Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 35152
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento dictado por el Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil Néstor Adrián Salas, que no hizo lugar a la prescripción por insubsistencia de la acción penal solicitada por la defensa respecto de Ariel Esteban Santillán; ello con relación al hecho por el que el mencionado encausado fue encontrado autor penalmente responsable en autos y que fue calificado como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra; consecuentemente, deberá la causa seguir tramitando según su estado. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por el propio causante en modo pauperis y por la Sra. Defensora Oficial ante el fuero especial, Dra. María Fernanda Saumell. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y cctes. CP; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; 1, 59, 60 y cctes. ley 13.634 y modif.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 35152, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil Néstor Adrián Salas no hizo lugar a la prescripción por insubsistencia de la acción penal solicitada por la defensa respecto de Ariel Esteban Santillán; ello con relación al hecho por el que el mencionado encausado fue encontrado autor penalmente responsable en autos y que fue calificado como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el propio causante en modo pauperis y la Sra. Defensora Oficial ante el fuero especial, Dra. María Fernanda Saumell, expresó los correspondientes agravios.
Marca la Sra. Defensora que en el caso y en especial atendiendo a los específicos derechos y garantías constitucionales comprometidos cuando el encausado resulta menor de edad, surge una flagrante violación al derecho de Santillan a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
Señala que la inactividad en este expediente tiene estricta relación con la inacción del Estado, dado que Santillan estuvo en varias ocasiones a disposición de la jurisdicción de mayores, sin que exista comunicación de tal situación al fuero especial y a esta causa. Detalla que el presente expediente se paralizó en el mes de abril del año 2014 y se mantuvo en ese estado hasta la última activación en el mes de noviembre del año 2021 cuando, advirtiendo el a quo que el joven se encontraba privado de libertad en otros obrados a disposición del fuero de mayores, ordenó que la presente causa continúe según su trámite.
Afirma, con cita de doctrina y jurisprudencia que entiende consistente, que en el caso no sólo surge la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino también el derecho de defensa en juicio, de última ratio, subsidiariedad, atención al conflicto y función de la pena; máxime teniendo en cuenta las especificidades del fuero juvenil.
Resalta que Santillan estuvo en contacto permanente con el sistema penal, dado que en al menos cuatro ocasiones fue pasible de intervención en distintas investigaciones como adulto. Así la incomunicación entre los organismos estatales llevó a que en autos la duración del proceso llegue a casi once años. En este punto entiende que no existió una conducta dilatoria por parte de su asistido procesal, destacando que la rebeldía ordenada en la causa se opaca a la luz de la inactividad estatal descripta y de la evidente vulnerabilidad que poseía de joven, extremo este último que incluyó el estado en situación de calle que experimentó.
Hace especial hincapié en que, dado lo señalado, en el supuesto no podrá seguirse ninguno de los objetivos específicos que busca el proceso penal juvenil, implicando una eventual respuesta punitiva solamente un castigo y retribución por un hecho acontecido el día 17 de septiembre del año 2011. Acompaña criterios jurisprudenciales sobre el punto.
Funda la violación de derechos y garantías de orden federal que entiende subyacen en el presente caso, proponiendo que la solución debe encontrarse en la declaración de insubsistencia de la acción penal emergente.
Con todo pide que se revoque el auto de la instancia y que se haga lugar a su recurso.
3. Que se cumplió con la manda del artículo 60 de la ley 13.634 mediante la realización de la audiencia que se encuentra protocolizada en la causa.
1. Que el día 18 de septiembre del año 2012 Ariel Esteban Santillán fue declarado autor penalmente responsable del hecho investigado en autos acaecido el día 17 de septiembre del año 2011, a él imputado y que fue calificado como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra.
Por ese suceso fue llamado a declarar el día 18 de septiembre del año 2011, produciéndose ese acto el mismo día.
La requisitoria fiscal de elevación a juicio se produjo el día 8 de mayo del año 2012.
2. Que se impone apuntar, tal el criterio de este Tribunal (ver, por todos, c. 20523 "F., A. L."), que el pronunciamiento que declara en el proceso juvenil la autoría penalmente responsable no constituye sentencia definitiva; así y en lo que aquí importa no provoca la consecuencia interruptora prevista en el artículo 67 sexto párrafo inciso d) del CP.
Luego, a tenor del momento en el que se produjo la requisitoria fiscal (CP, 67 sexto párrafo inciso d) y del delito que en autos se le atribuye al encausado (CP, 54, 104 y 189 bis inciso 2 cuarto párrafo) en el caso, linealmente, trascurrió al día de la fecha el plazo máximo de ocho años y seis meses de prisión con el que se sanciona el hecho por el que Santillan fue declarado autor penalmente responsable.
Pero, en el análisis de la cuestión traída no puede escapar a conocimiento, tal como la propia Defensa lo describe, que Santillan fue condenado como mayor de edad en distintos procesos.
Uno data del hecho acontecido el día 18 de abril del año 2013 donde fue condenado a la pena de ocho meses de prisión por haber sido hallado autor del delito de encubrimiento (c. 5171 del Juzgado Correccional n° 4; IPP 9435-13). Además el Tribunal en lo Criminal 4 departamental, el día 11 de mayo del año 2015, en causa 1174 y acumuladas (IPP 9053-14; 14141-14; 16944-14) condenó a Santillán a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de robo en grado de tentativa (hecho 1 cometido el día 10/4/2014), robo (hecho 2 cometido el día 6/6/2014), robo agravado por uso de armas en grado de tentativa (hecho 3; hecho cometido el día 11/7/2014) y lesiones leves (hecho 4 en perjuicio de Lautaro Joaquín Islas). Por estas condenas recibió una respuesta punitiva única, dictada por el Juzgado Correccional 4 en el marco de la mencionada c. 5171 de su registro, donde fue merecedor de una pena de tres años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento.
Además, el día 2 de marzo del corriente año en la causa n° 14523 de trámite ante el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental, Santillán fue condenado a la pena se siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con más declaración de reincidencia, por haber sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas y violación de domicilio hechos cometidos en esta ciudad el día 14 de octubre del año 2021.
Estos antecedentes penales registrados por el encausado, operaron como una causal interruptora del curso de la prescripción en los términos del artículo 67 sexto párrafo inciso a).
Consecuentemente, la acción penal emergente en esta causa se encuentra vigente.
3. Que en el marco señalado, sin desconocer los esforzados argumentos de la Sra. Defensora unidos al tiempo de trámite que lleva esta causa y a la evidente falta de comunicación al fuero de responsabilidad penal juvenil cuando Santillán se encontraba como adulto con intervenciones penales, no puede implementarse al caso la doctrina que propugna la recurrente.
Así los taxativos plazos reglados en el Código Penal para entender que en el supuesto el Estado carece de interés en la prosecución de la causa, en la hipótesis de autos no trascurrieron.
A criterio del Tribunal, en atención a las intervenciones que experimentó el encausado por hechos delictivos donde fue penado como mayor de edad, unidas al decreto de rebeldía con averiguación de paradero y comparendo compulsivo que pesaba en su contra en esta causa desde el día 14/4/2014 y hasta el día 24/11/2021, sólo puede contemplarse la relación del tiempo del trámite de la causa -a fin de obturar el interés estatal- respecto al parámetro cronológico normado en el artículo 62 inc. 2 del CP; extremo que como ya se apuntó en autos no trascurrió. Consecuentemente, el instituto idóneo para preservar el derecho del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable, en el caso resulta el previsto en el artículo 59 inc. 3 del CP.
Particularmente no puede dejar de advertirse que el encausado fue merecedor de un auto de responsabilidad penal, firme. Así, si bien no posee el estado procesal de condenado, tampoco a su respeto se erigió ninguna medida restrictiva de su libertad por fuera del decreto de rebeldía que tendía a que sea habido a fin de poder realizar el correspondiente debate respecto a la necesidad y eventual cuantía de la pena ya pactada. Ello, si perjuicio que tal decreto, trasluce la inhiesta voluntad e interés estatal en el caso. En este punto, la hipótesis dada se aleja drásticamente de los precedentes del Superior Tribunal de la Nación en los que la Defensa funda la petición en trámite.
Luego, las críticas que apuntan a la imposibilidad en el caso concreto de lograr los objetivos a los que propende el proceso penal juvenil, eventualmente, deberán ser materia de tratamiento en el correspondiente debate de necesidad y/o cuantía en la imposición de la pena ya acordada. Tampoco puede dejar de advertirse que al momento de acoger el pacto de procedimiento abreviado el a quo hizo lugar al mismo donde se había establecido una sanción de ejecución condicional de un año y ocho meses de prisión como respuesta punitiva eventual, posible y máxima expectable en el caso.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento dictado por el Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil Néstor Adrián Salas, que no hizo lugar a la prescripción por insubsistencia de la acción penal solicitada por la defensa respecto de Ariel Esteban Santillán; ello con relación al hecho por el que el mencionado encausado fue encontrado autor penalmente responsable en autos y que fue calificado como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra; consecuentemente, deberá la causa seguir tramitando según su estado. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por el propio causante en modo pauperis y por la Sra. Defensora Oficial ante el fuero especial, Dra. María Fernanda Saumell. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y cctes. CP; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; 1, 59, 60 y cctes. ley 13.634 y modif.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia