Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a O. J. A. de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 45, 119 primer y tercer párrafo del Código Penal), y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del Código Penal).
2Ordenar la inmediata DETENCIÓN de J. ANDRÉS O. J. A. y su alojamiento en la dependencia del Servicio Penitenciario adecuada a sus características.
3Absolver a O. J. A., de demas circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de abuso sexual simple -dos hechos- hechos dos y tres (arts. 45, 119 primer párrafo del Código Penal).
4INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (ReCoDIS), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3659.
5Hacer SABER a la víctima del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y el artículo 5 inciso "i" de la Ley 27.372 y CONSULTAR si desea ser informada sobre los trámites que se sustancias sobre la progresividad de la penal, según la Ley 24.660.
LIBRO: CIII REGISTRO: 3525 FOLIO:
Río Gallegos, 07 de octubre de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, integrada por el vocal Dr. Jorge Daniel Yance -titular- y la vocal Dra. Florencia Celeste Moreira -subrogante-, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la asitencia de la Secretaria Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “O. J. A. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (HECHO UNO), ABUSO SEXUAL SIMPLE DOS HECHOS (HECHOS DOS Y TRES) TODOS EN CONCURSO REAL ENTRE SÍ”, Expte. N° ****/24, y resolver la situación procesal de J. A. O. M., sin sobrenombres ni apodos, de nacionalidad argentina, nacido el **/**/1992 en Salta, provincia de Salta, hijo de . A. y de B., de estado civil soltero, instruido, de profesión u ocupación changarín, titular del Documento Nacional de Identidad N° **.***.***, con último domicilio real en Barrio xxxxxx N° ***, DIRECCION_1 de esta ciudad capital, quien se encuentra asistido por los Defensores Particulares Dres. Cristian E. Arel y Gabriel E. Bertorello, actuando en representación de la Fiscalía su titular, la Sra. Fiscal ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic; de las que,
Que llegan las presentes actuaciones a juicio por el requerimiento de elevación formulado por la Fiscalía de Instrucción, mediante el cual se atribuyó a O. J. A. la comisión de los siguientes hechos:
Hecho Uno: “En fecha y horario indeterminados pero comprendidos en el mes de **/**/2021, en circunstancias en las que el imputado se encontraba en el interior de su domicilio sito en xxxxxx N° *** de esta ciudad, junto a su pareja A. M. V. - con la que mantuvo una relación amorosa en forma previa a esa fecha y fruto de esa unión poseen una hija en común, A. A. O. V.- ; quien permanecía en ese domicilio de forma provisoria debido a un tratamiento que estaban realizándole a la niña A. A. O. V., el imputado habría abusado sexualmente de A. M. V. mientras ella se encontraba durmiendo, accediéndola carnalmente sin protección, cesando su accionar al despertar la nombrada y pedirle que saliera”.
Hecho Dos: “En fecha y horario indeterminados pero comprendidos en el mes de **/ 2022, mientras se encontraban en la ciudad de El Calafate, el imputado habría aprovechado que A. M. V. se hallaba durmiendo y sin corpiño para levantarle la remera y tomarle fotografías con su celular del torso desnudo a la nombrada, quien luego, al percatarse de la existencia de esas fotografías, intentó borrarlas pero no pudo ya que se encontraban respaldadas en ‘la nube’ del celular; solicitándole a O. J. A. que las eliminara, desconociendo si efectivamente realizó dicha acción”.
Hecho Tres: “El día 19 de agosto de 2022, en horario indeterminado, en el domicilio sito en xxxxx N° *** de esta ciudad, mientras la denunciante se encontraba preparando una mamadera para la niña A. A. O. V., el imputado habría abusado sexualmente de A. M. V. Micaela A. M. V., levantándole la remera y tocándola en la zona de los pechos, a lo que la nombrada reaccionó diciéndole: ‘si no te vas te denuncio’; por lo que O. J. A. procedió a retirarse del lugar”.
El Ministerio Público Fiscal calificó jurídicamente la conducta atribuida al imputado como constitutiva de los delitos de abuso sexual con acceso carnal -hecho uno- y abuso sexual simple -hechos dos y tres-, todos en concurso real entre sí, previstos y reprimidos por los artículos 119, primer y tercer párrafos, y 55 del Código Penal.
Abierto el debate, las partes no plantearon cuestiones preliminares.La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que las personas identificadas como testigos N° 4 y N° 5 declararan antes que la víctima, petición a la que se hizo lugar.
Seguidamente, se hicieron saber al imputado los derechos y garantías que le asisten, dándose lectura en alta voz de los artículos 279 y siguientes, 361 y 363 del Código Procesal Penal, y se le consultó acerca de su voluntad de prestar declaración indagatoria durante la audiencia, manifestando que no.
Conforme lo previsto por el artículo 361 del Código Procesal Penal, se incorporó por lectura la declaración indagatoria prestada durante la instrucción, obrante a fs. 68/69.
La Defensa aportó conversaciones de WhatsApp mantenidas entre la madre del imputado y la denunciante durante un viaje a El Calafate, prestando conformidad la representante del Ministerio Público Fiscal, por lo que se dispuso su incorporación por lectura al debate. A continuación, se procedió a dar a conocer las pruebas que se incorporan por lectura al debate, de conformidad con lo previsto por el art. 375 del C.P.P., a saber: Propuestos por la Fiscal: 1) Informe de inicio de actuados de fs. 01. 2) Copia certificada del DNI de la víctima y de su hija de fs. 02. 3) Acta de denuncia ante la OVD de fs. 03/06. 4) Informe de riesgo de la OVD de fs. 07/08. 5) Certificado de antecedentes policiales de fs. 35. 6) Copia certificada del DNI del imputado de fs. 48. 7) Informe pericial psicológico de la víctima de fs. 52/vta. 8) Oficio N° 1288/22 remitido por el Cuerpo Pericial de Psicólogos de fs. 54. 9) Informe del HRRG de fs. 60/63. 10) Informe de los arts. 26 y 41 del C.P. de fs. 64/65. 11) Informe del RNR respecto del imputado de fs. 74 y 112. 12) Informe de la empresa CLARO de fs. 76/77. 13) Informe del CAV de fs. 78/vta. 14) Informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 79. Propuestos por la defensa: 1) Certificado de Buena Conducta del Ejército Argentino de fs. 160. 2) Comprobante de Alimentos firmado por la denunciante de fs. 158. 3) Certificado de SETRIPCO del imputado de fs. 159.
Asimismo, se dio a conocer las pruebas que se incorporan por exhibición: Propuestas por la Fiscal: 1) Secuencias fotográficas de conversaciones aportadas por la víctima de fs. 13/17. Propuestas por la defensa: 1) Foto de cuchillo de fs. 161. 2) Secuencias fotográficas de conversaciones de Whatsapp de fs. 162/163; en tanto por instrucción suplementaria se incorporó el Informe Psicológico del imputado suscripto por el Lic. Rebuffo de fs. 183/186.
Posteriormente, depusieron en calidad de testigos la Lic. Gabriela Maitre y la Lic. Silvana Ortin, y A. M. V..
A su término, la Defensa expresó que O. J. A. deseaba prestar declaración por lo que se le concedió la palabra. En esa oportunidad, expresó: “...yo soy inocente de todo lo que se me acusa. Nunca abusé sexualmente de ella. Nunca la denigré, nunca le hice nada. Yo la conocí en el 2015 en un boliche en la Autovia. Al tiempo empezamos una relación, nos llevábamos bien. La relación duró más o menos un año y medio, hasta el 2016. Yo cuando la conocí tenía 15 y yo tenía en ese entonces 24 más o menos. Me la había cruzado en el boliche. Después de ahí empezamos a hablar, nos llevábamos bien. Y ella venia a mi casa, más que eso no nada. Siempre que tuvimos relaciones fue consentido. Nunca la obligue a nada.
En el 2016/2017 ella me avisa que estaba embarazada de mi hija A.. Ella nació el **/**/2015. Ella se queda más o menos un año y medio en mi casa, en xxxxx. Al año y medio se va ella. Y después en FECHA_4 más o menos me llama que estaba encerrada en el baño del colegio, y que si la podía buscar y ahí la fui a buscar. Su ex pareja, el papá de A., la había dejado encerrada en el baño. Pasó una semana en mi casa, nació el bebe Aaron el **/**, nació el bebe, y vuelve a mi casa, porque extrañaba a mi hija. Todo el tiempo volvía a mi casa. Se iba y volvía. Con el tema de la cuarentena en el 2020, llegamos a un acuerdo, porque mi hija es de alto riesgo, tiene broncoespasmos, le ponemos una obra social a lo que me hija se queda en mi casa.
Por lo cual mi hija se quedó en mi casa una semana, barra dos, porque ella había tenido Covid. En ese tiempo nos llevábamos bien. Siempre iba y venía a mi casa. Yo trabajaba en el ejército en la mañana y en la noche en el boliche como seguridad. Teníamos problemas con los celos, ella también tenía celos porque yo trabajaba de noche, en XXXXX, que trabaje ahí más o menos un año. Después empezamos con las diferencias, ella quería que yo esté ahí, porque ella quería que nos casemos y yo no me quería casar y la verdad yo nunca la denigré, es más siempre la apoye en todo en lo que necesito. Cuando me quedé sin trabajo, me ayudó mi mamá. Al tiempo conseguí trabajo en la metalúrgica, y empezamos todo el tema de la cuota alimentaria, que fue en el 2021/2022, después de la cuarentena.
Ahí me embargaron el 100% del sueldo, y todo iba como cuota alimentaria. Siempre que estuvimos juntos y tuvimos relaciones fue con consentimiento de ella. Después nos fuimos separando y ella empezó una nueva relación, a lo cual yo la amaba mas que a todo, con el tiempo lo acepté. Después de ahí fue el viaje al Calafate. Yo le pregunté quién la cuidaría a mi hija, porque la primera vez que ella se fue, a mi hija la habían internado, y la segunda vez vino con puntos en la cara, que se le había caído una cortina en donde se estaban hospedando. Por eso le pregunté si podía ir, porque me avisó su mamá para cuidar a los chicos. Yo le había preguntado quien iba a ir a cuidar a los chicos, porque las dos veces anteriores había tenido que viajar de urgencia porque mi hija estaba internada.
Ella me dijo que no habia problema que los acompañe para cuidar a los chicos, y me dijo que si que esta bien. Yo en ningún momento le tomé fotos, ella tenía contraseña de mi celular, podía ingresar a mi teléfono en cualquier momento porque no tenía nada que ocultar. Después del viaje a Calafate, volvimos a Gallegos tuvimos nuestras diferencias. Yo le seguía pasando la mercadería de la cuota alimentaria y un día me pidió la mercadería y medicamentos. Yo le dije que si, compramos con mi mamá, y como para la cuota alimentaria me pedían el comprobante firmado, le pedí que me firme el comprobante, y ahí empezó la discusión, a la semana siguiente tenía la denuncia de restricción, me mandaron a hacerme todos los estudios...”.
Al ser consultado sobre las capturas de pantalla incorporadas a las actuaciones, respondió que estaban fuera de contexto. Que la amaba y todo. A continuación, agregó: “Yo nunca le pedí nada a cambio. Todo el tiempo hablábamos. Ella me llamaba cuando quería tener relaciones, y yo también”. Expresó que no era la primera vez que se hablaban así. Preguntado acerca de si los mensajes exhibidos eran suyos, respondió que si y manifestó: “Ella me decía que quería tener relaciones y yo le decía que si. Siempre las relaciones fueron consentidas. Ella tenía su pareja, y también teníamos relaciones los dos cada vez que iba a mi casa, nunca se le obligo a nada”.
A pedido de la Fiscalía, se le exhibieron las capturas de pantalla de fs. 13. Al respecto, indicó que su teléfono era ****** de la compañía Claro y que, posteriormente, tuvo que cambiar de línea, pero que su número era ******.
A diversas preguntas, manifestó que lo apodan “Bambam” y que desconocía a quién pertenece el abonado ******. Reconoció haber expresado “haceme el favorcito”, señalando que esa era la forma en que ambos se comunicaban. Asimismo, al ser consultado por el mensaje de fs. 14 en el que figuraba el nombre “Bambam”, reconoció esa parte a fs. 17 y explicó que le decía a A. M. V. que no podía estar sin ella, que estaba enamorado en ese entonces.
Luego de que se le leyeran en alta voz los mensajes, reconoció su contenido. En cuanto a las manifestaciones de A. M. V. que se le señalaron, expresó que no le había respondido porque, según sostuvo, eran mentira.
También expresó que el número **** no era suyo.
Fue preguntado quienes hablan en los mensajes que acompañados, respondió que se trataba de su mamá. Explicó que su mamá le habló a A. M. V. para acordar el viaje a El Calafate, para evitar problemas, por el tema de la plata, por los gastos de mas que se podían generar. En relación a su estado de salud mental, refirió que había atravesado un cuadro de depresión después de la separación. Durante ese tiempo, dijo que A. M. V. lo acompañó.
Respecto del viaje a El Calafate, manifestó que para entonces ya no se encontraban en pareja y negó haberle tomado fotografías a A. M. V.. Preguntado acerca de los motivos por los cuales consideraba que A. M.
V. había realizado la denuncia, respondió que en aquel entonces, ella le había dicho que lo llevaría a juicio por la cuota alimentaria. Agregó que actualmente le abona $600.000 y que incluye el pago de la obra social. Señaló que luego de la denuncia, no volvió a mantener comunicación con ella. Describió la relación como buena, pese a los celos y reiteró que A. M. V. iba y volvía del domicilio y que lo ayudaba con su cuadro de salud mental con anterioridad a la denuncia.
Negó haber ejercido violencia física contra A. M. V., afirmando que nunca la había tocado, y también negó consumir marihuana.
Por último, explicó que su baja del Ejército, donde se desempeñaba como soldado voluntario, se produjo por haber cumplido los 28 años. Reiteró que, luego de iniciada la denuncia, comenzó tratamiento psicológico por depresión, que continuaba realizando una vez por semana con la Dra. Rebuffo, y señaló que dicho cuadro se había iniciado a partir de la última oportunidad en que dejaron de mantener contacto. A continuación depusieron en calidad de testigos M. V., M. M. B., F. N. M., Lic. Susana Beatriz Rebuffo, D. A. O., el Lic. Damian Ricardo, B. M. y M. D. R. O. M..
Clausurado el período probatorio y luego de disponerse, por Presidencia, un cuarto intermedio a las partes constituidas para preparar sus exposiciones, el día **/**/2026 a las 8:00 horas se reanudó el debate y se invitó a las partes a formular sus alegatos en el orden legal establecido (art. 374 del C.P.P.).
En primer término, alegó la Sra. Fiscal ante esta Cámara; sostuvo que no existen dudas acerca de que O. J. A. y A. M. V. habían conformado una pareja muy jóvenes, que a lo largo del tiempo hubo faltas de respeto, en la que O. J. A., lo que hizo, fue avanzar sobre el cuerpo de A.
M. V..
En este sentido, señaló: “Me gustaría remarcar una situación advertida por este Ministerio Público Fiscal, que esto no era una historia confusa de dos personas jóvenes que atravesaban una relación de mucho cariño, pero además una relación de mucho daño. Esa sensación es comprensible, pero debemos hacernos la pregunta si a pesar de este cariño hubo o no consentimiento por parte de A. M. V.. Acá hubo tres hechos acreditados que entiendo que A. M. V. no consintió. No se trata de evaluar si O. J. A. era una persona tranquila, violenta o de buenos modales. Acá contamos con tres hechos, individualizados en el requerimiento de elevación a juicio”.
En apoyo de su postura, destacó el testimonio de A. M. V., quien brindó detalles acerca del inicio de la relación, el nacimiento de la hija en común, las interrupciones del vínculo y sus regresos al domicilio de sus padres. Explicó que cuando en noviembre inició una relación con F. M., se produjo un hostigamiento que provocó la ruptura, el cual se manifestaba de distintas formas, entre ellas, mediante mensajes de WhatsApp en los que O. J. A. le solicitaba mantener relaciones sexuales y le requería aquello como intercambio para darle alimentos a su hija. En todos esos casos, existía una negativa por parte de A. M. V.. Asimismo, refirió que durante el viaje a El Calafate, A. M. V. advirtió que O. J. A. la había fotografiado desnuda mientras dormía y en algunas oportunidades, mientras se bañaba. También relató distintas situaciones en las que mientras ella dormía, él la accedía carnalmente, la penetraba, y que rompió en llanto cuando mencionó que lo hacía incluso cuando se encontraba en la cama con sus hijos, sin su consentimiento. Destacó que la víctima había manifestado que esos episodios se produjeron en varias oportunidades y que, pese a sus intentos de establecer límites, O. J. A. los desconocía sistemáticamente. La representante del Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en que, en las tres oportunidades en que A. M. V. brindó su relato -en la comisaría, en la OVD y durante el debate-, no se advirtieron contradicciones relevantes, y que pudo sostenerlo en todas ellas. Agregó que durante muchos años no había podido contarle lo sucedido a su familia ni a otras personas, relatando la situación como de mucha vergüenza y que no quería que sus padres lo supieran porque la habían criado como una chica de bien. Señaló que con el tiempo pudo relatarlo, aunque sin mayores detalles, y que recién en ese momento había podido hablarlo con su hermana.
En ese contexto, destacó que A. M. V. había tomado conciencia de que lo sucedido no estaba bien al iniciar una relación con F. M., quien le expresó que no estaba bien lo que sucedió, porque estaba bastante naturalizado en ella. Afirmó que pudo liberarse progresivamente de lo vivido, porque le creyó y la contuvo, lo que le permitió realizar la denuncia. También señaló que la víctima había manifestado que debería cargar toda su vida con lo sucedido y que, en ese contexto de pareja, en numerosas oportunidades no había podido terminar sus estudios ni tenía libertad para manejar el dinero. Enfatizó que se trataba de una adolescente inmersa en ese vínculo.
En relación con ello, mencionó que el equipo tratante del CAV había destacado la angustia que le generaba a A. M. V. hablar del tema, circunstancia que explicaba por qué sus padres no avanzaban sobre lo sucedido. Consideró que ese aspecto no era un dato menor, por constituir un indicador en la psicología del testimonio, y señaló que, generalmente, la intervención de un tercero permite que las víctimas puedan dar cuenta de lo sucedido. Afirmó que se trataba de fuentes independientes entre sí, que convergían en cuanto a la forma en que A. M. V. había podido mantener y exteriorizar su relato.
Respecto de la continuidad del contacto entre la víctima y el imputado, explicó que existía una dinámica instalada entre ambos, a la que se sumaba la presencia de A., hija en común, que imponía a A. M. V. la necesidad de mantener comunicación con O. J. A.. Señaló que el hostigamiento y el conflicto en torno a la cuota alimentaria habían operado como detonantes de la situación. En cuanto a la hipótesis de que la denuncia obedecía a un motivo económico o a la influencia de F. M., sostuvo que fue precisamente este último quien ayudó a A. M. V. a tomar conciencia de lo sucedido. Se preguntó, en ese sentido, por qué la víctima se sometería a todo ese proceso con el propósito de obtener una cuota alimentaria, cuando había acudido a los canales judiciales correspondientes. Agregó que A. M. V. había podido poner en palabras lo ocurrido y que la intervención del CAV la había fortalecido y ayudado a animarse a realizar ese trámite, y que actualmente percibía la cuota alimentaria por esos canales judiciales.
En cuanto al consentimiento, la Fiscal planteó la necesidad de determinar si O. J. A. sabía que A. M. V. no quería ese tipo de relación. Al respecto, invocó el art. 119 del Código Penal y señaló que la norma no exige que la víctima efectúe una respuesta verbal, sino que lo relevante es establecer si consintió o no. Destacó que A. M. V. se encontraba dormida en varias oportunidades y se preguntó si una persona dormida puede consentir, concluyendo que para ese Ministerio Público Fiscal, no existía consentimiento por parte de ella. Aclaró que la existencia de cariño entre ambos era irrelevante para determinar esa circunstancia y que, en diversas oportunidades, A. M. V. había experimentado dolor y sensaciones de sentirse manchada o pegajosa. Reconoció que el contexto podía prestarse a confusión, en tanto existían idas y vueltas en la relación, compartían la misma cama, incluso una cama matrimonial, y habían mantenido relaciones sexuales consentidas en distintas oportunidades. Sin embargo, sostuvo que esa intimidad no constituía una autorización permanente. Añadió que la reforma del año 1999 excluyó la exigencia de violencia física y vinculó esa cuestión con la naturalización que A. M. V. había desarrollado respecto de la situación vivida. Señaló que dentro de esa dinámica, ella se enojaba y le decía que no, y que recién al iniciar una relación con F. M. pudo advertir que esos hechos no estaban bien.
Asimismo, mencionó otras circunstancias que según su postura, contribuyeron a explicar la relación entre ambos, como la salud de la hija en común, sus crisis de asma y la asistencia que ella recibía de O. J. A. y de su familia para su cuidado. Destacó que la contención de A. M.
V. provenía de la familia del imputado, que constituía un lugar de refugio para ella. Incluso señaló que O. J. A. la había rescatado ante una situación de violencia y que, cuando tuvo un hijo con otra persona, la recibió en su domicilio. En ese marco, hizo referencia a la asimetría existente entre ambos, indicando que ella tenía 14 años y él 23 y sostuvo que A. M. V. no había podido advertir que se encontraba ante una situación de abuso. Consideró que ello no resultaba sorprendente, en tanto numerosas víctimas de violencia y agresión sexual logran poner en palabras lo sucedido con el transcurso del tiempo. Añadió que esa circunstancia también había sido señalada en el informe de la OVD y por el equipo del CAV.
Reiteró que la cuestión central no consistía en determinar si el imputado era una persona amable, sino en establecer si había existido consentimiento. En ese sentido, señaló que contaban con prueba objetiva, constituida por las capturas de pantalla agregadas a fs. 13/17, y que del informe de fs. 76/vta. surgía que la titularidad del teléfono desde el cual se habían enviado los mensajes correspondía al imputado. Destacó que, en esos intercambios, A. M. V. le reclamaba directamente lo sucedido, le manifestaba que había abusado de ella y hacía referencia a las fotografías, expresándole que nunca más podría estar con una persona como él.
Afirmó que ello se correlacionaba con el informe de la Lic. Damian Ricardo, en el que se dejaba constancia de las secuelas que presentaba A. M. V., su angustia y sus escasos recursos emocionales, recomendándose la realización de un tratamiento terapéutico. También mencionó el informe de la OVD, que daba cuenta de las dificultades de la víctima para establecer límites, las secuelas, los llantos, las alteraciones del sueño, las manifestaciones somáticas y la imposibilidad de poner en palabras lo que le estaba sucediendo.
En cuanto a los testimonios de M. y O., sostuvo que ambos coincidían y reforzaban el relato de A. M. V. en lo relativo a las características de la relación, la naturalización de las situaciones vividas, la toma de fotografías y las relaciones sexuales mientras dormía. Destacó que ambas habían contribuido a fortalecerla y que habían referido la existencia de violencia económica y psicológica sostenida en el tiempo. Señaló que ello coincidía con lo manifestado por F. M., quien había podido advertir que A. M. V. tenía naturalizada la situación y que esos hechos constituían, claramente, una violación.
A partir de todo lo expuesto, consideró que el testimonio de A. M. V. había sido coincidente en todas las oportunidades en que declaró, por lo que entendió que existía un cuadro probatorio sólido que permitía tener por acreditada la materialidad de los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.
Por otra parte, al referirse al testimonio de la Lic. Rebuffo, manifestó que más allá de las técnicas utilizadas y de que el perfil de una persona controlada no coincidía, según la profesional con el de una persona que pudiera arremeter contra una mujer, debía tenerse presente que no existía un perfil único de abusador. Señaló que existen personas encantadoras, respecto de las cuales resulta difícil creer que puedan cometer esos hechos, y que la propia psicóloga había expresado su incredulidad por tratarse de una persona muy educada.
En ese sentido, sostuvo que la literatura especializada advertía sobre el riesgo de estereotipar al abusador, a partir de características tales como no ser alcohólico o no ser violento, y que cada caso debía evaluarse de acuerdo con sus circunstancias, tal como había señalado el Lic. Damian Ricardo. Afirmó que las características de personalidad del imputado no lo eximían de responsabilidad y cuestionó que la evaluación de la Lic. Rebuffo hubiera estado atravesada por prejuicios, al considerar como indicios incompatibles con un perfil de abusador circunstancias tales como su forma de sentarse, de hablar, que avisara cuando no podía concurrir o que pagara. Entendió que ese enfoque debía llevar a interpelar la mirada profesional y a relativizar sus conclusiones, por considerar que había existido un sesgo al momento de la evaluación.
En función de lo expuesto, formuló acusación contra O. J. A. por el delito de abuso sexual con acceso carnal -hecho uno- y abuso sexual simple, dos hechos -hechos dos y tres-, todos en concurso real entre sí, previstos y reprimidos por los arts. 119 primer y tercer párrafo y 55 del Código Penal de la Nación.
En cuanto a la culpabilidad, manifestó que no existían eximentes de responsabilidad que debieran valorarse y que el imputado no presentaba una situación alienante, por lo que claramente podía comprender.
Al momento de individualizar la pena, indicó que había tenido en cuenta las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal y consideró como circunstancias agravantes la naturaleza del hecho típico, por tratarse de un delito contra la integridad sexual, el aprovechamiento por parte de O. J. A. de la situación de confianza y de la asimetría de poder, bajo la apariencia de prestarle ayuda, para arremeter contra la integridad sexual de A. M. V.; la fragilidad de la víctima, de la que entendió que se había aprovechado; la modalidad en que fue sometida, mediante un hostigamiento constante, incluso mientras se encontraba acostada con sus hijos, cuidándolos; y la humillación que, a su criterio, implicaba expresarle: “Haceme el favorcito y te pago la cuota alimentaria”.
Como circunstancias atenuantes, valoró la carencia de antecedentes penales del nombrado y que hubiera permanecido a derecho a lo largo de todo el proceso.
Por todo lo expuesto, solicitó que se condenara a O. J. A. a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, con más su inscripción en el Registro de Agresores Sexuales.
Concedida la palabra a la Defensa Técnica, expresó que rechazaba la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, por considerar que la prueba producida no resulta concluyente. Señaló que su defendido ya había declarado durante la instrucción que era inocente y que en el debate aclaró cómo habían sucedido los hechos, en coincidencia con lo relatado por sus familiares e incluso por los padres de la denunciante.
En ese sentido, refirió que ambos se habían conocido siendo muy jóvenes y que en el año 2016 se separaron. Explicó que durante la relación convivieron en el domicilio de O. J. A., al que A. M. V. iba y volvía y que cuando quedó embarazada sus padres la echaron de la casa, por lo que regresó al domicilio de O. J. A., donde permaneció durante un tiempo aunque continuó yendo y viniendo hasta que finalmente se produjo la separación de la pareja.
Agregó que en el año 2019, A. M. V. lo llamó a O. J. A. porque una pareja que no era F. M., la había dejado encerrada en el baño, circunstancia esta que el Lic. Ricardo dejó asentada en su informe. Sostuvo que cuando regresó al domicilio de O. J. A., transcurrió allí su embarazo, nació su hijo y permaneció durante dos o tres meses, continuando luego con la dinámica de ir y venir del domicilio. Con relación a la denuncia, manifestó que había sido realizada en el año 2022 por hechos que habrían ocurrido en el 2021 y puso el acento en que A. M. V. nunca se los había comentado a nadie. Cuestionó las referencias efectuadas respecto de F. M.. Afirmó que lo escuchado durante el debate no guardaba relación con la denuncia presentada y se remitió a la denuncia obrante a fs. 4 ante la OVD.
En cuanto al testimonio de la hermana de A. M. V. sostuvo que había declarado que escuchaba a ambos mantener relaciones sexuales y que no había percibido situaciones de violencia. Se preguntó cómo respecto del hecho investigado no había escuchado el episodio. También señaló que la OVD había determinado la existencia de contradicciones y fragilidad mental en la denunciante.
Igualmente sostuvo que A. M. V. había manifestado ante la OVD que mientras se encontraba dormida, O. J. A. había mantenido relaciones sexuales con ella, pero que cuando le pidió que se detuviera, él lo hizo, y que al día siguiente ella se retiró del domicilio. Desde su perspectiva, ello no constituía una invasión a la intimidad, sino una situación consentida. Argumentó que de no haber existido consentimiento, A. M.
V. se habría retirado y no habría regresado pero que por el contrario, la relación había continuado.
Asimismo, señaló las contradicciones que a su entender surgían de los relatos, en torno al consumo de estupefacientes y alcohol por parte de O. J. A.. Sostuvo que estaba acreditado que las relaciones sexuales habían sido consentidas, lo cual también surgía del testimonio de la hermana.
En relación con el viaje a El Calafate, afirmó que había sido la propia A. M. V. quien le había pedido a O. J. A. que la acompañara. Señaló que ella viajaba allí de manera habitual y que debido a situaciones en las que sus hijos habían sufrido algún tipo de daño, lo habría obligado a viajar. Agregó que, durante el viaje, ambos habían dormido en el mismo departamento y en la misma habitación, y que A. M. V. había manifestado haber encontrado fotografías suyas desnuda, que podrían haber sido subidas a una página. Al respecto, consideró que se trataba de una ficción, dado que esas fotografías no habían sido vistas por nadie.
También se refirió a los restantes hechos, sobre los tocamientos que A. M. V. señaló que ocurrieron en distintas oportunidades. En ese marco, sostuvo que ante la OVD, A. M. V. expresó que en el año 2021 había padecido una infección urinaria por la que concurrió al hospital, situación que vinculó a la relación sexual que había mantenido con O. J. A., aunque según la defensa, no la había referido como una violación. En esa línea, sostuvo que quien mantiene una relación con su supuesto perpetrador no lo invita a realizar un viaje a El Calafate ni continúa manteniendo una relación con él. Calificó, asimismo, como otra mendacidad de A. M. V. la afirmación de que O. J. A. había sido dado de baja del Ejército por consumir marihuana, circunstancia que, según indicó, se encontraba contradicha por el informe del Ejército obrante a fs. 160.
A partir de las contradicciones que, a su criterio, presentaba el relato de A. M. V., manifestó que existían numerosas dudas acerca de la ocurrencia de los hechos denunciados. En ese sentido, retomó las expresiones de O. J. A. durante el debate, relativas a la forma en que ambos se comunicaban a través de WhatsApp.
Por otra parte, se refirió a la pericia realizada por el Lic. Rebuffo, indicando que el profesional atendía a su defendido desde el año 2024 y que le había efectuado un test con el propósito de obtener mayor certeza a partir del seguimiento prolongado. A continuación, la Defensa dio lectura a la parte pertinente del informe.
Asimismo, destacó que el Lic. Damian Ricardo había sido claro al referirse al estrés postraumático y había hecho mención a las parejas que había tenido la Sra. A. M. V. y a sus embarazos de riesgo. Sostuvo que no se estaba ante una única situación y que el profesional había concluido que las vivencias de la denunciante se encontraban relacionadas con el estrés postraumático, y no con lo experimentado con O. J. A..
En función de lo expuesto, concluyó que O. J. A. era inocente y que no había violado a A. M. V.. Agregó que su madre lo consideraba una excelente persona y cuestionó que pudiera sostenerse que una persona mantuviera una relación durante más de cinco años con quien la habría violentado.
Por todo ello, solicitó la absolución de su defendido y formuló reserva del caso federal. Subsidiariamente, para el supuesto de que se dictara una condena, requirió que la conducta fuera calificada conforme al art. 119, primer párrafo, del Código Penal, y que se le impusiera una pena de ejecución condicional, teniendo en cuenta que su asistido carecía de antecedentes penales.
A su turno, conforme lo impone el art. 376 del C.P.P., se consultó al acusado si tiene algo que manifestar al tribunal previo a la deliberación, a lo que contestó que si, diciendo: “Soy inocente de todo lo que se me acusa. Nunca le hice nada.”.
Por Presidencia se dio por concluido el debate, convocó a los jueces a deliberar de inmediato y en secreto para sentenciar y ordenó reanudar la audiencia para la lectura de la sentencia para el día **/**/2026 a las 12:00 horas en la sede de este Tribunal, sito en calle Malaspina Nº 41 de esta ciudad capital.
De conformidad con lo previsto por el art. 381 del C.P.P. se ha establecido el siguiente orden de las cuestiones a tratar:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad de los hechos atribuidos y la participación responsable del imputado en los mismos?
A la primera cuestión, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
De forma preliminar, atendiendo al encuadre de los hechos sometidos a juzgamiento, corresponde precisar que la valoración de la prueba se realizará conforme a las reglas de la sana crítica racional y desde una perspectiva de género, en consonancia con los estándares constitucionales y convencionales que imponen al Estado el deber de garantizar a las mujeres una tutela judicial efectiva y libre de discriminación.
Esa perspectiva exige que la actividad jurisdiccional considere las particulares circunstancias en que se desarrollan las situaciones de violencia por razones de género, evitando que la valoración de los relatos y de la prueba quede condicionada por prejuicios, estereotipos o concepciones estandarizadas acerca del comportamiento que debería observar una víctima. En ese marco, el análisis deberá atender al contexto en el que los hechos habrían tenido lugar y a las relaciones existentes entre las personas involucradas, en la medida en que tales circunstancias resulten relevantes para la adecuada comprensión y valoración del material probatorio.
Ahora bien, la incorporación de la perspectiva de género no implica una modificación del estándar probatorio aplicable al proceso penal, ni una inversión de la carga de la prueba, sino que exige que la valoración sea efectuada sin estereotipos y teniendo en consideración las particularidades propias de este tipo de hechos.
En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en el caso “F. O. y otros vs. México”, que los delitos sexuales son “un tipo de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores”, de modo que “no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (Corte IDH, Caso F. O. y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de **/**/2010. Serie C N° 215).
En el caso concreto a consideración se atribuyen hechos de violencia sexual que habrían ocurrido, principalmente, en ámbitos de intimidad y dentro de una relación prolongada entre la denunciante y el imputado.
Por ello, la prueba debe examinarse atendiendo no sólo a cada episodio en particular, sino también al contexto vincular en el que se insertan, sin que ello releve de determinar, respecto de cada hecho concretamente imputado, si el material incorporado permite alcanzar el grado de certeza necesario.
De igual modo, cobra relevancia la particular situación atravesada por A. M. V. a lo largo de la relación, iniciada durante su adolescencia, así como las circunstancias familiares, económicas y personales que se sucedieron posteriormente. Tales extremos integran el contexto dentro del cual corresponde comprender y valorar las conductas desarrolladas durante el vínculo.
Sentado ello y delimitado el objeto procesal, corresponde ingresar al análisis del plexo probatorio producido.
En esta senda, corresponde mencionar en primer término la denuncia que diera origen a las presentes actuaciones, radicada por A. M. V. ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de esta ciudad, el **/**/2022. En dicha oportunidad, la denunciante manifestó que mantuvo una relación de pareja de aproximadamente tres años con O. J. A., de quien se encontraba separada desde el año 2016 y con quien tiene una hija en común, llamada A. A. O. V., de EDAD_1 años de edad al momento de la denuncia.
En relación con los hechos, A. M. V. señaló que en el mes de **/2021 inició una relación de pareja con F. M., situación que molestó a O. J. A., quien comenzó a hostigarla constantemente, conducta a la que se sumó la progenitora de éste, B. M. C., manifestándole a la denunciante que su hijo se encontraba triste por su culpa y que ella “inventaba cosas”. Agregó que la relación de pareja con F. M. finalizó en **/2022 a causa del continuo hostigamiento por parte de su expareja, quien no aceptaba la separación e intentaba sistemáticamente acercarse para reanudar el vínculo amoroso, pese a la reiterada negativa y rechazo manifestado por la denunciante.
Seguidamente, manifestó que en el mes de **/2022 realizó un viaje a la localidad de El Calafate junto a O. J. A. y la hija de ambos, permaneciendo allí durante una semana.
Refirió que, en dichas circunstancias, al revisar el dispositivo móvil de su expareja, advirtió que en la galería de imágenes conservaba fotografías suyas con el torso desnudo mientras dormía y mientras se cambiaba de ropa. Al intentar eliminarlas no pudo hacerlo por encontrarse respaldadas en la nube, razón por la cual solicitó a O. J. A. que las borrara, quien le dijo que sí lo haría.
Asimismo, expuso que O. J. A. comenzó a “llenarle la cabeza” a la hija en común, diciéndole que no estaban juntos por culpa de la denunciante y que él se sentía triste, generando tristeza en la niña.
En relación con los hechos bajo estudio, denunció: “...también tengo el inconveniente con mi pareja, en razón de que en varias oportunidades que él por asuntos de mi hija se encontraba en mi vivienda, éste se paraba detrás de mí y tocaba mis pechos por debajo de la ropa, como así también muchas veces me apoyó su miembro; consecuentemente, también suele solicitarme por mensajes de texto, que tengamos relaciones sexuales o cada vez que yo le pido mercadería o algo referido a nuestra hija, éste me aduce que sí pero que a cambio debo darle sexo, o como dice él un ‘rapidín’, situación que me tiene realmente cansada ya que esto es de casi todos los días, no entiende que no quiero tener nada con él, solamente que se haga cargo de lo que le corresponde...”.
En este orden de ideas, expuso que en el año 2021 tuvo que apersonarse al Hospital Regional debido a que presentó una infección urinaria, atribuyendo su diagnóstico a que O. J. A. mantuvo relaciones sexuales con la denunciante mientras ésta dormía, dándose cuenta de este tipo de situaciones una vez que se despertaba y lo encontraba a O. J. A. encima de ella, penetrándola.
En este punto, la denunciante aclaró que durante dicho período dormía en el domicilio del nombrado debido al cuadro de asma que padecía la hija de ambos, habiendo acordado convivir de manera temporal para brindarle los cuidados necesarios. Agregó que también permanecía con ellos su otro hijo, fruto de otra relación, de dos años de edad en ese entonces, y que al momento del accionar atribuido a O. J. A. se encontraba durmiendo junto a ella.
También manifestó que no era la primera vez que sucedía este tipo de hechos, sino que en reiteradas oportunidades el imputado había realizado tocamientos en sus pechos sin su consentimiento y le enviaba mensajes en los términos expuestos.
Precisó que el último tocamiento de parte de su expareja había ocurrido el **/**/2022, mientras que el último episodio en que se despertó cuando O. J. A. abusaba de ella tuvo lugar en **/2021.
A diversas preguntas que se le realizaron, detalló que las veces que O. J. A. abusó de ella fueron en la vivienda de él y que los tocamientos los realizaba en la vivienda de la denunciante; que la única persona que sabía de los hechos era su expareja F. M. y que la última vez que tuvo contacto con el denunciado había sido el **/**/2022, cuando le hizo firmar un ticket de compra para la hija, debido a que ella no había accedido a mantener relaciones sexuales con él.
Finalmente, instó la acción penal por los hechos denunciados. Por ante la OVD, A. M. V. pudo brindar mayores detalles del vínculo que mantuvo con O. J. A. y de los hechos denunciados.
En dicho orden de ideas explicó que se conocieron cuando ella contaba con catorce años de edad y O. J. A. tenía veintitrés años; que en el mismo año se pusieron de novios y en FECHA_13 comenzaron a convivir en el domicilio de O. J. A., aclarando que allí también residían los progenitores de él.
Seguidamente, mencionó que se separaron en el año 2016 por decisión de ella, por una infidelidad de parte de O. J. A., pero continuaron la convivencia hasta fines de 2017, cuando nació su hija A., debido a que ella mantenía problemas con su padre.
En el año 2020 volvieron a convivir por aproximadamente ocho meses con motivo de la pandemia, luego de lo cual, aproximadamente un año y medio antes de radicar la denuncia, junto a su hija volvió a residir en la casa de sus progenitores.
Sobre el episodio de violencia más reciente, afirmó que el día **/**/2022 a las 11:00 horas le escribió un mensaje de WhatsApp a O. J. A. pidiéndole que le llevara un kilo de papas a su casa porque su hija tenía hambre, a lo que él le preguntó para qué tantas cosas.
Ante dicha situación y en virtud de que la denunciante le había pedido otros alimentos, él le dijo “ya te di la semana pasada”. Que inmediatamente le dijo: “¿me haces el favorcito?”, y ella entendió que él quería mantener relaciones sexuales, ya que cada vez que le compraba los alimentos de su hija el imputado quería que le haga el favor de mantener relaciones sexuales con él.
Le dijo que no quería, pero al rato llegó a su casa con un ticket, el cual le solicitó que firmara, y le insistió que fuera a su casa para mantener relaciones, diciéndole igualmente que tenía “una plata, que tenía que cobrar en el Ejército por una indemnización” y que se la iba a dar si ella estaba con él.
A. M. V. le dijo que no, pero se puso a llorar y su progenitor escuchó. Llamó a la progenitora de él y le dijo que la dejaran de molestar. Reiteró que si ella le pedía algo para la hija en común, él quería mantener relaciones con ella, pero que ella no aceptaba.
De igual manera, relató que cuando iba a su casa, delante de sus hijos, la apoyaba y empezaba a acosarla; al respecto mencionó el episodio ocurrido el **/**/2022, cuando estaban en la cocina preparando una mamadera a su hija, O. J. A. se apareció de atrás, le levantó la remera y le tocó los pechos. Frente a ello A. M. V. le expresó: “si no te vas te denuncio” y se fue.
Finalmente, mencionó el episodio de **/2021 diciendo: “...y me di cuenta que en ese tiempo, en **/2021, estuve durmiendo en su casa por un tratamiento de mi hija. Yo estuve durmiendo en la otra cama y me desperté y sentí que estaba penetrándome, le pedí que se salga y me volví a dormir. Al día siguiente agarré las cosas y me fui. No recuerdo bien lo que pasó porque tuve el sueño pesado. Tampoco lo denuncié pero sí le dije que me molestó lo que hizo, estuve una semana sin hablarle...”.
Al ser requerida sobre si instaba la acción penal, A. M. V. contestó que sí.
Añadió que en **/2022 le exigió al denunciado que cesara en su hostigamiento y que no quería verlo más, ante lo cual O. J. A. amenazó con quitarse la vida y desaparecer, desdiciéndose al día siguiente. Agregó que, en una oportunidad, le envió un audio donde la niña lloraba expresando que no tenía una familia, percibiendo una manipulación emocional constante ejercida por el nombrado y su entorno familiar a través de la menor.
Consultada acerca de la existencia de otros episodios de violencia, la denunciante contestó que en el mes de **/2022 invitó a O. J. A. a El Calafate para que estuviera con la hija en común y que, encontrándose todos alojados en la misma habitación, el nombrado le tomó fotografías de su torso desnudo.
Al respecto detalló textualmente: “...cuando yo estaba dormida, me levantaba la remera y me sacó fotos de la parte de arriba sin corpiño. Yo vi las fotos en su celular... le saqué el celular y vi en su galería esas fotos, pero las tiene protegidas por la nube y no pude borrarlas. Esa vez no quise decir nada a mi familia porque si bien al principio no lo querían a él, después terminaron queriéndolo...”.
En el marco del debate oral se recepcionó el testimonio de A. M. V., quien, al igual que en la denuncia ante la DCMYF y la OVD, relató que conoció a O. J. A. cuando contaba con EDAD_4 años de edad, que en ese entonces él era amigo de una amiga de ella, que se juntaban y charlaban hasta que conformaron la pareja y comenzaron a convivir. Esta primera convivencia se mantuvo hasta que nació su hija A. en el año 2017, momento en que se fue a vivir con sus progenitores hasta el año 2019, año en el cual volvió a convivir con O. J. A. por aproximadamente un año o un año y medio.
Consultada sobre los antecedentes del vínculo, explicó que se separaron porque existieron engaños y celos de por medio, lo que le impidió terminar sus estudios en un contexto marcado por complicaciones en los embarazos, su maternidad a los quince años y el rechazo de sus progenitores hacia O. J. A..
Mencionó que tiempo después mantuvo una relación con otra persona, fruto de la cual nació su hijo A., del cual se separó tras sufrir un episodio de violencia, cuando la quiso ahorcar afuera del colegio. Que después de esta ruptura, porque no se sentía tranquila y buscando seguridad para ella y su hija, encontrándose embarazada de su segundo hijo, volvió a convivir con O. J. A., sin reanudar la relación de pareja. Expuso que en esa etapa la convivencia fue pacífica y que contó con el apoyo de O. J. A., quien incluso la acompañó durante el embarazo de su segundo hijo.
Asimismo, A. M. V. refirió que luego de quedar sin empleo O. J. A. regresaba a la vivienda borracho e insistía en mantener relaciones sexuales.
Detalló una ocasión específica en la que el imputado llegó borracho y, encontrándose embarazada, la tiró al piso y la forzó a tener sexo sin su consentimiento.
La denunciante remarcó que se opuso en todo momento, pidiéndole que se detuviera y se fuera a otro dormitorio, recordándole que ya había tenido problemas en el embarazo y manifestándole el temor que sentía a sufrir una infección.
Dijo que cuando O. J. A. terminó se acostó a dormir y al día siguiente, cuando se levantó, le pidió perdón, dejándolo pasar. Este episodio lo ubicó cuando su hija era chica y contaba con alrededor de EDAD_2 años de edad.
Al ser consultada, remarcó que estas agresiones ocurrieron en más de una ocasión, después de que nació A., cuando iba los fines de semana a la casa de él, motivada en el enojo de O. J. A. al enterarse de que ella había estado con otra persona.
Detalló que en un episodio particular cambió de cama a los nenes, cuando ella estaba durmiendo y O. J. A. se acostó en la misma cama. Se despertó con O. J. A. encima de ella, penetrándola sin protección y aprisionando su pierna con la pierna de él para evitar que se moviera. Recordó que en dicho momento O. J. A. le dijo que él “lo hacía mejor que para qué iba a estar con otra persona”.
Luego de la agresión sexual, A. M. V. se enojó, juntó sus cosas y se fue a su casa.
Consultada acerca de otros episodios de similares características respondió: “Estaba mi hija con un ataque de asma, una vez que había salido de estar internada, me fui a mi casa, estaba llorando mi bebé y no podía despertarme, y me di cuenta que estaba encima mío. Después fui al hospital y tenía una infección urinaria, me dijeron que debía cuidarme, me inyectaron y me fui a mi casa. Estuve enojada con él dos semanas, porque para él no era tan grave... a veces cuando me quedaba en su casa, me levantaba y me sentía rara. Y después en un viaje a Calafate, vi su celular y me di cuenta que cuando pasaban esas cosas que yo me sentía rara era porque él me había estado tocando y fue donde vi que tenía fotos y videos en que yo dormía y él me estaba tocando. Me despertaba y tenía la ropa desacomodada, y me sentía como si me hubiesen estado tocando o pegajosa... tengo sueño profundo...”.
Preguntada por la razón que la motivó a efectuar la denuncia, respondió que fue porque estaba cansada, había iniciado otra relación y O. J. A. sabía sus movimientos y qué hacía durante el día, le decía que quería volver con ella, pero al día siguiente se le pasaba y le decía que no quería volver con ella.
Que siempre se negó a volver a mantener una relación con O. J. A. y que respecto de la cuota alimentaria inició los trámites después de que lo denunció.
La Fiscal solicitó que se le exhibieran las capturas de pantalla a partir de fs. 13 y, consultada al respecto, reconoció su contenido. Asimismo, preguntada acerca de la situación que le reprochaba a su interlocutor en los mensajes enviados, contestó que se referían a la vez que estaba durmiendo y se encontraba junto al hijo bebé, despertándose con O. J. A. arriba de ella, trabándola con la pierna. Asimismo precisó que O. J. A. la “hacía” tener relaciones con él para que le diera alimentos para su hija. En tal sentido expresó: “...si yo iba a dormir con él y estaba en su casa, él me ayudaba con lo que es alimentos porque no le gustaba que maneje plata...”.
Confirmó que O. J. A. le decía que le compraba los alimentos a cambio de mantener relaciones sexuales.
Igualmente destacó que su expareja F. M. fue la única persona a la que le pudo contar los hechos y tener la seguridad de que el vínculo con O. J. A. “no era normal, que estaba mal”, explicando: “Sentí que alguien me creía”.
Fue preguntada por el vínculo con su familia de origen y respondió que no les quiso contar por vergüenza, porque sus papás siempre le dieron una buena educación y ella sentía que “les había fallado”; que les contó algo pero no todo.
Refirió que cuando hizo la denuncia ya vivía con sus progenitores, que actualmente se siente más aliviada y que su familia la apoya. Indicó con la cabeza que el tratamiento en el CAV la ayudó mucho, se sintió más tranquila y que alguien le creía.
Respecto de si trabajaba cuando estaba con O. J. A., contestó que no, que era menor de edad, aunque tenía microemprendimientos vendiendo acero quirúrgico y ropa; que el dinero lo manejaba él, ella sólo se ocupaba de hacer la lista de lo que necesitaba Á. y él compraba las cosas, hasta que empezó a cobrar la asignación universal.
Interrogada por la defensa técnica respecto de si actualmente percibía cuota alimentaria, respondió afirmativamente, señalando que percibía la suma de $300.000 luego de varios años de reclamo y que también se abonaba la obra social de Á..
Se le exhibió la declaración prestada ante la OVD, reconociendo la compareciente la firma allí plasmada.
Consultada sobre si manifestó que en **/2021 la había accedido carnalmente, respondió afirmativamente, como así también confirmó haber expuesto que éste consumía alcohol y estupefacientes.
Luego de darse lectura a las actuaciones correspondientes, la denunciante aclaró que el consumo de alcohol y estupefacientes por parte de O. J. A. se inició con su baja del Ejército.
Requerida sobre el tiempo de convivencia posterior al nacimiento de su hija en común, indicó que convivieron durante determinados períodos y explicó las distintas circunstancias en las que regresó a la vivienda del imputado.
Finalmente, al ser consultada sobre el viaje a El Calafate en 2022, expresó que la invitación al imputado fue realizada para que pudiera estar con la hija de ambos, en razón de las crisis de asma e internaciones que había atravesado la niña.
A su turno, el testigo M. V. , progenitor de A. M. V., declaró durante el debate que la relación del imputado con A. M. V. se había iniciado hacía unos diez años y que fue madre adolescente.
Señaló que, como toda pareja, era todo amor hasta que ocurrió lo que ocurrió; que no habló mucho con su hija y que es poco lo que puede contar.
Al respecto expresó que sabe que O. J. A. le sacaba fotografías mientras A. M. V. dormía y de una oportunidad en que ella no quiso tener relaciones con él y se enojaron y se pelearon.
Consultado sobre cómo se enteró de esta situación, respondió que su hija convivió un tiempo con la familia de O. J. A. y después se pelearon y volvió al hogar familiar.
Respecto del trato con el imputado, mencionó que se limitaba al saludo, que no le gustaba él y que con el tiempo tampoco tuvo mucho trato. Expuso que tomó conocimiento de los hechos cuando un día su hija estaba discutiendo por teléfono porque su nieta necesitaba víveres; en ese momento llegaron O. J. A. y su madre a dejar los alimentos y su hija se largó a llorar porque debía firmar un recibo.
Ante tal situación, el deponente se acercó y discutió con la madre de O. J. A. y momentos después su hija le expresó que estas situaciones eran frecuentes, pero que no lloraba por los víveres en sí, sino por otras situaciones que pasó como mujer, que al intentar entender qué le ocurre ella se pone a llorar y se inhibe.
Al ser preguntado si A. M. V. le contó que había sido abusada, el testigo respondió que lo que ella le contó fue que O. J. A. la obligaba a tener relaciones y que ella no podía por su enfermedad ya que le habían salido nódulos.
De igual forma declaró durante el debate la progenitora de A. M. M. B., quien expresó que tomó conocimiento a través de su hija que le contó después de un par de años que había sido abusada.
En tal sentido explicó que ella le decía que nunca había imaginado atravesar una situación de esa naturaleza y que le había expresado sentirse “sucia”, recordando que la misma había tenido mala suerte en sus relaciones de pareja.
Al ser consultada al respecto, recordó que A. M. V. le había contado que cada vez que estaba con O. J. A. sentía dolor de estómago y se sentía mal, “como maltratada”.
La testigo refirió que por la edad que tenía entonces su hija interpretó que esos malestares podían ser a causa de mantener relaciones sexuales siendo tan “chiquitita” y que jamás imaginó que pudiera haber sido abusada.
Al respecto señaló que su hija le dijo que había sido abusada, que ella le contó que cuando se despertaba se sentía mareada, dolorida de su cuerpo y mal Agregó que su hija le había expresado que se sentía mal y sucia y que consideraba que “todo fue una mentira” en su vida.Señaló que cuando le preguntaba por lo sucedido, suele sentirse mal y comenzar a llorar. Indicó que durante los años en que su hija mantuvo la relación con O. J. A. ambos permanecían juntos gran parte del tiempo y que desde afuera se los veía bien, encontrándose ambos como padres presentes. En relación con la intimidad de la pareja, manifestó que su hija le había dicho: “yo nunca te quise contar nada mamá, además qué vas a solucionar ahora”, reconociendo que no conocía en detalle qué había ocurrido entre ellos.
Expresó que siempre había visto a ambos como una pareja que se desenvolvía bien y que en su trato personal con O. J. A. había mantenido una relación buena.En este aspecto lo describió como una persona comprometida y compañero. Refirió que lo quiere y que también mantiene afecto por él como padre de su nieta.
Sobre los viajes a El Calafate recordó particularmente un viaje realizado junto con la madre de O. J. A., en el que se alojaron en la casa de su hija y que el mismo transcurrió de manera agradable. Sin embargo señaló que en aquella oportunidad su hija ya se encontraba enojada con O. J. A., aparentemente con motivo de haber visto una fotografía en un teléfono celular, circunstancia que le habría generado malestar y le habría hecho recordar situaciones vividas, aclarando que desconocía concretamente qué había ocurrido. Agregó que al regresar, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse y que empezaron a mantener conflictos en su condición de padres.
Finalmente la testigo manifestó sentirse “entre la espada y la pared”, debido al afecto que mantiene tanto por su hija como por O. J. A. y a que su nieta quiere a ambos progenitores. Expresó que desea que se haga justicia, pero que también le preocupa que si O. J. A. fuera preso ello pudiera afectar a su nieta. Reiteró que su hija es una persona “muy dulce” y “muy buena” y que las experiencias posteriores en sus relaciones de pareja la habían dejado en una situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, contestando preguntas de la Defensa, hizo referencia a una relación posterior que su hija mantuvo con F. M., a quien describió como una persona manipuladora y con quien su hija había atravesado situaciones que describió como “feas”. Explicó que aquél la manipulaba y que, según su perspectiva, su hija era una persona vulnerable e influenciable.
Señaló que la relación entre su hija y O. J. A. se habría deteriorado a partir del comienzo de aquella nueva relación. En particular, relató que F. M. adoptaba actitudes “cancheras” cuando concurría a lugares donde se encontraba O. J. A., procurando generar confrontaciones y haciendo comentarios o utilizando expresiones que consideró ofensivas. En cuanto a la incidencia que dicha relación pudo haber tenido en la decisión de su hija de efectuar la denuncia, manifestó que entendía que F. M. podría haberla impulsado a realizarla, aunque agregó que en caso de que efectivamente hubiera sido abusada consideraba que estaba bien que hubiera podido denunciarlo.
Ahora bien, también declaró durante la audiencia de debate F. N. M., quien manifestó haber sido inicialmente amigo de A. M. V. y posteriormente su pareja durante aproximadamente cuatro años. El testigo refirió que incluso antes de iniciar dicha relación, A. M. V. le había contado que O. J. A. mantenía relaciones sexuales con ella mientras se encontraba dormida, frente a lo cual le manifestó que aquello “no era normal, que eso era una violación”. Señaló que posteriormente observó un agravamiento de la situación, atribuido a conductas de O. J. A. hacia A. M. V., entre ellas amenazas, intentos de acceder a sus cuentas de redes sociales y mensajes que describió como insistentes.
También expresó que O. J. A. iba a dormir a la casa de A. M. V. y él le sacaba fotos mientras ella estaba durmiendo o se le acostaba encima, cuando F. M. y A. M. V. eran pareja.
F. M. dijo que A. M. V. tenía normalizada la situación y, ante sus manifestaciones de que los hechos que le contaba podían ser abusos, ella decidió efectuar la denuncia. También haber observado a A. M. V. ansiosa y llorando, incluso después de formular la denuncia, observando que le daban ataques de pánico y de ansiedad y haber tomado conocimiento de que posteriormente inició tratamiento. En este orden de ideas, y en concordancia con las probanzas reseñadas, las profesionales del Centro de Atención a la Víctima que intervinieron en el tratamiento de la denunciante, iniciado en **/2023 y sostenido hasta el **/**/2024, refirieron que la paciente presentó buena adherencia, se mantuvo comunicativa y compartió durante los encuentros distintos episodios que atribuyó a O. J. A..
Indicaron que el abordaje se inició en un contexto de marcada angustia asociada a las situaciones vividas. En particular señalaron que la paciente relató haber encontrado fotografías y videos en los que aparecía desnuda o bañándose, presuntamente obtenidos sin su consentimiento y que vinculó a ciertos dolores en su zona íntima al día siguiente de despertarse.
También describieron que, en el contexto de la relación, la denunciante había referido situaciones de celos, control económico, violencia psicológica, posesividad y hostigamiento, tanto presencial como mediante mensajes, incluso luego de la separación y durante los encuentros vinculados al régimen de comunicación con la hija en común.
Las profesionales añadieron que la paciente manifestó dificultades para precisar la cantidad de episodios y que había relacionado su sueño profundo con una condición de anemia crónica. Asimismo informaron que durante el tratamiento se trabajó en fortalecer su posicionamiento y en ordenar el vínculo familiar entre la niña, su madre y su padre. Refirieron también que la paciente comunicó problemas de salud, entre ellos sarpullidos y afecciones ginecológicas, que asociaba a la situación con el imputado.
En este punto de análisis resulta importante hacer mención al informe de evaluación victimológica elaborado por el Lic. Damián Ricardo, toda vez que aporta elementos periféricos que se corresponden con aspectos del relato de A. M. V., particularmente respecto del estado emocional y de la conflictividad denunciada. En tal sentido, informó que el estado emocional de A. M. V. se caracteriza por experimentar sentimientos de inferioridad e inseguridad, así como autoestima y autoconcepto disminuido o pobres.
Así destaca: “...Es probable que sienta culpa cuando perciben sus defectos o equivocaciones y que funcione de modo apático y abúlico. Por lo general, no propende al compromiso con otras personas y puede ser considerada por los demás como alguien suspicaz y desconfiada...”. Asimismo, el profesional afirmó en dicho informe que: “...Al momento de la entrevista se observan indicadores de riesgo asociado a factores de vulnerabilidad especialmente en cuanto a su baja autoestima y autoconcepto disminuido...”.
En cuanto a si A. M. V. presenta signos de haber vivenciado situaciones de estrés y si se observan elementos secuelares que se infieran como consecuencia de aquéllos, el Licenciado Damián Ricardo destacó que de acuerdo al relato y a la integración del material psicotécnico se observan indicadores compatibles con estrés postraumático que pueden relacionarse como secuela de los hechos de autos y el contexto general de la relación.
Durante el debate, luego de identificar las técnicas utilizadas, el perito explicó que de acuerdo con los resultados obtenidos se observaron variables clínicas que requerían tratamiento psicoterapéutico, así como elevados montos de conflicto interno, a pesar de que la evaluada intentaba ofrecer una imagen favorable de sí misma y presentaba recursos limitados para afrontar dichas conflictivas.
El profesional vinculó estos indicadores tanto con características de su estructura de personalidad como con el estado de ánimo que presentaba al momento de la evaluación. Asimismo describió una baja autoestima o un concepto de sí misma disminuido, junto con características de desconfianza y suspicacia.
En cuanto al estado emocional, el perito señaló la presencia de angustia y de una alteración emocional que vinculó, en parte, con la situación de denuncia, observándose manifestaciones sintomáticas relacionadas con aquélla.
Al ser interrogado acerca del contenido de lo manifestado por A. M. V. durante la entrevista, aclaró que las referencias efectuadas en su informe constituían apreciaciones derivadas del contenido de la evaluación y no una declaración testimonial, en tanto la persona evaluada expresa cuestiones vivenciales que son posteriormente valoradas en el marco de la técnica pericial. En ese contexto, refirió que A. M. V. describió una relación de alta conflictividad con O. J. A., a quien identificó como su expareja, y que durante la entrevista también hizo referencia a una relación anterior y a situaciones vinculadas con embarazos de alto riesgo.
Las características de personalidad y las condiciones de vulnerabilidad descriptas deben ser integradas en el análisis de la dinámica relacional desarrollada durante años entre A. M. V. y O. J. A., particularmente para comprender determinados modos de afrontamiento, la permanencia y los retornos al vínculo y las dificultades para establecer límites. Se trata de elementos que adquieren sentido al ser valorados dentro del conjunto de circunstancias acreditadas en el debate. Corresponde igualmente abordar el análisis del testimonio de la Lic. Susana Beatriz Rebuffo, quien manifestó ser psicóloga tratante de O. J. A. desde FECHA_1.
Explicó que, durante los primeros diez meses, mantuvieron encuentros con una frecuencia más sostenida, con posterioridad a lo cual el tratamiento continuó de manera esporádica.
La profesional refirió que realizó entrevistas y administró técnicas psicométricas y proyectivas, algunas de las cuales fueron reiteradas en distintos momentos para contrastar los resultados obtenidos. En cuanto a las características de personalidad de O. J. A., describió una estructura neurótica, con recursos adaptativos y yoicos conservados, un perfil sobreadaptado e inhibido y una tendencia a presentarse de manera favorable durante la evaluación.
Asimismo señaló que, al momento de la consulta, el imputado atravesaba un cuadro ansioso-depresivo que vinculó, en parte, con la prolongación del proceso judicial.
En relación con su estado emocional indicó que O. J. A. había concurrido inicialmente en un estado de marcada depresión y que el inventario de depresión administrado arrojó indicadores correspondientes a un nivel grave.
Explicó que, a partir de las entrevistas y de los instrumentos administrados, no identificó indicadores de agresividad, impulsividad, rasgos psicopáticos, parafílicos ni de desorganización psicótica, entre otros aspectos evaluados.
Consultada específicamente sobre la existencia de impulsos o trastornos sexuales, respondió que no había identificado indicadores en ese sentido y describió a O. J. A. como una persona inhibida, retraída y controlada.
No obstante, al ser interrogada acerca de si las conclusiones de su evaluación permitían descartar la existencia de abuso sexual, aclaró que no contaba con elementos para afirmar ni para descartar tal circunstancia.
Reconoció asimismo que las técnicas gráficas utilizadas no permiten, por sí solas, diagnosticar una parafilia y que la evaluación debía efectuarse mediante la integración de las entrevistas y los distintos instrumentos aplicados.
La Lic. Rebuffo también describió el comportamiento de O. J. A. durante el tratamiento, al que caracterizó como respetuoso, puntual y cordial, y señaló que su intervención tuvo como finalidad principal brindarle contención ante el estado depresivo que presentaba y no abordar específicamente los hechos investigados.
De ello se desprende que las características personales del imputado descriptas por la profesional no resultan incompatibles ni compatibles, en términos concluyentes, con la comisión de los hechos materia de juzgamiento, extremo que la propia testigo dejó expresamente establecido al señalar que no podía afirmarlos ni descartarlos a partir de su evaluación.
En igual sentido, prestaron declaración D. A. O. y M. D. R. O. M., quienes describieron desde sus respectivas perspectivas la relación existente entre A. M. V. y el imputado.
En términos generales, dieron cuenta de períodos de convivencia, separaciones, reanudaciones del contacto y continuidad del vínculo entre ambos, incluso después de que dejaron de conformar formalmente una pareja. También señalaron que A. M. V. continuaba concurriendo al domicilio familiar y permaneciendo allí durante períodos prolongados.
Las testigos manifestaron no haber presenciado episodios de violencia sexual o física entre ambos y señalaron que la relación, desde su perspectiva, atravesaba períodos de aparente normalidad. Asimismo hicieron referencia a conflictos económicos posteriores, vinculados principalmente con alimentos y cuota alimentaria, y a la relación que A. M. V. mantuvo con F. M..
A estos efectos es importante mencionar que la versión del imputado coincide con la de algunos de los testigos respecto de la existencia de períodos de convivencia, separaciones, reanudaciones del contacto, continuidad de encuentros sexuales y conflictos relacionados con la cuota alimentaria, lo cual acredita la complejidad del contexto relacional.
Ahora bien, lo que en definitiva se encuentra controvertido en la causa es el consentimiento de parte de A. M. V. en la relación sexual imputada y si se encuentran acreditados los restantes episodios de invasión sexual en perjuicio de la víctima concretamente atribuidos a O. J. A.. En este punto adquiere importancia precisar que la existencia de relaciones sexuales consentidas entre A. M. V. y O. J. A. en otras oportunidades no permite proyectar automáticamente ese consentimiento sobre todos los encuentros mantenidos entre ambos. El consentimiento debe ser examinado respecto de cada práctica sexual concreta y de las circunstancias en que ella se desarrolla. La circunstancia de haber conformado una pareja, de haber mantenido relaciones sexuales voluntarias en otras ocasiones o de haberlas mantenido con posterioridad no importa una autorización permanente. Asimismo, las sucesivas separaciones, reconciliaciones, períodos de convivencia y continuidad del contacto deben apreciarse dentro de las características específicas del vínculo: la relación iniciada durante la adolescencia de A. M. V., la diferencia etaria, la maternidad temprana, la hija en común, sus problemas de salud, las dificultades económicas atravesadas por A. M. V., la ayuda recibida por parte de O. J. A. y su entorno familiar y las responsabilidades parentales compartidas. Ese contexto permite comprender la continuidad de la relación entre ambos sin asignarle automáticamente valor demostrativo acerca de la existencia o ausencia de consentimiento en un acto sexual determinado. En cuanto a las capturas de pantalla incorporadas a la causa, su contenido adquiere especial relevancia al confrontarlo con las manifestaciones de A. M. V. y con las explicaciones brindadas por el imputado durante el debate.
En una de ellas, la denunciante le reprocha a quien identifica como O. J. A. haberla tocado sin su consentimiento, haberle tomado fotografías y haber mantenido relaciones sexuales con ella mientras se encontraba dormida.
En el mismo intercambio, luego de que A. M. V. le manifestara que él le había hecho daño y que había sido un mal hombre con ella, O. J. A. respondió: “Me acuerdo, me arrepiento. Cada día. Como era y lo sabes bn”.
En otra de las capturas, O. J. A. expresa su deseo de retomar la relación con A. M. V., a quien describe como el amor de su vida, y manifiesta su voluntad de compartir con ella el futuro y la vida familiar. En este punto de análisis, toda vez que el imputado O. J. A. prestó declaración durante el debate, la misma debe ser analizada y confrontada con la prueba de cargo.
Así, O. J. A. primeramente negó los hechos atribuidos y sostuvo que nunca obligó a A. M. V. a mantener relaciones sexuales ni ejerció violencia física o de otra naturaleza contra ella.
Explicó que mantuvieron una relación de pareja durante un período inicial y que posteriormente atravesaron distintas separaciones y reanudaciones del contacto, permaneciendo A. M. V. en diferentes oportunidades en su domicilio.
Vinculó esa continuidad del contacto con el cuidado de la hija que tienen en común y con las circunstancias personales y familiares que atravesaba A. M. V..
Reconoció la existencia de conflictos entre ambos, principalmente vinculados con los celos y con las diferencias surgidas en torno a la relación de pareja y a la cuota alimentaria.
En cuanto a la relación sexual, afirmó que todas las relaciones mantenidas con A. M. V. fueron consentidas y que cuando ya no se encontraban formalmente en pareja continuaron manteniendo encuentros sexuales.
Respecto del viaje a El Calafate, reconoció haber acompañado a A. M. V., aunque sostuvo que para entonces ya no eran pareja y negó haberle tomado fotografías en dicha oportunidad.
Al ser confrontado con las capturas de pantalla incorporadas a la causa, reconoció como propios determinados números telefónicos, el apodo utilizado y expresiones contenidas en los mensajes y, luego de que éstos le fueran leídos, reconoció su contenido, aunque sostuvo que las conversaciones se encontraban fuera de contexto y aseguró que las afirmaciones de A. M. V. en esos intercambios eran mentira.
Reconoció particularmente la expresión “haceme el favorcito” y explicó que esa era una forma habitual de comunicación entre ambos. También sostuvo que continuaba existiendo entre ellos una comunicación vinculada con la posibilidad de mantener relaciones sexuales. Finalmente, al ser interrogado acerca de las razones por las cuales consideraba que A. M. V. había formulado la denuncia, sostuvo que ello se relacionaba con el conflicto existente en torno a la cuota alimentaria, señalando que ella le había manifestado que lo llevaría a juicio por esa cuestión.
Agregó que con posterioridad a la denuncia dejó de mantener comunicación con ella y que comenzó tratamiento psicológico por un cuadro de depresión que, según manifestó, se había iniciado luego de la finalización del vínculo.
En este punto del análisis resulta de particular relevancia destacar la coincidencia y estabilidad del relato brindado por A. M. V. respecto de las circunstancias sustanciales que conforman el núcleo de la imputación dirigida contra O. J. A..
Las circunstancias señaladas por la Defensa en torno al consumo de alcohol o estupefacientes por parte del imputado - circunstancias que fueron referidas por la denunciante- no alcanzan, por su naturaleza y entidad, a comprometer la consistencia de su relato acerca de los hechos que constituyen el objeto del proceso. Ello además fue objeto de aclaración durante la audiencia de debate, oportunidad en la que pudieron precisarse las circunstancias a las que aludían sus distintas manifestaciones.
Idéntica consideración corresponde efectuar respecto de la discrepancia vinculada con quién tuvo la iniciativa de la invitación al viaje a El Calafate. Aun cuando de las distintas declaraciones pudiera surgir que fue la propia A. M. V. quien realizó la invitación, dicha divergencia tampoco incide en aspectos sustanciales del relato ni resulta vinculada con el núcleo fáctico de la imputación.
En definitiva, más allá de las distintas circunstancias referidas por A. M. V. en cada una de las oportunidades en que prestó declaración testimonial, no se han advertido contradicciones en aspectos relevantes de su relato.
En este sentido, los testimonios de M. V. M. M. B. F. N. M. y F. M. aportan información acerca de manifestaciones efectuadas por A. M. V., ciertos cambios observados en ella y circunstancias vinculadas con la persistencia del vínculo entre ambos y con la particular situación en la que se encontraba aquella.
En el análisis de las declaraciones de A. M. V. se advierten coincidencias en aspectos relevantes de su relato, como así también con la declaración de F. M., en cuanto aporta una referencia acerca de que A. M. V. le habría relatado, antes de que ambos iniciaran una relación de pareja y con anterioridad a la denuncia, que O. J. A. había mantenido relaciones sexuales con ella mientras dormía.
Aunque el testigo no presenció el episodio de invasión sexual, la referencia temporal de esa manifestación robustece la declaración de la víctima en este aspecto de la imputación.
Este dato adquiere, además, particular significación frente a la hipótesis defensiva que atribuyó a F. M. una influencia determinante en la formulación de la denuncia, pues la exteriorización de esa situación antecedió a la relación que posteriormente ambos mantuvieron. En sentido complementario, la madre y los hermanos de O. J. A. describieron una relación que, desde su perspectiva, presentaba períodos de aparente armonía, convivencia y continuidad del contacto. A estos efectos, es importante mencionar que la versión del imputado coincide con la de algunos de los testigos en cuanto a la existencia de períodos de convivencia, separaciones, reanudaciones del contacto, continuidad de los encuentros sexuales y conflictos relacionados con la cuota alimentaria, lo cual acredita la existencia del contexto relacional. Ahora bien, precisamente porque dentro de esa relación coexistieron períodos de convivencia, relaciones sexuales consentidas, separaciones y posteriores acercamientos, no corresponde efectuar una valoración global del vínculo para responder acerca del consentimiento, sino determinarlo concretamente respecto de la práctica sometida a juzgamiento.
En cuanto al hecho primero, el relato de A. M. V. encuentra correspondencia con la referencia temporal aportada por F. M. y con el contenido de las comunicaciones mantenidas directamente entre ella y O. J. A..
La captura de pantalla tampoco puede ser examinada de manera aislada. Su valor probatorio debe determinarse a partir de su inserción en el conjunto de las evidencias producidas. Así, los mensajes cuyo contenido fue reconocido por ambas partes, valorados conjuntamente con la declaración prestada por F. M. durante el debate y con los restantes elementos incorporados, constituyen elementos de corroboración que, apreciados de manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica racional, permiten alcanzar el grado de convicción necesario respecto de la materialidad del hecho primero y de la autoría material de O. J. A..
La respuesta “Me acuerdo, me arrepiento. Cada día. Como era y lo sabes bn” debe ser valorada dentro del intercambio íntegro en el que fue formulada. No corresponde fragmentarla para sostener que el imputado se refirió exclusivamente a uno de los diversos reproches efectuados por A. M. V.; su contenido integra el cuadro de cargo respecto de las conductas allí mencionadas y debe ser conjugado con la restante prueba específicamente reunida para cada una de ellas. Respecto del hecho uno, esa conversación se integra con un relato mantenido en sus aspectos sustanciales y, particularmente, con la manifestación previa realizada a F. M. respecto de relaciones sexuales iniciadas mientras A. M. V. se encontraba dormida.
Todo ello permite concluir, con el grado de certeza exigible, que en el mes de FECHA_12, mientras A. M. V. se encontraba dormida en el domicilio de J. O. J. A., éste mantuvo acceso carnal con ella sin que hubiera prestado consentimiento, circunstancia que la damnificada advirtió al despertar y frente a la cual manifestó su oposición. Distinta es la conclusión que corresponde adoptar respecto de los hechos segundo y tercero.
Esta diferencia de conclusión no responde a una descalificación del relato de A. M. V. ni a considerar que sus manifestaciones carezcan de valor probatorio por el solo hecho de provenir de quien afirma haber sido víctima.
El punto reside en que, una vez valorado el conjunto de la prueba disponible, no se ha alcanzado el grado de certeza necesario para afirmar, más allá de toda duda razonable, que las fotografías del torso desnudo de A. M. V. hubieran existido y que O. J. A. haya sido quien las tomó, ni que éste haya sido el autor del concreto tocamiento que aquella refiere haber sufrido en su domicilio.
La distinta conclusión respecto de los tres acontecimientos no importa realizar una valoración global acerca de la credibilidad de A. M. V.. Lo que difiere es el cuadro probatorio reunido respecto de cada concreta proposición fáctica.
En relación con el hecho dos, los progenitores de A. M. V. y F. M. manifestaron durante el debate haber tomado conocimiento, a través de aquélla, de que el conflicto suscitado en El Calafate con el imputado habría tenido su origen en unas fotografías que A. M. V. habría visto en un dispositivo móvil.
Sin embargo, tales referencias constituyen un conocimiento derivado de lo que la propia víctima les había relatado y ninguno de ellos observó personalmente las fotografías, ni pudo aportar datos directos acerca de sus características, contenido, origen o forma de obtención. La insuficiencia probatoria adquiere particular relevancia cuando se advierte que existían diligencias objetivamente susceptibles de aportar información adicional sobre estos extremos y que, sin embargo, no fueron producidas.
En relación con las fotografías, por ejemplo, habría resultado pertinente procurar la verificación de su existencia, origen o eventual permanencia en dispositivos o espacios digitales de almacenamiento, en la medida en que ello hubiera sido técnica y procesalmente posible. La propia A. M. V. había señalado específicamente que las fotografías se encontraban respaldadas “en la nube”. Ese dato proporcionaba una concreta línea investigativa orientada a intentar verificar la existencia de aquellos archivos, su eventual almacenamiento, vinculación con dispositivos o cuentas asociadas al imputado y demás información técnica que pudiera recuperarse.
El transcurso del tiempo no tornaba, sin más, improcedente cualquier intento de comprobación, especialmente frente a la referencia concreta a un respaldo digital.
La ausencia de tales diligencias no autoriza a presumir que las imágenes no existieron, pero sí determina que el Tribunal carezca de elementos objetivos suficientes para atribuir su captación al imputado. Los mensajes incorporados, incluida la expresión de O. J. A. antes analizada, poseen significación dentro del cuadro probatorio; sin embargo, el intercambio contiene diversos reproches formulados simultáneamente y no permite reconstruir, con la precisión exigida, las características concretas de las fotografías, su efectiva existencia ni su captación por el acusado.
Por ello, respecto del hecho segundo subsiste un estado de duda acerca de su materialidad y autoría. La misma consideración corresponde efectuar respecto del hecho tres.
Si bien A. M. V. afirmó haber sufrido tocamientos por parte de O. J. A. y esa imputación aparece mencionada en la denuncia formulada ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia y ante la OVD, durante el debate la víctima no fue interrogada específicamente acerca de las circunstancias concretas de ese episodio.
A ello se suma que, si bien en las capturas de pantalla obrantes a fs. 13/17 aparece una referencia a “tocamientos sin permiso”, no se advierten en dichas comunicaciones otros elementos que permitan reconstruir con precisión ese hecho particular ni vincularlo, con el grado de certeza exigible, a la conducta concretamente atribuida a O. J.
A..
Respecto de este episodio no existe, además, un develamiento previo específico similar al que sí se presenta respecto del acceso carnal. Esta circunstancia no debe ser entendida como la exigencia de que toda persona que denuncia un abuso sexual deba necesariamente haber relatado antes el hecho a un tercero. Lo relevante reside en que, dentro del concreto cuadro probatorio de esta causa, aquel elemento constituye una diferencia objetiva entre las pruebas disponibles respecto del hecho primero y las existentes en relación con el tercero. En el hecho primero, a la declaración de A. M. V. se agregan una manifestación anterior efectuada a F. M. sobre la misma modalidad de conducta y los intercambios mantenidos directamente con O. J. A.. Respecto del concreto episodio del **/**/2022, en cambio, esa particular correspondencia no se encuentra presente.
En igual sentido, la falta de un desarrollo específico de las circunstancias del supuesto tocamiento durante el debate y la ausencia de otros elementos referidos concretamente a ese episodio impiden superar el umbral de duda que subsiste en torno a su materialidad y autoría.
Debe aclararse que esta conclusión tampoco supone establecer que los hechos dos y tres no hayan ocurrido. El proceso penal no exige al Tribunal determinar que un acontecimiento no sucedió, sino establecer si, a partir de la prueba válidamente incorporada, puede afirmarse su existencia y atribución al acusado con el grado de convicción requerido para una sentencia condenatoria.
La perspectiva de género desde la cual corresponde valorar la prueba no modifica esta exigencia, pues la misma no permite prescindir de la necesidad de realizar un examen objetivo y cuidadoso de cada uno de los hechos imputados ni transformarse en premisa apta para suplir aquello que la prueba producida no permite demostrar con certeza. En consecuencia, mientras respecto del hecho uno el conjunto probatorio permite superar el estado de duda razonable, ello no ocurre respecto de los hechos dos y tres.
Por todo lo expuesto, considero acreditadas, con el grado de certeza exigible, la materialidad del HECHO UNO y la intervención de J. Andrés O. J. A. en su comisión, por lo que al no haberse acreditado causales de exculpación o justificación deberá responder penalmente.
En cambio, respecto de los HECHOS DOS Y TRES, el material probatorio reunido no permite alcanzar el mismo grado de certeza acerca de su materialidad y atribución al nombrado, subsistiendo respecto de ambos un estado de duda que deberá ser considerado al momento de adoptar el pronunciamiento correspondiente.
Así voto.
Al respecto, el Dr. Jorge Daniel Yance dijo:
Corresponde destacar que los hechos aquí investigados se enmarcan en situaciones de violencia de género cometidas contra una mujer, respecto de las cuales el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales tendientes a su prevención, sanción y erradicación. En lo que se refiere a la condición de mujer, la Convención de Belém do Pará introduce como principio rector el abordaje jurídico de estos casos bajo una perspectiva de género, constituyéndose en un parámetro de valoración ineludible de la sana crítica racional con la que el órgano decisor debe abordar el análisis conjunto, armónico e integral del plexo conviccional recogido por la instrucción.
En consecuencia, los operadores judiciales nos encontramos compelidos a incorporar la perspectiva de género como pauta interpretativa, en atención a las particulares condiciones de vulnerabilidad que atraviesan dichas víctimas dentro del proceso judicial.
Pero ello no constituye una facultad discrecional de quienes tenemos la obligación de juzgar, sino un mandato imperativo que emana del bloque de constitucionalidad y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino. Juzgar con esta visión implica reconocer que los delitos de integridad sexual no ocurren en el vacío, sino en un contexto de asimetría de poder y patrones socioculturales que históricamente han subordinado a la mujer.
Ahora bien, la incorporación de la perspectiva de género como pauta de valoración no implica una flexibilización del estándar de prueba exigido para dictar una sentencia condenatoria ni una inversión de la carga probatoria.
Su función consiste en evitar interpretaciones sustentadas en estereotipos o prejuicios acerca de cómo deben comportarse las víctimas de violencia sexual, permitiendo valorar la prueba producida conforme a las particularidades que presentan este tipo de hechos y a los contextos en los que habitualmente se desarrollan.
Adoptar este enfoque permite identificar las barreras estructurales que enfrentan las víctimas para develar el abuso -tales como el miedo, la dependencia emocional o el rol del agresor en la comunidad- y exige que la valoración de la prueba se realice libre de estereotipos, garantizando que el estándar de la "sana crítica racional" se nutra de una comprensión integral de la violencia de género, a fin de evitar la victimización secundaria y asegurar un acceso efectivo a la justicia. Sentados los parámetros para el análisis de la prueba, en primer lugar corresponde señalar que adhiero a las conclusiones arribadas por la presidencia en cuanto a los hechos dos y tres, en la cual sostiene la absolución de J. O. J. A.. No obstante, respecto al hecho identificado como "Uno", difiero en su valoración y en consecuencia en la conclusión arribada, ello conforme a los argumentos que a continuación expondré. El hecho uno, tal como fue intimado por el Ministerio Público Fiscal, describe un episodio único, acotado y temporalmente preciso, a saber: "...en fecha y horario indeterminado pero comprendido en el mes de **/2021, en circunstancias en que el imputado se encontraba en el interior de su domicilio sito en Bº Santa Cruz, Mzna. 6 Lote 1 en la esquina de calles 33 y 46 de esta ciudad, junto a su ex pareja, A. M. V. Micaela A. M. V. (con quien mantuvo una relación amorosa en forma previa a esa fecha y fruto de esa unión poseen una hija en común A. A. O. V. Ortega Velázquez); quien permanecía en ese domicilio en forma provisoria debido a un tratamiento que estaban realizándole a la niña A. A. O. V.; el Sr. O. J. A. abusó sexualmente de A. M. V. Micaela A. M. V. mientras ella se encontraba durmiendo accediéndola carnalmente sin protección, cesando su accionar al despertar la nombrada y pedirle que saliera…".
Cabe destacar que del hecho imputado surge que se materializó mientras la damnificada se encontraba en su cama durmiendo, que no contó con el consentimiento expreso de ella para el acto sexual, al tiempo que no se desprende ningún tipo de violencia física, inmovilización o sujeción por parte del imputado. Claramente del hecho imputado se desprende que apenas el imputado tomó conocimiento expreso de la negativa de la damnificada de consentir el acto sexual, éste cesó en su accionar.
Sobre este hecho, el imputado tuvo oportunidad de defenderse, y el mismo se desprende del relato que la damnificada expresara ante la Comisaría de la Mujer. En esa oportunidad luego de describir la relación prolongada y conflictiva con el imputado, afirmó "...el año pasado, tuve que apersonarse al hospital regional debido a una infección urinaria, la cual se me provocó debido a que yo mientras dormía, éste mantenía relaciones sexuales conmigo, dándome cuenta de este tipo de situaciones una vez que me desperté y lo tenía a J. encima mío penetrándome…" (fs. 10/12).
Posteriormente ante personal de la Oficina de Violencia Doméstica agregó "...En septiembre del año pasado caí al hospital por una infección vaginal pero yo no había tenido relaciones con nadie. Y me di cuenta que en ese tiempo, en **/2021, estuve durmiendo en su casa por un tratamiento de mi hija. Yo estuve durmiendo en la otra cama y me desperté y sentí que me estaba penetrando, le pedí que se salga y me volví a dormir. Al día siguiente agarré mis cosas y me fui. No recuerdo bien lo que pasó porque tuve el sueño pesado. Tampoco lo denuncié pero sí le dije que me molestó lo que hizo, estuve una semana sin hablarle…".
A. M. V. aclaró que todo era psicológico, que nunca la amenazó ni sufrió agresiones físicas por parte del imputado, no obstante afirmó haber padecido violencia física con una anterior pareja a la cual la denunció en la OVD. Asimismo, del informe de valoración de riesgo surge del apartado "características de la persona denunciante al momento de la entrevista en relación al discurso" que "...a lo largo de la entrevista el discurso de la persona denunciante se presenta confuso, con algunas contradicciones en relación a su posicionamiento en relación al denunciando…" (pág. 8).
Al prestar declaración testimonial en la audiencia de debate y juicio, hizo referencia al vínculo asimétrico que mantenía con el imputado, no solo por el género sino también por la gran diferencia etaria -casi diez años de diferencia-, por no contar con el acompañamiento de su familia durante el embarazo de su hija, no tener posibilidades de contraer empleo por ser menor de edad, celos, la circunstancia de mantener reposo durante el embarazo y de que su hija padezca asma, no manejar dinero al principio de la maternidad, sin perjuicio de ello con posterioridad pudo administrar la asignación universal por hijo, haber mantenido una relación violenta con una pareja posterior al imputado, al cual denunció y sobre el que solicitó medidas de restricción. Lo que da el contexto de sometimiento, vulnerabilidad, acoso, violencia económica y psicológica en el cual se desarrollaron los hechos investigados.
Luego describió al menos tres episodios de abuso sexual con acceso carnal. El primero de ellos lo situó en el año FECHA_17, mientras estaba cursando su segundo embarazo, expresó que O. J. A. llegó a la vivienda en estado de ebriedad, quería tener relaciones, la tiró al piso, ella le dijo que no, que no quería tener problemas con el embarazo, y se refirió a tener algún tipo de infección urinaria. Pero continuó igual, cuando finalizó se acostó a dormir. Al otro día hablaron, le pidió perdón y ella "...lo dejé pasar…". Este hecho no se adecua al hecho identificado como "Uno" ya que lo consigna en un espacio temporal distinto. El segundo hecho, afirma qué sucedió cuando O. J. A. se enteró que ella había estado con otra persona y se enojó. Ella se durmió, cuando se despertó el imputado estaba encima de ella y le dijo que él "...lo hacía mejor, para qué iba a estar con otra persona… y como siempre cada vez que lo hacía ponía su pierna sobre mi pierna para que no pueda moverme. Me enojé, agarré mis cosas y me fui a casa…". Este hecho tampoco de adecua al imputado, ya que menciona haber ejercido fuerza física para someterla con sus piernas y afirma haberse retirado de la vivienda inmediatamente después.
Difiero de la valoración realizada por mi preopinante respecto a este extremo vertido por la damnificada, ya que el mismo no encuentra sustento en el relato original de la damnificada sobre el episodio de FECHA_12 -donde no refirió que el imputado haya ejercido fuerza física sobre ella, sino únicamente haber pedido verbalmente que se detuviera al despertar-, sino que parece corresponder, antes bien, a los episodios adicionales y distintos descriptos recién en el debate.
El tercer hecho que describe sucedió en la casa del imputado, ella estaba durmiendo, su hija había salido de alta de una internación, su bebé estaba llorando "...yo me quería despertar, no podía despertarme, él estaba arriba mío, me dormí…". Expresó que al otro día se enojó con él porque había tenido una infección urinaria y esta situación provocó que vaya otra vez por sangrado.
Este suceso guarda relación con el hecho imputado, ya que no señala el ejercicio de ningún tipo de violencia o condicionamiento físico, que luego se quedó dormida y que como consecuencia del mismo padeció una infección urinaria con sangrado.
En este tipo de investigaciones, es imprescindible contar, además de la declaración de la víctima, con elementos de corroboración periférica. J. D. C., en su publicación "Valoración de la prueba en casos de violencia de género" señaló "...En cuanto a las investigaciones de violencia sexual, una mínima corroboración periférica con datos de otra procedencia como ser inspecciones oculares, informes médicos o psicológicos puede ser determinante…" (Di Corleto Julieta, valoración de la prueba en casos de violencia de género, en "Garantías Constitucionales en el enjuiciamiento penal" Ediciones del sur, año 2018, pág. 595).
En primer lugar contamos con elementos destinados a acreditar la existencia o no de la infección urinaria a la que la damnificada relacionó con el abuso sexual con acceso carnal. La médica forense, Dra. Contreras indicó diversos factores de riesgo para desarrollar este tipo de infecciones, como ser: "...anatomia del aparato urinario femenino, menopausia, uso de dispositivos como diafragmas para anticoncepción, relaciones sexuales, nueva pareja sexual, malformaciones urinarias, calculos urinarios, alteraciones del sistema inmunitario…, uso de cateter en vías urinarias, procedimientos diagnósticos o quirúrgicos…".
El informe médico forense señala una multiplicidad de factores y circunstancias que pueden desarrollar la infección mencionada por A. M. V., sin establecer una relación causal directa y necesaria entre la infección urinaria y un hecho de naturaleza sexual.
Asimismo de la documentación remitida por el HRRG glosada a fs. 61/63, no surge que la damnificada haya recibido atención durante el mes de FECHA_12, período en el cual habría presentado la infección urinaria referida. Por otra parte, aún cuando surgen consultas médicas realizadas en FECHA_9 y hacia fines de FECHA_18, la documentación acompañada no consigna el motivo de aquellas, ni contienen información relativa a un diagnóstico o al tratamiento eventualmente indicado.
En tales condiciones, la prueba documental y pericial médica incorporada no aporta elementos objetivos que permitan corroborar la existencia de la afección invocada por A. M. V. ni establecer su vinculación con el abuso sexual denunciado, por lo que los dichos de la damnificada, en este aspecto puntual, carecen de corroboración probatoria independiente.
A ello debe sumarse que el informe pericial del Lic. Damián Ricardo refiere la existencia de indicadores compatibles con estrés postraumático, pero los vincula de modo genérico "...como secuela de los hechos de autos y el contexto general de la relación…" (fs. 52 vta.), lo cual no permite discriminar si la sintomatología observada responde al episodio de FECHA_12, a los restantes episodios narrados en el debate (que no forman parte del hecho imputado), al prolongado contexto de hostigamiento, celos y control económico extensamente documentado, o incluso a la violencia sufrida por la damnificada en una relación posterior y ajena al imputado (cuando su ex pareja, padre a su segundo hijo, la quiso ahorcar afuera del colegio).
La madre de la damnificada, M. V. M. M. B. F. N. M., refirió que se siente entre la espada y la pared, por el afecto que siente por su hija y por el padre de su nieta, al tiempo que agregó que las experiencias posteriores en sus relaciones de pareja la habían dejado en situación de vulnerabilidad, circunscribiendo las secuelas de su hija, a relaciones posteriores a las mantenidas con el imputado, concretamente se refirió a F. M., con quien mantuvo una relación mala y tóxica. De este modo, la propia testigo situó el origen o, cuanto menos, una circunstancia significativa del estado de vulnerabilidad de A. M. V. en un contexto relacional posterior y distinto de los hechos aquí investigados, descartando una relación causal directa entre el estado de vulnerabilidad de su hija y los hechos imputados a O. J. A.. Cabe destacar que el testimonio de F. M., valorado por el MPF como elemento de corroboración del hecho uno, exige, a mi juicio, una precisión que no surge del alegato desarrollado por la Fiscalía. Si bien su declaración puede adquirir relevancia para ilustrar el contexto de conflictividad existente entre A. M. V. y el imputado O. J. A., consideró que no resulta suficiente para corroborar, de manera específica, el episodio puntual que constituye el objeto de la acusación.
En efecto, F. M. es testigo respecto de la dinámica relacional que, según manifestó, la propia A. M. V. le habría referido antes de iniciar su relación de pareja con ella. En ese marco, relató que la denunciante le había hablado de situaciones de hostigamiento, control, reclamos relacionados con la cuota alimentaria y, de manera genérica, que O. J. A. mantenía relaciones sexuales con ella mientras se encontraba dormida. Estos dichos pueden ser valorados como una referencia indirecta acerca del contexto conflictivo de la relación y de la percepción que la propia denunciante tenía respecto del vínculo. Desde esa perspectiva, su testimonio puede constituir un elemento contextual, en tanto permite conocer determinadas características que, según la denunciante, presentaba aquella relación.
Sin embargo, considero necesario distinguir ese valor contextual de la pretendida corroboración del hecho uno. El episodio que aquí debe ser objeto de análisis no es la conflictividad general de la pareja, sino un hecho determinado, situado temporalmente y descripto en circunstancias concretas, respecto del cual corresponde establecer si la prueba producida permite alcanzar el grado de certeza requerido para una sentencia condenatoria.
Desde esa perspectiva, advierto que F. M. no manifestó que A. M. V. le hubiera relatado específicamente el episodio atribuido al imputado en FECHA_12. Tampoco indicó que la denunciante le hubiera proporcionado circunstancias que permitieran individualizar ese acontecimiento, tales como la fecha, el lugar concreto, las personas que se encontraban presentes o alguna otra particularidad que permitiera distinguirlo de otros episodios eventualmente ocurridos durante la relación.
Esta circunstancia adquiere especial relevancia porque el testimonio de F. M. no permite realizar una conexión temporal, espacial o circunstancial entre aquello que la denunciante le habría contado y el episodio concreto que se encuentra sometido a juzgamiento. Por ello, considero que no resulta posible utilizar su declaración para completar o suplir aquellas deficiencias de corroboración que pudieran existir respecto del hecho específico.
No desconozco que, en determinadas investigaciones vinculadas con hechos de violencia de género, los testimonios de oídas pueden adquirir valor probatorio cuando permiten reconstruir el contexto de violencia, especialmente cuando se encuentran acompañados por otros elementos de convicción que les otorgan respaldo. Sin embargo, una cosa es utilizar un testimonio indirecto para acreditar la existencia de un determinado contexto relacional y otra sustancialmente distinta es utilizarlo para tener por demostrado un episodio concreto cuya existencia requiere una corroboración específica.
En el caso, la existencia de una relación conflictiva entre A. M. V. y O. J. A. no parece constituir un extremo controvertido. Incluso de las propias manifestaciones del imputado surge que existieron dificultades y conflictos dentro de la relación. Por esa razón, la declaración de F. M. posee un limitado rendimiento probatorio adicional en cuanto a ese aspecto, pero no alcanza, por sí sola, para demostrar que el episodio específico objeto de acusación efectivamente ocurrió en los términos sostenidos por la denunciante.
En definitiva, considero que debe evitarse la confusión entre dos planos probatorios diferentes: por un lado, el testimonio de F. M. como referencia indirecta respecto del contexto general de conflictividad de la relación y, por otro, su eventual utilización como corroboración del hecho puntual atribuido al imputado. Mientras que en el primer plano su declaración puede ser valorada, en el segundo carece de la precisión necesaria para establecer un vínculo concreto con el episodio juzgado. A mi entender, otorgarle a ese testimonio un alcance mayor implicaría utilizar una referencia general sobre la dinámica de la relación para suplir la ausencia de una corroboración específica respecto de un hecho determinado. Esa operación probatoria no resulta compatible con el estándar de certeza exigible para una sentencia condenatoria, pues la acreditación del contexto no puede confundirse con la demostración del hecho concreto que integra la acusación.
No puedo dejar de señalar, en el mismo orden de ideas desarrollado en el punto precedente, una objeción de carácter técnico-procesal que incide directamente sobre el valor que corresponde asignar a las capturas de pantalla obrantes a fs. 13/17, elemento que la fiscalía invoca como "prueba objetiva" de los dichos de la víctima y que, a mi criterio, no reúne las condiciones mínimas de fiabilidad probatoria exigibles para sustentar, por sí solo, una condena.
La doctrina especializada en prueba informática ha distinguido con claridad entre la prueba electrónica propiamente dicha y su mera representación física: la captura de pantalla impresa o fotografiada no constituye, en rigor, prueba electrónica, sino únicamente "una representación física materializada en soporte papel de un hecho acaecido en el mundo virtual" (R. M., "Prueba de WhatsApp. Desafíos procesales", Revista Jurídica Estudiantil e Interdisciplinaria, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba). La misma doctrina destaca que, ante la informalidad de este tipo de elementos y la amplia disponibilidad de herramientas de edición capaces de alterar o suprimir contenido sin dejar rastro visible, corresponde asignarles únicamente el valor de prueba indiciaria, y no el de prueba plena, mientras no se acompañen de los recaudos técnicos que permitan verificar su autenticidad e integridad.
Esos recaudos técnicos -ampliamente desarrollados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia argentina en la materia- exigen, como estándar mínimo: a) la identificación completa del dispositivo del cual se extrajo la comunicación (marca, modelo, número de IMEI, línea telefónica o cuenta asociada); b) una extracción forense o pericial sobre ese dispositivo, con intervención de personal técnico especializado y posibilidad de control por la defensa, que permita reconstruir la totalidad del intercambio y no solamente los fragmentos seleccionados por una de las partes; y c) la documentación de la cadena de custodia digital desde la obtención hasta su incorporación al debate. En tal sentido, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en un reciente precedente dictado en 2026 -originado, precisamente, en una condena por abuso sexual con acceso carnal agravado-, excluyó dos audios de WhatsApp que la acusación pretendía utilizar como prueba de cargo, por no haberse acreditado su origen, autenticidad ni trazabilidad. El tribunal revisor explicó que, para que este tipo de prueba digital pueda ser válidamente incorporada, resulta necesario preservar el dispositivo del cual se extrae, documentar su identificación técnica, calcular el valor hash de los archivos como garantía de que no fueron modificados, y permitir que la defensa controle cada una de esas operaciones; remarcó asimismo que la sola reproducción del contenido durante la audiencia, o el reconocimiento parcial de su literalidad por las partes, no suple esas falencias. Señaló, finalmente, un criterio de particular relevancia para el caso que aquí se analiza: frente al cuestionamiento concreto del origen o integridad de un archivo digital por parte de la defensa, no corresponde exigirle a esta que demuestre su falsedad, sino que es quien pretende valerse de esa prueba de cargo quien debe acreditar su autenticidad (Tribunal de Casación Penal, Sala I, Causa N° 146578 (IPP 0800-18629-21), de fecha **/**/2026, caratulada "C. A. M./Recurso de Casación").
En el caso de autos, ninguno de esos recaudos fue satisfecho. Las capturas incorporadas a fs. 13/17 constituyen fragmentos aislados, seleccionados y aportados unilateralmente por la propia denunciante, sin que se haya dispuesto en ningún momento del proceso -ni al momento en que la autoridad policial tomó conocimiento de la denuncia, ni posteriormente por el Juzgado de Instrucción al recibir el sumario- el secuestro del dispositivo móvil, la identificación técnica del equipo o la cuenta de origen, ni la realización de una pericia informática o una constatación policial especializada sobre la totalidad del chat mantenido entre las partes.
Esta omisión, que pesa sobre la instrucción y no sobre el imputado, impide verificar con certeza si las capturas incorporadas reflejan la integralidad del intercambio comunicacional o si, por el contrario, responden a una selección parcial que pudo haber excluido mensajes de contexto relevantes para la correcta interpretación de los términos empleados.
Asimismo cabe destacar que las capturas de pantallas analizadas y aportadas por la damnificada, no constituyen un registro completo ni continuo de la conversación mantenida con el imputado. Por el contrario, se advierte la existencia de saltos temporales y el faltante de determinados mensajes -o, cuanto menos, de fragmentos de aquellos intercambios-, circunstancias que impiden reconstruir de manera íntegra el tenor, contexto y desarrollo de la comunicación entre ambos. Esta falencia adquiere particular trascendencia si se repara en que el MPF reconoce que el contenido de dichas capturas fue reconocido tanto por la propia A. M. V. como por el imputado únicamente en cuanto a su literalidad, pero omite considerar que O. J. A. sostuvo, sin que ello fuera descartado por ningún elemento objetivo adicional, que las conversaciones se encontraban fuera de contexto. Conforme el estándar reseñado, era la parte acusadora -y no la defensa- quien debía acreditar que esas capturas reflejaban la totalidad y la autenticidad del intercambio; al no haberlo hecho, ese extremo defensivo no puede descartarse sobre la base de una presunción en contra del imputado, sino que debe computarse, antes bien, como una insuficiencia probatoria adicional que refuerza el estado de duda ya desarrollado en los puntos precedentes.
Cabe destacar, asimismo, que esta deficiencia es plenamente asimilable, en su naturaleza, a las falencias de la instrucción ya señaladas respecto de los hechos dos y tres (ausencia de diligencias tendientes a verificar la existencia y autoría de las fotografías): se trata, en los tres casos, de prueba potencialmente dirimente que la autoridad policial o judicial tuvo a su alcance de producir en tiempo oportuno y que, por su omisión, no puede ser utilizada en perjuicio del imputado para suplir, por vía de una valoración de fragmentos de una conversación, la certeza que la causa en su conjunto no logra alcanzar.
Por todo ello, las capturas de pantalla de fs. 13/17, antes que constituir un elemento de corroboración objetiva en los términos postulados por la Fiscalía, deben ser valoradas con las prevenciones propias de un medio de prueba no verificado en su integridad y autenticidad por los canales técnicos correspondientes, careciendo de entidad suficiente, por sí solas, para despejar la duda que las restantes insuficiencias probatorias generan sobre el hecho uno.
En suma en base a todos los elementos valorados precedentemente considero que el caudal probatorio impide alcanzar el grado de certeza requerido en esta instancia procesal.
No desconozco que esta Cámara ha reconocido, en consonancia con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia provincial, que la declaración de la víctima en delitos contra la integridad sexual posee un valor reforzado, en atención al ámbito de clandestinidad en que estos hechos suelen perpetrarse. En contreto el TSJ estable "...el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual... alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima atenta contra una regla de la experiencia común, como es que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales..." (Cf. TSJ Santa Cruz, "NJA", **/**/2008). Ese estándar, sin embargo, no opera de manera automática, sino que exige una ponderación fundada en las circunstancias del caso concreto. Recordemos que en el primer relato efectuado ante la Comisaría de la Mujer y la OVD, A. M. V. afirmó no recordar mayores detalles porque se durmió. La coexistencia de un relato original impreciso y reconocido como tal por la propia denunciante, una ampliación sustancial de los hechos narrados recién en el debate que no se corresponde con la plataforma fáctica acusada, y la ausencia de toda corroboración periférica específica referida al episodio de FECHA_12, impide alcanzar el grado de certeza exigido para desvirtuar el estado de inocencia que ampara a O. J. A. respecto del hecho uno.
El principio de inocencia exige certeza sobre la responsabilidad penal del imputado, la cual en este caso no ha sido alcanzada. Por ello, aún cuando la prueba permite afirmar que existió una situación conflictiva entre ambos, no autoriza a reconstruir con certeza la totalidad de la plataforma fáctica sostenida por la acusación.
En consecuencia, la duda subsistente debe ser resuelta en favor del imputado, ello de conformidad con el principio de inocencia y la regla del in dubio pro reo.
En consecuencia, la duda subsistente debe resolverse a su favor, de conformidad con el principio de inocencia y la regla del in dubio pro reo (art. 4 del CPP).
Así lo voto.
La Dra. Florencia Moreira (subrogante) adhiere al voto de presidencia. SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Que calificación legal corresponde otorgar al hecho acreditado y cual es la responsabilidad penal que le cabe al imputado?
A la segunda cuestión, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
Corresponde abordar en esta segunda cuestión la calificación legal de los hechos acreditados. Al respecto, la representante del Ministerio Público Fiscal calificó jurídicamente el accionar del imputado en el hecho uno como constitutivo del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119 primer y tercer párrafo del Código Penal).
No quedan dudas que el accionar desplegado por el imputado es compatible con la calificación legal propuesta en la acusación final, por lo cual O. J. A. deberá responder por el delito de abuso sexual con acceso carnal conforme lo dispuesto en el art. 119 primer y tercer párrafo del Código Penal.
El delito de abuso sexual, en cualquiera de sus modalidades, requiere la ausencia de consentimiento del sujeto pasivo para llevar a cabo el acto sexual.
Dicho extremo fue acreditado en el debate con el plexo probatorio reunido, dado que la víctima se despierta con el imputado accediéndola carnalmente, introduciendo su pene en la vagina de la damnificada, afectando de este modo la integridad sexual de A. M. V.. Si bien la víctima intentó oponer resistencia durante la ejecución del hecho, lo cierto es que al momento de abordarla, O. J. A. tenía conocimiento de la circunstancias en la que se hallaba la víctima, sin posibilidad de consentir libremente la acción.
En este aspecto, se ha dicho que “...El dolo en esta clase de delitos se basta con la conciencia y voluntad de tener acceso carnal opuesto a la voluntad de la víctima o careciendo de un consentimiento válido de parte de ella para llevar a cabo ese acto sexual…y para los supuestos agravados, la conciencia del alcance dañoso mayor que genera la conducta o de las demás circunstancias contempladas en cada caso…”. (Villada, Jorge Luis; Delitos Sexuales y trata de personas; Buenos Aires, La Ley, 2021, pág. 254).
Por ello, han quedado debidamente acreditados en autos, los elementos objetivos y subjetivos del tipo abuso sexual con acceso carnal previsto y reprimido en el art. 119 primer y tercer párrafo del Código Penal. Así lo voto.
Al respecto el Dr. Yance dijo:
Atento a las conclusiones arribadas en el apartado precedente, no corresponde expedirme sobre este extremo.
Así lo voto.
La Dra. Florencia Moreira (subrogante) adhiere al voto de presidencia. TERCERA CUESTIÓN: Finalmente, ¿Que pronunciamiento corresponde adoptar y que sanción corresponde imponer?
A la tercera cuestión, la Dra. María Alejandra Vila expresó: En su acusación final, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó se condene al imputado O. J. A. a la pena de siete (7) años de prisión de cumplimiento efectivo más las costas del proceso y la inscripción en el registro respectivo. Sintéticamente, la Fiscalía fundamentó su pretensión punitiva valorando las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, circunstancias agravantes la naturaleza del hecho típico, por tratarse de un delito contra la integridad sexual, el aprovechamiento por parte de O. J. A. de la situación de confianza y de la asimetría de poder, bajo la apariencia de prestarle ayuda, para arremeter contra la integridad sexual de A. M. V.; la fragilidad de la víctima, de la que entendió que se había aprovechado; la modalidad en que fue sometida, mediante un hostigamiento constante, incluso mientras se encontraba acostada con sus hijos, cuidándolos; y la humillación que, a su criterio, implicaba expresarle: “Haceme el favorcito y te pago la cuota alimentaria”.
Como circunstancias atenuantes, valoró la carencia de antecedentes penales del nombrado y que hubiera permanecido a derecho a lo largo de todo el proceso.
Por su parte, la defensa técnica no rebatió puntualmente los criterios de mensuración de la pena, limitándose a solicitar la absolución por orfandad probatoria o, subsidiariamente, la subsunción en la figura de abuso sexual simple, sin merituar atenuantes ni agravantes.
Fijado el límite de la pretensión punitiva y atendiendo a los argumentos expuestos por la Fiscalía, se ingresará seguidamente en el análisis de la determinación judicial de la pena a imponer.
En esta senda, la calificación legal asignada y la participación del imputado en calidad de autor determinan el marco punitivo, y su límite máximo es el monto de pena requerido por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, debe tenerse en cuenta la forma en que se resolvió la primera cuestión respecto de los hechos dos y tres. Luego, corresponde individualizar la pena justa a imponer analizando el grado de reprochabilidad de la conducta, todo ello conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Sobre estas bases, e ingresando a la valoración de las circunstancias agravantes, ha de ponderarse el mayor grado de intensidad del accionar desplegado por el imputado, al perpetrar el hecho sin usar métodos de protección profiláctica, exponiendo a la víctima al riesgo de contagio de diversas enfermedades de transmisión sexual.
demostrando con esta conducta una absoluta desconsideración hacia la integridad psíquica de la víctima.
Asimismo, corresponde computar como pauta de mayor reproche la extensión del daño causado, evidenciada en el aprovechamiento de la fragilidad psíquica de la víctima y la sintomatología traumática concomitante, verificada en la pericia psicológica con el impacto consecuente en su historia vital.
Asimismo, deben tenerse en cuenta los resultados del informe socio económico ambiental de los que surge que el imputado nació hace treinta y cuatro años en la ciudad de Salta, cuenta con estudios secundarios incompletos, trabaja en la Metalurgica Maldonado. A ello se suma la ausencia de antecedentes penales.
Todas estas circunstancias llevan a considerar que, una sanción proporcional que atienda las condiciones personales del imputado pero a la vez que sea, en cierta forma, reparadora del daño causado por los delitos imputados es la de seis (6) años de prisión de cumplimiento efectivo los que serán apropiados para que el encartado adquiera conciencia de la ilicitud de su conducta, del daño que ocasionó y adopte una actitud positiva para renunciar a la comisión de nuevos delitos; en su mérito, deberá disponerse su inmediata detención y posterior alojamiento en la dependencia penitenciaria adecuada.
Así, el tiempo y modalidad de cumplimiento de la pena seleccionada se corresponde con la finalidad prevista en la Ley N° 24.660, más precisamente en el art. 1, donde se establece que "...La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad…". Deberá el condenado, además, afrontar el pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3º del CP).
Finalmente, en virtud de la conclusión a la que se arribara en la primera cuestión, entiendo que corresponde absolver a O. J. A., en orden al delito de Abuso sexual simple (dos hechos), previsto y reprimido por el Artículo 119, primer párrafo del Código Penal. (Hechos identificados como Dos y Tres).
Además, deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (ReCoDIS - Ley provincial Nº 3659), dependientes de la Dirección General de Policía en Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz.
Finalmente, deberá ponerse en conocimiento de la damnificada el resultado de la presente, ello conforme las normas del Código Procesal Penal, de la Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos) que establece la facultad de ser oída durante la ejecución de la pena por el juez o tribunal de ejecución cuando se sustancien trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación), conforme lo establece la ley 24660. Así lo voto.
Al respecto el Dr. Yance dijo:
Es por todo lo expuesto que, frente a la ausencia de la acreditación de parte de los hechos imputados por los que fuera formalmente acusado O. J. A., corresponde absolverlo en orden a los delitos de "abuso sexual con acceso carnal (hecho uno), abuso sexual simple dos hechos (hechos dos y tres) todos en concurso real entre si" (arts. 45,55, 119 1er y 2er párr. CP) por aplicación del beneficio de la duda (art. 4 del CPP). Así lo voto.
La Dra. Florencia Moreira (subrogante) adhiere al voto de presidencia. En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 4, 379, 381, 382, 383 y 386 del Código Procesal Penal, por mayoría de votos, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a O. J. A. de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 45, 119 primer y tercer párrafo del Código Penal), y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del Código Penal).
2. ORDENAR la inmediata DETENCIÓN de J. ANDRÉS O. J. A. y su alojamiento en la dependencia del Servicio Penitenciario adecuada a sus características.
3. ABSOLVER A O. J. A., de demas circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de abuso sexual simple -dos hechos- hechos dos y tres (arts. 45, 119 primer párrafo del Código Penal).
4. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (ReCoDIS), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3659.
5. HACER SABER a la víctima del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y el artículo 5 inciso "i" de la Ley 27.372 y CONSULTAR si desea ser informada sobre los trámites que se sustancias sobre la progresividad de la penal, según la Ley 24.660.
6. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE, COMUNÍQUESE, fecho y una vez firme, REMÍTASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos. Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Yance - juez- Dra. Florencia Moreira - jueza subrogante- ante la Dra. Gabriela Mansilla - secretaria-.
Fin de la sentencia