción", al Juzgado de Familia de La Plata que por sorteo corresponda (v. C-128.140-AC1, trámites: "Asesor-presenta dictamen" de 24-X-2023 y "Competencia-se resuelve" de 20-V-2024).
II.3. Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de La Plata que resultó desinsaculado (v. C-128.140.-AC1, trámites: "Oficio recibido" de 10-VII-2024 y "Pase a" de 12-VII-2024) su titular rechazó la competencia atribuida. Para así decidir, entendió que la legalidad de la medida de abrigo adoptada y la posterior guarda debe tramitar ente el Juzgado que previno. Citó el art. 706 del Código Civil y Comercial y antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sin más, atento al conflicto negativo de competencia elevaron las presentes actuaciones, su acumulada y su conexa a este Tribunal (v. "Competencia-se resuelve" de 17-IX-2024 y "Pase a" de 20-IX-2024)
Tal el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
III.1. Al respecto, este Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado cuerpo normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Const. nac.; 1, 11, 15, 36.2 y concs. Const. prov.; 2, 3 inc. "f" y concs., ley 26.061;3, Dec. 415/2006; 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en función de la persona (causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019, e. o.).
Asimismo, corresponde señalar que este Tribunal se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia" añadiéndose que esta directiva prevalece "… no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
III.2. Así, las constancias objetivas de la causa, ilustran que los niños vivían en la localidad de Morón al momento de la adopción de la medida de abrigo. Sin embargo, L. A. y D. A. viven en el Hogar "San Patricio" de la localidad de City Bell -desde el año 2018- es decir, en un hogar especializado atento a las patologías que afectan a los jóvenes. Asimismo, en virtud de ello la Asesoría de Incapaces interviniente ha solicitado que la jueza de Morón se declare incompetente y remita las actuaciones al Departamento Judicial de La Plata a fin de que intervenga el juez con competencia territorial en el lugar donde los jóvenes se encuentran, no solo en las presentes actuaciones sino también para que se puedan iniciar las respectivas determinaciones de la capacidad ante el organismo que pueda garantizar la inmediatez y tutela judicial efectiva de los mismos (v. C-128.140-AC1, trámite: "Asesor-presenta dictamen" de 24-X-2023 ; 129.140, trámite; "Observación" de 24-X-2024 y sus PDF adjs.).
En ese marco, resulta insoslayable que no es posible determinar si el centro de vida de los jóvenes se sitúa o no en el lugar donde residen actualmente, pues primero lo hicieron en el marco de una medida de abrigo y luego en la situación de adoptabilidad. Ahora bien, el art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra la necesidad de valorar el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes involucrados, así como el respeto de la tutela judicial efectiva y la inmediación, como principios generales que deben gobernar los procesos de familia (conf. Fallos: 339:1571 y causa CSJ 1681/2017/CS1 "C., R. c/ P., N. R. s/ medida cautelar", sent. de 13-XI-2018).
En ese sentido, la Corte Suprema nacional ha establecido en reiteradas ocasiones la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo reclama el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3 y concs. CDN; Fallos: 339:1571; 344:2384; entre otros). Aclarando que, si los magistrados en disputa están en situación legal análoga para asumir el juzgamiento de la causa, la elección debe hacerse valorando cuál de ellos cuenta con mejores elementos para alcanzar la tutela integral de los derechos del niño (Fallos: 327:3987; 339:1571; 344:325; entre otros).
III.3. Como derivación de las consideraciones anteriores, el estadio procesal de las presentes actuaciones, y teniendo en miras el interés superior de los jóvenes, corresponde declarar competente para intervenir al organismo con competencia territorial en el lugar de su residencia actual. Ello, toda vez que es el órgano que se encuentra en mejores condiciones para atender las peticiones que la situación imponga, resguardando -así- los principios de tutela judicial efectiva e inmediación. Es que, el órgano más cercano al citado domicilio es el que está en mejores condiciones para atender las peticiones que la situación imponga pues tiene acceso directo a la persona afectada (art. 706, Cód. Civ. y Com.).
En efecto, la competencia se fija en función del sujeto de tutela, cuyo interés prevalece sobre los principios de prevención y de la perpetuación de la jurisdicción. Ello, en sintonía con las directivas del Código Civil y Comercial, que consagran como principio procesal el respeto de la inmediación y de la tutela judicial efectiva (v. arts. 706 y 716, Cód. Civ. y Com.; doctr. CSJN, causa 372/2018, sent. de 7-VI-2018, del Dictamen del Procurador, al que remite; causas C. 125.369, "R. D. C. J.", resol. de 24-V-2022; C. 125.624, "A. A.", resol. de 10-VI-2022 y C. 125.803, "F. T. A.", resol. de 15-VII-2022).
Con apoyo en lo expuesto, corresponde definir que, en el caso, debe intervenir el juez con competencia territorial en la localidad de City Bell.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir al Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de La Plata en estas actuaciones y en las conexas, a saber: AC1 "C., D. A. y otro. Abrigo" (expediente MO-30833-2015) y AGR1 "C., D. A. y otro. Guarda con fines de adopción".
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2024 11:44:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/11/2024 17:54:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:19:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:57:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 13:36:56 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 14:16:47 hs. bajo el número RR-871-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia