Abriendo la norma
Juzgado de Garantías N.º 7 de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar al SOBRESEIMIENTO por prescripción de la acción, pues no han transcurrido los doce años que impone la ley entre la fecha del cese de la última conducta delictiva -noviembre de 2004- y el primer llamado a tenor del art. 308 del C.P.P - 22 de marzo de 2016.-
Arts. 62 inc., 2do., en sentido contrario, 63 y 67 según ley 25.188 del Código Penal y art. 323 inc., 1ro., del C.P.P..-
II. Decretar la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual ocurridos dentro del seno familiar por parte de los adultos responsables de su cuidado cuando las víctimas fueron niños, niñas y/o adolescentes, por los motivos expuestos en los considerandos.- Arts. 75 inc., 22 de la C.N., 3.1, 12, y ccdtes., de la C.I.D.N., y arts., 2 y 7 de la Convención de Belem Do Para, art. 5, 8 y 10 Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-
Pilar, 24 de agosto de 2016.-
El presente incidente formado en el marco de la I.P.P. Nro. 14-14- 002256-15/00, caratulada: "VEGA CLAUDIO GABRIEL S/ABUSO SEXUAL", en trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Pilar, para resolver si procede la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal.-
Que al momento de resolver el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público Fiscal, respecto de Claudio Gabriel VEGA por los hechos por los cuales se le recibió declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., se ordenó formar la presente incidencia de excepción de previo y especial pronunciamiento respecto de los eventos que habrían sido cometidos por aquel, contra D. A. A., en el entendimiento que se le imputan sucesos acaecidos desde el 06 de agosto de 2000, hasta el día 06 de agosto de 2003, respecto de los cuales al día de aquella decisión -22 de abril de 2016- la acción penal podría encontrarse prescripta, teniendo en cuenta que los delitos que se le imputan son abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente en concurso real con abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia, previstos y reprimidos en los arts. 119, 2do., y 3er., párrafo inc. b y f en función del 55 y 45 del Código Penal.- Que se corrió vista a las partes, y la representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que no corresponde decretar la extinción de la acción penal respecto de esos hechos, pues D. A. A. luego de esa decisión amplio su declaración y bajo juramento de ley, sostuvo que los últimos hechos de abuso los sufrió en el año 2004, cuando aquella tenía 14 años de edad.-
En este sentido la representante del Ministerio Público Fiscal, sostiene que las conductas han tenido una continuidad en el tiempo, sucediendo los abusos en forma consecutiva y reiterada en dos o tres oportunidades semanales, por lo que ha mantenido sus efectos durante todo ese tiempo, finalizando recién en el mes de noviembre del año 2004 cuando D. A. ya había cumplido 14 años y tomó el coraje de golpear al imputado logrando que el mismo cese con el accionar lesivo.-
Que luego se le confirió vista a la Dra. Graciela MAZZONE, quien representa a la defensa oficial, y entendió que se debe declarar la prescripción de la acción pues se han cumplido los plazos del art. 62 inc., 2do., y ccdtes., del Código Penal.-
Que no obstante ello, luego se advirtió durante el trámite de la presente incidencia que en la causa principal, el imputado Claudio Gabriel VEGA, designó para ejercer su defensa, al abogado particular, Dr. Gustavo Argentino ALVAREZ, por lo que a los efectos que en la presente se expida el abogado particular de confianza del imputado, se confirió nueva vista a la defensa actual del imputado, quien a fs. 19, solicito el sobreseimiento de aquel, en el entendimiento que la acción penal se encuentra prescripta, en los términos del art. 62 inc., 2do., del Código Penal, siendo que la última declaración de la víctima, no debe ser tenida en cuenta pues es tan sólo un intento más de perjudicar a su asistido.- Ahora bien, la Corte Suprema de la Nación ha dicho que: “…la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa, en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (doctrina de Fallos: 311:2205, considerando 9°), y corre y se opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos (Fallos: 201:63; 202:168; 212:324 y 305:990)”.
(C.S.J.N., en causa Walter, Alberto Luis y Márquez, Lucas Santiago s/ defraudación reiterada Tres Lomas, W. 18. XXXVII, sent. del 23/10/2001).- Asimismo, el máximo Tribunal también ha sostenido que el instituto de la prescripción ingresa en el concepto de ley penal, por lo que estimó que viola el art. 18 de la Constitución Nacional la aplicación retroactiva de una legislación más gravosa para el imputado sobre esta materia.-
En efecto, ha sostenido que la ley penal comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito, y la culpabilidad, sino además todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva. (C.S., Fallos 287:76).-
Ahora bien, como se puede advertir el Ministerio Público Fiscal, ha incorporado nuevos elementos, pues con la ampliación de la declaración bajo juramento de ley de D. A. A., obrante a fs. 133/134 y 135 introduce otra fecha distinta en las que habrían cesado las reiteradas conductas de agresión sexual por parte de Claudio Gabriel VEGA, siendo esta en noviembre del año dos mil cuatro.-
Que teniendo en cuenta estos nuevos extremos incorporados, en principio no correspondería declarar extinguida la acción penal, pues como se puede analizar del particular, si bien las conductas contra D. A. A. habrían comenzado en el año 2000 estas habrían cesado en el año 2004, circunstancia que genera que la acción aún se encuentre en la actualidad vigente; ello por cuanto el Excmo. Tribunal de la Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, ha sostenido que: "Si el imputado de un delito de abuso sexual gravemente ultrajante realizó durante varios años acciones sucesivas y homogéneas signadas por el aprovechamiento de circunstancias esencialmente iguales, más allá de que en sí mismas cada una agotó el contenido típico en cuestión, todas constituyen una única conducta lesiva del mismo bien jurídico que configura un solo delito continuado tratado a la luz de las reglas del artículo 54 del Código Penal.".- TC0004 LP 71093 199 S 10/03/2016; Juez KOHAN (SD) Carátula: Viveros, Francisco del Carmen s/ Recurso de Casación Magistrados Votantes: Kohan – Natiello.-
En este sentido también se ha dicho que: "....Si el encartado renovó su resolución delictiva originaria bajo el efecto motivador de circunstancias esencialmente iguales, la pluralidad de acciones típicas -en sí autónomas- deben considerarse una unidad de acción que configura un solo delito continuado, tratado a la luz del artículo 54 C.P., de modo que en lo que atañe al plazo de comisión de un delito de abuso sexual gravemente ultrajante -art. 119 segundo párrafo C.P.- a los fines de la prescripción -art. 62 inc. 2 C.P.- debe computarse a partir del cese de la secuencia aludida." TC0004 LP 71093 199 S 10/03/2016; Juez KOHAN (SD) Carátula: Viveros, Francisco del Carmen s/ Recurso de Casación Magistrados Votantes: Kohan-Natiello.- Que teniendo en cuenta el precedente del Excmo., Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, entiendo que no correspondería declarar extinguida la acción penal, pues partiendo de la base que la fecha del cese de la última conducta habría sido en noviembre del año 2004, (ver declaración de fs. 135 de la causa principal), y teniendo en cuenta que el primer llamado a declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., ocurrió el 22 de marzo de 2016, advierto que no han transcurrido los doce años que exige el art. 62, inc., 2do. del Código Penal.-
Que no comparto lo que sostiene el abogado defensor particular de Claudio Gabriel VEGA, Dr. Gustavo Argentino ALVAREZ, en cuanto que requiere no se tenga en cuenta la última declaración de D. A. A, en el entendimiento que la víctima lo único que pretende es empeorar la situación de su defendido.- Que no puedo acompañar ese argumento sostenido, pues la víctima no sólo declaró bajo juramento de ley, sino que además, no hay elementos concretos que permitan afirmar de manera lógica y razonada las conclusiones que el abogado defensor señala.-
Que por el contrario, desde otro punto de vista, devienen lógicas y claramente comprensibles, las imprecisiones de fechas, que la víctima ha referido en las sucesivas declaraciones, teniendo en cuenta que manifestó haber sido abusada de manera reiterada y sistemática por parte de la pareja de la madre desde los diez hasta los catorce años, habiendo vivido en distintos domicilios, máxime si además ha expresado que tampoco quiere recordar mucho, pues esto la angustia, siendo que la denuncia y las declaraciones que ha formulado las realizó diez años después del momento en que habría sido el último suceso.-
