Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130004
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Ac. 4068). Con costas y 2) exhortar al Juzgado de origen con el objeto de poner en conocimiento lo que se desprende del punto II.2.
C. 130.004 "C., A. V. S/ ABRIGO"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Zárate-Campana confirmó la decisión que, a su turno, dispuso: "... que -por el momento- sea la Asesoría de Incapaces quien -conforme los deberes y atribuciones que le otorga el art. 38 inc. 2 de la Ley de Ministerio Público N°14.442- tome contacto inmediato y directo con quienes representa en este proceso judicial, escuche y recabe su/s opinión/es por el medio que estime más adecuado, personal, telemático o telefónico, y luego realice las peticiones que crea conveniente, o bien acompañe en autos el acta respectiva con su resultado en caso de que la opinión de la niña deba permanecer reservada..." (v. sents. de 30-X-2024 y 26-XI-2024, en archs. adjs.). Para así decidir, el Tribunal de Alzada expresó que "... De la garantía contenida en el art. 12 CDN resulta indudable que el representante promiscuo que la ley le provee, constituye un órgano y/o representante apropiado para escuchar al niño (...) El memorial en tratamiento -mas allá de formular citas del derecho del niño a ser oído y del acceso a la justicia- no arrima convicción alguna para revocar la sentencia recurrida- reitérase que nada dice el recurso acerca de los hechos del caso y de la situación particular del niño y medida de protección adoptada y legalizada- cayendo así en situación de deserción..." (v. sent. cit., en arch. adj.).
Contra dicho pronunciamiento la señora asesora de incapaces interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 10-XII-2024, en arch. adj.), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad de la decisión recurrida (v. resol. de 17-XII-2024, en arch. adj.) y ello motivó la queja traída a consideración de este Superior Tribunal (art. 292, CPCC; v. presentación de 19-XII-2024).
II.1. Al respecto, cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación (causas C. 99.890, "N., M. M.", resol. de 30-XI-2011; C. 117.061, "K., G. F.", resol. de 10-X-2012; C. 119.258, "M. T., E. E.", resol. de 16-VII-2014).
Asimismo, también se ha dicho que corresponde relacionar tal concepto con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado (conf. doctr. causas C. 120.837, "P., A. M.", resol. de 22-VI-2016; C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 120.997, "G., P. G.", resol de 8-III-2017).
Así, en el caso, la decisión del Tribunal de Alzada que rechazó el recurso de apelación deducido, en los términos referidos precedentemente, no reviste carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no produce el indicado efecto (conf. doctr. causas C. 121.786, "G. C., F.", resol. de 20-IX-2017; C. 121.862, "N., A. A.", resol. de 15-XI-2017; C. 121.990, "Lovotti", resol. de 11-IV-2018; C. 126.146, "M., A.S.", resol. de 30-XI-2022; C. 126.249, "R., L. Y.", resol. de 27-IV-2023; C. 128.953, "V., I.", resol. de 20-XI-2024).
II.2. Por fuera de ello, tal como se indicó en la causa C. 128.953 citada -con planteos similares a la presente-, más allá de lo expuesto desde el plano de la técnica casatoria y sin desconocer la facultad del juez como director del proceso de decidir otro momento dentro del mismo -y no el solicitado por la Asesora para cumplir con aquella garantía constitucional/convencional del NNA, ineludible para el magistrado, consistente en su participación encausada mediante el ejercicio a ser oído en conjunción con la inmediación que debe primar en este tipo de procesos-, cierto es que los argumentos utilizados, relativos al cúmulo excesivo de tareas y otras circunstancias por las que atraviesa el órgano jurisdiccional a su cargo, no resultan idóneos para justificar un aplazamiento, debiendo garantizarse tal participación del menor de edad cuando lo considere conveniente en función de las especiales particularidades del proceso y de las personas en él implicadas y no con sustento en las inatingentes razones expresadas, de conformidad con los principios de tutela judicial efectiva y reforzada y aquél que resguarda su superior interés (arts. 3, 12, CDN; Observación General N°12 Comité Derechos del Niño; 706, 707, 709 y concs., Cód. Civ. y Com.; 3 y concs., ley 26.061; y conf. "Guía para Escuchar a Niñas, Niños y Adolescentes en el Proceso Judicial. Prácticas Aconsejables" -resol. SC 819/22-). Asimismo, no puede soslayarse que la argumentación utilizada por el magistrado elude una de las premisas más importantes del derecho de las familias como lo es la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso (arts. 706, 707, Cód. Civ. y Com.), y ha sido por demás recurrente (causa C. 128.953, "Villarreal", resol. de 20-XI-2024; C. 128.973, "M., P." y C. 128.974, "C., L.", ambas resols. de 20-XII-2024, entre tantas otras que están en trámite), de manera que -en atención a la fecha en que ha arribado la queja a consideración de este Superior Tribunal -corresponde advertir al juzgador que, en caso de continuar por dicho andarivel, se procederá a efectuar los ajustes necesarios en el afán de restaurar posibles derechos vulnerados.
III. Finalmente, cabe agregar que, no obstante la invocación de afectación de garantías constitucionales y convencionales, en la impugnación articulada no se exhiben argumentos que, en principio valorados, sean suficientes para dar apoyo a la invocación de la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 119.442, "Figliuolo", resol. de 26-VIII-2015; C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 26-X-2016).
En consecuencia, la vía extraordinaria articulada resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Ac. 4068). Con costas y 2) exhortar al Juzgado de origen con el objeto de poner en conocimiento lo que se desprende del punto II.2.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2025 19:50:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2025 10:05:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 12:27:59 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/03/2025 06:53:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2025 16:57:55 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/03/2025 13:11:22 hs. bajo el número RR-144-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia