Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto recurrido en cuanto no hace lugar a la excarcelación de M.F.B. en términos del art. 169 inc. 11 del CPP.
2Hacer notar lo expresado en el último párrafo del considerando.
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Causa N° 68818
AUTOS Y VISTOS : El recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, Dr. Ezequiel Bernardo Maradeo, contra la resolución emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 1 departamental, que no hace lugar a la excarcelación por exceso de plazo razonable de la prisión preventiva sufrida por M.F.B.
Y CONSIDERANDO : I. Que el impugnante se agravia de que su asistido lleva detenido desde el 31/07/2024, por lo que viene sufriendo un encierro cautelar por un plazo mayor a los dos años.
Entiende que B. ha superado el plazo de duración total del proceso, el cual no puede durar más de dos años.
Considera que la presente causa no reviste ninguna complejidad, habiéndose presentado voluntariamente su defendido en sede policial para quedar detenido, y que desde el inicio de las actuaciones solo se produjo un informe psicológico de la supuesta víctima a quien ni siquiera se le ha recibido testimonio.
Refiere que no hay necesidad de mantener detenido al encausado, y en consecuencia solicita que se revoque el auto atacado al haberse vulnerado el plazo razonable de duración de la prisión preventiva, y se ordene la excarcelación de su ahijado procesal en términos del art. 169 inc. 11° del CP.
II. Que conforme surge del auto de elevación a juicio, al encartado se le reprocha la comisión del siguiente hecho: ".durante el año 2023 el aquí imputado B.M.F., ex-pareja de la tía materna de la aquí víctima P.L.O. -quién poseía 12 años de edad-, en circunstancias en que se quedaba al cuidado de su sobrino, y encontrándose encargado de la guarda del niño, ello en el domicilio de B. sito en calle ... o bien cuando el encartado B. iba de visita al domicilio de la tía materna del damnificado de nombre M.T., sito en calle ..., aprovechando la relación de confianza existente con el mismo y la ausencia de moradores, el nombrado B. abusó sexualmente de P.L.O., consistiendo tales actos en tocamientos inverecundos en sus partes íntimas, más precisamente en la cola y el pene, siendo que en ocasiones le realizaba movimientos masturbatorios con su mano-, asimismo accedió en reiteradas oportunidades carnalmente a P. introduciéndole sus dedos en el ano, que dichos abusos sexuales sufridos por el menor mencionado, por las circunstancias de realización configuraron en el niño un sometimiento sexual gravemente ultrajante...".
III. Ahora bien, adentrándonos a la temática referente al tiempo que el encausado lleva privado de su libertad y conjugar el mismo con el plazo razonable de detención, llevamos cuenta del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Acosta", en cuanto a que la ley 24.390 según las modificaciones dispuestas por la ley 25.430, establece un plazo legal genérico que el magistrado judicial debe determinar en cada supuesto concreto, teniendo en consideración para ello la gravedad de los delitos imputados y la complejidad para investigarlos.
Lo expuesto, juega en forma armónica con el fallo plenario n° 5627 del Tribunal de Casación Penal -el cual se dictó con posterioridad a la reforma introducida por la ley 25.430 al mentado artículo 1° de la ley 24.390- en el que se ha dejado asentado que no es posible fijar judicialmente en abstracto un término para el plazo máximo razonable de duración del encierro preventivo, siendo de incumbencia de los jueces su determinación en cada caso particular.
Se consignó al respecto que en dicho actuar ha de tenerse en cuenta que, cuando no medie complejidad en las causas, la prisión preventiva no puede durar más de dos años hasta la sentencia no firme del juicio oral, sin computarse en dicho término el tiempo insumido por la tramitación de prueba fuera de la jurisdicción, los incidentes, los recursos o mientras el tribunal no esté integrado.
Y también se aclaró que cuando se verifiquen supuestos de suma complejidad en el proceso, derivados de la pluralidad de imputados, las circunstancias del hecho y el concurso de delitos, se deberá estar a las previsiones del "plazo razonable" establecido en el art. 2 del C.P.P., sujeto a la apreciación judicial en cada caso, tomándose en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales referidas a: la complejidad del caso; la actividad procesal de las partes; la conducta de las autoridades judiciales en cuanto hayan implicado dilaciones indebidas; y la proporcionalidad con la pena.
En tal sentido, debe llevarse cuenta de que el causante se encuentra imputado como autor del delito de abuso sexual de una persona menor de 13 años de edad agravado por el acceso carnal, por resultar encargado de la guarda, y por configurar por las circunstancias de su realización un sometimiento gravemente ultrajante, en concurso ideal con corrupción agravada de un menor de trece años y por resultar el autor persona encargada de la guarda; y que está privado de libertad desde el 31/07/2024, medida de coerción que se convirtió en prisión preventiva con fecha 26/08/2024. Luego, el juzgado de garantías dispuso la elevación de la causa a juicio el día el 19/05/2025 -cfr. IPP 19-00-6249-23, vista en el SIMP-.
Las actuaciones ingresaron a la sede del tribunal con fecha 16/07/2025 -causa 11.016-, habiéndose citado a las partes a juicio el 18/07/2025. Con fecha 11/08/2025 ofreció prueba la fiscalía, habiéndolo hecho la defensa el día 25/08/2025, resolviendo con fecha 17/07/2026 respecto a la admisibilidad de la prueba ofrecidas por las partes, y el 14/08/2026 se fijó fecha de debate para los días 16, 17, 18 y 19/04/2029.
En la actualidad, la medida de coerción se encuentra morigerada bajo la modalidad de prisión domiciliaria, conforme surge del sistema informático Augusta.
Así las cosas, no puede dejarse de lado que se está transitando la fase final del proceso, debiéndose evaluar además que la gravedad de los hechos imputados es un factor que incide decisivamente respecto de la proporcionalidad que cabe exigir a la extensión de la cautela, la que -entendemos- sigue siendo de momento razonable.
A esta altura, remarcamos que estamos en presencia de un caso en el que se investigan hechos con una elevada pena en expectativa, cuyo mínimo legal parte de los 8 años de prisión, a lo que adunamos que no se vislumbra en el proceso un atraso que justifique la medida liberatoria pretendida, por lo que sigue siendo proporcional el tiempo de cautela en relación con el objeto de tutela.
En ese orden de ideas, llevamos cuenta de que la naturaleza delictiva resulta ser un parámetro válido para atender la cuestión que nos ocupa, y que permite concluir también que hasta aquí no se exhibe excesivo ni desproporcionado el tiempo que el causante lleva bajo dicha cautela personal, en tanto que se halla procesado por un delito grave (conf. la CSJN en fallo "Ramos Sergio", del 15/12/2005").
Asimismo, vistos los argumentos y probanzas mencionadas, y ponderadas en el auto de prisión preventiva y lo actuado posteriormente, no surge variación alguna en la conyuntura procesal del encausado, permaneciendo sin modificaciones los extremos de los arts. 157 y 158 del CPP, adunándose que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena sería de efectivo cumplimiento.
De lo expuesto surge que en autos se ha cumplido tanto con la normativa interna como con la externa, respetándose la garantía al debido proceso, y el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N. y 15 de la Const. Provincial), no advirtiéndose vicio alguno que conlleve a revocar el decisorio en crisis.
Por lo expuesto, consideramos que corresponde rechazar el remedio intentado por la defensa, por no quedar a nuestro criterio enmarcada la situación del imputado en las previsiones normadas en el art. 169 inc. 11° del C.P.P.
Sin perjuicio de lo anterior, se deberán arbitrar los recaudos necesarios, a fin de posibilitar el adelantamiento del juicio oral .
Por lo expuesto SE RESUELVE : 1. CONFIRMAR el auto recurrido en cuanto no hace lugar a la excarcelación de M.F.B. en términos del art. 169 inc. 11 del CPP.
2. Hacer notar lo expresado en el último párrafo del considerando.
Hágase saber, líbrese oficio al organismo de grado y oportunamente baje.
Firmas
Funcionario firmante: RISULEO Carlos Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: REGGI Oscar Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: FORT Lucia - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1386-2026
Fin de la sentencia