En este sentido, advierto que D. A. A. ha manifestado, tanto en sede policial, como en sede de la Unidad Funcional de Instrucción, que cuando tenía tan sólo diez años de edad comenzó a sufrir abusos sexuales por parte de Claudio Gabriel VEGA, quien era la pareja conviviente de su madre, la primera, fue una vez a la noche cuando le metió el dedo en el ano mientras ella dormía. Que al mes, luego comenzó accederla con el pene vía anal, una vez por semana o cada tres o cuatro días. Que a los once y doce años de edad comenzó a quedar al cuidado de VEGA porque su mamá tenía que ir a cuidar a su abuela a raíz que estaba enferma, y en dichas ocasiones también la abusaba, ya no sólo vía anal, sino también vía vaginal. Que esto primero ocurrió en el domicilio sito en Beruti 170 del Barrio Pellegrini. Que luego se mudaron al domicilio sito en calle Argerich del barrio Dos rutas. Que allí también la abusaba accediéndola carnalmente vía vaginal y anal, incluso no la llevaba al colegio para poder abusar de ella hasta que cumplió los catorce años. Que desde que tiene uso de razón VEGA la abusaba pensando que eso era normal siendo que después se dio cuenta de grande que no lo era, y a los catorce años decidió pegarle con una fuente en la cabeza para que no lo haga más. Que luego de ese suceso no sufrió mas agresiones sexuales. Que en la actualidad ella no quiere hacer terapia porque considera que mientras menos hable, mejor, pero tiene muchas pesadillas, llora y se deprime mucho.-
Que también declaró la pareja actual de D., quien manifestó que después de aproximadamente un mes de comenzar la relación veía a D. deprimida y ella no quería decirle por qué. Que en ese momento ella vivía en la quinta en el Barrio Pellegrini, y contaba que estaba asustada y no quería quedarse sola con Vega en la casa. D. tenía unos 17 años aproximadamente. Hasta que insistió en que le cuente ya que la veía mal y le contó que cuando ella era chica Claudio Vega abusó de ella en la casa donde vivían en ese momento en Pellegrini, por mucho tiempo (no le especificó cuanto y no le dijo puntualmente como). Que estos abusos dejaron de pasar cuando comenzaron a estar en pareja. Que al día de la fecha ella sigue angustiada con el tema, y siempre se acuerda de todo lo que le hizo Vega y siempre llora mucho.-
Ahora bien, la causa se inicio a raíz de la denuncia que realizó D. A. A., por los hechos que habría sufrido cuando era niña y adolescente, pero decidió recién realizarla a los veinticuatro años de edad, ya que su hermana menor, S. A. V. de quince años, también habría sido agredida sexualmente por el imputado, y eso fue lo que la motivó a formalizar la denuncia, y por ende, a revivir todo su pasado.-
Que está claro que los efectos y las consecuencias de los delitos contra la integridad sexual, máxime cuando fueron cometidos contra personas menores de edad, y por parte de los adultos que debían velar por el cuidado de ellos, no cesan en el tiempo; si bien puede que eventualmente sean superados, cierto es que jamás podrán ser olvidados.-
Entiendo que los distintos fundamentos legales, y político filosóficos que pretenden justificar la existencia del instituto de la prescripción en el derecho penal, quedan completamente desdibujados en el particular, por lo que, se impone desde todo punto de vista, realizar un análisis legal exhaustivo que armonice todos los derechos en juego, comprendiendo a su vez, cual es la obligación del Estado al respecto, en función de los compromisos internacionales asumidos.-
Que la ley 27.206 modificó el instituto de la prescripción para los casos de víctimas menores de edad de delitos contra la integridad sexual, en tanto recogió el problema que aquí se plantea, tratando de brindar una solución al respecto, pero cierto es que esta ley es posterior a la fecha de comisión de los hechos materia de imputación, y no siendo más benigna para la situación del imputado, no puede aplicarse, ello por el principio de irretroactividad de la ley penal, teniendo en cuenta los precedentes mencionados en los párrafos anteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Ahora bien, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como lo establece el art. 75 inc., 22 de la Constitución Nacional, según reforma del año 1994, son Tratados Internacionales que se encuentran incorporados a la Constitución, teniendo rango y jerarquía Constitucional, con lo cual, según el art. 28 de nuestra Carta Magna, los principios, garantías y derechos reconocidos por la C.N., no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.-
En este marco, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece que: "...En todas las medidas concernientes a los niños que tomen (...) los tribunales (....) una consideración primoridal a que se atenderá será el interés superior del niño. (art. 3.1)
También establece que: 1.- Los Estados partes adoptarán todas las medidas (...) para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, o trato negligente, malos tratos, o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender según corresponda procedimientos eficaces (....) y según corresponda la intervención judicial.-
Además, el art. 34 de la C.I.D.N., sostiene que: "Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.-
Por otra parte, el art. 12 de la C.I.D.N. sostiene que: 1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.-
2. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional.-
Como se puede analizar, este Tratado Internacional, que tiene jerarquía constitucional, desde el año 1994, obliga a los Estados en todo lo relacionado con niños, ya sean víctimas, o imputados de delitos, a generar decisiones jurisdiccionales que los coloquen como centro y eje de atención, pues: "....el niño por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal...".- (décimo párrafo del preámbulo de la C.I.D.N.).-
En este norte, corresponde señalar que las niñas, niños y adolescentes que podrían haber sufrido agresiones sexuales por parte de los adultos que deberían haber velado por su cuidado, en la mayoría de los casos no contaron, y eventualmente en la actualidad puede que tampoco cuenten, con la posibilidad de iniciar ningún tipo de acción institucional conducente a poner fin a las agresiones que reciben o recibieron.-
Que diversos factores podrían explicar esta cuestión, pero mayormente las víctimas no están preparadas para afrontar semejante exposición, y las consecuencias que ello implica.-
Tampoco podría descartarse que estarían intimidadas durante y después de haber sufrido los abusos; incluso, luego de adquirida la mayoría de edad.- Nótese que en el particular estas circunstancias surgen a las claras, pues D. A. A. ha concurrido a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción, manifestando temor no sólo por el imputado, sino también por la familia quien le achaca que aquel se encuentra privado de la libertad a raíz de sus dichos, siendo que producto de ello, recibió agresiones.-
Que el temor es un denominador común, en las sucesivas declaraciones que ha brindado la víctima, como así también esta presente en la declaración de la hermana y la pareja de la víctima.-
Que los niños, niñas y adolescentes, cuando sufren este tipo de delitos por parte de los adultos responsables que deben velar por su cuidado, en ocasiones tampoco son incorporados por aquellos a las redes de contención y control social difuso (escuela, sala de primeros auxilios, u hospitales para controles médicos periódicos, club de barrio, iglesia) que son las instituciones que en definitiva, antes que las fiscalías y los órganos jurisdiccionales, toman conocimiento de la situación de niños en riesgo, ello generalmente para no alertar de la situación intra familiar en la que viven.-
Que en el particular, la víctima ha manifestado que cuando era niña el imputado no la llevaba al colegio, para poder tener mayor posibilidad de agredirla sexualmente, además mencionó que comenzó a sufrir los abusos de tan chica que en algún momento pensó que eso era normal.-
Que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belem Do Para"; ha establecido en su art. 2 que: "...Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) que tenga dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros violación, maltrato y abuso sexual.-
Toda mujer tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. (art. 4 de la Convención de Belem Do Para)
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.-
Que toda persona debe tener garantizado el acceso a la justicia, pues este es un derecho esencial y elemental para la vida en sociedad.-
Que el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José de Costa Rica) establece que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención.-
Que el art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley, contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.-
Que el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sostiene que: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que vioolen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.-
Que el art. 10 de aquel mismo Tratado, establece que: Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos.-
Como se puede analizar; toda persona debe tener garantizado por parte del Estado el acceso a la justicia, pues este es un derecho consagrado en los distintos Pactos Internacionales con jerarquía constitucional.-
Asimismo, el Estado, también en caso de niños, niñas, adolescentes y mujeres, debe brindar mayor atención sobre la posibilidad del ejercicio de este derecho, por cuanto ellos son sujetos de derechos consagrados específicamente por esos y otros Pactos Internacionales.-
Que en este contexto, entiendo que por mandato Constitucional los plazos de la prescripción en casos de niños, niñas y adolescentes que sufrieron abusos durante esa etapa por partes de los adultos responsables que velaban por su cuidado, devienen imprescriptibles, y ello viene impuesto no sólo por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución por la reforma del año 1994, sino también por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana de los Derechos de Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.-
En este sentido, existen distintos y sólidos fundamentos legales para sostener tal conclusión, primero existen Tratados Internacionales, de jerarquía Constitucional que están por sobre la norma interna (art. 28 de la Constitución Nacional), que obliga al Estado nacional a tener una mirada central sobre la problemática de la violencia sexual en niños, niñas, adolescentes y mujeres cuando estas ocurren dentro del seno familiar.-
Que en la especie, el transcurso del tiempo no se debió a una inactividad o desinterés por parte la víctima sobre los hechos que habría sufrido, pues durante ese período no cesaron las circunstancias que condicionaban a aquella para poner de manifiesto a los organismos Estatales lo que le habría ocurrido de niña y adolescente.-
Que tampoco existió inactividad por parte del Estado, ya que no existió denuncia anterior alguna que haya puesto en conocimiento esos hechos, y por medio de aquella, se activase la persecución penal pública.-
Que este contexto, no puede ir en detrimento de la víctima, a punto tal que no tenga el derecho de acceder a la justicia, permitiendo un debido proceso, donde mediante acusación, defensa, producción de prueba y sentencia dictada por juez natural e imparcial, sin perjuicio, de la decisión final que eventualmente se adopte, cristalice ese derecho, a raíz de los hechos que manifiesto haber sufrido desde niña hasta que fue adolescente.-
Que el Estado, a través de sus distintos poderes, debe prestar principal atención frente a los compromisos internacionales asumidos en los distintos Tratados Internacionales, máxime cuando la víctima podría no haber contado con la posibilidad cierta, real y concreta de accionar ante la justicia.- Que el art. 12 de la C.I.D.N., establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en juicio, en función de la edad y la madurez, con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial que lo afecte.-
Que el art. 12 de la C.I.D.N., parte de la base que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser oídos en juicio.-
La pregunta es: ¿ qué sucede con aquellas personas que de niños, niñas o adolescentes no tuvieron la posibilidad de ser oídos, ni de acceder a un juicio que haga valer sus derechos ?
En este sentido, corresponde señalar que si los niños tienen derecho a ser oídos en un procedimiento judicial que los afecte, más aún debe prevalecer, cuando ni siquiera tuvieron la posibilidad de ejercitar en su oportunidad esa actividad.-
Que el juicio es para que puedan ser oídos, por ende al no haber podido acceder a un juicio, porque no pudieron expresarse en su oportunidad; entiendo que, ahora que sí pueden hacerlo, tienen el derecho de acceder a un juicio, donde puedan hacer valer sus derechos.-
Que reitero, existe una obligación del Estado por los compromisos internacionales asumidos, por tal motivo, se le debe permitir a toda persona como en el caso de autos, acceder a la justicia, a pesar del tiempo transcurrido, pues durante ese período, por distintas razones lógicas y atendibles, podría haberse visto impedido de ejercitar ese derecho.-
Que en ciertas ocasiones cesa la perpetración del delito, pero no cesa el sometimiento y el condicionamiento de la víctima para que no manifieste lo que le ocurrió cuando era menor de edad.-
Por otra parte, también corresponde contemplar que la víctima puede no estar condicionada por el seno familiar, pero si estarlo emocional o psicológicamente, y entiendo que luego de superada tal situación, el derecho de acceder a la justicia tiene que subsitir. Eso también es respetar el derecho a la salud mental.-
Que en el particular, la víctima ni siquiera tuvo la oportunidad de poder expresar su situación, y cuando lo hizo, fue dentro de un contexto intra familiar donde todo quedaba dentro de allí sin posibilidad fisuras.-
Nótese que D. manifestó que el imputado ni siquiera la llevaba al colegio para poder abusarla, siendo que recién a los veinticuatro años se animó a contar lo que le habría sucedido, a raíz que el imputado habría también abusado a su hermana más pequeña, S., situación que finalmente desencadenó la formación de la causa principal, pues ese acontecimiento fue lo que le dio valor emocionalmente para realizar la denuncia.-
En este sentido, corresponde señalar que los efectos de los delitos contra la integridad sexual en niños, niñas y adolescentes cometidos por parte de los adultos responsables que velaban por su cuidado, perduran básicamente durante toda su existencia, condicionando su desarrollo, y la interacción con otras personas, esto también hace a la idea que para afrontar el juicio, la víctima debe estar preparada para asumir y revivir lo que tanto mal le habría generado, y ese lapso de tiempo, que implica tomar esa decisión, ya una vez alcanzada la mayoría de edad, con la clara situación de vulneración, no puede ir en detrimento de la víctima, conculcando el derecho de acceder a la justicia, el cual está consagrado en los distintos Pactos Internacionales y Constitución Nacional.-
Que el instituto de la prescripción es una cuestión de orden legal interno, que no viene impuesto de la Constitución Nacional y/o Tratados Internacionales, siendo que si bien hace operativo en parte el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable, cierto es que en casos como el particular, el proceso se inició recientemente, con lo cual no hay afectación a ese derecho constitucional.-
Por el contrario, existe afectación, si no se le reconoce a la víctima, en su condición de género, y que habría sufrido los abusos de niña, en situación que el imputado se hacía cargo de su cuidado a partir de los diez años de edad, de no permitirle el acceso a la justicia, por encontrarse prescripta la acción por el mero transcurso del tiempo, en circunstancias que aquella no tenía al alcance de manera visible y palpable el ejercicio de ese derecho.-
Que la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos responsables que velaron por su cuidado, se sostiene del claro sentido de concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que al no poder ejercitarlo durante esa etapa, lo deben tener garantizado una vez finalizadas las circunstancias internas y externas que les impedían, dar a conocer lo que desde pequeños o pequeñas los habría atormentado.-
Que el instituto de la prescripción hace operativo el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, pero cuando se ha iniciado un proceso penal en su contra, el que claramente no se puede extender en el tiempo de manera indefinida, y debe estar sujeto a un determinado período.- Que este derecho que tienen todas las personas, también es una obligación del Estado, que asumió a través de los distintos tratados internacionales, pues el estar sometido a proceso de manera extendida en el tiempo afecta claramente la dignidad y la salud de la persona imputada.-
Ahora bien, de ninguna manera, el paso del tiempo sin que la víctima haya puesto de manifiesto la situación que la habría conmovido y la conmueve por encontrarse condicionada por el seno familiar, o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresar públicamente ello, tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.-
Que toda persona tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, pero cuando el proceso ya se inició, no cuando aún, no ha iniciado, ya sea porque la víctima, se encuentra condicionada para no denunciar, o preparada para afrontar la situación de ventilar la intimidad de todo el grupo familiar.- En efecto, si no hay denuncia, no hay proceso, y si no hay proceso, la idea de plazo razonable se desdibuja, ya que no hay juicio y el plazo razonable debe tenerse en consideración para tramitar el juicio; no cuando éste no está iniciado.-
Menos aún si se parte de la hipótesis que el proceso no existe en función de los condicionamientos que de manera expresa o tácita, los autores de estos sucesos ejercen dentro del seno familiar, para que la situación no se ventile dentro de un debido proceso legal.-
Que hay una obligación del Estado a través de sus poderes, de poner al alcance de todos los individuos el acceso a la justicia, brindando especial atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres, que hayan sido víctimas de agresiones sexuales dentro del seno familiar.-
Como se puede observar, el transcurso del tiempo, respecto de hechos no denunciados, como elemento determinante para que opere el instituto de la prescripción de la acción, responde a una ley que proviene del derecho penal interno, que no cristaliza, ni hace operativo ningún derecho de raigambre Constitucional.-
En cambio, el instituto de la prescripción cobra relevancia y hace operativo un derecho de raigambre constitucional cuando existe un proceso; pues este impone y genera que el juicio tramite dentro de un plazo razonable.- Que en el particular recién la víctima se animó a denunciar, y a poner en conocimiento lo que le habría ocurrido, entre los diez hasta los catorce, en función de lo que a sus veinticuatro años de edad le sucedió a su hermana, quien también habría sido abusada por el imputado.-
Que dentro de este contexto, entiendo que la imprescriptibilidad de la acción viene dada cuando aún no fue ejercitada por la víctima, siendo que una vez iniciado el proceso, a través de la denuncia, está claro que el Estado tiene el compromiso internacional de garantizar a cualquier persona, ser juzgada en un plazo razonable, pues sino, colisionan dos derechos de misma jerarquía, los cuales deben ser conjugados y no estar el uno por sobre el otro.-
En este entendimiento, considero que en la especie la acción no se encuentra prescripta, primero porque no han transcurrido los plazos de doce años que establece la ley (art. 63 del Código Penal) entre la fecha en que habría cesado el último acto delictivo y el primer llamado a declaración a tenor del art. 308 del C.P.P..-
Por otra parte, tampoco la acción se encuentra prescripta, pues tanto la Constitución Nacional -art. 75. inc., 22.-, como los Tratados Internacionales que integran aquella, obligan al Estado, a través de todos sus poderes a efectivizar de manera íntegra y concreta todos los derechos consagrados en aquellos instrumentos, entre los que está el derecho que tiene cualquier persona de acceso a la justicia, principalmente, cuando sean niños, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual por parte de integrantes del grupo familiar conviviente.- Que por supuesto; de estos Tratados, no surge la idea de establecer un plazo para el ejercicio de una acción o una denuncia, esto proviene netamente del derecho interno.-
Que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, reitero, no se puede materializar, si aún no hay denuncia, que habilite al Estado a ejercitar la persecución penal pública.-
Que mayor fundamento cobra esta idea, cuando se advierte que el imputado habría condicionado a la víctima a no exteriorizar la situación que habría vivido, la que padeció de manera sistemática y reiterada cuando era niña y luego adolescente, siendo que posteriormente se habría repetido en una oportunidad con la hermana menor de la víctima.-
Que la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos responsables que velaron por su cuidado, cristaliza el derecho de acceso a la justicia, consagrado en la Constitución Nacional, y en los distintos Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional, permitiendo a la víctima poder acceder a la justicia accionando la persecución penal pública en el momento que pueda y lo entienda necesario, en función de su situación personal garantizando también el derecho a la salud mental.-
Dentro de esta lógica, el derecho de acceso a la justicia, no colisiona bajo ningún punto de vista con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, pues éste opera cuando hay proceso, no cuando el mismo no existe, y para que exista proceso primero tiene que haber una denuncia, por tal motivo, la imprescriptibilidad existe hasta tanto no haya una denuncia; luego iniciado el proceso, el imputado tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.- Que no hay ninguna norma supra legal que permita sostener que la prescripción de la acción por la comisión de delitos aún no denunciados, es un instituto que hace operativo un derecho consagrado en la Constitución Nacional y/o los Pactos Internacionales, por el contrario es una norma que proviene del derecho interno, que responde a razones político filosóficas, que en casos como en el particular claramente quedan desdibujadas, y que además legalmente atenta contra las obligaciones contraídas por el Estado a nivel internacional, quien se comprometió a través de los distintos poderes que lo conforman, a garantizar a toda persona el derecho de acceso a la justicia, en especial aquellos que sean, o hayan sufridos de niños, niñas, o adolescentes delitos contra la integridad sexual por parte de las personas adultas que debían velar por su cuidado.-
Por lo expuesto, RESUELVO:
I. NO HACER LUGAR al SOBRESEIMIENTO por prescripción de la acción, pues no han transcurrido los doce años que impone la ley entre la fecha del cese de la última conducta delictiva -noviembre de 2004- y el primer llamado a tenor del art. 308 del C.P.P - 22 de marzo de 2016.-
Arts. 62 inc., 2do., en sentido contrario, 63 y 67 según ley 25.188 del Código Penal y art. 323 inc., 1ro., del C.P.P..-
II. DECRETAR la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual ocurridos dentro del seno familiar por parte de los adultos responsables de su cuidado cuando las víctimas fueron niños, niñas y/o adolescentes, por los motivos expuestos en los considerandos.- Arts. 75 inc., 22 de la C.N., 3.1, 12, y ccdtes., de la C.I.D.N., y arts., 2 y 7 de la Convención de Belem Do Para, art. 5, 8 y 10 Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-
Regístrese, notifíquese a las partes y a la Asesoría de Incapaces teniendo en cuenta que se encuentran interviniendo en la causa principal, y consentido acollárese la presente incidencia a la causa principal, a los efectos que el Ministerio Público Fiscal estime corresponder.-
Walter Federico Saettone JUEZ ANTE MI:
Paola Silvina Borsani Secretario
Fin de la sentencia