Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) exhortar al Juzgado de Famili n°6 en los términos del punto IV.
Costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, 2do. párrafo, Cód. cit.).
C. 130.338 "S. E. J. S/ ABRIGO"
I. La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en lo que aquí interesa destacar, confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, había declarado la situación de adoptabilidad del niño E. J. S. (v. sent. de 16-IX-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el progenitor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia la conculcación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10 y 15 de su par local; 3, 5, 6, 7 9, 17 y 19 de la Convención sobre Derechos del Niño; la Opinión Consultiva 17/2003 párrafo 76 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 3, 7, 9, 19 "c", 34 y 38 de la ley 13.298; 4, 10 y demás disposiciones del Título II de la ley 26.061; como también los arts. 706, 708 y 709 del Código Civil y Comercial. Asimismo, alega violación de doctrina y jurisprudencia aplicable al caso (v. escrito de 1-X-2024 y ratificación de la misma fecha).
III. Se adelanta que el recurso no prospera, en atención a su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de las medidas de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -en virtud de las constancias objetivas de la causa- concluyó que "A la fecha, así como al momento de dictarse la resolución apelada, se encuentra acreditada la imposibilidad de S. de ejercer el rol paterno, y la falta de condiciones necesarias para cubrir las necesidades de J. De lo expuesto, se concluye que de las pericias e informes obrantes en autos resulta, no solo el trabajo desplegado con el quejoso, sino también, el resultado desfavorable de dichas evaluaciones en pos a la revinculación por él pretendida, contrariamente a lo sostenido por el apelante en su memorial." (págs. 6/7, de la sent. de 16-IX-2024).
Tal fundamento, que se erige como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logra ser conmovido por los agravios volcados en las páginas 5/12 del embate efectuado por el progenitor (v. presentación del 1-X-2024), en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar la labor efectuada tanto por el organismo administrativo como la realizada por los organismos jurisdiccionales intervinientes) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de su hija (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el devenir lógico del pronunciamiento y se aparta de su idea rectora y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializando el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar las impugnaciones formuladas y permite, además, descartar la infracciones legales y convencionales esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III. 2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
Así, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos del niño en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de generar una vinculación con su progenitor, cuya intervención -v. informe inicial de 27 de diciembre de 2022- no admite más dilación (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Los Hornos de 30-III-2023 y 6-XI-2023 -el cual se encuentra reservado en Secretaría- y del Equipo Técnico del Juzgado de 9-IV-2024).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por el progenitor, no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquel respecto de la expuesta en los informes mencionados, entre los que se destaca el informe elaborado por el equipo interdisciplinario del Servicio Local de Los Hornos, cuyo contenido tenemos a la vista y se encuentra reservado (v. proveído de 23-XI-2023 e informe de 13-III-2025).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior del niño (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre él pueda tomarse y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o N.N.", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas", L. L. 26-VI-2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27-XI-2018, LA LEY 31-I-2019, - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706, Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de J. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el excesivo y continuo trabajo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción van siempre en detrimento de los derechos fundamentales del niño (conf. doctr. art. 594, Cód. Civ. y Com.).
De esta manera, tal como se adelantara, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
IV. Finalmente, en atención a que en la instancia de origen se ha iniciado un proceso de guarda del niño junto con la señora A. V. desde el 21 de noviembre de 2024 (conforme surge del exp. "S. E. J. S/ INCIDENTE DE VINCULACION (EXPTE 4348/2023 BIS)", disponible en el Portal "MEV"), y a fin de alcanzar la efectividad de los derechos de J., el Juzgado -junto a la Asesoría de Incapaces- deberá adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados en la etapa en la que se genera el vínculo con su guardadora (art. 29 ley 14.528 y decreto 295/2014), junto a un seguimiento evolutivo realizado por el Equipo Técnico del órgano interviniente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) exhortar al Juzgado de Famili n°6 en los términos del punto IV.
Costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, 2do. párrafo, Cód. cit.).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2025 11:07:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2025 17:26:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2025 10:42:02 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 16:15:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2025 14:25:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/04/2025 13:11:33 hs. bajo el número RR-239-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia