Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130180
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) ordenar que se dé cumplimiento a lo ordenado en los puntos IV y V de la presente.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, 2do. párrafo, Cód. cit.).
C. 130.180 "G. F. J. S/ ABRIGO"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que aquí interesa destacar, confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, había declarado la situación de adoptabilidad de la niña T. F. G. S. (v. sent. de 6-XI-2024).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia la conculcación de los arts. 14, 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 y 15 de su par provincial; la Convención sobre los Derechos del Niño; el principio del interés superior del niño de conformidad con los arts. 3, 27 y concs. de la Convención de los Derechos del Niño; los arts. 1, 17 y 19 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre; la opinión consultiva 1/2002; los arts. 3.4, 6.1, 12.2 y 23.2 de la ley 13.298; 3 y 7 de la ley 26.061; la ley provincial de Protección contra la violencia Familiar 12.569 según texto ordenado por las leyes 14.059 y 14.657; la ley nacional de Protección Integral de las Mujeres 26.485 y la ley de Protección contra todo tipo de Discriminación contra la Mujer 24.632 (v. escrito de 15-XI-2024).
Alega -en prieta síntesis- que en la sentencia en crisis no se respetó la finalidad ni el espíritu de las leyes provinciales 13.298 y su modificatoria 14.537 y que no se ha considerado la propuesta de familia ampliada realizada respecto de la persona de su padre, constituyendo una vulneración a su derecho de defensa. Como así también aduce que ninguna institución de las intervinientes en autos trató de fomentar medidas tendientes a fortalecer los vínculos, limitándose a señalar que han fracasado las estrategias planteadas, lo que llevó al desarraigo de T. del seno familiar con la puesta en situación de adoptabilidad y posterior otorgamiento de guarda con fines de adopción (v. págs. 2/3, del escrito cit.).
III. Se adelanta que el recurso no prospera, en atención a su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de las medidas de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -en virtud de las constancias objetivas de la causa- concluyó que "... habiéndose producido sendas pruebas tendientes a evaluar el ejercicio de los roles parentales de ambos progenitores -como también de familia ampliada- tendientes a revertir los vínculos y derechos vulnerados de la niña T., y visto las conclusiones a las que se han llegado, me llevan a inferir la negligencia en el cuidado de la misma y la ausencia de contacto emocional sano y positivo al que ha estado expuesta, sumado a la nula capacidad reflexiva de todos lo[s] integrantes del grupo familiar sobre la gravedad de los hechos acaecidos...". (pág. 9, de la sent. de 6-XI-2024).
Tales fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logran ser conmovidos por los agravios volcados en las páginas 5/12 del embate efectuado por los progenitores (v. presentación del 15-XI-2024), en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar la labor efectuada tanto por el organismo administrativo como la realizada por los organismos jurisdiccionales intervinientes, alegando una vulneración al derecho de su hija a desarrollarse en su ámbito familiar) se desentienden de aquél dado por los sentenciantes, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de su hija (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el devenir lógico del pronunciamiento y se aparta de su idea rectora y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializando el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar las impugnaciones formuladas y permite, además, descartar la infracciones legales y convencionales esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
III. 2. Sin embargo, más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015).
Así, del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de la niña en el seno de su familia de origen, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron las adopción de la medida de abrigo, cuya intervención -v. informe inicial de 22 de octubre de 2021- no admite más dilación (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Ezeiza de 12-XI-2021, 22-XII-2021, 06-IV-2022, 09-III-2022 y 25-IV-2022 del Equipo Técnico del Juzgado de 25-VIII-2022).
Asimismo, de las manifestaciones expuestas en el recurso articulado por la progenitora, no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes mencionados, entre los que se destaca el Informe de Conclusión del P.E.R. del cual surge que "A la fecha no se han removido las causales que han originado la implementación de la medida, habiéndose agotado las estrategias implementadas para lograr el compromiso parental en la superación de la situación actual de la niña, siendo que al contrario se han acrecentado y profundizado." (pág. 4 del informe del 9-III-2022).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de la niña (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ella pueda tomarse y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o N.N.", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, última parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706, Cód. Civ. y Com.).
En el caso particular, el interés superior de T. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que le procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el excesivo y continuo trabajo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción van siempre en detrimento de los derechos fundamentales de la niña (conf. doctr. art. 594, CCyCN).
De esta manera, tal como se adelantara, se impone el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279, CPCC).
IV. Sin perjuicio de ello, y atento la situación de consumo en la cual se encontraría inmersa en la actualidad la señora S., el órgano jurisdiccional de origen deberá valorar el contexto del caso y, de estimarlo necesario, comunicar a las autoridades administrativas competentes (Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires -ley 15.164, art. 28-) la situación personal de la recurrente, en orden a medidas de apoyo, de contención y de protección y recuperación que pudieren adoptarse (arts. 5 incs. "b" y "e", ley 27.372; 63.1., Convención Americana sobre Derechos Humanos; doctrina de causas C. 122.826, "T. L. I. Abrigo", sent. de 21-VIII-2019 y C. 124.048, "V. D. Abrigo", sent. de 14-II-2023).
V. Finalmente, en atención a que en la instancia de origen se ha iniciado un proceso de guarda de la niña -junto a su hermano F.- con el señor G. A. S. y la señora S. C. K. y a fin de alcanzar la efectividad de los derechos de T., el Juzgado -junto a la Asesoría de Incapaces- deberá adoptar los mecanismos de acompañamiento y orientación adecuados en la etapa en la que se genera el vínculo con su guardadora (art. 29 ley 14.528 y decreto 295/2014), junto a un seguimiento evolutivo realizado por el Equipo Técnico del órgano interviniente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC) y 2) ordenar que se dé cumplimiento a lo ordenado en los puntos IV y V de la presente.
Costas por su orden dada la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, 2do. párrafo, Cód. cit.).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2025 19:50:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2025 10:05:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2025 12:28:08 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/03/2025 06:54:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2025 16:58:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/03/2025 13:11:29 hs. bajo el número RR-151-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia