Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128349
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a las recurrentes vencidas (art. 68, CPCC).
C. 128.349 "A. J. B. S/ ABRIGO"
I. La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró a los niños J. B. A., T. N. y M. N. en situación de adoptabilidad (v. sents. del 11-XII-2023 y 12-IV-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora, señora M. N. y también la doctora María Marta del Valle Gallo, en su carácter de abogada del niño J. B., ambas mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones del 29-IV-2024 y 2-V-2024), los que siendo concedidos (v. resol. del 28-V-2024) son traídos a consideración de este Superior Tribunal.
III. Ingresando al estudio de las piezas impugnativas articuladas -las que se tratan conjuntamente por razones de índole metodológica-, mediante la cual se denuncia absurdo (v. presentación del 29-IV-2024) y errónea aplicación y violación de los arts. 3, 9, 12, 17, 19, Convención sobre los Derechos del Niño; 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; VI de la Declaración Americana de Derechos Humanos; 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 168 y 171 de su par provincial ; 608 y 60 del Código Civil y Comercial; 9 y 1 de la ley 26.657; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 24, 27, 29, 32, 35, 37 y 41 de la ley 26.061; 3, 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 34, 35 de la ley 13.298; y 37, 278 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escritos de 29-IV-2024 y 2-V-2024); se anticipa que éstas no pueden prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que portan (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. arts. 35 bis ley 13.298 y 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En este sentido, el Tribunal de Alzada en virtud de las constancias probatorias incorporadas consideró:
a) "... del examen de las pruebas colectadas en este proceso, que efectúo conforme las reglas de la sana crítica (art. 384 del rito), puede colegirse que se encuentra debidamente acreditado la vulneración de derechos de los niños involucrados, en virtud de las situaciones por las que han debido atravesar, motivo por el cual, he de anticipar que los agravios introducidos por los apelantes no pueden tener favorable recepción..." (v. sent. en crisis, pág. 6);
b) "... De todo lo que llevo reseñado surgen circunstancias que -a mi modo de ver- no permiten admitir las quejas esgrimidas por los recurrentes (...) los antecedentes escrutados denotan la imposibilidad de ambos progenitores, como así también de la familia ampliada (hermana paterna y abuelo materno), de poder afrontar el cuidado de los niños y; contrariamente a lo sostenido a lo largo del presente proceso, han resultado infructuosos los intentos de los organismos administrativos como los de la jurisdicción, de lograr un cambio en las circunstancias dadas al momento de adoptar la medida, sin poder vislumbrar la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los pequeños niños..." (v. sent. en crisis, pág. 20);
c) "... las motivaciones que a mi modo de ver sellan las suerte adversa de los recursos, surgen de los antecedentes de las presentes actuaciones, de las cuales emergen las distintas medidas realizadas por los organismos intervinientes en procura de remover los obstáculos que llevaron a adoptar -desde hace varios años- las medidas de protección (...) El análisis de estas acciones previas y su resultado infructuoso; vislumbra claramente la sinrazón de las quejas esgrimidas en este sentido por los apelantes..." (v. sent. en crisis, pág. 21);
d) "... lo hasta aquí señalado ha sido plenamente corroborado con el contacto tomado con J., T. y M. en el encuentro mantenido con ellos, en la audiencia ante este Tribunal, fortaleciendo mi decisión en cuanto a mantener el estado de adoptabilidad de los mismos, para que puedan ser albergados por una familia que les brinde el entorno de amor y cuidado en plenitud..." (v. sent. en crisis, pág. 21) y
e) "... entiendo que se encuentran acabadamente cumplimentados los recaudos para afirmar -como lo hizo el sentenciante de origen y lo ha compartido la Sra. Asesora- que los niños J. B., T. y M. A. han sido vulnerados en sus derechos y garantías; en tanto se ha corroborado que han sido objeto de descuido por parte de sus progenitores siendo material y psicológicamente abandonados..." (v. sent. en crisis, pág. 21).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en los escritos efectuados tanto por la progenitora (v. presentación del 29-IV-2024), como por la abogada del niño J. B. (v. presentación del 2-V-2024), en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a insistir en que no se han agotado las labores para intentar revertir las circunstancias que motivaron la adopción de la medida de excepción) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de los niños J. B. A., T. N. y M. N. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar la impugnación formulada y permite, además, descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo de los recursos que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de los niños J. B. A., T. N. y M. N., en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron las adopción de las medidas de abrigo, cuya intervención viene de larga data -cuando en el mes de agosto de 2021 el progenitor intentara prender fuego la vivienda con sus hijos y mujer adentro- y no admite más dilación (v. informes del Servicio Local de Esteban Echeverría de adopción de la medida del 26-I-2022, en arch. adj. en estos autos y los conexos "N. T. Abrigo" y "N. M. Abrigo"; de seguimiento a los 45 días del 26-III-2022 en los autos "N.
