Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130143
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 130.143 "L. J. R. S/ ABRIGO"
I. La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró al niño J. R. L. -nacido el 15 de mayo de 2023- en situación de adoptabilidad (v. "Sentencia definitiva" de 5-IX-2024 y "Sentencia definitiva" de 26-XI-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora, la señora V. V. L., mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. "Recursos varios-deduce" de 15-XII-2024 y su PDF adj.), el que siendo concedido (v. "Sentencia interlocutoria" de 4-II-2025) fue traído a consideración de este Superior Tribunal.
III. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada mediante la cual se denuncia la errónea aplicación y violación de los arts. 16 de la Constitución nacional; 11, 17, 26, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 9, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11, 36 incs. 1, 2, 4, 7, de la Constitución provincial; 3, 4, 6, 7, 9, de la ley 13.298 y 1, 2, y 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (v. "Recursos varios-deduce" de 15-XII-2024 y su PDF adj.), se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. arts. 35 bis ley 13.298 y 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -en virtud de las constancias probatorias incorporadas- dijo:
a) "... las estrategias de revinculación con la familia de origen de los niños poseen un momento de realización. Y no parece posible insistir con ellas cuando el excesivo transcurso del tiempo y la inacción de quien pretende tardíamente una nueva oportunidad, prolonga incausadamente la indefinición de la situación de los niños en autos, de sus derechos a acceder a un ámbito familiar que genuinamente resulte apto para brindarles un desarrollo integral..." (v. sent. en crisis, pág. 9);
b) "... La apelante no ha podido demostrar un cambio sostenido en el tiempo que pueda garantizar el cuidado y efectivo bienestar del niño. Tampoco la familia ampliada. " (v. sent. en crisis, pág. 9); y
c) "... por los progenitores, el no poder ser acogido por su familia de origen o ampliada, se impone, fundamentalmente basado en el interés superior del mismo y con fundamento en las normas citadas, confirmar la situación de adoptabilidad de J. R. M. L." (v. sent. en crisis, pág. 10);
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en el recurso deducido por la progenitora (v. "Recursos varios-deduce" de 15-XII-2024 y su PDF adj.), en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a insistir en que la progenitora no recibió ayuda ni acompañamiento para revertir la situación y que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos intervino con una mirada sesgada respecto de la progenitora) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad del niño J. R. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar la impugnación formulada y permite, además, descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
En efecto, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos del niño J. R. L., como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la adopción de la medida de abrigo, cuya intervención viene de larga data -el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Morón intervenía en la problemática familiar desde 2022 y ante la situación de riesgo en que se encontraba J. R. L. adoptó una medida de abrigo el 7 de julio de 2023- y no admite más dilación (v. "Servicio local-presenta informe" de 10-VII-2023 y su PDF adj., "Oficio-contesta" de 18-VII-2023 y su PDF adj., "Oficio-contesta" de 19-IX-2023 y su PDF adj., "Entrevista asistente social" de 28-XI-2023, "Oficio-contesta" de 29-XI-2023 y su PDF adj., "Oficio-contesta" de 1-II-2024 y su PDF adj., "Oficio-contesta" de 14-II-2024 y su PDF adj., "Oficio contesta" de 6-III-2024 y su PDF adj., "Entrevista asistente social" de 21-III-2024, "Oficio-contesta" de 15-IV-2024 y su PDF adj., "Audiencia de escucha del menor-acta" de 13-V-2024, "Entrevista psicólogo-acta" de 12-VIII-2024). Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la progenitora (v. "Recursos varios-deduce" de 15-XII-2024) no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados como así tampoco de las conclusiones arribadas por el equipo técnico del Juzgado; entre las que se destaca la de las peritos, María Virginia Reccia -licenciada en psicología-, Alejandra Ritondale -médica psiquiatra- y María Carolina Lucini -licenciada en trabajo social-, quienes sostuvieron: "... En relación con su hijo J., se observa que la misma dispone de lábiles recursos internos para, a futuro, desplegar acciones de cuidado hacia el pequeño, puesto que no sólo no registra los motivos por los que se han suspendido las vinculaciones con el pequeño sino que hace referencia generales a los cuidados y asistencia que le dispensaría, no pudiendo detenerse en las particularidad del niño ni en el vínculo materno-filial que debería construir con un pequeño quien permaneció bajo su cuidado tan sólo un mes de vida. Por lo expuesto es que se considera que, en caso que el niño J. sea regresado al cuidado de su progenitora, V. podría reiterar las conductas de negligencia y descuido (...)" (v. pág. 13, "Entrevista psicólogo-acta" de 12-VIII-2024).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior del niño (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre él pueda tomarse y que ha sido definida como "... el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "... la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni); CS., "N.N. O U., V. s/ protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, últ. parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 del Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de J. R. L. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el excesivo y continuo trabajo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción van siempre en detrimento de los derechos fundamentales de los niños (conf. doctr. art. 594, Cód. Civ. y Com.).
De esta manera, tal como se adelantara, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2025 21:23:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2025 10:57:43 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2025 15:05:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 18:44:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 14:02:04 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/02/2025 10:38:32 hs. bajo el número RR-112-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia