Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a R. J. de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (reiterado) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en calidad de autor”, previsto y reprimido por los arts. 45, 55 y 119 1er, 2do, 3er y 4to párrafo inc. f) del Código Penal, y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del Código Penal).
2Ordenar la inmediata detención de R. J. y su posterior alojamiento en la dependencia policial y/o penitenciaria que corresponda; informando lo dispuesto a las autoridades correspondientes.
3INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (ReCoDIS), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3659.
4Hacer SABER a N. B. R., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal, 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos y 11 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad, CONSULTAR a la nombrada si desea ser informada durante la ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad …
LIBRO: CIV REGISTRO: 3534 FOLIO: 050/077
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Carlos Enrique Arenillas, Secretaría a cargo Dra. Gabriela Mansilla a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "R. J. S/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR LA CONVIVENCIA (REITERADO) EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA CONVIVENCIA (REITERADO)" Expte. Nº 6597/20, y resolver la situación procesal de R. J., de apellido materno C., sin sobrenombres ni apodos, de nacionalidad argentina, nacido el **/**/1966 en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hijo de J. J. y de P. A., de estado civil viudo, instruido, jubilado municipal, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, con domicilio xxxxxxxx N° *** , de esta ciudad, quien se encuentra asistido por la Defensa Particular de los Dres. Matías Solano y Rodrigo Marín, en tanto la acusación está a cargo de la titular de la Fiscalía de Cámara, Dra. María Verónica Zuvic; de los que
Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 167/172, en el cual se le atribuye a R. J. “...que en fecha indeterminada pero aproximadamente dentro del período comprendido entre los años 2005 a 2008, en el domicilio sito en xxxxxx N° *** , en el cual residía junto a su pareja N. A. y las hijas de ésta menores de edad, habría abusado sexualmente de una de ellas, de nombre N. B. R.. Estos abusos se habrían materializado cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años de edad. Primeramente consistieron en tocamientos en la zona de la vagina y de los pechos, por encima y por debajo de la ropa, al tiempo que le decía que "quería debutar" con la menor, o que quería "que hagan el amor". Luego, aproximadamente a los doce años de la menor, comenzó a introducirle los dedos en la vagina y a penetrarla vía vaginal. Mientras materializaba los abusos obligaba a la menor a mirar videos de contenido pornográfico, instándola a que le practicara al compareciente lo que observaba en los videos, específicamente que le practique sexo oral, y ante la negativa de la menor la agredía físicamente tomándola de los cabellos. Finalizados los abusos instaba a la menor a guardar silencio sobre lo ocurrido bajo amenazas diciéndole que la iba a matar, o qué le diría a la madre de la niña que era ella la que "lo buscaba". Estos hechos se materializaban de manera reiterada, sin utilizar preservativos, y eyaculando sobre el cuerpo de la menor. Finalmente, cuando la menor alcanzará los 14 años de edad aproximadamente, ante la negativa de la misma y al tener mayor resistencia física para repeler las agresiones sexuales, estos episodios cesaron. No obstante lo cual continuó amenazándola diciéndole que la iba a matar para que la misma guardara silencio…”.
Oportunamente, el Ministerio Público Fiscal calificó jurídicamente la conducta atribuida al imputado como constitutiva del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (reiterado) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia (reiterado)”, previsto y reprimido por los arts. 45, 55, 119, 2º y 3º párrafo apartado f) del Código Penal.
Iniciada la audiencia, la Presidencia dispuso que Secretaría informará acerca de los efectos secuestrados disponibles para su exhibición, la presencia de las partes y la comparecencia de los testigos citados. La Secretaría informó que no se habían secuestrado efectos y que se habían recibido las actuaciones provenientes del Juzgado de Familia requeridas por la Defensa, las que quedaron a disposición de las partes para su examen. Asimismo, informó quiénes habían comparecido a prestar declaración y, respecto de la testigo N. A., indicó que había fallecido.
Ante lo informado, la Presidencia consultó a la representante del Ministerio Público Fiscal respecto de la situación de la testigo N. A., cuyo deceso había sido informado. En dicha oportunidad, la Fiscal solicitó la incorporación por lectura de las constancias obrantes a fs. 69/71. La Defensa manifestó no tener objeciones, por lo que se dispuso su incorporación por lectura.
Luego, la Presidencia realizó el interrogatorio de identificación del acusado y le indicó que debía permanecer atento a cuanto observara y escuchara durante la audiencia. Le informó que, mediante la lectura del requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal, tomaría conocimiento del hecho imputado, de la prueba invocada en su contra y de la calificación legal propuesta. También le hizo saber que podría dialogar con su defensa durante el debate, salvo mientras prestara declaración o antes de responder las preguntas que se le formularan.
Acto seguido, se ordenó la lectura de la requisitoria fiscal de fs. 167/172, con omisión de sus citas doctrinarias y jurisprudenciales, lo que se cumplió en voz alta.
Declarado abierto el debate, se autorizó a las partes a dejar constancia directa de las incidencias que estimaran pertinentes en resguardo de sus derechos. Concedida la palabra, por su orden, sobre la existencia de cuestiones preliminares, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó no tener planteos que efectuar. Por su parte, la Defensa solicitó que se incorpore por lectura el expediente remitido por el Juzgado de Familia. La Fiscalía no presentó objeciones al respecto, en consecuencia, se dispuso la incorporación por lectura de las constancias referidas.
Seguidamente, la Presidencia hizo saber al procesado en voz alta las garantías de los arts. 279 y ss., 361 y 363 del Código Procesal Penal y, al ser consultado sobre su voluntad de prestar declaración indagatoria, R. J. prestó conformidad para declarar, comenzando su relato refiriéndose a la relación que mantenía con su esposa, N. A., a quien había conocido en el año 2005. Manifestó que con el tiempo comenzaron a convivir y que en 2006 nació su hija L. Rr.. Detalló que inicialmente se establecieron en una vivienda de la calle DIRECCION_1 - habiéndose conocido cuando ella residía en la calle xxxxxx N° ***- junto a las cuatro hijas de su pareja - L., N., M. y A.- , cuyas edades al momento de conocerlas eran de 11, 10, 7 u 8, y 4 años respectivamente. Sostuvo que el trato hacia todas las jóvenes siempre fue igualitario, sin distinciones ni preferencias, señalando que únicamente L. Rr. lo llamaba "papá".
En cuanto a las rutinas familiares y laborales, señaló que se desempeñaba como administrativo en xxxxxxxxx (ingresando a las 7:00 a. m.), retirándose luego hacia el lugar de trabajo de su esposa para retornar juntos al hogar a las 16:00. Explicó que las hijas asistieron inicialmente a la Escuela N° 1 y a la guardería Belén por la mañana, y que posteriormente realizaron un esfuerzo económico para inscribirlas a todas en el colegio ICEP, a donde su esposa las trasladaba por las mañanas. Mencionó que las jóvenes realizaron allí la escolaridad primaria y secundaria - completando N. B. R. sus estudios en el I4 tras el cierre del ICEP- . Asimismo, señaló que ante dificultades escolares, principalmente en la asignatura de matemáticas, su esposa llevaba a las jóvenes a la casa de su tía, S. A. -profesora- y su esposo J. O., para recibir apoyo escolar.
En cuanto a la vivienda y la convivencia, precisó que se trataba de un inmueble pequeño, compuesto por dos habitaciones de 2 x 3 metros y un comedor de 3 x 3 metros. Señaló que las cuatro hijas dormían en una cama cucheta y que, posteriormente, L. Rr. se incorporó a la habitación, donde dormía junto a L..
Explicó que decidieron retirar las puertas de los dormitorios porque abrían en sentido contrario dificultando el paso y el acceso a las llaves de luz, conservándolas en el galpón hasta el día de hoy. Agregó que entre los años 2017 y 2019 reunieron fondos junto a su esposa mediante la venta de empanadas y locro para edificar una pequeña ampliación, la cual fue finalizando de manera paulatina. Sobre el clima familiar, indicó que existían discusiones habituales entre hermanas que eran corregidas por su esposa mediante llamadas de atención, postura materna que él respaldaba. Asimismo, refirió que a fines de 2024 su esposa sufrió una fractura de fémur en un accidente doméstico en el baño, requiriendo internación hospitalaria hasta **/2025 y la posterior instalación de una cama ortopédica en el comedor. Finalmente, sobre la independencia de las hijas, relató que su esposa instaba a todas las jóvenes a buscar empleo y alquiler al cumplir la mayoría de edad, particularmente sobre N. B. R., recordó los episodios en que la nombrada se retiró del hogar a los 18 años, regresando al hogar tras desavenencias con su pareja, remarcando que la autoridad y toma de decisiones sobre ellas correspondía siempre a su madre. Aclaró que en 2024 se jubiló, en coincidencia con los trámites previsionales de su cónyuge. Al rechazar la imputación formulada en su contra, el imputado aseveró que en la vivienda nunca se encontraba a solas con las jóvenes, existiendo una constante presencia de familiares y conocidos. Atribuyó la denuncia radicada en PAYCAN a una instigación por parte de A. M. (exesposa de su hermano mayor), impulsada por resentimientos al negarse el imputado a intervenir en conflictos familiares ajenos y por falsas expectativas de asistencia económica. Concluyó señalando que, tras ser notificado de la medida cautelar de exclusión y prohibición de acercamiento, debió permanecer temporalmente en hogares de amigos hasta que su esposa le informó que podía regresar. A continuación, se anunció por Presidencia que la prueba sería incorporada conforme al orden conveniente del debate, como autoriza el art. 365 del Código Procesal Penal, en primer lugar la exhibición de los efectos incautados según previsto en el art. 368 del CPP., y a continuación, conforme el art. 375 del CPP, se incorporaron por lectura los siguientes documentos:
Propuestos por el Fiscal: 1) Denuncia judicial de N. B. R. a fs. 1/2 y 6/9 y vta. 2) Informe psicológico psiquiátrico de N. B. R. a fs. 25/27. 3) Copia de DNI de R. J. a fs. 57. 4) Declaración indagatoria a fs. 58/59 y vta. 5) Pericia Psicológica al procesado a fs. 61/62. 6) Informe socio-económico-ambiental, a fs. 165/166. 7) Procesamiento a fs. 104/109. 8) Requisitoria elevación a juicio a fs. 167/172 y vta. 9) Informe de antecedentes policiales de fs. 190; 10) Informe del RNR de fs. 188/189. 11) Informe de los arts. 26 y 41 del CP., de fs. 165/166. 12) Informe psicológico obrante en autos caratulados "DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL DE MENORES Nº DOS S/ MEDIDA CAUTELAR" Expte. Nº 12.533/18 de fs. 64/65.
Propuestos por la defensa: 1) Copia del Expte. "DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL DE MENORES NRO. DOS S/MEDIDA CAUTELAR" Expediente D- ****/18 del Juzgado de Familia Nº DOS (fs. 137/243).
Se incorporó por Instrucción Suplementaria: Propuesto por la Fiscal: Informes actualizados de los antecedentes judiciales provinciales y nacionales de R. J.. Propuesto por la Defensa: 1) Informe de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz: 2) expediente "DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL DE MENORES NRO. DOS S/MEDIDA CAUTELAR" Expediente D- ****/18 remitido ad effectum videndi por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° DOS, Secretaría Nro. DOS; 3) Informe de ONG PAYCAN (Prevenir, Ayudar y Contener a la Niñez).
Posteriormente, depusieron en calidad de testigos N. B. R., R. E. O., A. A. M., L. D. R., S. A., R. P. G., A. C. R., M. I. F.,, Lic. Rubén Dario Fernández, R. R., M. A. R., Lic. Gastón Mendicoa, Lic. Damian Ricardo, L. M. R., L. A. R., Y. E. R. Clausurado el período de producción de pruebas, de conformidad con el artículo 376 del CPP., se invitó a las partes a formular sus alegatos en el orden legal establecido.
En primer término, al expedirse en su alegato final, la representación del Ministerio Público Fiscal sostuvo que se encuentran acabadamente acreditadas la materialidad de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la responsabilidad penal del imputado R. J.. En tal sentido, la Fiscalía circunscribió la acusación en los mismos términos planteados en el requerimiento de elevación a juicio, afirmando que el relato de la víctima se halla respaldado por el conjunto de la prueba producida y que las declaraciones del imputado y de los testigos de la defensa no lograron desvirtuarlo. Asimismo, la acusación repasó el contexto familiar e itinerario habitacional iniciado en el año 2005, momento en que la madre de la joven comenzó su convivencia con el imputado cuando N. B. R. contaba con once (11) años de edad.
En cuanto a la modalidad delictual, la Fiscal detalló que los actos de significación sexual comenzaron tempranamente durante un incendio acontecido en la vivienda de su prima, oportunidad en la que el imputado colocó a la niña sobre sus piernas para efectuar tocamientos genitales y mamarios por debajo de la ropa.
Posteriormente, las agresiones se volvieron cotidianas que por lo general se daba cuando la familia se encontraba en el domicilio, ingresaba a su habitación bajo la excusa de brindarle masajes comenzaban los tocamientos, abarcando la exhibición de material pornográfico, para que luego N. B. R. los simule, expresando que quería debutar con ella y que hicieran el amor. Y a los doce años de edad fue la consumación de abusos sexuales con acceso carnal vaginal y oral, ejecutados sin preservativo y con eyaculación fuera del cuerpo. La Fiscalía Señaló que, si bien tales circunstancias habían sido consignadas en las denuncias, durante la entrevista pudo advertirse que la damnificada no recordaba algunos aspectos y refería presentar “lagunas”. Destacó la importancia de considerar el tiempo transcurrido desde la formulación de la denuncia, al señalar que este tipo de vacíos en el recuerdo puede presentarse en víctimas de esta clase de hechos. No obstante, precisó que la damnificada logró relatar con precisión determinadas circunstancias.
También refirió que el imputado justificó su accionar en la falta de relaciones sexuales con la madre de la menor, valiéndose de premios, tales como golosinas, merengues, y profiriendo amenazas de muerte contra su progenitora, conducta frente a la cual la víctima pudo finalmente establecer un límite a sus catorce años, momento a partir del cual se inició una nueva etapa en su historia signada por episodios de malos tratos y violencia física en el ámbito familiar.
Al respecto, la acusación señaló que, si bien la joven contó inicialmente con el respaldo de su progenitora, dicho acompañamiento se fue desgastando progresivamente debido a la fuerte influencia ejercida por R. J.. Asimismo, la Fiscalía enfatizó que la comisión de los delitos contra la integridad sexual se caracteriza habitualmente por realizarse sin prueba documental ni testigos directos, por lo que el eje central del análisis reside en la veracidad y solidez del testimonio de la denunciante. En ese sentido, destacó que el relato de N. B. R. se mantuvo persistente y coherente ante el juzgado, en el debate oral y frente a la perito interviniente, logrando situar los hechos mediante anclajes vitales claros a través de vivencias y situaciones concretas.
De igual modo, la Fiscal recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que las eventuales imprecisiones en las declaraciones de víctimas de abuso sexual no constituyen una falsedad ni enervan la validez de sus acusaciones. A su vez, ponderó que al momento de revelar los hechos, la joven se los confió a su pareja y al licenciado Fernández - quienes reprodujeron en el proceso el núcleo esencial de sus manifestaciones- , precisando que dicho profesional aportó el marco contextual en el que la víctima le relató lo sucedido a su pareja (O.) y la orientación técnica que le brindó para la posterior radicación de la denuncia. Asimismo, la acusadora pública remarcó lo expuesto por el perito Mendicoa en su informe y resaltó la coincidencia entre la declaración del imputado y la de la madre respecto a las características de la vivienda, como la presencia de un televisor y la inexistencia de puertas en los dormitorios. En respuesta a los planteos defensivos que esgrimían la falta de puertas como un obstáculo insuperable para la comisión de los ilícitos, la representación fiscal sostuvo que dicha circunstancia material no impidió el accionar del imputado, valorando el detalle aportado por la víctima en cuanto a que las agresiones cesaban de inmediato al percibir ruidos o movimientos, razonando que no existiría motivo alguno para inventar pormenores de esa naturaleza si los hechos no hubieran acontecido.
De igual manera, señaló que N. B. R. al cumplir dieciocho (18) años de edad y producirse el develamiento de los hechos, debió abandonar el hogar familiar tras ser expulsada por su progenitora; trasladándose posteriormente, a la provincia de Córdoba para reencontrarse con su padre, para luego independizarse, iniciando su vínculo con O.. En dicho contexto, en el marco de una cena en la que aún mantenían una relación de amistad, la víctima comenzó a relatarle las situaciones padecidas, ante lo cual O. R. le advirtió que tales vivencias no resultaban normales, destacando en el testimonio del nombrado el estado de profunda angustia y llanto desconsolado que ella manifestaba al abordarlas. Asimismo, el testigo señaló el complejo proceso que le demandó a la joven tomar la decisión de formular la denuncia debido a la asimilación y naturalización que mantenía sobre las agresiones - al punto de expresar que no conservaba recuerdos de su infancia ajenos a los abusos sexuales- , motivo por el cual él la impulsó a cuestionar esa percepción y a visibilizar lo sucedido.
Dicho relato coincide plenamente con lo expresado por la propia N. B. R. respecto de la clara conciencia que tenía sobre las graves consecuencias familiares que provocaría la revelación de los hechos. De esta manera, la representación fiscal enfatizó que la radicación de la denuncia no obedeció a un hecho intempestivo, sino a un proceso debidamente trabajado y elaborado por la víctima, quien tras compartir su vivencia con O. R. acudió a consulta psicológica con el Licenciado Fernández, profesional ante el cual logró verbalizar lo padecido y por cuya orientación técnica resolvió finalmente formalizar la denuncia penal.
Dichas consideraciones se ven reforzadas por las conclusiones del Licenciado Mendicoa respecto a la estructura de personalidad de N. B. R., a quien describió como una persona insegura y con un comportamiento sensible al rechazo. En idéntico sentido, la representación fiscal ponderó lo manifestado por el Licenciado Fernández, quien refirió la notoria distancia interpersonal que imponía la joven, circunstancia que captó su atención y lo motivó a indagar sobre dicha conducta.
En cuanto al proceso de develamiento, el Lic. Mendicoa señaló que N. B. R. pudo formular la denuncia cuando logró apartarse del entorno de influencia de su familia materna. Asimismo, la Fiscal precisó que, si bien las hermanas - con excepción de la menor- sostuvieron en el debate que la joven continuaba asistiendo a eventos familiares, su pareja, O. R., resolvió poner fin a dicha concurrencia tras tomar conocimiento de los abusos.
Sobre este aspecto, el Licenciado Mendicoa explicó que tal contexto generaba en la joven un profundo dilema e incertidumbre sobre revelar lo sucedido, particularmente respecto de las consecuencias que ello tendría sobre sus vínculos familiares. En ese marco, identificó el temor a quedarse sola, perder el contacto con sus hermanas o no ser creída como factores que podían dificultar el develamiento.
La Vindicta Pública señaló que este proceso también se desprende de las manifestaciones posteriores de N. B. R., quien convocó a sus hermanas y les relató lo sucedido. También se lo comunicó a su madre, quien, según se refirió, dispuso que el imputado se retirara de la vivienda, sin embargo, posteriormente N. B. R. tomó conocimiento de que ambos habían compartido las fiestas, circunstancia que motivó que le preguntara a su madre qué haría con la denuncia. En cuanto a sus hermanas, indicó que algunas de ellas continuaron asistiendo a reuniones familiares y que, luego del develamiento, manifestaron que N. B. R. había dejado de llamarlas y de preguntarles cómo se encontraban. De ese modo, sus expresiones se centraron en las consecuencias que el distanciamiento había tenido sobre ellas.
Asimismo, la representación fiscal expuso que con el paso de los años las hermanas reanudaron el contacto con la víctima, haciendo referencia a que esta era celosa y sosteniendo que su intención era disolver el núcleo familiar. En tal sentido, la acusadora consideró fundamental destacar que N. B. R. debió atravesar un lapso de nueve años para arribar a la instancia del debate oral - habiéndose fijado el citatorio a juicio en el año 2020- , lo cual evidencia la situación de violencia institucional sufrida por la joven. Sobre este punto, recordó que la víctima llegó a radicar denuncias contra cuatro personas y trajo a colación lo manifestado por la testigo S. A., quien refirió que las acusaciones formuladas contra su pareja y sus hijos quedaron en la nada, constatándose que dichas causas terminaron prescribiendo debido a una inadecuada calificación legal. Por tal motivo, la Fiscal solicitó formalmente al Tribunal que escuche y ponderé el testimonio de la joven, remarcando la situación de violencia institucional que atravesó. Señaló que esta circunstancia también habría contribuido al descreimiento que experimentó dentro de su familia, cuyos integrantes entendieron que la denuncia “quedó en la nada»”, expresión utilizada por S. A..
Por otra parte, respecto a la versión de la contraparte, la acusación analizó la declaración del imputado, quien aseveró no haber permanecido nunca a solas con N. B. R., habiendo sostenido en su primera intervención que la joven solía salir con frecuencia y que abandonó el hogar por decisión propia. Al respecto, la representación del Ministerio Público señaló discrepancias en las franjas horarias y enfatizó que la modalidad de los hechos no requería de una estricta o prolongada soledad entre R. J. y la víctima, habiéndose acreditado que sí existieron momentos a solas entre ambos, e incluso una de las hermanas confirmó que N. B. R. faltaba ocasionalmente al colegio por dolencias físicas -dolor de ovarios-.
En igual sentido, la Fiscalía desmitificó la pretendida imagen de idilio familiar proyectada por la defensa - donde se intentó presentar al grupo como "la familia Ingalls", en la que R. J. cuidaba de no hacer distinciones entre su hija y las hijas de su pareja- , contraponiéndola con los pasajes del relato de N. B. R. que daban cuenta del verdadero contexto de caos, gritos y violencia física. Dicha realidad se vio corroborada por el testimonio espontáneo de L. Rr., quien admitió que no vieron a su hermana L. durante casi cinco años tras haber quedado embarazada para alejarse del hogar, ocurriendo una dinámica similar con la salida de N. B. R.. Finalmente, la acusadora cuestionó la postura de las hermanas por sentirse abandonadas por la denunciante y reprocharle no haberlas llamado, subrayando que la víctima encauzó su reclamo por los carriles institucionales correspondientes. Agregó que, aun cuando las hermanas descartaron haber sufrido invasiones a su propia intimidad, resulta ilustrativo lo concluido en el informe pericial respecto a la posición asumida por aquellas, procediendo la Fiscal a dar lectura en alta voz a la parte pertinente de dicho documento.
También consideró relevante traer a consideración los testimonios de F., M. y Y. R., quienes utilizaron expresiones coincidentes para describir la dinámica familiar hablaron del caos que era en la vivienda, aludiendo a un contexto signado por gritos, peleas y castigos.
En cuanto a las características materiales de la vivienda y la controversia planteada en torno a la puerta del dormitorio, la acusadora precisó que, conforme lo aclarado en el debate por la testigo L. Rr., la puerta efectivamente existía pero se apoyaba contra el marco cuando resultaba necesario. Esta circunstancia coincidió con lo referido por Y. R.. Agregó que L. Rr. explicó que no podía manipularla por carecer de fuerza suficiente para hacerlo. A partir de ello, la acusación destacó que la existencia de la puerta constituye un elemento probatorio de suma contundencia que consolida la credibilidad de las testigos y desestima categóricamente cualquier intento defensivo de desvirtuar los relatos de N., M. y M. I. F..
De igual modo, la Fiscalía remarcó que tanto M. como M. F. coincidieron de manera sustancial al reproducir las develaciones que la propia víctima les realizó respecto de los abusos perpetrados por R. J., detallando que la tocaba, la violaba, la obligaba a visualizar material pornográfico y la castigaba con cinto, tirones de pelo y agresiones verbales.
Por consiguiente, la acusación concluyó que el testimonio de N. B. R. se halla plenamente respaldado por un contundente caudal probatorio, rechazando de modo categórico los intentos de estereotipar a la joven bajo el estigma de la "mala víctima" - a quien despectivamente se intentó catalogar como conflictiva, con afecciones psiquiátricas o con intenciones de rivalizar con su entorno- , pretendiendo con ello descalificar la veracidad de sus revelaciones. Frente a ello, la acusadora trajo a colación las explicaciones brindadas por el perito Licenciado Mendicoa al ser consultado sobre las reacciones esperables en una niña o adolescente sometida a abusos brutales desde los ocho años de edad. En este sentido, el profesional explicó que manifestaciones como la rebeldía o las conductas fluctuantes entre extremos - vinculadas a la falta de pautas de intimidad- constituyen la huella directa de la acumulación de agresiones, situando a N. B. R. en una condición de extrema vulnerabilidad. Asimismo, la Fiscalía remarcó que dichas secuelas traumáticas impactaron severamente en su vida privada y afectiva, manifestándose en dificultades dentro de la esfera íntima - aspecto abordado tanto por la víctima como por O. R.- y repercutiendo negativamente en la relación con su propio hijo. A esta carga emocional se sumó el dolor derivado de la descreencia de su entorno, el aislamiento familiar y la injusta acusación de haber provocado la desunión del grupo, cuando en realidad fue ella quien resultó despojada de todo sostén afectivo.
Al respecto, la representación fiscal enfatizó la necesidad de poner de relieve los estereotipos construidos en torno a las denominadas “buenas” y “malas” víctimas, así como los procesos de naturalización de los hechos y las particularidades que rodearon el develamiento. En cuanto a las declaraciones de las hermanas, señaló que no consideraba que hubieran incurrido en falso testimonio, sino que entendía que sus manifestaciones debían ser analizadas en el marco de un proceso de patologización de N. B. R..
Asimismo, destacó que la damnificada había manifestado que no necesitaba tratamiento y que había trabajado por sí misma sobre las consecuencias de lo sucedido, señalando que el aspecto que mayor necesidad tenía de elaborar era el vínculo con su madre.
Finalmente, la Fiscal sostuvo que N. B. R. había decidido hablar pese a conocer las consecuencias que podía generar la exteriorización de los hechos y que, en esas condiciones, correspondía al Tribunal escuchar y valorar su relato. A partir de tales consideraciones, la Vindicta Pública formuló acusación por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (reiterado) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia”, previsto y reprimido por los arts. 45, 55 y 119 1er, 2do. y 3er. inc. f) párrafo Código Penal.
En tal sentido, la representación fiscal enfatizó que los abusos perpetrados tuvieron lugar cuando N. B. R. era menor de trece años de edad, circunstancia en la cual carecía de la capacidad para prestar un libre consentimiento, habiendo sido ejecutados por el imputado en su condición de padre afín. Respecto de la modalidad delictual, la Fiscal sostuvo que el acceso carnal se halla acabadamente explicado y atribuido mediante la introducción de dedos y vía oral, precisando que, aun tratándose de hechos acontecidos con anterioridad a la reforma legislativa del año 2017, la Ley 27.352 puso acertadamente fin a la indeterminación normativa sobre el alcance del acceso carnal. De igual modo, remarcó la configuración del sometimiento gravemente ultrajante, manifestado en la exhibición de material pornográfico y en la eyaculación sobre el cuerpo de la víctima, conductas que exceden holgadamente los meros tocamientos. Al respecto, desestimó los cuestionamientos defensivos sobre supuestas imprecisiones en el soporte de dicho material - en relación con la discrepancia señalada por las hermanas entre el formato DVD y la videocasetera- , catalogando tales divergencias como intrascendentes. Asimismo, la representante del Ministerio Público dio por plenamente acreditado el agravante de la convivencia, advirtiendo la inexistencia de causales eximentes de responsabilidad penal que considerar en favor del encartado.
Al momento de merituar la escala punitiva conforme a las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, la Fiscal sopesó como circunstancias agravantes: la naturaleza del delito contra la integridad sexual; la exhibición de pornografía; el empleo de violencia física - ejercida mediante tirones de cabello durante el sexo oral- ; la prolongación de los abusos en el tiempo; las severas secuelas psicológicas constatadas en el informe pericial; el no haber utilizado preservativo, exponiendo a la víctima al riesgo de contagio; la pérdida de su familia de origen; el prolongado aislamiento padecido, que la llevó a extremos de ideación suicida; su doble condición de vulnerabilidad por ser mujer y niña al momento de los eventos; y la edad e instrucción del imputado, quien poseía empleo estable y plena conciencia de la ilicitud de su accionar. Como únicas circunstancias atenuantes, valoró la carencia de antecedentes penales del nombrado y el haber permanecido a derecho. Por todo lo expuesto, la representación del Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se condene al imputado a la pena de once (11) años de prisión de cumplimiento efectivo, con más las costas del proceso y su correspondiente inscripción en el Registro de Agresores Sexuales.
A su turno, el Defensor Particular Dr. Solano, formuló su alegato, manifestando su disenso con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que el desarrollo del debate dejó serias dudas sobre la pretensión acusatoria al sustentarse más en el requerimiento de elevación a juicio que en la prueba efectivamente producida durante la audiencia. En tal sentido, la asistencia técnica comenzó analizando el testimonio de la propia víctima, remarcando que, aun cuando la representación fiscal intentó subsanar sus vacíos mediante la lectura de su denuncia primigenia, la joven no afirmó ni sostuvo en el debate las imputaciones vertidas en aquella oportunidad, evidenciando una manifiesta indecisión de lo que ella había afirmado.
Sostuvo que el análisis del debate oral exige centrarse minuciosamente en los detalles, advirtiendo que desestimar las contradicciones testimoniadas sobre las circunstancias fácticas de modo, tiempo y lugar frente al relato de la denunciante desnaturalizaría la razón de ser del plenario. En ese sentido, la asistencia técnica enfatizó que no resulta factible ni procedente el quebrantamiento del estado de inocencia de R. J. mediante una selección arbitraria de los pasajes que se pretenden dar por probados, resultando indispensable la ponderación rigurosa de cada pormenor para arribar a una decisión justa.
En idéntico sentido, la defensa puso de relieve sustanciales discrepancias entre las distintas instancias de denuncia y lo manifestado en el juicio, señalando que en su presentación inicial la víctima aludió a múltiples abusos sexuales con acceso carnal, mientras que en la audiencia centró su relato en manoseos y abusos simples, refiriendo el acceso carnal únicamente hacia el final de su declaración.
A ello agregó contradicciones respecto a las supuestas amenazas de muerte, el orden de las personas a quienes habría confiado los hechos - entre ellas su amiga, su expareja y su psicólogo- y las variaciones sobre su edad al momento de los eventos, cuestionando las referencias temporales efectuadas por la damnificada. Señaló que, respecto de su expareja, había indicado que los hechos ocurrieron cuando tenía trece años, mientras que en otra oportunidad los situó a los quince y, al momento de formular la denuncia, los habría ubicado a los catorce años. En este contexto, remarcó que, si bien no se busca atacar a la denunciante, una condena exige contar con elementos probatorios concretos.
Por otra parte, la defensa argumentó la imposibilidad fáctica de la hipótesis acusatoria en función de las dinámicas familiares y la estructura del inmueble, resaltando que los abusos con acceso carnal atribuidos por la Fiscalía requerían un margen de soledad inexistente en un hogar concurrido y ruidoso. De igual modo, subrayó que los testimonios de la madre de la joven y de sus hermanas desmintieron rotundamente la existencia de actos de significación sexual o invasiones a la intimidad, resultando inverosímil que estas últimas faltaran a la verdad para perjudicar a la denunciante, con quien incluso intentaron restablecer lazos tras la maternidad de esta. A su vez el letrado, enfatizó que ningún testigo refirió actitudes violentas ni de temor hacia el imputado, aclarando que las medidas cautelares dispuestas oportunamente no derivaron de conductas agresivas especificadas por la víctima.
La defensa también cuestionó las razones por las cuales L. se habría distanciado de su familia y rechazó que dicha circunstancia pudiera vincularse con R. J.. Señaló que se trataba de hechos posteriores a la denuncia y relacionados con aspectos de su infancia, sin conexión con los hechos atribuidos al imputado. En particular, destacó que L. habría sido la primera de las hermanas en abandonar el hogar y que su alejamiento familiar no guardaría relación ni con los hechos denunciados ni con R. J..
Por otra parte, el letrado se refirió al planteo de la Fiscalía relativo a la existencia de violencia institucional; señalando que la demora en la tramitación del proceso no podía ser atribuida al imputado, aun cuando reconoció que la mora judicial constituía una situación que debía evitarse. En ese sentido, sostuvo que, si bien el transcurso del tiempo podía implicar una afectación para la víctima, también generaba consecuencias respecto de R. J., quien debió afrontar el proceso durante un período prolongado.
En relación con la infraestructura habitacional, la defensa sostuvo que las reducidas dimensiones de la vivienda resultan incompatibles con la hipótesis planteada en la denuncia. En tal sentido, calificó de inverosímil la atribución de abusos continuados acompañados de exhibición de material pornográfico, sexo oral y eyaculación fuera del cuerpo, remarcando respecto de este último extremo que fue traído a colación por la representación fiscal y no expuesto por la propia N. B. R. durante la audiencia del debate oral.
Asimismo, la asistencia técnica enfatizó la inexistencia de puertas en los dormitorios y puso de relieve que ninguno de los testigos recordó haber visto a R. J. a solas con alguna de las jóvenes en una habitación, ni haber permanecido en soledad con él dentro del inmueble. Por el contrario, remarcó que los declarantes coincidieron en ponderar la actitud respetuosa del imputado en la crianza de las hijas de su pareja, sin que se hayan registrado situaciones de trato diferenciado entre ellas, circunstancia que suele manifestarse habitualmente en contextos de abuso.
En ese marco, la defensa argumentó que la constante presencia de personas, la falta de puertas y la escasa separación de solo tres pasos entre el comedor y la habitación tornan fácticamente inviable la consumación de abusos sexuales con acceso carnal, pudiendo a lo sumo contemplarse la factibilidad de un abuso simple. En relación al resto de los abusos ajenos a la plataforma fáctica del juicio, la representación procesal omitió su valoración por no constituir objeto del debate, precisando que la afectación emocional y el llanto observados en la denunciante - asociados a lo expuesto por el Licenciado Mendicoa- no pueden erigirse como prueba de cargo concreta contra R. J., en tanto hallan explicación en la multiplicidad de vivencias traumáticas atravesadas por la joven a lo largo de su vida, tales como el abandono paterno, sucesivas mudanzas y abusos sufridos a manos de otros familiares.
Asimismo, la defensa argumentó que los diversos sucesos traumáticos relatados por la propia denunciante resultan suficientes para explicar la sintomatología consignada en el informe pericial. En tal sentido, la asistencia técnica sostuvo que no existe certeza alguna de que R. J. haya perpetrado contra N. B. R. los hechos por los cuales se le acusa, surgiendo dicha conclusión de lo sustanciado durante el debate oral, especialmente a partir del testimonio de la víctima, quien no pudo o no quiso sostener las imputaciones vertidas en una primera instancia. Esta circunstancia suscita una duda insuperable respecto de las razones que llevaron a la joven a reducir el tenor de las denuncias que ella misma había formulado originariamente.
En ese marco, la defensa planteó el interrogante acerca de las razones por las cuales N. B. R. habría reducido el alcance de las denuncias que ella misma había formulado con anterioridad. Consideró que esas diferencias generaban dudas que debían ser valoradas en favor del imputado.
Por tales motivos, solicitó la absolución de R. J. respecto de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por los que había sido acusado. En relación con el delito de abuso sexual simple agravado, la defensa sostuvo que no se encontraba en condiciones de afirmar con certeza que los hechos hubieran ocurrido, ni tampoco de descartar su existencia. No obstante, solicitó que se atribuyera responsabilidad a R. J. por este delito y que se le impusiera una pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso.
Para fundamentar el pedido, hizo referencia a sus condiciones de vida y a las características personales descriptas durante el debate por las hijas de N. A., la hija de R. J. y otros familiares que prestaron declaración. También destacó el modo en que se había comportado con sus hijastras y señaló que no registraba antecedentes penales.
Finalmente, ponderó el tiempo durante el cual R. J. había permanecido a disposición de la Justicia, que estimó en más de diez años, y solicitó que, en atención a esas circunstancias, la pena de tres (3) años de prisión fuera de cumplimiento en suspenso.
Concluidas las exposiciones, la Presidencia consultó al imputado si era su deseo manifestar algo antes de pasar a la deliberación, ocasión en la que R. J. manifestó “...soy inocente…”.
Finalmente, de conformidad con el artículo 376 del Código Procesal Penal, la Presidencia declaró concluido el debate, convocó a los integrantes del Tribunal a deliberar de inmediato y en secreto y dispuso reanudar el acto para la lectura del fallo el 14 de octubre de 2026 a las 12:00 horas en la sede de este Tribunal, sito en calle Malaspina Nº 41 de esta ciudad capital.
De conformidad con lo previsto por el art. 381 del C.P.P. se ha establecido el siguiente orden de las cuestiones a tratar:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad de los hechos ilícitos, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado? Al respecto, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
Que, a fin de dar respuesta al interrogante planteado, corresponde examinar los elementos probatorios incorporados al proceso y determinar, a partir de su valoración conjunta, si permiten tener por acreditados los hechos atribuidos al encartado y su intervención en ellos, con el grado de certeza exigible para el dictado de una sentencia condenatoria.
Dicho análisis debe efectuarse conforme las reglas de la sana crítica racional y, por imperativo constitucional y convencional - art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Convención de Belem do Pará y CEDAW- , incorporando la perspectiva de género como pauta de valoración.
La adopción de esta perspectiva no supone modificar el estándar probatorio aplicable, presumir la responsabilidad del imputado ni alterar la carga de la prueba que corresponde a la acusación. Implica, en cambio, abordar los elementos incorporados al proceso de manera integral, atendiendo al contexto en el que se habrían desarrollado los hechos y evitando que la valoración se encuentre condicionada por estereotipos vinculados con la conducta que se espera de una mujer o niña que refiere haber atravesado una situación de violencia sexual.
En este sentido, la Convención de Belem do Pará establece obligaciones específicas para los Estados en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mientras que la CEDAW impone el deber de adoptar medidas destinadas a eliminar la discriminación contra ellas. En ese marco, la perspectiva de género constituye una herramienta de análisis orientada a identificar, cuando corresponda, circunstancias relacionadas con relaciones de desigualdad y a evitar que determinados estereotipos incidan en la apreciación de los hechos o en la conducta atribuida a las personas involucradas.
En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la perspectiva de género es un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres, niñas y adolescentes respecto de los hombres debido a su género y constituye una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia” (CIDH, Guía práctica “Transversalización del enfoque de género e interseccional en el acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes”, 2025, pág. 10).
A su vez, la edad de la damnificada al momento del hecho impone considerar el marco reforzado de protección reconocido a niños, niñas y adolescentes. En particular, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el deber de los Estados de adoptar medidas apropiadas para protegerlos contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual. Esta protección reforzada también encuentra recepción en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, que reconocen la edad y el género, entre otras circunstancias, como factores que pueden colocar a una persona en situación de vulnerabilidad frente al sistema de justicia.
En los supuestos de violencia sexual intrafamiliar, la valoración de la prueba exige considerar además las dinámicas particulares que pueden desarrollarse tanto durante la ocurrencia de los hechos como después de su develamiento. La pertenencia a un mismo grupo familiar, los vínculos afectivos, las relaciones de autoridad, confianza y dependencia y las consecuencias que la revelación puede generar sobre la continuidad de estos vínculos constituyen circunstancias relevantes para comprender las diferentes respuestas de quienes integran el núcleo familiar.
En tal sentido, el Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) - al cual adhirió el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz- señala que en estos contextos es usual que los episodios de violencia sexual se desarrollen mediante una dinámica crónica y repetida, sostenida en el tiempo, y que su develamiento pueda verse demorado por estrategias de amenaza, violencia psicológica o física y manipulación de las relaciones de confianza y dependencia. Asimismo, identifica entre los factores que pueden dificultar la revelación la naturalización de la violencia sexual, la incomprensión inicial del hecho como abuso, el grado de familiaridad con quien agrede, las amenazas y la falta de apoyo del entorno (UFEM, Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual, 2023, págs. 33 y 65). Estas pautas resultan especialmente útiles para evitar una interpretación lineal de comportamientos posteriores que, considerados aisladamente, podrían aparecer como contradictorios con la existencia del abuso: el mantenimiento o recomposición de determinados vínculos familiares, el silencio respecto de lo sucedido, el descreimiento de algunos integrantes del grupo, el apoyo de otros o la adopción de posiciones ambivalentes frente a la persona denunciada. Tales respuestas deben ser analizadas dentro de la estructura relacional concreta y en conjunto con las restantes evidencias del caso.
Sentado el marco de valoración aplicable, corresponde ingresar al examen de los elementos probatorios incorporados. Las presentes actuaciones se iniciaron el **/**/2017, siendo las 17:35 horas, ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de esta ciudad, a raíz de la comparecencia de N. B. R., quien se presentó a fines de denunciar una serie de episodios que vivió desde el año 2005, momentos en los cuales convivió con N. A. -progenitora- en el inmueble ubicado en la xxxxxx N° ***, , Fue en ese mismo año cuando su madre inició una relación sentimental con R. J., momento a partir del cual el nombrado comenzó a ejecutar actos de abuso en las oportunidades en que lo visitaban, requiriéndole primeramente que se sentara sobre sus piernas.
Con el transcurso del tiempo ya conviviendo todos y hallándose a solas, el imputado reproducía videos pornográficos exigiéndole que replicara dichas conductas, al tiempo que la sujetaba de los cabellos y la obligaba a mantener relaciones sexuales, sin usar método de protección, extendiéndose tales agresiones hasta que cumplió los catorce (14) años de edad. Fue allí cuando le solicitó que no la tocara más; ante su negativa, R. J. comenzó a amenazarla expresando que la iba a matar, generando además conflictos con su madre, ya que el imputado le decía que la joven se le insinuaba a sus compañeros. Al cumplir dieciocho (18) años de edad, N. B. R. se retiró del inmueble familiar para irse a vivir a la casa de su tío, J. J. O. - revelando que dicha persona, cuando ella tenía ocho años y cursaba la escuela primaria, la retiraba del colegio y en su vivienda la obligaba a practicarle sexo oral, conducta que se repitió con sus primos J. O. y C. O., hijos del nombrado, quienes le realizaban tocamientos- . Tras residir allí aproximadamente durante un año, se mudó con una amiga para posteriormente independizarse y vivir sola. Asimismo, unos tres años antes de radicar la denuncia, pudo confiar estos episodios a O. R. -expareja-, quien la contuvo y la acompañó en la decisión de formalizar la denuncia.
Luego, el **/**/2018, N. B. R. formuló una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 obrante a fs. 6/9. En dicha oportunidad, detalló en primer término las situaciones padecidas con su tío y primos de apellido O. - hechos que ubicó entre los ocho y los once años de edad- , para luego describir lo sucedido con el imputado en autos, manifestó que los abusos comenzaron en el año 2005, época en la cual convivía con su progenitora y sus tres hermanas (L. N. M. y A.). En dicho contexto, su madre entabló una relación de pareja con R. J., quien residía a la vuelta del inmueble que alquilaban sobre la calle DIRECCION_3. Precisó que el primer episodio abusivo aconteció en la vivienda donde el imputado habitaba junto a su prima, D. R.; hallándose todos reunidos en el lugar, ocurrió un evento en el exterior - un incendio en una casa- que motivó la salida de los presentes, permaneciendo la damnificada en el living-comedor. Fue en esas circunstancias que R. J. la levantó y la sentó sobre sus piernas, comenzando a efectuarle tocamientos en la zona vaginal y en los pechos por encima de la vestimenta, y la movía sobre sus genitales, cesando en su accionar y bajándola inmediatamente al percibir que su madre y sus hermanas retornaban al inmueble.
Asimismo, relató que existieron circunstancias en las cuales R. J. reproducía videos pornográficos y le manifestaba que deseaba que hiciera lo mismo; mientras tanto, el imputado le realizaba tocamientos y, de percibir algún ruido, apagaba el televisor simulando efectuarle masajes. R. J. aprovechaba actuar de este modo cuando la joven faltaba a la escuela por alguna dolencia física y su madre se encontraba trabajando, dirigiéndole expresiones tales como que quería “debutar” con ella o “hacer el amor”.
Posteriormente, su progenitora quedó embarazada de su hermana menor, L. Rr., quien nació en el año 2006. En dicho período, el imputado le manifestaba de manera constante sus deseos de mantener relaciones sexuales con ella, justificándose en que su madre no le prestaba atención. La víctima indicó que rechazaba rotundamente sostener relaciones o recibir tocamientos; sin embargo, al momento en que R. J. reproducía los videos y ella intentaba oponerse, éste la amenazaba advirtiéndole que no hablara con nadie, bajo amenazas de matarla o de asegurarle a su madre que era ella quien lo buscaba. Fue en ese contexto que el imputado perpetró el abuso sexual con acceso carnal, refiriendo la víctima que la accedió carnalmente sin utilizar preservativo, manifestando “...me violo, nunca se cuido, y todo el tiempo me decia que lo hacia porque mi mamá no queria tener sexo con el…”.
En consonancia con lo expuesto, la víctima compareció a declarar en el debate, asistida por personal del CAV, oportunidad en la que relató que el contacto con el imputado se inició a través de una iglesia, donde su madre lo conoció y, posteriormente, comenzó una relación de pareja con él.
En relación con los hechos denunciados, indicó que habrían comenzado cuando tenía alrededor de once años -asociando el nacimiento de su hermana menor, entre los años 2006/2007- prolongandose hasta los quince. Aclaró que no recordaba con precisión las edades ni las circunstancias de cada episodio, y que sus recuerdos eran fragmentarios, en forma de flashes. Explicó que durante su infancia había atravesado situaciones similares con otras personas, motivo por el que había normalizado lo que le sucedía y no comprendía en ese momento que se tratara de conductas que no debían ocurrir.
Asimismo, se refirió al primer episodio sucedido en la casa de la prima de R. J., donde esté la sentó en sus piernas comenzando con los tocamientos por encima de la ropa, señalando que aproximadamente un año después, el imputado comenzó a convivir con ella, su madre y sus tres hermanas, y que a partir de entonces las situaciones comenzaron a repetirse con frecuencia “...algo de todos los días…”.
Describió que él aprovechaba los momentos en que la encontraba sola, aunque aclaró que en ocasiones había otros integrantes de la familia en la vivienda, para acercarse mientras se encontraba acostada mirando televisión, con el pretexto de hacerle masajes o rascarle la espalda y comenzaba a tocarla. Precisó que los contactos ocurrían tanto por encima como por debajo de la ropa.
También refirió que R. J. alquilaba películas pornográficas y la obligaba a mirarlas si escuchaba que alguien se acercaba, apagaba el televisor y continuaba rascándole la espalda -sin recordar si tenían sonido-. En cuanto a la vivienda, explicó que al ingresar se encontraba la cocina-comedor y que luego había un pasillo, un baño y dos habitaciones: una ocupada por su madre y R. J., y otra compartida por ella y sus cuatro hermanas. Señaló que las puertas de las habitaciones habían sido retiradas porque estaban colocadas al revés, por lo que las situaciones que describió ocurrieron aun cuando no hubiera puertas y el resto de la familia se encontrara en el living. Respecto de un episodio de acceso carnal, manifestó que estaba acostada boca abajo en una cucheta, cuando él comenzó a hacerle masajes y a manosearla. Luego le bajó el pantalón y la penetró vaginalmente con su pene, manifestando “...él me bajó el pantalón y me penetró adelante, y me agarró del pelo y me tiró para atrás…”.
Al ser consultada sobre otros actos, y luego de que se le exhibiera la declaración de fs. 6, no recordando la situación. En ese contexto, evocó que R. J. le daba merengues y chocolates, y consideró que lo hacía para mantenerla callada, indicando que cuando decidió poner fin a esas situaciones, él la amenazó con matarla si hablaba o contaba lo ocurrido.
Indicó que no era habitual que permaneciera a solas con R. J., aunque ello sucedía cuando él la retiraba del colegio porque se sentía mal o cuando debía concurrir a una consulta médica. Recordó que su madre trabajaba y que R. J. se desempeñaba como sereno los fines de semana y, durante la semana, trabajaba en la xxxxx.
Sobre la relación familiar, expresó que R. J. era considerado por muchas personas como el padre biológico de ella y sus hermanas, ya que había participado de su crianza y colaborado con la familia. Indicó que, con el tiempo, la relación con él se deterioró, al igual que el vínculo con su madre. Relató que, alrededor de los quince años, comenzó a advertir que lo que ocurría no era normal y decidió poner un límite. Describió que, en una ocasión, su madre se enojó con ella y R. J. le alcanzó un cinturón para que la golpeara.
Continuando con su testimonio, explicó que la relación con su madre había cambiado, pues, según su percepción, esta dejó de prestarle atención y comenzaron a tener enfrentamientos frecuentes. Señaló que su madre no solía golpearlas, aunque R. intervenía en las discusiones y opinaba sobre ella. En cuanto a su salida del hogar, recordó que, cuando tenía dieciocho años, su madre se enojó porque llegó tarde y le dijo que, si quería llevar esa vida, se fuera de la casa. La víctima indicó que finalmente se fue a vivir con personas de la iglesia, comenzó a trabajar en XXXXXXXX y, aproximadamente tres meses después, alquiló una vivienda, y que a los diecinueve años cuando comenzó a vivir por su cuenta, agregando que una de sus hermanas también se había ido de la casa tras quedar embarazada a los diecisiete años. En relación con la revelación de los hechos, manifestó que durante mucho tiempo no contó lo sucedido porque temía quedarse sola. Luego de dejar el hogar, mantuvo escaso contacto con su madre e intentó hacerle saber que ella prefería a R. J. antes que a su propia hija.
En este marco, se refirió a haber guardado silencio por temor al aislamiento y al desamparo. Sin embargo, tras entablar relación de pareja con O. R. - a quien confió inicialmente de forma parcial lo sucedido- , fue impulsada y contuvo por este para formalizar la correspondiente acción penal, indicando que denunció a cuatro personas, pero que las actuaciones referidas a las otras personas no continuaron debido a que prescribieron, además, agregó que, supo que sus hermanas habían sido entrevistadas en cámara Gesell y que una de ellas se había enojado porque consideraba que, por su culpa, había tenido que atravesar esa instancia, aclarando que su intención había sido expresar que creía que alguna de sus hermanas podían haber pasado por situaciones similares.
Asimismo, al ser indagada sobre las repercusiones familiares tras la radicación de la denuncia, la víctima manifestó que el día en que realizó la denuncia llamó a sus hermanas para contarles lo sucedido, excepto a la menor, por considerar que era demasiado chica e hija biológica de R. J., y una de ellas permaneció sentada en la cama, llorando, sin poder reaccionar. Dijo que, después de aquello, sus hermanas se alejaron y que retomaron el contacto cuando quedó embarazada.
Así también -luego de la denuncia-, habló con su madre pero que ella no la miró ni lloró y únicamente le preguntó si sus hermanas estaban al tanto. Al día siguiente le consultó dónde había realizado la denuncia y le dijo que esta situación no podía quedar así, pero pese a ello continuó en pareja con el imputado, expresando que su madre falleció en FECHA_5 sin que hubieran podido mantener una nueva conversación al respecto.
Luego del paulatino alejamiento de sus hermanas y la actitud de frialdad e indiferencia asumida por su madre, llegando incluso a cruzársela en su lugar de trabajo junto al imputado actuando como si no la conociera. La declarante manifestó que esta absoluta pérdida del sostén afectivo familiar la sumió en una profunda crisis emocional que la llevó a un intento de autolesión, del cual fue auxiliada por una amiga.
En cuanto a las secuelas persistentes, detalló que el trauma vivido continúa afectando gravemente su esfera íntima y de pareja, como así también la vinculación física con su hijo de seis años, ante quien padece respuestas automáticas de rechazo ante el contacto corporal o los besos. Finalmente, al responder a las preguntas de la Defensa, la testigo aclaró las circunstancias edilicias del inmueble y que los hechos abusivos por parte de un tío y sus primos de apellido O., fueron a los ocho años de edad.
En concordancia con la declaración de la víctima, resulta de fundamental relevancia hacer mención al testimonio prestado por O. R. -pareja de la víctima-, quien manifestó haberla conocido aproximadamente en 2013 o 2014, cuando ambos trabajaban en el supermercado “La Anónima”. Explicó que iniciaron un vínculo de amistad para luego comenzar una relación de pareja y que, en el marco de una conversación, la joven le relató las vivencias padecidas años atrás en la vivienda de su progenitora a manos de la pareja de ésta -R. J.-, rompiendo en llanto.
Ante dicha revelación, el testigo refirió haberla impulsado y acompañado activamente a radicar la denuncia, aconsejándole que no podía continuar callando lo sucedido , pero que ella manifestaba que no le iban a creer. Agregó que había compartido una cena con la familia y que le resultaba difícil estar sentado frente a una persona que, según lo que N. B. R. le había relatado, había cometido esos hechos.
Al ser consultado sobre los detalles que ella le confió, el declarante sostuvo que las agresiones formaban parte de una dinámica rutinaria en el hogar cuando la madre salía a trabajar y el encartado quedaba a su cuidado siendo ella menor de edad. Según lo que le había referido, el imputado le exhibía películas pornográficas y revistas de contenido similar, aunque aclaró que no estaba seguro respecto de estas últimas. También, que le había contado que la tocaba en sus partes íntimas, incluso cuando había visitas en la vivienda, ocasión en la que se dirigía a la habitación para hacerlo; y que, en otras oportunidades, R. J. se metía en su cama mientras ella dormía y la violaba, hechos que habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, indicando que N. B. R. le había dicho que, le pedía que dejara de hacerlo y que tenía aproximadamente trece años cuando sucedieron esos episodio.
En relación con los destinatarios de dichas revelaciones, indicó estimar que ella se lo confió primeramente a él, luego a su tía - quien solía frecuentar el hogar y dejó de concurrir al advertir situaciones anómalas- y, posteriormente, a una compañera de trabajo.
Por último, al ser consultado sobre el estado de la víctima tras radicar la denuncia, refirió haber percibido que se había quitado una gran carga de encima, observándola algo más tranquila aunque con el temor comprensible ante el proceso judicial iniciado.
Sobre los acontecimientos posteriores a la radicación de la denuncia, el testigo refirió que la progenitora de la joven alejó temporalmente al imputado de la vivienda, aunque solo por escasos días. Asimismo, indicó que, su tía materna se acercó inicialmente a conversar con ella pero con el tiempo el entorno familiar terminó distanciándose de N. B. R., a su entender por qué no le habían creído.
En cuanto a la intimidad de la pareja, señaló que había situaciones que N. B. R. no quería llevar adelante debido a las experiencias que había atravesado. Respecto de su hijo en común, expresó que la relación era buena, pero que ambos tenían especial cuidado al decidir con quién dejarlo.
Por último, el testigo agregó que la tía materna - cuyo esposo también se vio implicado en las acusaciones- asumió una postura de incredulidad al rehusarse a sospechar de su cónyuge, compartiendo la misma lógica que la madre de N. B. R. al priorizar la no desintegración del núcleo familiar. Sobre este aspecto, el declarante criticó dicha postura, razonando que resulta inverosímil asumir que alguien invente hechos de tal gravedad con el único propósito de destruir a su propia familia, máxime considerando el riesgo cierto de afrontar responsabilidades penales en caso de formular una acusación falsa.
Asimismo, el relato de la víctima encuentra elementos de corroboración en la prueba pericial incorporada a la causa. En particular, el informe psicológico de fs. 25/27 elaborado por el Lic. Ricardo Mendicoa quien consignó respecto a las características de la personalidad de N. “...sobresale la existencia de un comportamiento sensible al rechazo y a los desaires especialmente de aquellas figuras significativas… un proceder insegura, cauta inhibido…”.
Los inventarios aplicados indicaron la presencia de las siguientes sintomatología: Conductas de ensimismamiento, poco convencionalismo, problemas de autoconfianza, dificultades de concentración y razonamiento; escaso interés por las personas, básicamente mantiene un patrón comportamental consistente y rígido, donde quedan limitados los signos de autonomía e independencia. Esfuerzos en evitar abandono; relaciones interpersonales inestables e intensas con alternancia entre idealización y devaluación. Inestabilidad afectiva debido a una gran reactividad; sentimientos crónicos de vacío, ideas paranoides o síntomas disociativos transitorios relacionados con el estrés.
En cuanto al contenido del relato se consignó “...en función de la interpretación de la información obtenida, se considera que el contenido del relato que da origen a la presente causa no es mendaz y reúne criterios estructurales suficientes para ser considerado fiable…”.
La validez de dicha interpretación se analizó en función de criterios de bilateralidad de emoción, de anclaje, riqueza de detalles y criterio de homogeneidad. En síntesis, del informe elaborado por el profesional surge que el testimonio “...tiene una estructura lógica, la declaración es coherente, presenta cantidad de detalles como descripciones de lugares, personas y objetos, y en especial el engranaje contextual de lo vivenciado como de las consecuencias que trajo el develamiento en el orden familiar permite concluir que es un relato fiable y no se observa inducción de terceros…”.
Extremos sobre los cuales el Lic. Gaston Mendicoa brindó precisiones al prestar declaración durante el debate, y quien al ser interrogado por la Fiscalía, manifestó haber examinado a N. B. R. aproximadamente nueve años atrás, en 2018, mediante pruebas de personalidad destinadas a determinar su aptitud para intervenir en un proceso penal.
Explicó que, cuando la persona evaluada comparece en calidad de víctima de abuso sexual, el abordaje presenta particularidades, dado que no existen protocolos específicos para verificar la fiabilidad del relato, por lo que se recurre a otras técnicas de evaluación.
El profesional indicó que al analizar la estructura de personalidad de N. B. R., observó una modalidad pasivo-dependiente caracterizada por una combinación de pasividad, timidez e inhibición conductual que la predisponía a asumir un rol secundario, aclarando que dicha inhibición psíquica difiere de la mera introversión o de la escasez de lenguaje.
Respecto de la sintomatología observada en la joven, el perito indicó que los síntomas se convirtieron con el tiempo en rasgos constitutivos de su personalidad, manifestados en la pasividad, la inhibición y una escasa capacidad para imponer sus propios deseos. Sostuvo que la fiabilidad de sus manifestaciones se fundamenta en las características del estrés postraumático, donde la energía psíquica resulta sobrepasada por la vivencia de una situación altamente estresante.
En cuanto al develamiento de los hechos, señaló que, en determinados casos, como cuando los niños revelan lo sucedido en el ámbito escolar, ese contexto puede constituir un indicador de fiabilidad. En el caso examinado, destacó el carácter intrafamiliar de la situación y la posibilidad de que la víctima se apartara del ámbito materno, la identificó como circunstancias asociadas la aparición de un tercero y la posibilidad de salir de ese entorno. Agregó que la credibilidad debía analizarse principalmente a partir de la forma en que la persona expresaba su vivencia, y no únicamente desde el momento de la denuncia, dado que existen víctimas que nunca llegan a denunciar.
Asimismo, explicó que existen personas que nunca llegan a denunciar los hechos y que la salida del hogar o del entorno familiar, a la que denominó proceso de exogamia, constituye un proceso mental que puede facilitar la expresión de lo vivido y la posterior denuncia. Señaló que, en los casos de abuso sexual intrafamiliar, la víctima permanece inserta en una estructura familiar con roles diferenciados, como los de padre y madre, y que la permanencia en ese ámbito puede dificultar la elaboración de lo sucedido. Agregó que la imposibilidad de apartarse de ese entorno puede generar consecuencias en la salud psíquica y favorecer determinadas conductas, entre ellas la promiscuidad.
En el caso evaluado, vinculó el tiempo transcurrido hasta el develamiento con la posibilidad de que la víctima saliera de ese contexto, lo que habría facilitado la expresión de lo ocurrido y la formulación de la denuncia. Respecto al hecho de haber denunciado a tres personas podía constituir un indicador de fiabilidad o falta de ella, respondió que ello dependía de las características de cada persona y que se encontraba más asociado a la vulnerabilidad. Añadió que, a medida que los síntomas se reproducen, la situación podía normalizarse para quien la padecía, y aclaró que haber sufrido abusos en más de una oportunidad no restaba fiabilidad al relato.
Esta explicación adquiere especial significación dentro de la dinámica intrafamiliar acreditada en autos. La posibilidad de alejarse material y afectivamente del ámbito en el que se desarrollaron los hechos puede modificar las condiciones subjetivas para identificar, poner en palabras y comunicar experiencias previamente naturalizadas. El Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual de la UFEM contempla precisamente la familiaridad con la persona agresora, las relaciones de dependencia, la naturalización y la falta de apoyo del entorno entre los factores relevantes para comprender los procesos de develamiento en materia de violencia sexual.
Al ser consultado por la defensa respecto de las ideas paranoides mencionadas en su informe, el profesional aclaró que se trata de construcciones de carácter persecutorio, las cuales no configuran una paranoia clínica cuando la amenaza que las motiva es real.
En relación a la sintomatología asociada al estrés y a la posibilidad de distinguir los efectos de distintos episodios de abuso sexual, explicó que estos podían agravarse con el transcurso del tiempo, aunque ello dependía de las características de cada hecho. Señaló que, si uno de los episodios había sido particularmente violento, otros de menor intensidad podían no ser registrados por la persona de la misma manera. Agregó que cuanto menor era la edad al momento de los hechos, mayor podía ser el impacto psicopatológico, sin perjuicio de las diferencias individuales en la estructura psíquica y en la forma de afrontar situaciones de violencia.
También, explicó que la estimulación corporal podía producir respuestas fisiológicas reflejas, tanto en varones como en mujeres, sin que ello implicara agrado o consentimiento. Indicó que esa respuesta podía resultar particularmente destructiva cuando se experimentaba en el contexto de una situación no aceptada.
Al ser consultado por la defensa sobre la alusión a un único abusador en su informe pericial, aclaró que habitualmente se destaca a un agresor en singular por haber sido el más violento o quien causó una mayor defraudación afectiva. Respecto a la promiscuidad observada en algunas víctimas, indicó que dicha conducta y la inhibición total representan dos extremos de un mismo mecanismo de defensa originado en la falta de pautas de intimidad. Respecto a la posibilidad de que una víctima de abuso sexual desarrollara conductas de mayor promiscuidad, manifestó que era una situación frecuente y que podía entenderse como una modalidad defensiva vinculada con las dificultades para establecer límites de intimidad. En esa línea, sostuvo que tanto una inhibición extrema como una conducta promiscua podían representar manifestaciones diferentes de una misma problemática.
Finalmente, ante la consulta acerca de si los síntomas podían vincularse con otros acontecimientos significativos de la vida, el profesional respondió afirmativamente, aclarando que, en el caso evaluado, fue puesto a raíz del rol materno, aunque reconoció que otros sucesos también podían incidir. Concluyó que los síntomas no se presentaban de manera aislada, sino que podían intensificarse y transformarse progresivamente en características de la personalidad.
Estas explicaciones aportan elementos para comprender las características del relato, las circunstancias de su develamiento y determinados aspectos de la sintomatología examinada. En particular, el profesional señaló que las manifestaciones de N. B. R. presentaban criterios de consistencia y anclaje contextual que, conforme a su evaluación, sustentaban la conclusión sobre su fiabilidad. También explicó que el develamiento tardío, en contextos de abuso intrafamiliar, podía vincularse con la posibilidad de apartarse del entorno familiar, proceso que denominó "exogamia". Asimismo, aclaró que las respuestas fisiológicas reflejas no implican necesariamente agrado ni consentimiento, señalando asimismo, que en su evaluación no había observado indicadores de inducción de terceros.
Ademas de los elementos señalados se suma la declaración del Licenciado Rubén Darío Fernández, quien atendía a la joven con anterioridad a la denuncia, y brindó precisiones acerca de las circunstancias en las que tomó conocimiento de que había atravesado una situación de abuso sexual, así como de las conductas que observó durante las entrevistas terapéuticas. El profesional en su testimonio indicó haber atendido terapéuticamente a N. B. R. en muy escasas oportunidades, y que el motivo de consulta inicialmente fue por una problemática distinta pero que, durante el desarrollo de las entrevistas, observó diversos comportamientos e indicadores que captaron su atención, tales como una actitud persistentemente a la defensiva, la ausencia de saludo e interpersonalidad, y un notorio distanciamiento. Frente a dicha conducta retraída - circunstancia que le generaba preocupación por el rol que cumple la transferencia en la relación terapéutica- , el psicólogo consultó a la paciente acerca de cómo se sentía en el espacio analítico, ofreciéndole la posibilidad de derivarla con una profesional mujer en caso de no hallarse cómoda, precisando “...tenía una postura muy a la defensiva…”.
Ante la persistencia de dicha barrera emocional, el profesional indagó de manera concreta si había atravesado alguna situación de abuso sexual a lo largo de su vida, obteniendo una respuesta afirmativa por parte de N. B. R.. A partir de tal revelación, el Licenciado Fernández le sugirió e instó a formular la correspondiente exposición ante la justicia, explicándole que, aun cuando los resultados judiciales no siempre coinciden con las expectativas individuales, la denuncia le brindaría una importante sensación de seguridad personal y la convicción de que los hechos no podían quedar impunes. Asimismo, le aclaró que no resultaba imprescindible entablar la acción penal de forma inmediata, proponiéndole realizar previamente sesiones de apoyo destinadas a fortalecer su estado emocional.
Por último, el profesional precisó que la atención se brindó a través de la obra social OSDE - habiendo solicitado autorización para quince consultas- , aunque la joven asistió únicamente a tres o cuatro sesiones en total, no pudiendo precisar si interrumpió el tratamiento con posterioridad a dicho planteo y recordando que, hasta el momento en que se desarrollaron dichos encuentros, la víctima aún no había formalizado la denuncia penal. En este punto, cabe destacar que la declaración del Lic. Fernández aporta información relevante para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el develamiento, por tratarse de un testigo ajeno a la causa y sin vinculación directa con las partes involucradas.
En síntesis lo expuesto, por la víctima durante el debate evidencia un relato sustancialmente coherente y persistente en el tiempo. A pesar del prolongado lapso transcurrido desde la ocurrencia de las agresiones y de la severa fractura del núcleo familiar que derivó en su ostracismo y desamparo emocional, el núcleo de su imputación se ha mantenido incólume en sus aspectos estructurantes. Esta estabilidad en los aspectos estructurantes del relato constituye un elemento relevante de consistencia, que adquiere particular significación al ser confrontado con las restantes evidencias producidas, con las circunstancias del develamiento y con las conclusiones de los profesionales intervinientes.
Asimismo, robustece el testimonio de la víctima, lo declarado por A. M., ex cuñada de R. J. y tía de su hija menor -L.-, señalando haber conocido al imputado y a su esposa N. A. aproximadamente diecinueve años atrás, entablando desde entonces un vínculo de frecuencia familiar con almuerzos y cenas compartidas.
Al ser indagada sobre el clima de convivencia en el hogar, la deponente lo definió como “...era todo muy loco, era como que estaban todos contra todos. Era confuso. Muchos gritos…”, signado por discusiones constantes, gritos e insultos de las menores hacia R. J., así como reprimendas maternas que culminaban con las jóvenes retirándose enojadas hacia viviendas de amistades.
En cuanto a las conductas observadas dentro del ámbito doméstico, la testigo refirió que en el sector de la cocina resultaba habitual ver que el imputado sentaba a las niñas sobre sus piernas o les realizaba masajes. Frente a ello, manifestó haber advertido reiteradamente a la progenitora que no debía permitirse tal nivel de confianza por no tratarse del padre biológico de las menores “... No había respeto entre las nenas y R. J. A simple vista ellas estaban enojadas. Y yo se lo dije a la mamá, está pasando algo, o afuera o dentro de la casa…”, indicando asimismo que tras los episodios de conflicto o discusión, R. J. solía "premiar" a las jóvenes regalándoles teléfonos celulares o computadoras costosas. Asimismo, agregó haber cuestionado también la decisión de la madre de irse de vacaciones a la provincia de Mendoza dejando a las hijas menores a exclusivo cuidado de R. J. “...me sentí impotente, porque no estaba viendo lo que sucedía con las nenas, y así se fueron yendo…”. Respecto del develamiento de los abusos, la declarante expuso que N. B. R. le cuidó a su hija entre los trece y quince años de edad, oportunidad en la que con frecuencia la encontraba llorando sin precisar los motivos. Añadió que al cumplir dieciocho años, la joven se presentó en su domicilio manifestando que su madre la había echado tras revelar que R. J. la abusaba, indicandole N. B. R. que su progenitora rehusó creerle expresando “...si ella lo echaba al J. quien le pagaría las tarjetas..”. M. aclaró que en dicha ocasión la víctima le confió en detalle que el imputado la tocaba, la había abusado y la había accedido carnalmente desde hacía años, mencionando además haber sufrido abusos por parte de un tío durante su infancia.
La testigo refirió haber acompañado a la víctima a radicar la presentación ante la institución Paycan -dato constatado a fs. 1 del Expte.****/18 Juzgado de Primer Instancia de Familia Nº 2- al advertir que la habían dejado sola, permaneciendo la joven dos días en su vivienda en un estado de profundo llanto e impotencia “...tenía la esperanza que la mamá se quede con ella…”. En relación con el expediente mencionado, se advierte que el **/**/2018 la Sra. A. M. acompañó a N. R. a la sede de la ONG “Prevenir, Ayudar y Contener a la Niñez”, donde ambas manifestaron su preocupación por las niñas -A. y L. Rr.- hermanas de la víctima, que continuaban conviviendo con R. J.. Adoptándose las medidas correspondientes.
En la misma línea, corresponde considerar la declaración de M. I. F. -prima del corazón, hija de A. M.-, quien, además de referir las circunstancias en las que tomó conocimiento de los abusos relatados por N. B. R., describió situaciones que dijo haber presenciado durante su adolescencia en la vivienda de la familia.
M. en el debate manifestó que conocía a N. B. R. desde que esta tenía aproximadamente nueve o diez años, y que el vínculo entre ambas se originaba en la relación familiar que las unía con R. J., hermano de su padre. Explicó que solían concurrir a la vivienda de la familia cuando eran invitadas a compartir comidas y que N. B. R. también frecuentaba la casa de su madre, donde encontraba contención y, en ocasiones, se quedaba a dormir.
En cuanto a cómo tomó conocimiento de los hechos, refirió que N. B. R. habló de los abusos en una reunión en la casa de su madre, cuando estuvo en condiciones de hacerlo. Según recordó, le contó que habían sido reiterados, que comenzaron cuando era pequeña y que se extendieron a lo largo del tiempo -violencia sexual y física-.
La testigo señaló que, cuando tenía aproximadamente quince o dieciséis años, había presenciado situaciones en las que R. J. tocaba a N. B. R. y a sus hermanas por debajo de la remera, incluso en presencia de su madre, y las sentaba sobre sus piernas, expresando que esas conductas le resultaban inapropiadas y que, a raíz de ello, ella y su madre dejaron de concurrir a la vivienda con la misma frecuencia.
También refirió haber tomado conocimiento de situaciones de violencia física, que en algunas ocasiones, al llegar a la casa, las niñas comenzaban a llorar y que luego ellas mismas le contaban que R. J. les pegaba con un cinturón. Agregó que también las encerraba en una habitación ubicada al fondo de la vivienda, cerrando la puerta -sin poder precisar si siempre tuvieron puerta las habitaciones-. Según indicó, la madre justificaba esas conductas al señalar que las niñas se habían portado mal o eran mañosas.
Por otra parte, M. manifestó que nunca perdió el contacto con N. B. R., quien incluso se desempeñó como niñera de su hermana menor, y al referirse a su estado actual, expresó que la veía con mucha angustia y que la familia había recibido mal la noticia de la denuncia. Añadió que, junto con su madre, la acompañó a una organización no gubernamental para recibir asesoramiento. Como otro aspecto que le llamaba la atención, mencionó que R. J. les compraba a N. B. R. y a sus hermanas objetos costosos, como computadoras portátiles. Aclaró que su vínculo había sido principalmente con N. B. R., aunque también había observado situaciones de manoseo hacia sus hermanas M. y A..
Tanto el testimonio de M. I. F. como el de A. M. aportaron un sólido indicio de contexto y corroboración de la dinámica abusiva. Por su parte, A. M. ratificó la naturalización e invasión de límites pudorosos en el hogar y la falta de protección materna, haciendo mención del estado de desamparo y llanto de la víctima al momento del develamiento, en tanto M. en su relato sobre la percepción personal de agresiones físicas y tocamientos inapropiados quiebra la versión de la defensa sobre un entorno idílico y confirma que el imputado desplegaba conductas de invasión corporal aprovechando la presencia o tolerancia del entorno.
Los testimonios hasta aquí descriptos aportan elementos de corroboración de significativa entidad, tanto respecto del contexto familiar como de las circunstancias del develamiento y del estado emocional observado en N. B. R.. A ello se agrega, en el caso de M. I. F., la percepción directa de conductas de invasión corporal que atribuyó a R. J.. Valorados conjuntamente con la restante prueba, estos elementos fortalecen la consistencia de los aspectos sustanciales de la declaración de la víctima y permiten comprender la vergüenza, el temor al desamparo y las dificultades que precedieron y siguieron a la exteriorización de lo sucedido.
Cabe citar aquí lo analizado por una destacada autora y compiladora en cuestiones de género, cuando expresa que “En el marco del proceso penal, y con independencia de los indicios que puedan corroborar la declaración de una víctima, la credibilidad de su testimonio puede ser evaluada con criterios que tienen en cuenta su naturaleza jurídica, la integridad de la percepción y la memoria medida en su contexto, la coherencia interna de la narración, así como también los factores de presión internos a los que puede estar sometida la agredida. En cualquier caso, el estudio del contenido de su testimonio debe estar despojado de una mirada estereotipada” (Di Corletto, J., “Género y Justicia Penal”, Ediciones Didot, págs. 296-300).
En contraste con lo hasta aquí expuesto, corresponde abordar las declaraciones de L. D. R., M. R., A. R. y L. M. R. -hermanas de la víctima-, las cuatro describieron aspectos de la convivencia familiar y del vínculo que mantuvieron con R. J. desde su infancia.
Si bien fue coincidente la descripción de la vivienda familiar como un inmueble pequeño, compuesto por cocina-comedor, baño y dos habitaciones, explicaron que las puertas de los dormitorios habían sido retiradas o permanecían apoyadas debido a dificultades para abrirlas. Por su parte, L. R. precisó que la habitación ubicada al fondo era la que compartía junto a sus hermanas y que, inicialmente, dormían allí las cuatro, hasta que L. -la hermana menor- se incorporó posteriormente a la habitación. M. R. hizo referencia a la disposición de las camas y señaló que las cuchetas producían ruidos al subir a ellas, los cuales podían escucharse desde el comedor. En relación con los televisores, L. R. indicó que había uno en la habitación, ubicado sobre la ventana, y otro en el comedor, mientras que M. R. confirmó la existencia de un televisor en el dormitorio, aunque aclaró que el equipo para reproducir contenido utilizaba casetes y no dvd.
En cuanto a la dinámica familiar, L. R., M. R., y A. señalaron que R. J. participaba en su crianza y que nunca ejerció violencia física ni tuvo conductas de índole sexual hacia ellas. L. Rr., explicó que, cuando su madre reprendía a sus hermanas mayores, R. J. no intervenía. M. R. destacó, además, la ayuda económica que brindaba al grupo familiar, mientras que A. manifestó que la relación con él se mantenía hasta el presente.
Respecto de la denuncia, L. y M. R. recordaron que N. B. R. las reunió para contarles lo sucedido y les preguntó si habían atravesado situaciones similares, lo que ambas negaron. M. R. precisó que su hermana se encontraba llorando y que les había manifestado que R. J. abusaba de ella y le hacía ver material pornográfico. A. R. por su parte, explicó que N. B. R. les comunicó que había denunciado a R. J. y a otros integrantes de la familia, aunque no pudo precisar los detalles de aquella conversación. L. Rr. manifestó que se enteró por su madre, cuando tenía once años y R. J. debió retirarse del domicilio.
En relación con el vínculo posterior con las hermanas R. señalaron que se produjo un distanciamiento, aunque con algunas reanudaciones del contacto. M. R. describió conflictos previos con su hermana vinculados con las relaciones personales y las pautas de convivencia establecidas por su madre. También expresó que no creía en la denuncia y atribuyó su posición a una supuesta afectación psicológica de N. B. R. y a los conflictos familiares que, a su entender, mantenía desde hacía años. En tanto L. Rr., manifestó que con el transcurso del tiempo perdió el contacto con la denunciante.
Las diferentes posiciones asumidas por las hermanas a partir del develamiento requieren una consideración particular. A primera vista, el hecho de que algunas no hubieran advertido comportamientos sexuales hacia ellas, mantuvieran posteriormente un vínculo con R. J., manifestaran descreimiento respecto de N. B. R. o, con el transcurso del tiempo, retomaran parcialmente el contacto con su hermana podría aparecer como una prueba contradictoria. Sin embargo, las pautas especializadas sobre violencia sexual intrafamiliar muestran que esas respuestas no admiten una lectura tan lineal. La Guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual de UNICEF destaca la estrecha relación existente entre las reacciones familiares posteriores al develamiento y la forma en que la experiencia es procesada. Al abordar las situaciones de retractación - fenómeno que no se presenta en N., pero cuyo análisis resulta ilustrativo de las dinámicas familiares posteriores a una revelación- señala que el descreimiento, la culpabilización, las fuertes presiones familiares y la circunstancia de que la persona denunciada sea una figura parental o existan hermanas o hermanos vinculados a ella pueden incidir significativamente en las respuestas posteriores. Por ello recomienda indagar específicamente las “reacciones e interacciones familiares luego de la develación” y advierte que suele coexistir el deseo de restablecer los lazos familiares (UNICEF, Guía de buenas prácticas..., 2023, págs. 82/83). La investigación psicológica sobre abuso sexual infantil también ha observado la incidencia que poseen las respuestas del grupo familiar. En casos sustanciados, Malloy, Mugno, Rivard, Lyon y Quas comprobaron que la creencia o descreimiento expresado por otros integrantes de la familia se asociaba significativamente con la estabilidad posterior de las revelaciones (Familial Influences on Recantation in Substantiated Child Sexual Abuse Cases, Child Maltreatment, 2016).
Desde esta perspectiva, las distintas respuestas de las hermanas no deben ser convertidas artificialmente en una alternativa entre “creer a N.” o “creer a R. J.”. Lo que muestran es un grupo familiar profundamente atravesado por las consecuencias del develamiento, cuyos integrantes conservaron vínculos afectivos diferentes entre sí y con el imputado. Que algunas de ellas hayan mantenido relación con R. J., que otras se hayan distanciado de N. B. R. o que posteriormente hayan procurado recomponer el vínculo fraterno no resulta, entonces, incompatible con la hipótesis acusatoria. Su significación debe establecerse junto con las restantes evidencias y con la concreta posición que cada integrante ocupaba dentro del grupo.
Así también, por su parte la testigo S. A. -tía de N. B. R.- declaró conocer a R. J. desde aproximadamente el año 2006, identificándolo como el esposo de su hermana. Explicó que su hermana residía en la provincia de Santa Cruz y retornó en su momento a Mendoza junto a su cónyuge de aquel entonces, el Sr. R., quien posteriormente la dejó en la vivienda de la madre de la testigo. Al ser sus progenitores jubilados e imposibilitados de mantener a un grupo familiar integrado por tres niñas y un embarazo en curso, la deponente decidió trasladarlas hacia el sur. Refirió que convivieron en su propio domicilio y que tramitó la guarda provisoria de las menores a fin de otorgarles cobertura de obra social, destinando el cobro del salario familiar y fondos propios para alquilarle una vivienda a su hermana durante aproximadamente dos años, hasta la adjudicación del inmueble en la calle xxxxxx N° ***. Respecto de la escolaridad, precisó que inicialmente concurrieron a la Escuela N° 1 y que, tras consolidarse la unión de su hermana con el imputado R. J., las jóvenes pasaron a cursar sus estudios en el colegio ICEP.
Inquirida sobre el inmueble de la calle xxxxxx N° ***, la testigo confirmó haberlo visitado, describiéndolo como una casa de dimensiones sumamente reducidas integrada por un pasillo y dos habitaciones. En cuanto a la dinámica familiar, expuso que debido a sus labores docentes y al traslado de sus hijos a diversas actividades, los encuentros se realizaban en su propia casa por ser de mayor amplitud, caracterizando el trato dispensado hacia sus sobrinas como bueno.
Agregó que, tras alejarse del hogar materno y residir un tiempo con una amiga, su sobrina N. B. R. convivió en su domicilio en la habitación de su hija que estudiaba en Mendoza, mientras cursaba la carrera de maestra especial en el IPES, ámbito en el cual la asistía y aconsejaba en sus trabajos académicos. Asimismo, la declarante expuso que durante la cursada de N. B. R. en dicho establecimiento, la institución le solicitó una evaluación psicológica. Indicó que la joven abandonó posteriormente los estudios y dejó en su inmueble un documento en el que se consignaba que la nombrada aconsejaba o requería tratamiento psiquiátrico, papel que conservó en su poder durante largo tiempo hasta descartarlo en una limpieza.
Consultada sobre la denuncia, refirió haber conversado con su sobrina, manifestándole que mantendría una postura neutral hasta tanto se demostrara lo contrario, y destacó el severo sufrimiento padecido por su hermana ante tal situación. Añadió que N. B. R. formuló acusaciones posteriores en las que involucró a las sobrinas más pequeñas - atribuyendo presuntos abusos a R. J.- , como así también a sus propios hijos, a su esposo y a un primo domiciliado en LUGAR_2. Aclaró que la imputación dirigida contra sus hijos fue desestimada al comprobarse la falta de consistencia de los dichos de la joven, resaltando la intachable trayectoria profesional de ambos.
Finalmente, requerida sobre la guarda provisoria y las autorizaciones escolares, la testigo precisó que la representación legal conferida al inicio cesó al incorporarse R. J. a la dinámica familiar y formalizarse la convivencia con su hermana. Aclaró que las autorizaciones que poseía junto a su grupo para retirar a las menores de los establecimientos educativos fueron discontinuadas a partir de dicho momento, no volviendo a ejercer tal función tras el ingreso de sus sobrinas al colegio ICEP.
En cuanto a la dinámica familiar y descripción del inmueble fue coincidente con lo declarado en debate por Y. R. quien indicó conocer a la familia R. J. desde su llegada al sur, aproximadamente doce o trece años atrás, identificando a N. A., a R. J., a L. Rr., a N. B. R. y a las demás hijas del núcleo familiar. Explicó que, al no contar con parientes en la zona, entabló una estrecha amistad con la familia y frecuentaba su domicilio de manera habitual. Sobre las características del inmueble, la deponente describió la vivienda como una casa de dimensiones reducidas compuesta por dos habitaciones, un baño y una cocina pequeña. Consultada respecto de la existencia de episodios de violencia física, aseveró no haber presenciado actos de tal naturaleza, pero calificó dinámicamente al hogar como una “casa de locos, había gritos y eso, pero lo tomaba normal” debido a que sus integrantes solían elevar el tono de voz y gritar, lo cual atribuyó a una modalidad conversacional habitual del grupo familiar.
Respecto de la conducta del imputado R. J. en el plano doméstico, la testigo indicó que el nombrado no solía intervenir cuando los conflictos involucraban a las hijas de su pareja, limitándose a pedirle a N. A. que se calmara. Asimismo, al ser indagada sobre la modalidad de permanencia durante las reuniones a dormir, la declarante expuso que pernoctaba junto a su hija en la habitación del fondo donde se hallaban las cuchetas, compartiendo dicho espacio con L., A. y M. R., y aclarando que en dicho período N. B. R. y L. ya no residían en la propiedad.
Por último, requerida sobre las particularidades de las puertas de los dormitorios, la testigo precisó que la puerta de la habitación estaba “...mal y salida…” razón por la cual debían colocarla apoyada manualmente para cubrir la abertura y evitar el paso de la luz al momento de mirar películas. En lo atinente al dormitorio de la madre, manifestó no recordar si poseía o no puerta de acceso.
Aunque sus testimonios aportan elementos predominantemente favorables a la posición defensiva, también coinciden en aspectos relevantes de la dinámica familiar, la estrechez de la vivienda y la existencia habitual de gritos y conflictos dentro del hogar.
En este contexto, corresponde analizar la declaración testimonial de N. A., madre de la víctima y esposa del imputado, incorporada a fs. 69/71 y vta., quien manifestó en dicha oportunidad que la relación y el trato que R. J. que mantenía con ella y con sus hijas era bueno. En lo atinente a la escolaridad y las rutinas del hogar, detalló que sus hijas realizaron la educación primaria en la Escuela N° 1 y posteriormente continuaron sus estudios en el colegio ICEP, siendo N. B. R. la única que concluyó el nivel secundario. Precisó que mientras estuvo unida a su anterior cónyuge no trabajaba, pero tras retornar a la provincia comenzó a laborar en el Ministerio de Secretaría General en el horario de 12:00 a 20:00 horas, en tanto R. J. prestaba servicios en la xxxxx de 08:00 a 15:00 horas.
Indicó que las jóvenes concurrían al colegio ICEP hasta las 12:50 horas y regresaban juntas al domicilio adjudicado por el IDUV en la xxxxxx N° ***. Aseveró que, ante eventuales inasistencias escolares de N. B. R. por razones de salud, era ella misma quien solicitaba carpeta médica para permanecer a su cuidado, e hizo hincapié en la imposibilidad objetiva de que el imputado quedara a solas con las jóvenes, atento a la superposición de horarios laborales y escolares, la permanente compañía entre las hermanas y la infraestructura del inmueble, cuyas puertas de los dormitorios habían sido desprendidas por resultar incómodas ante la estrechez de los espacios. En cuanto al alejamiento de N. B. R. del hogar familiar al cumplir los dieciocho años de edad, N. A. lo atribuyó a desacuerdos generados por la exigencia de acatar las pautas de convivencia y los horarios de regreso. Expuso que, la joven residió de manera sucesiva con la familia Uz, en el inmueble de una amiga de nombre D. y posteriormente en la vivienda de su hermana y su cuñado de apellido O., aclarando que la familia continuó brindándole asistencia en sus mudanzas y en los conflictos de pareja que mantenía con O. R., destacando que con anterioridad a la denuncia la víctima participaba con normalidad de los festejos y reuniones familiares, compartiendo almuerzos donde se encontraban presentes el encartado y los demás allegados imputados.
Agregó que en una oportunidad, en ocasión de embalar sus pertenencias para trasladarse a Córdoba, la joven le envió mensajes manifestándole en términos despectivos que se arrepentiría de estar con el imputado "me envió varios mensajes en los que me decía que me iba a arrepentir de estar con ese negro de mierda” -en referencia a R. J.-, sin brindar mayores explicaciones sobre el motivo de sus dichos.
Respecto del develamiento de los hechos, la declarante expuso que la revelación se produjo a fines de octubre, dos días después del casamiento de su hija mayor, oportunidad en que N. B. R. convocó a sus hermanas a la vivienda de su pareja para referirles lo sucedido y posteriormente la llamó a ella llorando para que concurriera a su domicilio. Detalló que al encontrarse, la víctima le manifestó que el encartado la retiraba de la escuela y la obligaba a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte hacia su progenitora, atribuyendo asimismo abusos a su tío y a sus primos de apellido O., e involucrando con posterioridad a un primo domiciliado en LUGAR_2. Ante dicho relato, la testigo confrontó inmediatamente a R. J. y le exigió que se retirara de la casa, interrumpiendo la convivencia de forma definitiva tras la formalización de la acusación ante la institución Paycan. Finalmente, la deponente manifestó su absoluta incomprensión sobre los motivos de la denuncia, resaltando que las hermanas de la víctima cuestionaron la veracidad de las imputaciones por no haber permanecido nunca a solas con el encartado, y señalando la actitud de desinterés y alejamiento que su hija N. B. R. asumió hacia su persona tras radicar la denuncia, así como las previas consultas que solía formularle respecto de los derechos de propiedad sobre la casa familiar.
En relación con esta última declaración, resulta trascendente, lo consignado por la Lic. en Trabajo Social Fanny Castro a fs. 21/23 del expediente Nº ****/18, proveniente del Juzgado de Familia Nº 2, Secretaría Nº 2 -en tanto opera como elemento de corroboración periférica-, informe en el que surge “...Observaciones: de la entrevista sostenida con la Sra. N. A. (51) surge que cuenta con un núcleo familiar de tipo ensamblado, convive con esposo R. J., una hija adolescente A. R. (15) y la niña L. Rr. (11)... Las tres hijas L., N. y M. R. se hallarían residiendo en forma independiente y serían autosuficientes. Todas las hijas mayores se fueron del hogar materno a los 18 años aproximadamente, y su madre refiere que no sostuvo problemas de convivencia con sus hijas, pero resulta llamativo ya que se fueron a vivir a casa de familiares y casa de amigas, por carecer de trabajo estable e ingresos durante este proceso de independencia. La progenitora sostiene una característica expulsora, si bien acude en este momento a requerir presencia de hijas que no están de acuerdo con la denuncia de su hermana N. B. R.. Con su hija N. B. R. (denunciante) es con la que no sostendría comunicación, se refiere a su hija con enojo y rechazo .La progenitora presenta un discurso armado, carece de espontaneidad y se muestra muy cautelosa cuando relata sobre su situación actual, su postura es de apoyo activo hacia su esposo, esté presente en la entrevista, pero no lo dejaba hablar, y si decía un comentario lo corregía .
Indicando que esperaba que su hija desestimará la denuncia penal y si bien indica que quiere conocer la verdad de lo ocurrido, pero en los hechos no logra diferenciarse de su esposo, ella asume su defensa y se ocupa de buscar asesoramiento, hablar con el abogado antes de aceptar la entrevista con esta operadora, de recurrir a los establecimientos de sus hijas para advertirles de la denuncia, y de acudir a los diferentes dependencia Judiciales, y de hacer caso omiso a la orden del juzgado de realización de cámara Gesell a las hijas convivientes por indicación del abogado de su esposo…”.
El informe adquiere especial significación para comprender la dinámica que se configuró inmediatamente después del develamiento. Elaborado en una etapa temporalmente próxima a la revelación, documenta el enojo y rechazo de N. A. hacia N. B. R., su posicionamiento activo junto a R. J. y la dificultad advertida por la profesional para diferenciarse de éste. Su valor reside, entonces, en aportar una observación contemporánea e independiente acerca de la respuesta familiar que encontró N. B. R. luego de exteriorizar los hechos, y se corresponde con lo que ésta relató respecto del progresivo distanciamiento de su madre y de sus hermanas.
Las pautas especializadas sobre violencia sexual infantil destacan, asimismo, la incidencia que adquiere la respuesta del entorno próximo una vez producido el develamiento. La reacción de las personas adultas significativas puede constituir una fuente de sostén, pero también de descreimiento, culpabilización, presión o aislamiento, especialmente cuando la revelación compromete a una persona integrada al propio núcleo familiar. Por ello, las reacciones posteriores de quienes conforman ese grupo no pueden ser examinadas al margen de los vínculos afectivos, materiales y de dependencia previamente existentes.
La prueba producida en el debate hasta aquí analizada, junto a la incorporada por lectura, permite advertir que R. J. cumplía un rol relevante económico en el grupo familiar. En tal sentido, la testigo M. R. fue categórica al señalar que el imputado representó una ayuda decisiva para su madre, asumiendo el pago de la escolaridad privada en el colegio ICEP y la compra de equipamiento informático. Esta circunstancia se ensambla armónicamente con lo manifestado por M. I. F. - quien destacó la adquisición de computadoras costosas por parte de R. J.- y, fundamentalmente, con los dichos de A. M. durante la audiencia de debate quien refirió que, al momento en que la víctima le confió los abusos tras ser expulsada del hogar, le expresó con aflicción que su madre se rehusaba a creerle cuestionando "...y si lo echaba… quién le pagaría las tarjetas…".
Lo mencionado pone de manifiesto la relevante incidencia económica que R. J. tenía dentro del grupo familiar, circunstancia que integraba la trama de dependencia existente en el hogar y que debe ser considerada, junto con los restantes elementos acreditados, para comprender la posición posteriormente asumida por la progenitora frente al develamiento, su mantenimiento del vínculo con R. J. y la situación de progresivo aislamiento que atravesó N. B. R.. Establecidas las circunstancias relativas a la dinámica familiar y al lugar que R. J. ocupaba en el sostenimiento económico del hogar, resulta pertinente examinar las conclusiones de la pericia psicológica practicada por el Lic. Damián Ricardo, integrante del Cuerpo Pericial de Psicología del Poder Judicial -informe incorporado en autos a fs. 61/61- cuyo objeto fue evaluar las características de personalidad del imputado, la posible existencia de alguna enfermedad mental, la presencia de elementos de perversión o impulsión en el área de la sexualidad, su capacidad de fabulación o simulación, su aptitud para comprender y dirigir sus acciones, y la existencia de indicadores.
En este punto, cabe señalar que las conclusiones de la pericia psicológica relativas a la personalidad del imputado no permiten, por sí solas, tener por acreditada la ocurrencia del hecho sometido a juzgamiento. Sin embargo, su utilidad para esta decisión reside en describir aspectos del funcionamiento psíquico evaluado y en determinar la conservación de sus capacidades cognitivas, de comprensión y dirección de la conducta. Dicho esto, del informe pericial surge que, “...El Sr. R. J. presenta características psicopatológicas de larga data basados en sentimientos de hostilidad y agresión con dificultades severas de expresarlos adecuadamente… 2) ninguno de estos rasgos parece afectar su capacidad de comprender o interferir en la esfera cognitiva del sujeto… 3) .
Posee una limitación en la modulación de los aspectos afectivos y pulsionales, dentro de lo que se encuentra el área sexual frente a situaciones de estrés ambiental o a impulsiones internas es muy probable que pase al acto… 4) El Sr. R. J. posee capacidad de distinguir entre la fantasía y la realidad, pudiendo discriminar de manera adecuada los elementos que componen una representación de un estímulo sensorial. 5) existen indicadores que puedan dar cuenta que el Sr. R. J. pudiera tener afectada la capacidad de comprensión de su conducta o la capacidad de dirigir sus acciones. 6) se encuentran indicadores que pueden relacionar los factores expresados anteriormente con el tipo de hechos relatados en la denuncia…”.
Estas conclusiones fueron ratificadas por el profesional durante la audiencia de debate, oportunidad en la que explicó que la evaluación psicodiagnóstica de R. J., realizada en 2018, comprendió una entrevista semidirigida bajo la modalidad dual clínico-forense y la administración del test de R.. A partir de la integración de los resultados obtenidos mediante ambas técnicas, el profesional señaló que el evaluado presentaba un rendimiento cognitivo adecuado. No obstante, se advertía que el sujeto presentaba un rendimiento cognitivo adecuado, aunque evidenciaba dificultades para modular los impulsos, particularmente en lo relativo a la expresión de aspectos afectivos y al déficit volitivo.
Señaló que, frente a situaciones de estrés, tendía a responder impulsivamente, aclarando que el término comprendía aspectos pulsionales y de agresividad, sin que ello implicara que el sujeto se comportará de manera impulsiva en todo momento. Precisó que, ante determinadas situaciones de estrés o estímulos, podía responder sin una adecuada modulación cognitiva, y que estas características se manifestaban con mayor frecuencia en el ámbito de la sexualidad, aunque no de manera permanente, sino en circunstancias determinadas.
Consultado sobre el alcance del punto dos, explicó que no se refería a características reactivas vinculadas con la situación de entrevista, al estrés o a circunstancias particulares, sino a aspectos relacionados con la estructura de personalidad del sujeto. En cuanto a la posibilidad de revertir tales características, señaló que ello dependía de varios factores, principalmente del reconocimiento por parte del sujeto y de su predisposición a modificar esos aspectos. Agregó que, si existía voluntad de cambio y se realizaba un tratamiento, podían modificarse.
La pericia estableció, asimismo, que R. J. conservaba su capacidad para comprender y dirigir su conducta.
De este modo, la declaración de la víctima N. B. R. no ha quedado aislada en el conjunto de la prueba recabada y producida durante la audiencia oral. Por el contrario, los testimonios prestados, los abordajes psicológicos, las conclusiones de las pericias practicadas y la prueba incorporada por lectura, analizadas de forma armónica y en conjunto, describen de manera directa el estado emocional de N. B. R.. Asimismo, este conjunto probatorio explicita las circunstancias del develamiento y las secuelas posteriores en la psiquis de la damnificada, funcionando todo ello como elementos de corroboración periférica que refuerza la verosimilitud del relato de la víctima en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona y del impacto del trauma en su historia vital.
En este contexto, si bien la declaración de la víctima constituye la principal fuente de conocimiento directo acerca de los hechos atribuidos, esa circunstancia no disminuye, por sí misma, su aptitud probatoria. En el caso, N. B. R. mantuvo un relato sustancialmente coherente respecto de los aspectos centrales de la imputación, que encontró correspondencia con otros elementos incorporados al debate, tanto en lo relativo a las circunstancias del develamiento como a las manifestaciones emocionales posteriores. Estas coincidencias, valoradas junto con el contenido de sus declaraciones, permiten otorgar sustento a su relato. La ausencia de indicadores de inducción de terceros informada por Mendicoa, junto con la persistencia de los aspectos centrales del relato y su correspondencia con las restantes evidencias, resta sustento a la hipótesis defensiva de una imputación construida posteriormente por influencia externa. La existencia de otras experiencias traumáticas, por su parte, exige valorar con particular cuidado la especificidad de cada relato, pero no determina una confusión entre acontecimientos diferentes.
Lo expuesto encuentra sustento en la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que "…las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho…" (Corte IDH, Caso F. O. y otros vs. México, párr. 100; Caso R. C. y otra vs. México, párr. 89). Ello no excluye el deber de examinar la declaración de manera rigurosa y en conjunto con la totalidad de los elementos probatorios disponibles, reconociendo al mismo tiempo las particularidades propias de este tipo de criminalidad.
En consecuencia, la prueba reunida, apreciada de manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica racional, alcanza el grado de certeza exigido para tener por acreditado que los sucesos se iniciaron en el año 2005 - cuando la víctima contaba con tan solo once años de edad- y se extendieron de manera reiterada hasta sus catorce años aproximadamente. Dicho sometimiento comenzó con tocamientos e intromisiones corporales, la exhibición forzada de películas pornográficas exigiéndole su simulación, y expresiones mediante las cuales el imputado manifestaba sus deseos de "debutar" con ella o "hacer el amor" justificándose en que su progenitora no quería mantener relaciones sexuales con él. Asimismo, se demostró el escalamiento de dicho accionar hacia la comisión de abusos sexuales con acceso carnal (penetración vaginal y prácticas de sexo oral impuestas) en reiteradas oportunidades, ejecutados mediante el uso de violencia física - como tirones de cabello- y amedrentamientos bajo amenaza de muerte hacia ella o su madre para imponer su silencio y asegurar su impunidad.
Así examinadas, las diferentes respuestas producidas dentro de la familia no conforman un conjunto de evidencias necesariamente incompatibles entre sí. El develamiento produjo una profunda reconfiguración de vínculos, afectos y lealtades dentro de un grupo en el que R. J. se encontraba inserto desde hacía años como pareja de la madre, sostén económico y figura adulta de referencia. En ese contexto resulta comprensible que algunas personas hayan acompañado a N. B. R., que otras conservaran su vínculo con el imputado, que algunas expresaran descreimiento y que, con el tiempo, se produjeran acercamientos parciales entre las propias hermanas.
Ninguna de esas respuestas demuestra por sí misma la existencia o inexistencia de los hechos. Su importancia reside en que, comprendidas dentro de las dinámicas propias del develamiento de violencia sexual intrafamiliar y confrontadas con la restante prueba, dejan de presentar la contradicción que aisladamente podría atribuírseles. Es desde esa perspectiva que deben ser valoradas las declaraciones de las integrantes del grupo familiar.
La prueba reunida converge de forma unívoca para desvirtuar el estado de inocencia del acusado y fundar la certeza requerida para dictar un pronunciamiento condenatorio.
La CNCCC ha precisado que: “En este tipo de casos, el grado de certeza que demanda una sentencia condenatoria se complementa generalmente con prueba indirecta (por ejemplo, el dictamen de los profesionales intervinientes). Asimismo, la declaración de terceros que hayan advertido un estado de afectación emocional en la víctima, el descarte de la posibilidad de la fabulación y de animosidad contra el imputado, son elementos que evaluados de forma integral permiten delinear el cuadro cargoso (véase voto de Morin en 'Roumieh', Sala 2)." (Parma, Carlos, "Valoración de la prueba en los delitos sexuales", pág. 145-146).
Por ello, la valoración conjunta e integral de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica racional y considerando los distintos episodios en su contexto, permite tener por acreditadas la materialidad de los hechos atribuidos a R. J. en perjuicio de N. B. R., así como su autoría penalmente responsable de los hechos que le fueron endilgados.
Asimismo, no se han verificado circunstancias justificantes, exculpatorias o de cualquier otra índole que excluyan o disminuyan su responsabilidad penal. Así lo voto.
Los Dres. Jorge Daniel Yance y Carlos Enrique Arenillas adhieren al voto de presidencia.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
Al respecto la Dra. María Alejandra Vila dijo:
En primer término, debe señalarse que el encuadre jurídico por el que la Fiscalía formulara su acusación durante el debate fue el de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (reiterado) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en calidad de autor”, previsto y reprimido por los arts. 45, 55 y 119, 1er., 2do., 3er. y 4to. párrafo inc. f) del Código Penal.
Por su parte, la Defensa Técnica de R. J. solicitó la absolución del delito de “abuso sexual con acceso carnal” y postuló la calificación de “abuso sexual simple agravado”.
Adelanto que la calificación propuesta por el Ministerio Público Fiscal resulta adecuada, pues la plataforma fáctica que se ha tenido por acreditada reúne acabadamente los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el artículo 119 del Código Penal en sus distintas modalidades. A tales fines, corresponderá efectuar un abordaje escindido y separado de cada una de ellas, analizando en bloques independientes la adecuación típica de los comportamientos acreditados y la concurrencia de sus respectivos elementos normativos. Desde la dimensión subjetiva, el tipo penal requiere dolo directo, el cual se verifica en la voluntad consciente del encartado de realizar los actos de naturaleza sexual que fueron tenidos por acreditados sobre la víctima, aprovechando los momentos de intimidad y vulnerabilidad de ésta.
Cabe efectuar aquí una precisión en función de la edad que N. B. R. tenía durante el período comprendido en la acusación. Respecto de los hechos cometidos cuando era menor de trece años, el consentimiento carecía de eficacia jurídica por expresa disposición del primer párrafo del artículo 119 del Código Penal. En tal sentido, la doctrina ha señalado que “...los menores de trece años carecen iure et de iure de cualquier tipo de posibilidad de consentir o asentir una relación sexual con otra persona mayor de edad...” (Aboso, Gustavo Eduardo, Derecho penal sexual, 2022, segunda edición ampliada y actualizada, p. 79).
En cuanto a los episodios posteriores, ocurridos dentro del período objeto de acusación, la tipicidad no se sustenta exclusivamente en la edad de la víctima, sino en las restantes circunstancias que han sido acreditadas: la violencia física, las amenazas y el aprovechamiento de la relación de autoridad, poder y dependencia existente entre el imputado y N. B. R. dentro del ámbito familiar y de convivencia.
I. Abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119, segundo párrafo, del Código Penal)
Se halla plenamente configurada la figura típica prevista en el segundo párrafo del artículo 119 del Código Penal, por cuanto los actos perpetrados por el imputado superaron holgadamente la entidad de los meros tocamientos o abusos simples.
Como destaca la doctrina, “lo gravemente ultrajante son los actos sexuales que objetivamente tienen una desproporción con el propio tipo básico y producen una humillación o degradamiento más allá de lo que normalmente se verifica con el abuso en sí” (Donna, Rubio y Alvero, El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia, 2003).
La reiterada imposición a la víctima - iniciada cuando contaba con tan solo once años de edad- de presenciar e involucrarse en la reproducción de material pornográfico, sumada a los manoseos invasivos sobre sus zonas íntimas y la conducta de eyacular sobre su cuerpo, configuran, por su duración, frecuencia y modalidad de sometimiento, un ultraje grave a la dignidad e integridad sexual de la niña. La prolongación sistemática en el tiempo de estas conductas durante una etapa particularmente sensible de su desarrollo generó un sometimiento de entidad cualitativamente superior al contemplado por la figura básica, tornando aplicable el segundo párrafo del artículo 119 del Código Penal.
II. Abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo, del Código Penal) De igual modo, la plataforma fáctica probada subsume de forma directa en el tipo penal previsto en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal. Ha quedado acreditado que el imputado accedió carnalmente a N. B. R. mediante penetración vaginal en reiteradas oportunidades y que, asimismo, le impuso la práctica de sexo oral mediante la introducción de su pene en la boca de la víctima.
En relación con esta última modalidad corresponde efectuar una precisión, dado que los hechos juzgados se sitúan entre los años 2005 y 2008, esto es, con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 27.352.
El texto entonces vigente del tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal reprimía los supuestos en los que, mediando las circunstancias previstas en el primer párrafo, “hubiere acceso carnal por cualquier vía”.
Esta magistratura ya ha sostenido en anteriores pronunciamientos que aquella formulación comprendía la penetración por vía bucal. Tal criterio fue desarrollado, entre otros precedentes de este Tribunal, en “Ferril José Fermín s/ Abuso sexual con acceso carnal calificado”, Expte. N° 3926/11, y posteriormente retomado en “Cárcamo”, “Centurión”, “Barrionuevo” y “Neira”.
La expresión “por cualquier vía”, incorporada al artículo 119 por la Ley 25.087, no puede interpretarse como limitada a las penetraciones vaginal y anal, modalidades que ya se encontraban comprendidas tradicionalmente en el concepto de acceso carnal. Por el contrario, la amplitud de la fórmula utilizada y los antecedentes parlamentarios de aquella reforma permiten concluir que el legislador pretendió incluir otras vías aptas para la penetración sexual, entre ellas la bucal.
En ese sentido, ya se ha señalado que la penetración de la cavidad bucal mediante el órgano sexual masculino constituye una modalidad de acceso carnal comprendida en el tercer párrafo del artículo 119, sin que resulte determinante, a tal fin, acudir a diferencias fisiológicas entre las distintas cavidades corporales. Lo jurídicamente relevante es la invasión sexual que supone la penetración corporal impuesta en las condiciones contempladas por el tipo penal.
La posterior sanción de la Ley 27.352, que explicitó que el acceso carnal podía producirse “por vía anal, vaginal u oral”, no incorporó en este aspecto una conducta anteriormente atípica, sino que puso fin legislativamente a la controversia interpretativa existente acerca del alcance de la expresión “por cualquier vía”.
Por ello, calificar como acceso carnal la práctica forzada de sexo oral acreditada en autos no implica aplicar retroactivamente una ley penal más gravosa. La conducta ya se encontraba comprendida, conforme al criterio que esta magistratura ha sostenido con anterioridad, en el artículo 119, tercer párrafo, según el texto vigente al momento de comisión de los hechos. Sentado ello, las imprecisiones temporales o lagunas en el relato de la víctima invocadas por la Defensa no modifican la conclusión alcanzada respecto de la existencia de los accesos carnales.
Sobre este aspecto, las explicaciones brindadas por el Lic. Gastón Mendicoa durante el debate permiten comprender que las lagunas parciales, la naturalización de determinadas situaciones y las características sintomáticas descriptas resultan compatibles con los fenómenos que el profesional explicó respecto de personas que atravesaron experiencias traumáticas durante etapas tempranas de su desarrollo. Tales circunstancias deben ser integradas con la restante prueba analizada en la cuestión anterior y no desvirtúan la certeza alcanzada respecto del núcleo sustancial de las conductas acreditadas. En este aspecto, se ha dicho que “...El dolo en esta clase de delitos se basta con la conciencia y voluntad de tener acceso carnal opuesto a la voluntad de la víctima o careciendo de un consentimiento válido de parte de ella para llevar a cabo ese acto sexual... y para los supuestos agravados, la conciencia del alcance dañoso mayor que genera la conducta o de las demás circunstancias contempladas en cada caso...” (Villada, Jorge Luis, Delitos Sexuales y trata de personas, Buenos Aires, La Ley, 2021, pág. 254).
III. Agravante por la convivencia En lo atinente a la circunstancia agravante por la convivencia, prevista en el artículo 119, cuarto párrafo, inciso f), del Código Penal, corresponde precisar que el mayor contenido de injusto y el consecuente incremento del reproche penal no se agotan en la mera constatación objetiva del dato habitacional. Por el contrario, la mayor severidad de esta figura agravada encuentra fundamento en el aprovechamiento de las condiciones que genera la convivencia con una persona menor de dieciocho años, en cuanto facilita el acceso a la víctima y permite al autor desenvolverse dentro de un espacio cotidiano de confianza y proximidad.
En el caso de autos, ha quedado fehacientemente acreditado que R. J. convivía de manera permanente en el inmueble de la calle xxxxxx N° *** junto a la progenitora de N. B. R. y sus hijas. Esa posición le confería un acceso cotidiano y facilitado por la propia dinámica doméstica, dentro de una relación marcadamente asimétrica en razón de la edad, del lugar que ocupaba como pareja de su madre y figura adulta dentro del grupo familiar y de la confianza inherente a aquella convivencia.
Fue precisamente dentro de ese ámbito donde pudo desplegar reiteradamente las conductas acreditadas, aprovechando oportunidades generadas por las rutinas familiares y cesando su accionar cuando advertía ruidos, movimientos o la proximidad de otras personas, tal como fue valorado al tratar la cuestión anterior.
De este modo, el aprovechamiento de la convivencia y de las condiciones propias del ámbito familiar torna plenamente aplicable la agravante invocada por el Ministerio Público Fiscal.
V. Concurso real Asimismo, la multiplicidad de conductas desplegadas por el encartado no constituye un hecho único ni aislado, sino una pluralidad de episodios cometidos a lo largo de varios años, entre los once y los catorce años de edad aproximadamente de N. B. R. y dentro del período comprendido en la acusación.
Los accesos carnales y los sometimientos gravemente ultrajantes se concretaron en distintas oportunidades y mediante actos materialmente diferenciables. Cada uno de ellos conservó autonomía fáctica y típica, por lo que corresponde aplicar las reglas del concurso real previstas en el artículo 55 del Código Penal.
La concurrencia real se sustenta, entonces, en la pluralidad de episodios independientes acreditados durante aquel período y no en la doble subsunción de una misma conducta en más de una figura penal.
Por todo lo expuesto, debe rechazarse la pretensión de la Defensa en cuanto solicitó subsumir la conducta únicamente en la figura de abuso sexual simple. Pretender encuadrar agresiones de la entidad acreditada, que incluyeron tanto sometimientos gravemente ultrajantes como reiterados accesos carnales por vía vaginal y oral, dentro de la figura básica importaría desconocer los hechos comprobados en el debate y los elementos objetivos y subjetivos de las figuras típicas aplicables.
En virtud de lo expuesto, y encontrándose reunidos los elementos objetivos y subjetivos exigidos por los tipos penales analizados, corresponde concluir que la conducta atribuida a R. J. resulta constitutiva del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (reiterado) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia, en calidad de autor”, previsto y reprimido por los arts. 45, 55 y 119, primero, segundo y tercer párrafos, ambos últimos agravados por el cuarto párrafo, inciso f), del Código Penal.
Así lo voto.
Los Dres. Jorge Daniel Yance y Carlos Enrique Arenillas adhieren al voto de presidencia.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar y qué pena corresponde imponer?
Al respecto, la Dra. María Alejandra Vila expresó:
Las conclusiones alcanzadas respecto de la materialidad de los hechos, la intervención de R. J. y su calificación jurídica determinan el dictado de una sentencia condenatoria.
Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de once (11) años de prisión de cumplimiento efectivo.
A su turno, la Defensa solicitó la absolución de R. J. respecto del delito de abuso sexual con acceso carnal y, en relación con el delito de abuso sexual simple agravado, requirió que se le atribuyera responsabilidad y se le impusiera una pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso. Fundó esta última petición en la imposibilidad de afirmar con certeza que los hechos hubieran ocurrido o que no hubieran ocurrido y, en particular, en las condiciones de vida de R. J., la conducta que había mantenido con sus hijastras, la ausencia de antecedentes penales y el tiempo durante el cual había permanecido a disposición de la Justicia, que estimó en más de diez (10) años.
Fijado el límite de la pretensión punitiva y atendiendo a los argumentos expuestos por las partes, se ingresará seguidamente en el análisis de la determinación judicial de la pena a imponer.
Por lo tanto, para determinar la pena justa, la participación del imputado y su calificación legal, debe actuarse de conformidad con las pautas impuestas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, que establecen que el juzgador debe ponderar la gravedad del hecho, el grado de culpabilidad del autor, sus antecedentes y condiciones personales, la extensión del daño causado y las circunstancias de su comisión.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz ha señalado que “…la adecuada fundamentación del fallo exige que se mencionen los aspectos que emplean para dimensionar la pena y se indique con precisión que se los tiene por atenuantes o agravantes, sin que sea necesario, además, que se explique por qué razón se les asigna ese sentido, lo cual por lo demás, será fácilmente advertible por el enrolamiento del juzgador en determinadas líneas de pensamiento sobre los fines y fundamentos de la sanción…” (In re Cristian Matías Brest, Sentencia 17/05/2018, Tomo VII, Registro 002, Folio 024/030).
Sostiene la doctrina que “…el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción sean claramente manifestadas… la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuales son las razones por las que el Tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él. Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal…” (Conf. Fleming, Abel/López Viñals, Pablo, “Las Penas”, 1º Edición Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 440). Sobre estas bases, e ingresando a la valoración de las circunstancias agravantes, ha de ponderarse la naturaleza de la acción, medios empleados y modalidad comisiva; uso de material pornográfico y coacción físico-moral. La utilización de videos pornográficos como medio de corrupción e instrumentalización de la niña, sumado al ejercicio de violencia física -tirones de cabello, sujeciones- y amenazas de muerte -"si contás te voy a matar"- para imponer el silencio e inhibir la capacidad de resistencia.
Grave afectación psicoemocional: La acreditación mediante pericial psicodiagnóstica de un cuadro de estrés postraumático severo con alteración de la personalidad, caracterizado por inhibición, timidez extrema e inseguridad.
Impacto perdurable en la vida adulta: Las profundas secuelas que persisten en la esfera íntima y de pareja de la víctima, así como las dificultades en el ejercicio de la maternidad, manifestadas en respuestas automáticas de rechazo físico hacia su propio hijo de seis años.
El colapso del grupo familiar de origen, el ostracismo, el desamparo afectivo y la falta de apoyo materno que derivaron en una crisis emocional de extrema gravedad, impulsando a la víctima a un intento de autolesión.
La condición de niña-adolescente al momento de los hechos está en intersección con su género, colocándola en una posición de absoluta indefensión.
A su vez, corresponde computar como pauta de mayor grado de intensidad del accionar desplegado por el imputado, al perpetrar el hecho sin usar métodos de protección profiláctica, exponiendo a la víctima al riesgo de contagio de diversas enfermedades de transmisión sexual.
En cuanto a las circunstancias atenuantes, corresponde valorar la ausencia de antecedentes penales del encartado, así como también que se mantuvo a derecho durante la sustanciación del proceso.
Asimismo, deben tenerse en cuenta las resultas del informe socio económicoambiental y las demás constancias obrantes en autos, de las que surge que el imputado cuenta con sesenta años de edad, es nativo de esta ciudad capital y posee el nivel de instrucción secundario completo. En el plano socioocupacional y de salud, se acreditó que el nombrado reviste la condición de jubilado de la administración municipal, goza de cobertura médicoasistencial y no presenta patologías crónicas ni antecedentes de adicciones. Todas estas circunstancias llevan a considerar que, una sanción proporcional que atienda las condiciones personales del imputado pero a la vez que sea, en cierta forma, reparadora del daño causado por los delitos imputados es la de once (11) años de prisión de cumplimiento efectivo los que serán apropiados para que el encartado adquiera conciencia de la ilicitud de su conducta, del daño que ocasionó y adopte una actitud positiva para renunciar a la comisión de nuevos delitos; en su mérito, deberá mantenerse su estado de detención y afrontar el pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3º del CP). Así, el tiempo y modalidad de cumplimiento de la pena seleccionada se corresponde con la finalidad prevista en la Ley N° 24.660, más precisamente en el art. 1, donde se establece que "...La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad…".
En su mérito, deberá disponerse la inmediata detención de R. J. y su posterior alojamiento en el establecimiento policial o penitenciario que determine la autoridad competente, debiendo librarse las comunicaciones de estilo a los organismos correspondientes a fin de hacer efectiva la medida.
Además, deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (Re.Co.D.I.S. Ley provincial Nº 3659), dependientes de la Dirección General de Policía en Función Judicial de la provincia de Santa Cruz, y proceder al decomiso de los elementos secuestrados, una vez firme la presente, conforme lo establecido en el art. 503 del Código Procesal Penal.
Finalmente, deberá notificarse lo resuelto a N. B. R. dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal, 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos y conforme lo previsto por el art. 11 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad, corresponde consultarle si desea ser informada por el juez o tribunal de ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
Asimismo, comunicar a la nombrada que se encuentra a su disposición el Centro de Atención a la Víctima a fines de recibir la asistencia psicológica que estime necesaria.
Así lo voto.
Los Dres. Jorge Daniel Yance y Carlos Enrique Arenillas adhieren al voto de presidencia.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 379, 381, 382, 383 y 386 del Código Procesal Penal, con la firma de dos miembros del Tribunal por encontrarse en uso de licencia el Dr. Yance quien participó de la deliberación, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a R. J. de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (reiterado) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en calidad de autor”, previsto y reprimido por los arts. 45, 55 y 119 1er, 2do, 3er y 4to párrafo inc. f) del Código Penal, y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del Código Penal).
2. ORDENAR la inmediata detención de R. J. y su posterior alojamiento en la dependencia policial y/o penitenciaria que corresponda; informando lo dispuesto a las autoridades correspondientes.
3. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (ReCoDIS), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3659.
4. HACER SABER a N. B. R., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal, 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos y 11 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad, CONSULTAR a la nombrada si desea ser informada durante la ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del condenado (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
5. COMUNICAR a la víctima de autos que se encuentra a su disposición el Centro de Atención a la Víctima a fines de recibir la asistencia psicológica que estime necesaria.
6. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Carlos Enrique Arenillas - juez subrogante- ante la Dra. Gabriela Mansilla - secretaria-.
Fin de la sentencia