T. Abrigo"; de seguimiento a los 90 días del 12-IV-2022; de seguimiento a los 120 días del 17-V-2022; y el informe final del P.E.R. del 13-VII-2022 en los presentes obrados y en los autos "N. T. Abrigo" y "N. M. Abrigo"). Asimismo, de las manifestaciones expuestas en los recursos articulados tanto por la progenitora como por la abogada del niño J. B. (v. escritos de 29-IV-2024 y 2-V-2024) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados como así tampoco de las conclusiones arribadas por el equipo técnico del Juzgado; entre las que se destaca las de las perito doctora María Eugenia Romero, Perito Psiquiatra, y Lic.
Yanina Liñan, Perito Psicóloga, quienes sostuvieron: "... la Sra. N. no habría logrado, en el período comprendido entre el mes de octubre de 2022 a la fecha, sostener la red de apoyo familiar y social ni mantener estabilidad en su estado psico-físico (...) Si bien la Sra. N. muestra disposición y voluntad, expresando amor por sus hijos, estas Peritos consideran que no contaría con recursos suficientes y/o adecuados desde lo cognitivo, simbólico, emocional y conductual para responder de manera comprometida y responsable ante los requerimientos de los niños de autos. Se aprecia un posicionamiento subjetivo desde el cual la Sra. N. no es consciente ni registra la magnitud de la situación familiar, no logra imponer límites, controlar situaciones ni medir los riesgos que implican y a los cuales continuaría exponiendo a sus hijos..." (v. informe del 14-VI-2023) y las efectuadas por la trabajadora social Lic.
Paloma Chavez Aban, a saber: "... la red sociofamiliar de la Sra. N. estaria compuesta por las jóvenes entrevistadas y por su progenitor. Que este ultimo habría aparecido repentinamente (...) es necesario esclarecer si los adolescentes convivientes, I. y D., tienen garantizados sus derechos de acceso a la educacion..." (v. informe del 16-VI-2023). Ello sumado junto a otras constancias objetivas de la causa que dan cuenta acerca del estado de gravedad al que han estado expuesto los niños; véase que en el caso puntual de J. B. -representado aquí por su letrada- se ha concluido que se "... advierten signos de traumatismo provocados por el abandono, ya que el niño presentó síntomas a partir de la ausencia del espacio terapéutico (...) Al retomar la atención en consultorio, J. comenzó a hablar solo, acunarse estando sentado y realizar movimientos llamativos con sus manos por lo que se indicó interconsulta con psiquiatría..." (v. informe del 24-XI-2023).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de los niños (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ella pueda tomarse y que ha sido definida como "... el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "... la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, últ. parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 del Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de los niños se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el excesivo y continuo trabajo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción van siempre en detrimento de los derechos fundamentales de los niños (conf. doctr. art. 594, Cód. Civ. y Com.).
De esta manera, tal como se adelantara, se impone el rechazo de los recursos articulados (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a las recurrentes vencidas (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:22:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:46:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2024 09:33:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:46:04 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:41:15 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:02:46 hs. bajo el número RR-587-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia