Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 37504-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos del letrado apoderado de la parte actora –Dr. Guillermo Andrés Zenklusen– por las tareas cumplidas en la Alzada (cfr. fs. 114/119) en 4 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos cuarenta y un mil seiscientos –$41.600– (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 30 y 58 de la Ley Nº 27.423).
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29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 25 de octubre de 2022. JSY Y VISTOS;
I. Sumario de los hechos del caso.
Que la empresa ABS Argentina SA tiene como actividad principal la venta al por mayor de semen de ganado bovina utilizado para la inseminación artificial. En las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de julio 2007 a junio 2010 y en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de los ejercicios 2008 a 2010, ABS Argentina SA computó gastos, amortizaciones y créditos fiscales respecto de treinta y ocho rodados de la marca Peugeot modelo Partner Patagónica, que utilizaba para la entrega de los productos a sus clientes. Como consecuencia de ello, la AFIP realizó una inspección. En el año 2013, la AFIP dictó dos actos administrativos mediante los cuales impugnó las declaraciones juradas presentadas por ABS Argentina SA, determinó de oficio las obligaciones impositivas, con más los intereses resarcitorios y multas por los impuestos omitidos. Contra aquel acto, ABS Argentina SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó los actos administrativos.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal.
Que, en este entendimiento, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación mediante sentencia del 17/2/2020 –obrante a fs. 86/88– resolvió revocar las Resoluciones (DV RRSF) Nros. 17/2013 y 18/2013, ambas del 6/3/2013, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la AFIP –Dirección General Impositiva–, mediante las cuales se había impugnado, en la primera de ellas, las declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales julio 2007 a junio 2010 y, en la segunda, el impuesto a las ganancias de los ejercicios económicos y fiscales 2008 a 2010. A su vez, en ambas resoluciones se había determinado el monto a ingresar con más intereses resarcitorios, aplicándose dos multas graduadas en el equivalente al 50% del impuesto presuntamente omitido en el impuesto al valor agregado por los períodos mencionados y únicamente respecto del año 2010, en lo que respecta al impuesto a las ganancias, conforme el art. 45 de la Ley N° 11.683. Finalmente, por mayoría, resolvió imponer las costas en el orden causado, en atención a la complejidad de la cuestión controvertida. Para decidir de ese modo, precisó que no existía ofrecimiento de pruebas, más allá de los antecedentes administrativos que el organismo fiscal había acompañó en oportunidad de la contestación del traslado otorgado en los términos del art. 169 de la Ley Nº 11.683. Sentado lo expuesto, expresó que los actos administrativos no eran arbitrarios como sostenía el recurrente. En efecto, indicó que se habían cumplido todas las exigencias que prevé la Ley Nº 11.683, por lo que no observaba ninguna irregularidad en las resoluciones dictadas que pudiesen hacer presumir que las mismas se encontraban viciadas o el juez administrativo se hubiere apartado de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Por otro lado, puntualizó que del Informe de Inspección surgía que la actora había computado gastos, amortizaciones y créditos fiscales que involucraban a treinta y ocho rodados de la marca Peugeot modelo Partner Patagónica, que utilizaba para la entrega de los productos a sus clientes, los que habían sido adaptados para el transporte de carga rebatiendo o removiendo los asientos situados detrás del asiento del conductor. Esgrimió que el semen de ganado bovino utilizado para la inseminación artificial que comercializa, lo transportaba en dichos vehículos mediante “termos criogénicos” que contienen nitrógeno que permiten el transporte del producto con una temperatura bajo cero grado adecuada para mantener las cualidades de la mercadería. De este modo, indicó que las características de los elementos que integran el proceso obligaban a tomar recaudos por los riesgos de roturas y evaporación del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO nitrógeno. Por ello, afirmó que resultaba necesario adaptar el rodado fabricado instalando anclas que evitaran golpes o roturas de los termos contenedores.
En este contexto, hizo alusión a la normativa aplicable al caso. Al respecto, adujo que en el año 1995 se incorporó una norma a la ley de impuesto a las ganancias –art. 88, inc. l)–, donde se fijó la prohibición del cómputo de gastos y amortizaciones, vinculados con vehículos, con excepción de aquellos cuya explotación tuviera como objetivo la actividad principal gravada (alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares). Asimismo, precisó que a través de la Ley N° 24.885 se flexibilizó aquella disposición, y se fijaron límites tanto para las amortizaciones como para los gastos. Aclaró que dicha norma fue complementada por el decreto reglamentario a la ley de impuesto a las ganancias buscando precisar el término “vehículo” y el alcance de “similares”. Respecto del primero, afirmó que la norma hizo un reenvío a los términos de la Ley Nacional de Tránsito, aprovechando la definición que contempla su art. 5°, inc. a) (“Automóvil: el automotor para el transporte de personas de hasta ocho plazas (excluido conductor) con cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que exceda los mil kg de peso”). Ahora bien, el Tribunal Fiscal entendió que esa referencia al inc. a), hacía que se hubiesen descartado todos los demás incisos que contienen otras definiciones (como por ejemplo, camión –inc. j)–, camioneta –inc. k)–). A su vez, expresó que en el caso de camión o camioneta se incorporó una característica fundamental, “para transporte de carga” prescindiéndose de la cantidad de plazas que se había utilizado en la definición de automóvil. En este entendimiento, puso de relieve que, si bien no se lo señala expresamente, está presente la idea de la existencia de una característica que hace a su concepción, fabricado como medio de traslado de carga, lo que lleva implícito o presume que va a tener ese destino. Asimismo, afirmó que cuando la normativa impositiva recurre al citado inc. a) –“automóvil”– para definir una prohibición o una limitación, está tácitamente habilitando el cómputo de gastos y amortizaciones en todos los demás incisos, donde aparezca definido un automotor.
Por lo tanto, indicó que no compartía los argumentos que había utilizado el fisco al considerar aplicable dos casos de la Corte Suprema (“Janssen Cilag Farmacéutica SRL” y “Roux Ocefa SA”, ambos del 29/11/2011) para sostener que era válido su proceder. En efecto, expresó que en aquellos casos la Corte Suprema trató el supuesto de los agentes de propaganda médica, donde se utilizaban “automóviles” –Ley N° 24.449, art. 5º, inc. a)– propios o no. Indicó que allí lo único que respaldaba la hipótesis de los actores era el destino a una actividad gravada, y ello sí hubiera implicado apartarse de la definición que claramente incorpora la legislación tributaria por reenvío a la Ley Nacional de Tránsito.
Por el contrario, entendió que en el caso de la aquí actora, la cuestión a resolver radicaba en determinar si el vehículo concebido para el transporte de personas, fruto de las adaptaciones que se le realizaron, se había transformado en un vehículo de carga, con lo cual provocaría un desplazamiento en la definición. En efecto, esgrimió que no podría mantenerse invariable la calificación original de una cosa que había sufrido cambios estructurales y se había transformado en otra, aun cuando se mantuvieran otras que fueran comunes. En esta línea, afirmó que la diferencia entre el inc. a) y el inc. k) del art. 5º de la Ley de Tránsito era la capacidad de “carga” y la magnitud de los cambios estructurales.
Aunque aclaró que el cambio debía ser sustancial, y que quedase a la vista que “un automóvil dejó de ser automóvil para convertirse en camioneta” en los términos de la Ley Nº 24.449. En este contexto, puso de relieve que resultaba fundamental que, siendo la calificación original la de automóvil, la actora debía demostrar la envergadura, magnitud y contexto de las adaptaciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO para que pudiese admitirse la prevalencia de la “carga” por sobre la cantidad de “plazas” destinadas a pasajeros. Así las cosas, puntualizó que en las actuaciones administrativas obraban pruebas documentales – fotográficas– que mostraban que se habían rebatido o removido los asientos traseros de los rodados marca Peugeot modelo Partner Patagónica y se habían incorporado estructuras, que parecían de hierro, adaptadas a las dimensiones del espacio trasero.
Indicó que si bien no se explicaba o mostraba cómo se adherían al piso, lo cierto es que se podía apreciar que el peso que se estimaba tenían las estructuras no parecía permitir su colocación y retiro de manera habitual. Puntualizó que esa fijación era la que permitiría que los “termos para transporte del semen” no se golpearan o se rompieran. De esta manera, consideró que se había probado el cambio funcional de los vehículos, el cual no estaba dado en el destino que se le daba al automotor sino en un cambio esencial respecto de su concepción. Esta reforma o agregado es el que acercaba a la posición de que se hubiesen transformado “plazas” por “carga”, situación que no se verificaría ni se asimilaría si en cualquier “automóvil” se trasladaba bienes en el asiento trasero o en el baúl o maletero.
Finalmente, consideró que con idéntico criterio correspondía analizarse los ajustes en el impuesto al valor agregado, siendo aplicables las conclusiones expuestas, toda vez que el art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado y el art. 51 de su decreto reglamentario hacían la misma remisión a la Ley Nacional de Tránsito.
III. Agravios de la AFIP.
Que, contra aquel pronunciamiento, la AFIP –DGI– interpuso recurso de apelación a fs. 97 y expresó agravios a fs. 98/104, los cuales fueron contestados por la contraparte a fs. 114/120. Se agravia que la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal no se ajusta a derecho, toda vez que se aparta de la letra expresa de la ley forzando una interpretación de la misma que no se condice con una recta administración de justicia. En efecto, señala que se convalida un tratamiento distinto al que la ley prevé, causado por acciones del contribuyente que no deberían ser imputables al fisco. Así, sostiene que si bien no puede objetarse la libertad de la actora de acondicionar su automóvil de la forma que creyera más conveniente para el uso que necesite darle, ello no implica que estos cambios alteren la esencia del vehículo, su calificación técnica y las implicancias fiscales derivadas de aquella.
A su vez, destaca que el propio Tribunal Fiscal expresa la inexistencia de ofrecimiento de pruebas, pero luego resuelve avalar el accionar del contribuyente sobre la base de unas muestras fotográficas que éste aportara, pero considera que ellos no constituyen prueba concluyente alguna, por lo que sería arbitraria la resolución adoptada. Asimismo, sostiene en los decretos reglamentarios de la ley de impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado se especifica que debe entenderse por “automóvil” a los vehículos definidos por el art. 5, inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito, descripción de acuerdo a lo cual los rodados marca Peugot, modelo Partner Patagónica encuadran en la categoría de automóviles. De tal forma, considera que resultaban plenamente procedentes las limitaciones establecidas en los arts. 82, inc. l) de la ley de impuesto a las ganancias, y en el art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado, los cuales dieron sustento a la postura fiscal En esta línea, destaca que aquella restricción no se basa no en el destino que ha de otorgar al vehículo en cuestión, sino en la forma en que fue concebido.
A su vez, aclara que el art. 12, inc. a), punto 1 de la ley de impuesto al valor agregado aclara que la limitación dispuesta en dicho punto no será de aplicación cuando los bienes tengan para el adquirente del carácter de bienes de cambio o constituyan el objetivo principal de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO actividad gravada. Sostiene que en el caso bajo análisis no se verifica ninguna de las dos excepciones mencionadas, ya que la actora no se dedica a la compraventa de automóviles, ni la explotación de los mismos constituye el objeto principal de su actividad gravada.
También, recuerda los precedentes de la Corte Suprema “Janssen Cilag Farmacéutica SRL” y “Roux Ocefa SA”, ambos del 29/11/2011, que han ratificado el criterio fiscal. Precisa que en aquellos se destaca que de las normas respectivas resulta que el cómputo de los conceptos en cuestión sólo están admitidos respecto de aquellos contribuyentes en lo que la explotación de los automóviles constituye el objeto principal de la actividad gravada. Por lo tanto, resalta que se equivoca el Tribunal Fiscal, porque si bien los fallos se refieren a los agentes de propaganda médica, la doctrina resulta aplicable a los presentes autos. Asimismo, sostiene que claramente el uso del automóvil era destinado una actividad gravada, la venta de semen de ganado bovino. Asimismo, expresa que idéntica solución ha adoptado esta Sala en el precedente “Pharma Argentina SA” del 26/9/2013.
Finalmente, resalta que en ningún momento su parte negó que la actora realizara el traslado de las mercaderías utilizando los rodados marca Peugot modelo Partner Patagónica, sino que la controversia se plantea por cuanto su parte los considera automóviles que no tienen para el adquirente el carácter de bienes de cambio ni constituyen el objeto principal de la actividad gravada. Por ende, considera que de acuerdo a la normativa vigente no se admiten las deducciones pretendidas por la actora.
IV. Alcances del pronunciamiento.
Que, de manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho.
Que cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inc. b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
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29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado (esta Sala, in re: “Inser SA (TF 30108-I) SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 14.116/2022, del 11/8/2022). En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (cfr. esta Sala, in rebus: “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/ DGI s/ Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (cfr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/3/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010; esta Sala, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/3/2007; entre muchos otros).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 12.113/2021, del 9/8/2022; “Boccuti, Antonio Miguel c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 5.864/2014, del 6/11/2014; Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA” y “Golden Penaut Argentina SA”, ya citados).
En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (cfr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del 7/5/2019; “Cuatro Esquinas SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 13.104/2018, del 14/3/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Salas, Fernando Martín c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 82.591/2015, del 10/4/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I)
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29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO c/ DGI”, Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros; doctrina de Fallos: 326:2987; 332:357; y 334:249).
VI. Inexistencia de arbitrariedad en la decisión del Tribunal Fiscal.
Que, en este entendimiento, cabe precisar que el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento revocó las Resoluciones (DV RRSF) Nros. 17/2013 y 18/2013, ambas del 6/3/2013, mediante las cuales se había impugnado las declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales julio 2007 a junio 2010 y del impuesto a las ganancias de los ejercicios 2008 a 2010, respectivamente, con más los intereses resarcitorios y las multas correspondientes. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta las constancias probatorias arrimadas a la causa, en particular, los antecedentes administrativos que el organismo fiscal había acompañado en oportunidad de la contestación del traslado otorgado en los términos del art. 169 de la Ley Nº 11.683.
En lo que aquí interesa, el tribunal consideró que la cuestión a dilucidar en el caso radicaba en determinar si el vehículo concebido para el transporte de personas, fruto de posteriores adaptaciones, se había transformado en un vehículo de carga. De esta manera, esgrimió que no podría mantenerse invariable la calificación original de una cosa que sufrió cambios estructurales y se transformó en otra, aun cuando se mantuvieran otras que fueran comunes.
En esta línea, afirmó que la diferencia entre el inc. a) y el inc. k) del art. 5º de la Ley de Tránsito era la capacidad de “carga” y la magnitud de los cambios estructurales. Sin perjuicio de ello, aclaró que el cambio debía ser sustancial, y que debía quedar a la vista el cambio de automóvil a camioneta. En este contexto, puso de relieve que resultaba fundamental que, siendo la calificación original la de automóvil, la actora debía demostrar la envergadura, magnitud y contexto de las adaptaciones para que pudiese admitirse la prevalencia de la “carga” por sobre la cantidad de “plazas” destinadas a pasajeros.
De este modo, analizó las actuaciones administrativas y precisó que allí obraban pruebas documentales (fotográficas)
acompañadas a fs. 378/397, que mostraban que se habían rebatido o removido los asientos traseros de los rodados marca Peugeot modelo Partner Patagónica y se había incorporado una estructura, que parecía ser de hierro, adaptada a las dimensiones del espacio trasero. Así las cosas, ponderó que si bien no se explicaba o mostraba cómo se adhería al piso mediante bulones o soldaduras, lo cierto es que se podía apreciar que el peso que se estima que tenían las estructuras no parecían permitir su colocación y retiro de manera habitual. Puntualizó que esa fijación era la que permitiría que los “termos para transporte del semen” no se golpeen o se rompan.
De esta manera, consideró que la parte actora había probado el cambio funcional de los vehículos, el cual no estaba dado en el destino que se le daba al automotor sino en un cambio esencial respecto de su concepción. Sin perjuicio de ello, es importante destacar que el tribunal aclaró que aquella situación no se verificaría ni se asimilaría si en cualquier automóvil se trasladaran bienes en el asiento trasero o en el baúl o maletero.
Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la Alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en el considerando IV–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que correspondía revocar la determinación de oficio del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que el accionante había demostrado que el vehículo concebido para el transporte de personas, fruto de las adaptaciones que sufrió, se había transformado en un vehículo de carga.
VII. Inaplicabilidad al caso de los precedentes de la Corte Suprema y de esta Sala citados por la AFIP.
Que, en esta línea, como bien señaló el Tribunal Fiscal, corresponde precisar que no resultan aplicables al caso los precedentes de la Corte Suprema “Roux Ocefa S.A. (TF 18.882-I) c/ DGI”, causa R.933.XLIV, del 29/11/2011, en el cual se remitió al dictamen fiscal del 1/2/2009–con exclusión de lo expresado en punto VII– y “Janssen Cilag Farmacéutica SRL (TF 20.878-I) c/ DGI”, causa J.51.XLIV, RO, del 29/11/2011. Tampoco resulta aplicable el precedente de esta Sala “Pharma Argentina SA (TF 20371-I) c/ DGI”, Causa Nº 42.602/2012, del 26/9/2013, que aplica los fallos de la Corte Suprema antes mencionados, y el cual fue citado por la AFIP en su memorial de agravios.
En efecto, las circunstancias de hecho analizadas en este caso difieren de las de aquellos precedentes. En efecto, allí se debatía la posibilidad de deducir gastos y el correspondiente cómputo del crédito fiscal respecto de “automóviles” –en los términos del art. 5º, inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, aplicable en virtud de la remisión efectuada en el art. 51 de la reglamentación a la ley de impuesto al valor agregado y el art. 149 de la reglamentación de la ley de impuesto a las ganancias– utilizados por agentes de propaganda médica.
Por el contrario, en el caso bajo análisis, el Tribunal Fiscal, luego de analizar las constancias probatorias del expediente, consideró que los rodados utilizados por la actora no eran “automóviles” –en los términos del art. 5º, inc. a) de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449–. Por lo tanto, no le resultaba aplicable las prescripciones del art. 88, inc. l) de la ley de impuesto a las ganancias ni el art. 12, inc. a), punto 1 de la ley de impuesto al valor agregado, que impiden la posibilidad de deducir gastos y computar el crédito fiscal de aquellos.
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los agravios vertidos por la AFIP en este sentido.
VIII. Costas.
Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de Alzada a la parte vencida en autos (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Por las razones expuestas, SE
rechazar el recurso interpuesto por Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos del letrado apoderado de la parte actora –Dr. Guillermo Andrés Zenklusen– por las tareas cumplidas en la Alzada (cfr. fs. 114/119) en 4 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de pesos cuarenta y un mil seiscientos –$41.600– (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 30 y 58 de la Ley Nº 27.423).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 29574/2022 ABS ARGENTINA SA - TF 37504-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia