Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130143
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 130.143 "L. J. R. S/ ABRIGO"
I. La señora V. V. L. -con debido patrocinio letrado- deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el remedio de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 24-II-2025 y trámite titulado "Recurso extraordinario federal-deduce" de fecha 24-III-2025 y su archivo adjunto identificado como "interpone+recurso+extraordinario.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, declaró al niño J. R. L. -nacido el 15 de mayo de 2023- en situación de adoptabilidad (v. "Sentencia definitiva" de 5-IX-2024 y "Sentencia definitiva" de 26-XI-2024).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las normas constitucionales y convencionales que menciona (arts. 17, 18, 19, 28, Const. nac.; 3, 8, 9, CDN; 2 inc. "b", "c", "d", "e", "f", y "g", 3 inc. "a", "d", "f", "g", "k", 6 inc. "d", Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 24, 26, PIDESC; 17, concs. CADH; 15, Protocolo de San Salvador; 3, 4, 5, 6, Belem do Pará; 1, 3, 8, 10, 11, 18, 22, 28, 29, ley 26.061; ley 26.485; págs. 3/8 y 10/16, adj. cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó -dogmáticamente- el remedio local al ponderar que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales y convencionales referenciados y los principios rectores del derecho de familia, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 248:119, 189, 503; 332:1210, 466, 885; 331:636, 373; 334:852; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la normativa aplicable, las circunstancias fácticas y las medidas probatorias -en particular, a las pericias efectuadas-. Y asevera que dichos cuestionamientos resultaban aptos para dar cuenta de que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y que -contrariamente a lo expuesto- se demostró el absurdo de su fallo y la violación de la normativa legal invocada en el remedio local.
Finalmente, alega que por todos los planteos mencionados -que entiende de índole federal- corresponde admitir el recurso y revocar la resolución atacada en tanto -a su modo de ver- se dejó de lado la normativa que asegura la integración del niño a su familia de origen, protege a la mujer y procura conservar la relación materno filial (v. págs. 10/18, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 31-III-2025), este no fue contestado. Asimismo, la Asesoría de Incapaces interviniente tomó conocimiento del recurso extraordinario federal interpuesto por la progenitora (v. escrito electrónico de 1-IV-2025).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura fijada por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley. En efecto, reitera en sustento de su posición los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 4/14 del trámite "Recursos varios-deduce" de fecha 15-XII-2024, págs. 3/16 del adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Finalmente, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17, 18, 19, 28, Const. nac.; 3, 8, 9, CDN; 2 inc. "b", "c", "d", "e", "f", y "g", 3 inc. "a", "d", "f", "g", "k", 6 inc. "d", Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 24, 26, PIDESc; 17, conc. CADH; 15, Protocolo de San Salvador; 3, 4, 5, 6, Belem do Pará; 1, 3, 8, 10, 11, 18, 22, 28, 29, ley 26.061; ley 26.485; págs.3/8 y 10/16, adj. cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021; C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023; C. 125.598, "Valdez", resol. de 27-XI-2023; C. 124.681, "Capri", resol. de 24-IV-2024; C. 125.461, "Elbial S.A.", resol. de 4-VII-2024; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 10:42:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:08:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 15:47:56 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2025 14:20:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2025 12:31:41 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/06/2025 13:34:25 hs. bajo el número RR-394-2025 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia