Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 138084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para intervenir al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Quilmes con asiento en Florencio Varela; y 2) oficiar al mismo a los fines de cumplimentar la exhortación indicada en el pto. III.
C. 138.084 "H. E. S. A. S/ ABRIGO"
I. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Florencio Varela informó, el 25 de septiembre de 2025, al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Quilmes con asiento en Florencio Varela la adopción de una medida excepcional de derechos -abrigo- respecto del joven S. H. E. -nacido el 29 de abril de 2012- a cumplirse en ámbito no institucional, junto a su hermana V. H. E. en el domicilio sito en calle … Paz n°… de Florencio Varela. Manifestó que en el mes de abril de 2025 el joven había abandonado el domicilio donde vivía junto a su progenitor y hermanos en la localidad de Azul debido a diversas situaciones de abuso y maltrato, dirigiéndose a la casa de su hermana y encontrándose bajo su cuidado al momento de la adopción de la medida (v. "Servicio local-presenta informe inicial" de 25-IX-2025 y sus PDF adj.).
A continuación, previa certificación actuarial donde se constató la existencia de causas relacionadas en trámite ante el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Azul, la jueza a cargo del organismo se declaró incompetente para intervenir. Ello, en tanto tratándose de un pleito conexo a los que tramitaban ante el mencionado juzgado y en favor del principio de conexidad debía ser un único organismo jurisdiccional el que intervenga. Citó los arts. 4, 7 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y remitió sin más las actuaciones (v. "Competencia-se resuelve" de 20-X-2025 y "Pase a" de 26-X-2025).
Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Azul, su titular rechazó la competencia atribuida. Para así decir, argumentó que el joven se encontraba desde hacía 6 meses viviendo en la localidad de Florencio Varela y que la medida de abrigo iba a ser cumplida junto a un familiar en esa misma localidad. Además, afirmó que en este tipo de supuesto debía garantizarse el principio de inmediatez conforme lo normaba el art. 706 del Código Civil y Comercial. Así, ordenó elevar las actuaciones a este Tribunal a fin de dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado (v. "Competencia-se resuelve" de 17-XI-2025 y "Pase a" de 17-XI-2025).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
II.1. Al respecto, este Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado cuerpo normativo que, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs. Const. nac.; 1, 11, 15, 36.2 y concs. Const. prov.; 2, 3 inc. "f" y concs., ley 26.061;3, Dec. 415/2006; 4, 5, 6, 7, y concs., ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia en función de la persona (causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019, e. o.).
Asimismo, corresponde señalar que este Tribunal se ha referido al concepto de "centro de vida" como "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia", añadiéndose que esta directiva prevalece "… no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia" (C. 122.214, "F., M. B.", resol. de 21-II-2018; C. 123.131, "V., C. L.", resol. de 10-IV-2019; C. 123.267, "A., S. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
II.2. En el supuesto que se considera, surge del informe acompañado por el Servicio Local que el joven S., al momento de la adopción de la medida, se encontraba viviendo en la localidad de Florencio Varela desde hacía varios meses. Asimismo, es el organismo administrativo de esta localidad el que se encuentra llevando adelante las estrategias para restituir los derechos de S. que se vieron vulnerados (v. "Servicio local-presenta informe inicial" de 25-IX-2025 y sus PDF adj.).
Ahora bien, de acuerdo con las pautas precedentemente señaladas, las circunstancias relatadas y el estadio procesal en que se encuentra el trámite, no es posible determinar si el centro de vida de S. se sitúa o no en Florencio Varela, pues recientemente se ha mudado allí y desde hace tan solo unas semanas se dictó la medida de abrigo. Por lo que corresponde afirmar que no se cumplen con los parámetros enunciados para que el lugar de residencia sea considerado como su centro de vida.
Sin embargo, atento a las particulares circunstancias del caso, la edad de S. y su capacidad progresiva exteriorizada en la decisión adoptada de irse a vivir junto a su hermana en Florencio Varela (doctr. arts. 3 y 12, CDN; 25, 26, 639 inc. "b" y 677, Cód. Civ. y Com.; 3 y 24 inc. "b", ley 26.061). sumado a la necesidad de determinar con rapidez cuál es el juez competente, debe declararse hábil para intervenir en las presentes al magistrado con competencia territorial en el lugar de residencia actual de S. En efecto, la competencia se fija en función del sujeto de tutela, cuyo interés prevalece sobre los principios de prevención y de la perpetuación de la jurisdicción. Ello, en sintonía con las directivas del Código Civil y Comercial, que consagran como principio procesal el respeto de la inmediación y de la tutela judicial efectiva del joven sujeto de autos (v. arts. 706 y 716, Cód. Civ. y Com.; doctr. CSJN, causa 372/2018, sent. de 7-VI-2018, del Dictamen del Procurador, al que remite; causas C. 125.369, "R. D. C. J.", resol. de 24-V-2022; C. 125.624, "A. A.", resol. de 10-VI-2022 y C. 125.803, "F. T. A.", resol. de 15-VII-2022).
III. Finalmente, atento a que a la fecha ningún organismo jurisdiccional se ha expedido respecto de la legalidad de la medida de abrigo adoptada por el Servicio Local conforme lo normado por el art. 35 bis de la ley 13.298, se exhorta al órgano al que se le atribuye competencia que adopte de manera urgente -con la especial sensibilidad que la situación exige y con la debida diligencia y celeridad- las medidas pertinentes de protección de los derechos de S., a fin de proveer al debido resguardo de los mismos (arts. 3 y concs., CDN; 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 Const. prov.; 3 y concs., ley 26.061; 4 y concs., ley 13.298).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para intervenir al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Quilmes con asiento en Florencio Varela; y 2) oficiar al mismo a los fines de cumplimentar la exhortación indicada en el pto. III.
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:38:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:52:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2025 13:20:58 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/12/2025 12:39:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2025 15:10:21 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2025 12:14:20 hs. bajo el número RR-990-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia