Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2078/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 516.-
2Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 397/402, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 388/392.-
3Componer positivamente la litis y en consecuencia condenar solidariamente a la codemandada Petrobrás Energía S.A., declarando aplicable a los presentes el artículo 30 de la LCT.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2078/16-TSJ Interlocutorio N°: 621.-
Actor: ABURTO ROLANDO MAURICIO OSCAR Demandado: NATURA ECOLOGY S.R.L. Y OTRO Objeto: S/ LABORAL Fecha: 19-03-2018 Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 621 FOLIO Nº 3576/3582 PROT. ELECT. TSS1 003 S.181
Río Gallegos, 19 de marzo de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “ABURTO ROLANDO MAURICIO OSCAR C/ NATURA ECOLOGY S.R.L. Y OTRO S/ LABORAL”, Expte. Nº A-14445/10 (A-2078/16-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 516 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia obrante a fs. 388/392, y la resolución interlocutoria de fs. 412/417.”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, -el haber dictado las resoluciones impugnadas que vienen a este Tribunal a estudio- encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, seguidamente, debe efectuarse el tratamiento del recurso de casación interpuesto a fs. 397/402, por la Dra. Erica F. Schupbach, en su carácter de letrada apoderada de la actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 388/392, por cuanto confirmó la sentencia de Primera Instancia (conf. foja 392). Esta última había hecho lugar a la demanda contra Natura Ecology SRL y rechazado la acción contra Petrobras Energía S.A. (conf. foja 359 vta.).-
La recurrente aduce violación de la ley, en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad, todo ello, derivado, a su entender, de la violación al artículo 30 de la LCT, por no haberse hecho extensiva la condena solidariamente a la codemandada Petrobrás Energía S.A. (conf. foja 397).-
III. En Primera Instancia se hizo lugar a la demanda promovida por el Sr. Rolando Mauricio Oscar Aburto, por despido indirecto, condenando a Natura Ecology S.R.L. a abonar la indemnización respectiva (conf. foja 359) y rechazando la misma contra Petrobras Energía S.A. (conf. foja 359 vta.), al cual el accionante pretendía extender la responsabilidad en virtud de la solidaridad prevista en el artículo 30 de la LCT.-
Para así decidir el Magistrado consideró que el artículo 30 de la LCT establece como recaudo para la declaración de existencia de la responsabilidad solidaria que las tareas para las que se ha contratado a un tercero se correspondan con la actividad normal y específica de la contratante; en el caso, a su criterio, “…de ninguna manera se ha probado en autos que las tareas de pintura encargadas a Natura Ecology puedan calificarse de actividad normal y específica de Petrobras, de acuerdo con la real práctica empresarial de ésta…en modo alguno puede calificarse que el ‘arenado y pintado’ de tal artefacto responda a una necesidad habitual y esencial de la actividad empresarial (en principio, la explotación, exploración y comercialización de combustibles). La aplicación del art. 30 LCT requiere la prueba de una adecuación mínima conceptual entre las tareas que se han contratado y las que conforman el centro de la actividad empresaria.” (cfr. foja 358 vta.).- Este pronunciamiento fue confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones a foja 392.-
Contra dicha decisión la recurrente interpone recurso de casación alegando violación de la ley, porque, a su entender, no se ha aplicado correctamente el artículo 30 de la LCT.-
Alega, que la sentencia es arbitraria “…por no encontrarse debidamente fundada en la doctrina legal aplicable al tratamiento de la cuestión, teniendo como fundamento solamente una supuesta insuficiencia técnica de los agravios actorales, cuando en realidad se ha prescindido en absoluto de las cuestiones fácticas del expediente, provocando un pronunciamiento arbitrario.” (cfr. foja 397 Asimismo funda su recurso en dos circunstancias: “La primera y principal es que el actor estuvo en los hechos trabajando en ‘negro’ y en su momento, ninguna de las accionadas, debidamente intimadas, procedieron a registrar la relación laboral con el actor, no le pagaron las remuneraciones de ley, por ende no hicieron los aportes, no le aclararon la situación laboral y a aquel no le quedó más que considerarse despedido de manera indirecta ante la falta de regularización de su situación laboral. Y la segunda razón que se invocó...como aplicativa de la responsabilidad solidaria fue la índole de las tareas asignadas al actor, el lugar donde las desempeñaba, quien controlaba su ingreso, quien le daba órdenes y como las reportaba.” (cfr. foja 398 vta.).- El primer argumento que, entiende la recurrente, autorizaba la aplicación al caso del artículo 30 de la LCT, es la no registración laboral del actor. A su modo de ver, se configuró un fraude laboral, y ello hacia aplicable la solidaridad prevista en dicho artículo, en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del mismo; sobre este tema, sostiene que no fue tratado por la Cámara (conf. foja cit.).-
En cuanto al segundo fundamento casatorio, señala que no sólo la índole de las tareas que realizaba el actor imponían la aplicación del artículo 30 de la LCT sino que, además, éstas se realizaban bajo las órdenes de Petrobrás Energía S.A. “…la Alzada sostiene la validez del argumento del Juez A quo de que esta parte debía probar que los trabajos que realizaba Natura Ecology para Petrobras Energía S.A. eran servicios correspondientes a la actividad normal y específica de aquella, sin detenerse a analizar que la sanción establecida en el art. 30 de la LCT era aplicable por la falta de control ejercido por el principal.” (cfr. foja 400).- Finalmente, la recurrente solicita que se conceda el recurso de casación interpuesto y hace reserva del caso federal (conf. foja 402).-
A fs. 412/417 la Excma. Cámara de Apelaciones, declara formalmente inadmisible el recurso interpuesto.-
A fs. 496 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia haciendo lugar al recurso de queja planteado por la actora a fs. 482/487, declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto, y en consecuencia, ordena que se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho la actora y la codemandada Petrobrás Energía S.A. (conf. cert. de foja 507).-
A fs. 508/510 dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien por los motivos que allí expone y a los cuales nos remitimos “brevitatis causae”, señala: “Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que, la sentencia de Cámara, se encuentra ajustada a derecho, no surgiendo de la misma violación de la ley, ni arbitrariedad conforme lo alegara el recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por el actor no debe prosperar.” (cfr. foja 510).-
A foja 514 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 515 pasan los presentes a estudio, suspendido el mismo se reanuda y vuelven los presentes a estudio a fs. 520.-
IV. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extra-ordinaria articulada por la parte recurrente, esta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, directamente vinculada -según se sostiene- a la violación y errónea aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y arbitrariedad.-
Así, y analizando al primer agravio, debe determinarse fehacientemente, a los efectos de la aplicabilidad al caso del citado artículo, si las tareas que realizara el actor “arenado y pintado de los brazos de carga de un muelle del Puerto de Punta Loyola”, según se admite en la sentencia de Primera instancia, se corresponden con “trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia” de la empresa Petrobrás Energía S.A., (conf. foja 358 y vta.) la que conforme la propia manifestación realizada ante este Tribunal por sus letrados apoderados se dedica a “...la exploración, explotación, producción, transporte y/o almacenaje de hidrocarburos...” (cfr. foja 502).- Es oportuno señalar que este Tribunal Superior de Justicia ha tratado pormenorizadamente el alcance del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo en el precedente “Romero, Samuel Santiago c/ Gonzalez Miriam y otro s/ Indemnización por despido y cobro de pesos” resuelto mediante Sentencia, inscripta al Tomo XIII, Reg. 455 Folio 2474/2482 de fecha 08 de agosto de 2008, cuyos lineamientos seguiremos a los fines de ordenar la argumentación del presente pronunciamiento, por resultar de plena aplicación -dada su similitud- a los presentes autos.-
Corresponde analizar entonces, el texto del artículo 30 de la LCT, tal como quedara redactado luego de su reforma por la Ley Nº 25.013: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad especifico previsto en el artículo 32 de la ley 22.250”.- Como puede observarse, esta norma establece la obligación de controlar el cumplimiento de ciertas exigencias requeridas por las leyes laborales, a quien contrate o subcontrate trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, so pena que en caso de incumplimiento de las mismas, se hará efectiva la solidaridad del principal.-
Al respecto, se ha resaltado que el artículo 30 se ocupa de los siguientes supuestos: “…a) el caso de la cesión total o parcial a otros del establecimiento o la explotación habilitada a su nombre; b) el contrato o subcontrato de trabajos o servicios correspondientes a la actividad propia. En ambos casos competen al empleador original dos obligaciones; una indicativa, a saber: deben exigir a sus contratistas y subcontratistas el fiel cumplimiento de las normas laborales y las derivadas de la seguridad social y a ese efecto detalla los mecanismos de control.” (cfr. Miguel Angel Sardegna, “Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas”, Editorial Universidad, Bs. As., 2003, pág. 135).- El fundamento por el cual el principal debe responder por las deudas del subcontratista, “…es que al delegar en terceros los servicios que hacen a su actividad, generan una actividad lícita, pero deben responder por las deudas contraídas con los trabajadores que…actuaron en su beneficio.
En su desempeño, no dejaron de ser dependientes en condiciones similares de la relación que mantiene el mandatario o el gestor en relación con el mandante. Y como se sostenía en el derecho romano, quien se beneficia con el ‘commodun’, debe cargar con el ‘periculum’ […] Aun (sic) sin ilícitos cometidos por el subcontratista, las deudas de éste que queden impagas deben ser abonadas por el principal, a mérito de la ajenidad del riesgo del trabajador en la empresa que terminó apropiándose de su trabajo y por sobre la circunstancia de quien figure como empleador en la relación formal de empleo. El derecho del trabajo se rige por los principios de primacía de la realidad y de ajenidad del trabajador al riesgo de empresa.
Esta fundamentación solidaria, amplia y suficiente de la responsabilidad del principal, por supuesto se ve fortalecida cuando la conducta del subcontratista es dolosa, culposa o negligente, por aquello de la culpa en la elección.” (cfr. Ricardo J. Cornaglia, “Un debate actual: pluridimensión de responsabilidades versus acción excluyente”, del 05/07/2006, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online AR/DOC/2321/2006).- Debe considerarse, que “…la realidad del mundo jurídico laboral nos ha ubicado en el horizonte de redes comerciales...con la interposición de contratistas y subcontratistas en la organización productiva, y la necesidad de que la protección legal de los trabajadores se mantenga sin riesgo, sin fraccionamientos derivados de las eventuales insolvencias a que nos tienen acostumbrado estas formas de relaciones triangulares.
Frente a ello, el art. 30 LCT...con las modificaciones que introdujo oportunamente el art. 17 ley 25013...estableció recaudos concretos -deberes de control- respecto de los empresarios que ceden, contratan o subcontratan parte de la actividad específica de una explotación, requiriendo a sus contratantes para liberarse de la responsabilidad solidaria; ello, además de las obligaciones contenidas en el párr. 1º de la citada norma y de las nuevas disposiciones que introdujo la resolución general AFIP 1891/05…” (cfr. Alberto Chartzman Birenbaum, “El horizonte de la Responsabilidad solidaria a la luz del plenario Ramírez”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online 0003/401083).- Nuestra Corte Suprema de Justicia, precisó en el leading case “Rodríguez, Juan R. c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro” (fallos 316:713), el alcance de la norma en tratamiento, que puede sintetizarse de la siguiente manera: En primer lugar, los presupuestos fácticos establecidos en la misma deben ser comprobados rigurosamente “…Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma -o de su interpretación- que obligue al pago de una deuda en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada por los arts. 1195 y 1713 del Cód.
Civil y 56 de la ley 19.550, vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio establecida por el art. 17 de la Constitución Nacional…” (confr. considerando 8º). Por otra parte, la norma no es aplicable en el caso del suministro de un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución (confr. considerando 9°). En los contratos de concesión, distribución y demás afines no existe la contratación de servicios como determinante de la solidaridad “…en los contratos de concesión, distribución y los demás mencionados, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario, por lo que no existe contratación de servicios en los términos del art. 30 de la ley de contrato de trabajo…” (confr. considerando 10).
La aplicación del artículo 30 debe hacerse en base a la actividad normal y específica de la empresa, la actividad real del establecimiento, en vez del objeto social “…pues el art. 30… no se refiere al objeto ni a la capacidad societaria sino a la actividad real propia del establecimiento. Las figuras delegativas previstas por aquella norma, en lo pertinente, contratación y subcontratación, son inherentes a la dinámica del giro empresarial y por ello, no cabe examinar su configuración respecto al objeto social…” (confr. considerando 11). En definitiva, para que nazca la solidaridad prevista en la norma, debe tratarse de servicios contratados o subcontratados que complementen o que completen la actividad normal de la empresa, y existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contraparte “…Que la norma comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento.
Son supuestos en los que se contrata prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es ‘la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones’ (art. 6º ley de contrato de trabajo)…” (confr. considerando 10); y para que nazca la solidaridad prevista en el art. 30 de la L.C.T. “…es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal…” (confr. considerando 11).- Este último aspecto señalado por la Corte Suprema Justicia de la Nación es el que debe desentrañarse en el caso de autos. Es decir, determinar si las tareas de mantenimiento (arenado y pintura) que realizara el actor indudablemente se corresponden con “la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento” la empresa Petrobrás Energía S.A., complementando su actividad propia; es decir, la “unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones”.-
En la sentencia en crisis, ha quedado acreditado que el actor prestó servicios en relación de dependencia en la firma Natura Ecology S.R.L.. Por otra parte -según dichos de la propia codemandada Petrobrás Energia S.A.-, que dicha empresa fue oportunamente contratada para realizar las tareas de mantenimiento ut supra detalladas.-
El interrogante a responder, entonces, es si estas tareas de mantenimiento, pueden ser consideradas como “tarea normal y específica del establecimiento”, en los términos del artículo 30 de la LCT.-
Cabe señalar, que no compartimos las conclusiones a las que arriban los fallos de las instancias de grado, en relación a la supuesta falta de acreditación en cuanto a que la actividad en la que se desempeñaba el actor puede considerarse incluida dentro del carácter de la tarea normal y específica a la que refiere la norma en tratamiento.-
En efecto, no obstante advertirse que pudieran haberse ofrecido pruebas que despejen con mayor claridad este vínculo entre la actividad realizada por la empresa empleadora (Natura Ecology S.R.L.), con la actividad normal y específica de la co-demandada Petrobrás Energía S.A., lo cierto es que tal dificultad fáctica en ningún momento impidió al juez de primera instancia discernir que a su criterio, “...la utilización del brazo de carga de un muelle portuario puede requerir a su usuario (la empresa Petrobrás) la realización de algún tipo de tareas de mantenimiento. Ahora bien, en modo alguno puede clasificarse que el ‘arenado y pintado’ de tal artefacto responda a una necesidad habitual y esencial de la actividad empresarial…” (cfr. foja 358 vta.).- Es decir entonces, más que una cuestión de falencia probatoria, lo que prima en el pronunciamiento de primera instancia es el convencimiento del magistrado acerca que la tarea desarrollada por la empresa empleadora del actor no encuadraba dentro de la exigencia del artículo 30 de la LCT.-
Como se ha expresado, para que exista solidaridad frente a las obligaciones laborales es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal y específica, de modo tal que exista una unidad técnica de ejecución entre empresa y contratista. De esta manera, si para el proceso productivo o servicio que una empresa brinda, el trabajo efectuado por los empleados que provee el subcontratista se incorporan a la cadena de ejecución, tal el caso de quienes siendo empleados de la subcontratista, reciben supervisión y órdenes de la empresa, puede afirmarse que existe el marco de responsabilidad solidaria que establece el artículo 30 de la LCT.- En este sentido, debe destacarse que todos los empleados de Natura Ecology S.R.L. firmaban dos planillas cada vez que ingresaban a sus tareas laborales, una planilla de la empleadora y la otra de Petrobrás (conforme lo expone el testigo Mariano Angel Cano (conf. foja 303 vta.), y que dichas planillas son las glosadas al expediente.-
Es que, y es una obviedad expresarlo, la adecuada realización de las obras de mantenimiento del brazo de carga del muelle, complementan de modo necesario la tarea de carga de combustible, tanto en relación a su eficacia y operatividad como a su seguridad, y por lo tanto, estas tareas de mantenimiento, usando el sentido común, no son evidentemente extraordinarias, excepcionales o eventuales de la actividad que desarrolla la comitente (situación ésta que no habilitaría la aplicación del art. 30 de la LCT) sino que indudablemente hacen a la actividad “normal y específica” de Petrobras Energia S.A..- Al respecto, se ha dicho: “La situación a que se refiere el art. 30 de la LCT, se produce, precisamente, cuando la empresa considera que, por razones valederas, le resulta más conveniente, no sólo desde el punto de vista económico, sino también técnico, encargar a otro la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla o bien podría desarrollar en su establecimiento.
Se trata de tareas que completan o complementan la misma actividad, entendida ésta como integrante de una ‘unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones’, según la definición que, al respecto, da el art. 6° de la LCT. Es importante destacar que se trata de una tarea que integra la actividad…” (cfr. Antonio Vázquez Vialard, “La extensión de la responsabilidad laboral del empleador a un tercero”, La Ley 2004-C., pág. 1439). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado reiteradamente que “…la Ley de Contrato de Trabajo impone la solidaridad a las empresas...que, teniendo una actividad propia y normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios.
Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado…” (Fallos: 319:1114).- En el sentido expuesto resulta esclarecedor la opinión de Fernández Madrid quien sostiene que “...por actividad ‘normal y específica’ debe entenderse toda aquella que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ej.: fabricación de cubiertas en una fábrica de cubiertas) como a los trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria.
De ahí que el empresario principal, para organizar debidamente su empresa y obtener las finalidades que son propias debe proveer puestos de recepción o de fleteros y no pensamos que puedan otorgarse en concesión sectores propios de la asunción de la correspondiente responsabilidad.” (cfr. autor cit. “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, 3º Edición, Tomo I. Pág 1041).- Sobre la tercerización de tareas de mantenimiento se ha señalado: “...‘La expresión utilizada por el legislador del artículo 30, no hace referencia a que un empresario deba responder por los contratos de trabajo que celebren las otras empresas con quienes establece contratos comerciales, pero se está indicando en una interpretación teleológica que quedan aprehendidas por la regla, tareas que a primera vista parecen accesorias, pero que en realidad son engranajes imprescindibles para la obtención del objetivo empresario, como... empresas donde la manutención de las máquinas es imprescindible para su funcionamiento y consecuentes operaciones técnicas.
Es que la empresa es una unidad técnica de ejecución y toda actividad que coadyuva al funcionamiento ejecutivo y se orienta al fin queda comprendida...’ (Ferreirós Estela. ‘El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo después de la reforma de la ley 25-013 y la consecuente solidaridad’ -Cit. En Ley de Contrato de Trabajo. Juan Carlos Fernandez Madrid- pag 602- Edit. L. L.- Edic. 2009). Así, en el caso de autos, no puede liberarse de responsabilidad a Hidroeléctrica S.A., codemandado en el expediente, por cuanto -tal como lo sostiene el recurrente- la actividad desplegada por el empleador es accesoria a la del codemandado, y queda comprendida dentro de solidaridad impuesta por el art. 30 LCT, conforme la intrepretación que de la norma ha llevado a cabo este Alto Cuerpo…” (cfr.
STJ, Santiago del Estero, “Juárez, Daniel Alberto y otro c/ Artigas, Marcelino y otro s/ Retención de haberes - Casación laboral”, del 13/04/2011, Rubinzal Online, Cita: RC J 8233/11).- En igual sentido: “…las reparaciones ‘urgentes’ o ‘extraordinarias’ no dejan de ser un complemento inseparable de la actividad principal. Considero, pues, que, aún cuando se considerase probado que las tareas que prestaban los empleadores de los actores eran ‘extraordinarias’, tales tareas, de todas maneras, son siempre inescindibles de la actividad principal de servicio de transporte ferroviario, actividad que, para ser llevada a cabo adecuadamente, conlleva la ineludible necesidad de mantener y reparar las unidades de transporte, tanto los desperfectos previsibles como los ocasionales u extraordinarios.” (cfr.
CNTrab., sala III, “Franco, Sandro Roberto y otros c/ Carril, Roberto y otros s/ Despido”, del 23/09/2005, Rubinzal Online, Cita: RC J 2516/06).- Asimismo, debemos tener en cuenta para decidir el presente, lo sostenido por este Tribunal con relación al alcance del principio contenido en el artículo 9 de la LCT: “La enunciación del principio in dubio pro operario, que consagra la norma del art. 9 de la LCT, constituye una manifestación general de protección en favor del trabajador, con el objeto de mantener el equilibrio entre las partes contratantes, por la debilidad de aquél frente a su empleador, principio que encuentra fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Respecto de los supuestos que contempla la norma denótese que la aplicación del principio in dubio pro operario procede sólo en caso de duda respecto: a) a la aplicación de la norma más favorable en el caso de existir varias y b) en la interpretación o alcance de la ley.
Y a partir de la sanción de la ley 26428 (Adla Bol 1/2009, p. 4) que modifica el art. 9 de la LCT (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Ahora según el principio aludido, cuando la realidad admite varias lecturas, su interpretación si el trabajador logra con sus pruebas generar una duda firme acerca de la veracidad de los hechos y esta duda no es contrarrestada por la prueba del empleador, el juez debe tener por ciertos los hechos afirmados por el trabajador en cuanto no sean ilógicos o incoherentes. No se trata necesariamente de que el Tribunal supla deficiencias probatorias, sino de valorar la prueba adecuada a las circunstancias y en aquellos casos de verdadera duda volcar el resultado de la apreciación en favor del trabajador (confr.
STJ, de Santiago del Estero, sala Criminal, Laboral y Minas; Dargoltz, Raúl Fernando c. Mirko Autopartes o Myde S.A., 11/08/2010, Cita online: AR/JUR/45787/2010)…Este Tribunal, también se ha expresado sobre el particular: ‘...Sin embargo, la duda no es obstáculo para resolver este caso, pues la ley laboral nos brinda el camino a seguir frente a este dilema. Así, existen principios y presunciones que indican al juzgador cómo debe resolver en el caso concreto. Sobre el particular ha expresado este Cuerpo: ‘...Ante las dudas que suscita la circunstancia descripta y la magnitud del perjuicio que se estaría causando al trabajador cobran virtualidad los principios y garantías que emergen de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) que protegen al trabajador y de la LCT que consagra principios inmanentes a todo contrato laboral, entre ellos el de justicia social, el de equidad y el de buena fe, y son justamente ellos los que nos permiten una adecuación axiológica de la ley a la situación fáctica (…) Siguiendo este razonamiento, también, corresponde aplicar el principio ‘in dubio pro operario’ en virtud del cual ante la duda debemos estarnos a favor de la interpretación que resulta más favorable al trabajador…”’ (cfr.
Sentencia, Tomo XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311).- Finalmente, en el escrito de fs. 501/504 el letrado apoderado de Petrobras Energía S.A., menciona, entre otros, los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Benítez” y “Hernández”, que tramitaran oportunamente ante este Tribunal Superior, intentando asimilarlos al caso de autos. A pesar del esfuerzo de la co-demandada, éstos no son aplicables, pues el primer precedente se centraba en el transporte general de carga líquida (agua), y sólida en pozos de petróleo; mientras que en el segundo se trataba de los embarques que se realizan en sectores, refinerías o puertos de jurisdicción de empresas petroleras; cuestiones estas que no se relacionan con los presentes.- En este sentido resulta trascendente destacar que la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comodoro Rivadavia in re: “Ajís de Caamaño, María Rosa y otros c/ Lubeko S.R.L. y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.” hizo lugar a la extensión de la responsabilidad solidaria a la codemandada Y.P.F.
S.A., con fundamento en el artículo 30 de la LCT, en razón del servicio de limpieza que contratara con la empresa Lubeko S.A., por considerar esta actividad -entre otros fundamentos- “indispensable” para el establecimiento, ya que aquélla no podría prescindir de ellas.-
Más allá de lo expuesto, es oportuno reiterar, que en el caso sub examine, nos encontramos dentro de los parámetros del artículo citado supra “obiter dicta” y al solo efecto de clarificar puntuales conceptos vertidos en el escrito casatorio, y sin que ello implique adelanto de opinión en posibles estadios procesales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisibles -por mayoría- diversos recursos de queja que se presentaran con motivo de la aplicación de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 30 de la LCT, en la instancia anterior, ello con sostén en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. Fallos 329:4360; M. 1264. XXXIX; RHE; 08-05-2007; L. 920.
XLII; RHE; 05-06-2007; F. 415. XXXIX; RHE; 17-07-2007; C.3578. XL y RHE; 17-07-2007, debiéndose incluir -se reitera, como complemento de la fundamentación dada- los autos supra citados de fecha 26/02/08, Fallos: 331:266).- Sentado ello, y en relación al carácter de la solidaridad prevista en el artículo 30 de la LCT, se ha dicho: “Se ha marcado de manera coincidente por los autores que la norma del art. 30 de la LCT en medida en que impone una solidaridad amplia en materia laboral y de la seguridad social no exige para su aplicación la demostración de que los sujetos comprendidos en aquélla han actuado en fraude de la ley, ocultando situaciones, simulando o bajo cualquier forma eludiendo el cumplimiento de normas legales laborales.
Se trata, como se ha dicho, de una imposición de responsabilidad objetiva que se produce cuando estén presentes los supuestos exigidos por la norma: básicamente, que se trate de la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento…Pues bien, a partir de esta concepción amplia y objetiva, limitada por el ámbito de la contratación o subcontratación, lo que interesa es, sustancialmente, la determinación de ese campo de delegación de operaciones, ya que sólo dentro de éste se aplica aquella directiva de responsabilidad objetiva que, insisto, no requiere demostración de conducta fraudulenta. Por eso, naturalmente, la importancia de tener claridad sobre las directivas para delimitar los terrenos de la aplicación, para lo cual parecen valiosas las contenidas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso ‘Rodriguez’…” (cfr.
Jorge Rodríguez Manzini, “Los alcances del Artículo 30 de la LCT” Revista de Derecho Laboral 2001-1, págs. 160/161).- Es en virtud de esta responsabilidad objetiva que la actividad probatoria desplegada por la codemandada Petrobrás Energía S.A. no ha logrado desvirtuar en que se consideran reunidos los supuestos exigidos por el artículo 30 de la LCT, y debe declararse a dicha empresa como responsable solidaria frente al actor en el caso de autos.-
V. Por todo lo expuesto y jurisprudencia citada corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 397/402 y en consecuencia casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 388/392. Componer positivamente la litis condenando solidariamente a la codemandada Petrobrás Energía S.A. declarando aplicable a los presentes el artículo 30 de la LCT, con costas a las demandadas perdidosas conforme al artículo 68 del CPC y C, difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante del Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 516.-
2. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 397/402, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 388/392.-
3. Componer positivamente la litis y en consecuencia condenar solidariamente a la codemandada Petrobrás Energía S.A., declarando aplicable a los presentes el artículo 30 de la LCT.-
5. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández y en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003S.181 Tomo: XVIII Interlocutorio: 621.-
Folio N°: 3576/3582.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia