Abriendo la norma
Juzgado de Garantías en lo Penal N.º 2 de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar la continuidad de la presente IPP al solo efecto de su trámite como “Juicio por la verdad”.
II. Habiéndose presentado, en su oportunidad, la requisitoria de citación a juicio por parte del la UFI interviniente, es que corresponde reproducir el traslado de la misma en los términos del art. 336 del C.P.P., en observancia al acabado resguardo de las garantías constitucionales del imputado; a partir de lo cual se deberá notificarse al Defensor actuante y a la persona del imputado, con copia de la pieza indicada.
La presentación efectuada por A.M., con el patrocinio letrado de la Dra. María Sofía Durante, en el marco de la IPP 01-00-000756-21, caratulada “XXXX, Juan Carlos s/ Abuso sexual gravemente ultrajante y Abuso sexual con acceso carnal agravado”;
I. Que la presentación tiene por objeto la realización de un “Juicio por la verdad” para la determinación de los hechos frente a la imposibilidad del castigo penal, por encontrarse prescripta la acción. Al respecto, expuso la presentante que la Exma. Cámara de Apelación y Garantías Dptal. declaró extinta la acción penal y sobreseyó al causante Juan Carlos XXXX, en fecha 28/12/21; siendo tal situación objeto de oportuna impugnación por parte del MPF con los consecuentes rechazos por parte del Excmo. Tribunal de Casación Penal, en fecha 27/12/22 y de la SCBA, en fecha 09/08/23.
En orden a los fundamentos vertidos por la presentante debo destacar que la misma basó su pretensión en precedentes jurisprudenciales (particularmente, los fallos Funes, Basla y Molina de la CSJN; fallos “Altamirano” y “Tocci” de la Cámara Federal de Casación Penal; y fallo “Bulacio v. Argentina” de la CorteIDH), así como también en interpretación sobre la responsabilidad que cabe al Estado Azul, 18 de abril de 2024 para la investigación de delitos de abuso sexual según lo normado por la CDN y la Convención de Belem Do Pará.
II. Que circunscripta así la pretensión de la parte debo adelantar habré de hacer lugar a lo requerido, acompañando la postura de la particular damnificada en torno a la continuidad de la acción bajo dicha modalidad.
Al respecto cabe decir que lo aquí peticionado no demanda del suscripto ningún posicionamiento original o innovador (a diferencia de lo que otrora la doctrina emanada en el precedente “Siri, Angel s/ Acción de amparo”); ello habida cuenta que planteo similares viene siendo, de un tiempo a esta parte, recogido por la jurisprudiencia superior del fuero. Por lo tanto, la solicitud “sub examine” solo resulta novedosa, ya no por sui generis, sino por ser la primera que se ha presentado en este departamento judicial -al menos en lo que este Magistrado ha tenido noticia-.
En tal sentido, considero innecesario efectuar aquí un raconto histórico del devenir de los Juicios por la verdad, desde su génesis en procesos para la averiguación de hechos acontecidos, en el contexto de la última dictadura militar, sobre delitos de lesa humanidad. Asimismo, considero baladí elaborar sobre la aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Funes” -donde aún restaba establecer algunas cuestiones a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima, 16 años después-, pues sobre ello ya se ha avanzado a partir de pronunciamientos posteriores a los que me referiré “ut infra”. establecer algunas cuestiones a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima, 16 años después-, pues sobre ello ya se ha avanzado a partir de pronunciamientos posteriores a los que me referiré “ut infra”. Así, habilitando esta especie de proceso para delitos sexuales prescriptos, ha tenido ocasión de expresarse el Excmo. Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, sala III, en causa 110.332, caratulada “Romero, Manuel. s/ recurso de casación”, de fecha 05/05/22 -por mayoría de los votos de los Dres. Violini y Carral-, también en causa CCC 38644/2015/CNC1, caratulada “Funicelli, Norberto s/ violaciónde menor de 12 años, registro 1643/2018, de fecha 18/12/2018 -voto del Dr. Violini-, también en causa 97.344, caratulada “Ruvituso, Omar Luis s/ recurso de casación”, de fecha 26/12/19 -obiter dictum en voto del Dr. Carral-; la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, sala 3, en proceso CCC 34071/2019/TO1/ CNC1, de fecha 17/03/22; y el Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, en causa “P.Z.N.C s/ Abuso sexual”, de fecha 12/09/22; entre otros. En cada uno de estos precedentes se ha habilitado el Juicio por la verdad pese a mediar prescripción de la acción (tanto por el paso del tiempo, como -incluso, y aunque no aplique al presente- por la muerte del causante).
Del cúmulo de precedentes citados -la mayoría de los cuales, destaco, fueran dictados en el marco de la jurisdicción bonaerense- se desprende, en forma cabal y exhaustiva, la totalidad de los argumentos que hacen no solo a la legalidad y razonabilidad de continuar con la destaco, fueran dictados en el marco de la jurisdicción bonaerense- se desprende, en forma cabal y exhaustiva, la totalidad de los argumentos que hacen no solo a la legalidad y razonabilidad de continuar con la acción, sino a la obligación estatal de hacerlo (asumida en los sistemas internacionales de protección de los DDHH), pese a no resultar posible obtener una pena privativa de libertad. Ello, en procura de la necesidad imperante en términos de justicia restaurativa (no retributiva) de los derechos de la víctima; la consolidada doctrina de la idoneidad del juicio en tanto vía y mecanismo de conocimiento efectivo y, más aún, de la jurisdicción penal como fuero especial y particularmente dotado para el esclarecimiento de hechos y su reconstrucción histórica con fuerza de verdad material (no formal). Asimismo, la cuestión ha sido abordada desde la proporcionalidad en sentido estricto, sopesando, por un lado, la obligación estatal asumida con la incorporación -con jerarquía constitucional- de los pactos internacionales de DDHH, la relevancia -tanto individual como social- frente a hechos delictivos de especial gravedad que afecta, particularmente, a víctimas pertenecientes a grupos más vulnerables (tal como surge de la interseccionalidad del género y la minoría de edad -es decir, niñas-), todo ello en contraposición con el principio de legalidad determinado por las normas internas que, previo a la reforma de las Leyes N° 26.705 y 27.206, determinaran la prescripción de la acción.
Todo ello, debiera eximirme de mayores consideraciones sobre la continuidad de la acción con el alcance delimitado en el propio objeto de la pretensión; sin perjuicio de lo cual, en consonancia con el profundo convencimiento expresado a través de reiterados resolutorios dictados en prescripción de la acción penal (IPP 3509-19, IPP 3601-21, IPP 5683-21, IPP 362-24, entre otros) donde he seguido el criterio de los tribunales superiores empero siempre dejando salvada la postura personal del suscrito en la materia -sustentada en la operatividad de las normas supralegales de protección de los DDHH- es que me permitiré efectuar algunas precisiones adicionales en el apartado final del presente, que además aspiro a resulten útiles para la continuidad del proceso en resguardo de las garantías del imputado.
III. Que, previo a ello, a modo de autoabastecer el presente resolutorio corresponde traer a colación las fuentes normativas sobre la cual reposa este decisorio.
En primer lugar, cabe destacarse que, en casos como el aquí analizado, el principio de legalidad -compuesto por las normas que rigen en materia de prescripción- (art. 18 de la C.N.), se encuentra interpelado por al menos otros dos preceptos de idéntica jerarquía constitucional (así consagrados por vía del art. 75, inc. 22 de la C.N.); a saber, por un lado, el deber por velar y privilegiar el interés superior del niño y tutela efectiva de los mismos, derivado de la CDN -art. 3.1 y 3.3- y, por otro lado, la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género, sumado al niño y tutela efectiva de los mismos, derivado de la CDN -art. 3.1 y 3.3- y, por otro lado, la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género, sumado al imperativo de aplicar perspectiva de género en toda instancia del proceso judicial; surgido ello de la CADH -deber de adecuar derecho interno, arts. 1.1, 2 y 29-, el PIDCyP, la DDH y, particularmente, la CEDAW y la Convención de Belem do Pará -arts. 4.g, 7.b y 7.f y 9- con particular relevancia en lo atinente a las obligaciones específicas de remover obstáculos de derecho interno y al acceso efectivo a procedimientos judiciales. A esto último adunar lo normado por la Ley 26.485 de “Protección integral de la mujer”.
El corpus iuris antes señalado, del cual prescindiré en este resolutorio plasmar extractos literales a fin de evitar con dicha técnica sobrecargar la explicación -siendo, además, la nuda letra de tales instrumentos internacionales un terreno ampliamente conocido para todos los operadores judiciales-, coloca a casos como el presente en una situación especial que exige, en tanto obligación en cabeza de todos los organismos del Estado, una adecuada diferenciación del clásico entendimiento del principio de legalidad. Ello es así, destaco, solamente en aquellos casos donde se conciba la posibilidad de que, a través de un delito “común” -así usualmente denominados por su inclusión de manera genérica en el catálogo represivo-, pueda derivar, tanto por las características especiales de la víctima (de género y edad, u otras que den cuenta de una particular vulnerabilidad), como así del inclusión de manera genérica en el catálogo represivo-, pueda derivar, tanto por las características especiales de la víctima (de género y edad, u otras que den cuenta de una particular vulnerabilidad), como así del contexto de su producción (que aquí se traduce a la omisión de adecuación normativa o reglamentación oportuna por parte del Estado) en una grave violación de Derechos Humanos.
La integración normativa que aquí sostengo para este tipo particular de casos -en consonancia con lo expuesto en los precedentes citados- es la de no obturar la continuidad de un proceso de conocimiento (que, como en la totalidad de los supuestos, estará revestido de todas las garantías constitucionales), adecuando y concentrando el instituto de la prescripción a la imposibilidad de aplicar sanción penal.
En el sentido en que se dirige este razonamiento han sido dictados numerosos fallos -así como otros pronunciamientos- del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos (OEA) , destacando siempre la obligación del Estado de dar acceso efectivo a la justicia a las víctimas de graves violaciones de DD.HH., advirtiendo sobre el deber de garantizar su derecho a ser oído, reafirmando el mandato de investigar y, particularmente, enjuiciar tales sucesos como aspecto de una debida diligencia reforzada para aquellas situaciones que afectan en mayor medida a personas que integran más de un grupo históricamente vulnerado; y que, a modo de ejemplo citaré apenas algunos relativos a la situación de los niños y también de las que afectan en mayor medida a personas que integran más de un grupo históricamente vulnerado; y que, a modo de ejemplo citaré apenas algunos relativos a la situación de los niños y también de las mujeres en casos de violencia sexual, a saber: CorteIDH, “VRP, VPC y otros v. Nicaragua, 2018; CorteIDH, “Rosendo Cantú v. México”, 2010; entre otros.
VI. Que, volviendo ahora sobre las consideraciones que estimo oportuno efectuar en el caso traído a estudio, haré hincapié en que el caso aquí expuesto reúne las condiciones necesarias para habilitar la vía pretendida y que la misma solo procede a título de adecuación para cierto tipo de supuestos; a saber:
En primer término, debe tenerse en cuenta que la víctima, al momento de la ocurrencia del hecho, era una persona en formación, y que tal circunstancia produce no solo un grado más alto de afectación y daño, sino, concretamente, un nivel superior de respuesta psicológica defensiva consistente en la activación de mecanismos para tratar de lidiar con dicho sufrimiento y angustia. Esto se traduce en una directa repercusión en la escala de dificultad para realizar la denuncia (la tasa de no denuncia del 87% conforme estadística del INDEC, disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploas/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf), o bien, en la posibilidad de que la misma sea realizada en forma oportuna, ya que -justamente- es tiempo lo que demanda la elaboración de los procesos internos de las víctimas de ASI (conf. Dres. Pablo Lopez Martorelli y Garbiel M. A. Vitale, en “Una mirada penal oportuna, ya que -justamente- es tiempo lo que demanda la elaboración de los procesos internos de las víctimas de ASI (conf. Dres. Pablo Lopez Martorelli y Garbiel M. A. Vitale, en “Una mirada penal restaurativa del abuso sexual a la infancia – El derecho de las víctimas a la verdad”, III Congreso Internacional de Victimología – Facultad de Psicología UNLP. P. 57, disponible en https://sedici.unlp.edu.ar/ handle/10915/152898; y Paz Bertero, en “Abusos sexuales y Juicios por la verdad – Cuando la verdad repara y la reparación es justicia”, revista At/pica n° 4, septiembre de 2022).
Esta situación particular, que se da solo en los delitos de abuso sexual, particularmente durante la infancia -y que tuvo su correlato en la reforma de la ley N° 27.206-, requiere una respuesta adecuada (en el sentido de adecuación, o adaptación, de lo que rige para la generalidad de los casos donde ello no ocurre). Es decir, que la procedencia de Juicios por la verdad es, ciertamente, excepcional y responde a una mirada integral, con perspectiva de género y en clave de Derechos Humanos; ya que las estadísticas demuestran, en forma objetiva y de manera contundente, la magnitud de la problemática relativa a los abusos sexuales y cómo estos repercuten desproporcionadamente en mujeres y, en particular, la infancia -es decir a las niñas-. Esta circunstancia, por lo tanto, no abre paso a que cualquier víctima de cualquier delito se presente en cualquier momento y reclame por la realización de un Juicio por la verdad (Sabrina Castro, en Juicio por la verdad: comentario al fallo emanado del Juzgado de Garantías en lo cualquier delito se presente en cualquier momento y reclame por la realización de un Juicio por la verdad (Sabrina Castro, en Juicio por la verdad: comentario al fallo emanado del Juzgado de Garantías en lo Penal N° 2 de Mercedes en autos caratulados “P.S.N.C s/ Abuso sexual”, Cita online DPISA-art.00005, 30/06/23). Por el contrario, la ya aludida actuación por excepción para este tipo específico de delitos y de víctimas (que presentan alguna particular condición de vulnerabilidad) se corresponde con la ya alegada debida diligencia reforzada en tanto estándar de exigencia que hace a la obligación del Estado frente a una problemática, de carácter general, que afecta a un especialmente a un grupo insular o históricamente relegado de la sociedad; que aquí se encuentra determinado por la intersección de dos características que han servido para replicar patrones sociales - patriarcales- de discriminación; y que, en la actualidad, cuentan con un grado de protección especial, de jerarquía constitucional.
En segundo lugar, corresponde señalar que entiendo a la verdad, en tanto valor que precede al ideal de justicia, en su acepción común por la cual dicho término alude a una proposición [o enunciado de un hecho] que no puede negarse racionalmente (conf. RAE, https:// dle.rae.es/verdad, punto 4).
Desde esta premisa dada por el entendimiento coloquial del vocablo es que corresponde construir el derecho a la verdad; el cual no es, en este caso, el de conocer algo que un sujeto no sabe con certeza; sino, por el contrario, dicho derecho debe ser entendido como arrojar vocablo es que corresponde construir el derecho a la verdad; el cual no es, en este caso, el de conocer algo que un sujeto no sabe con certeza; sino, por el contrario, dicho derecho debe ser entendido como arrojar luz sobre un suceso -lo que es trascendente tanto para la persona, desde una perspectiva restaurativa, como para la sociedad en su conjunto, en la óptica más clásica del derecho penal-, de forma tal que no pueda ser negado como tal o permanecer oculto -en las sombras-. Se trata, en definitiva, de lograr convicción sobre dicha verdad (conf. Lopez Martorelli y Vitale, Ob. Cit., P. 63).
En orden a este interés social antes alegado, considero asimismo que este tipo de planteos hacen al fin preventivo que - siempre discutible como consecuencia jurídica derivada de la penasubyace, como acto de política criminal, a la propia génesis del catálogo normativo establecido en la parte especial del Código Penal; ello pues, contribuyen a desalentar la criminalidad sexual sobre los/as niños, generando que otras víctimas se anime a denunciar lo sufrido. Finalmente, debo señalar que en muchos de los casos precedentemente citados ha sido objeto de acabado tratamiento a la preocupación siempre vigente acerca del resguardo de las garantías constitucionales. En tal sentido, cabe destacarse que la sencillez de la respuesta oportunamente brindada por los Tribunales que han transitado por esta clase de procesos no le resta contundencia a la misma, sino que -despojada de grandes elucubraciones procesalesdeja al descubierto una coherencia rigurosa que culmina por descartar transitado por esta clase de procesos no le resta contundencia a la misma, sino que -despojada de grandes elucubraciones procesalesdeja al descubierto una coherencia rigurosa que culmina por descartar cualquier resquemor que pueda sobrevolar sobre el asunto. El proceso no debe diferir del tratamiento dado a un trámite en vigencia de la acción (con todas las garantías constitucionales y las correspondientes formas rituales que las tutelan y resguardan), pues lo único que se sustrae al mismo es la consecuencia jurídica represiva, no así la determinación de responsabilidad.
Al respecto, tomando en consideración que el traslado de la requisitoria de citación a juicio oportunamente conferido fue llevado a cabo juntamente con la notificación del dictado de la prisión preventiva, lo que demandó de la Defensa actuante la tarea impugnativa en torno al planteo de prescripción de la acción penal, a partir del cual obtuvo acogida favorable en la Excma. Alzada Dptal. el pedido de sobreseimiento de Juan Carlos XXXX; y, como consecuencia de ello, deviniera abstracto el movimiento procesal previsto en el art. 336 del C.P.P., el que en este acto corresponde actualizar, a los fines de resguardar las garantías constitucionales del encausado en el marco de la continuidad del trámite como Juicio por la verdad, con las características “ut supra” explicadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, la normativa invocada y los precedentes jurisprudenciales citados; es que, RESUELVO: I.- Declarar la continuidad de la presente IPP al solo efecto de su trámite como “Juicio por la verdad”.
II. Habiéndose presentado, en su oportunidad, la requisitoria de citación a juicio por parte del la UFI interviniente, es que corresponde reproducir el traslado de la misma en los términos del art. 336 del C.P.P., en observancia al acabado resguardo de las garantías constitucionales del imputado; a partir de lo cual se deberá notificarse al Defensor actuante y a la persona del imputado, con copia de la pieza indicada.
Notifíquese a las partes y a los Sres. Fiscal General Departamental y del Defensor Público Departamental.-
Fin de la sentencia