Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa y consecuentemente sobreseer definitivamente y sin costas a Christian Leonardo Moreira, cuyas demás circunstancias personales figuran en autos, con relación al evento que se le achacara como cometido el día 13 de marzo de 2023 en la localidad de Ing. Budge, partido de Lomas de Zamora, ello por los argumentos esgrimidos en el considerando. Artículo 21, inciso 1º, 210, 323 inc. 5°, 421, 433, 434, 439, 442 y 530 del Código Procesal Penal.
2023 - Año de la Democracia Argentina
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Dra. Karina Costas contra el decisorio adoptado el 8 de agosto de 2023 por el que se elevara la presente a juicio la presente causa N° 17921-23 , en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 6 Departamental, y;
El Sr. Juez, Dr. Martín A. García Díaz dijo:
A Christian Leonardo Moreira se le atribuye la comisión de un hecho que fue calificado por la Fiscalía y por la Jueza de Garantías como abuso sexual simple y violación de domicilio.
El 15 de marzo se dispuso su internación provisional en los términos del art. 62 del C.P.P. fundado en que la Dra. Soledad Alvarez, médica psiquiatra legista del Hospital Borda, concluyó que el mentado presentaba descompensación psicótica, psicótico crónico y consumo de sustancias, que al momento de la entrevista se encontraba desorientado en tiempo, con alucinaciones auditivas, juicio desviado, por lo que, recomendó evaluación clínica debido a lo manifestado y la falta de conciencia de la enfermedad y como tratamiento su internación.
Dicho decisorio fue impugnado por la Defensa y revocado por esta Sala, siendo el principal fundamento de dicha decisión el principio de proporcionalidad, esto es, que a Moreira se le imputaba un hecho con una escala penal que parte de 6 meses de prisión y no registra antecedentes condenatorios; su situación encuadraba directamente en los términos del art. 169 inc. 1 del C.P.P. y la Jueza no había ponderado otros riesgos procesales más allá de su condición, de modo que si no padeciera la afección de salud mental que sufre, sería viable su excarcelación ordinaria.
Explicamos que no puede otorgarse un trato más gravoso a quien padece una patología de salud mental porque implicaría negar a las personas con dichos padecimientos sometidas a un proceso penal los derechos fundamentales que les han sido reconocidos a nivel constitucional y supra-legal, incorporados al derecho positivo vigente.
Recordamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha receptado este criterio en el fallo “R.M.J.”, del 19 de febrero de 2008, en el que, por un lado, con remisión al precedente de la Corte IDH "Ximenes Lopes v. Brasil", advirtió sobre la especial atención que los Estados deben a las personas que sufren discapacidades mentales en razón de su particular vulnerabilidad, para luego agregar que en las medidas de seguridad deben atenderse los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.
En palabras de la CSJN: "tanto el principio de proporcionalidad como el propósito de respetar el principio de igualdad, que se buscó con la declaración de inimputabilidad, se ven seriamente comprometidos debido a que se muestra como irrazonable que una persona, a la que el Estado no quiere castigar, se vea afectada en sus derechos en una medida mayor de la que le hubiese correspondido de haber sido eventualmente condenada como autor responsable.”
Concluimos que, en tanto la internación forzosa de una persona importa una grave injerencia estatal, resulta necesario evaluar la compatibilidad de esa medida con la Constitución y con los pactos internacionales a ella incorporados, a partir de un análisis de legalidad, de finalidad legítima, de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto y en este caso devenía desproporcionada la internación frente a la posibilidad de que, dado el delito imputado, no se aplique respecto del imputado una medida de seguridad.
Llegada la etapa intermedia, la Defensa se opuso a la elevación a juicio y la Sra. Jueza rechazó el planteo, señalando que para la imposición de medidas de seguridad en los términos del artículo 34 del C.P. -que puede caber en el caso conforme lo que surge de los informes que reseñó-, se requiere la previa observancia de las normas relativas al juicio (cf. artículo 1 in fine del Código Procesal Penal).
Concluyó que mas allá de la libertad dispuesta por esta Sala, no puede descartarse -de momento- que de acuerdo a la evolución del tratamiento y al estado de salud del incuso, pueda -tras llevarse a cabo el juicio- imponérsele una medida de seguridad en este fuero.
La Defensa recurrió el decisorio y la causa se encuentra entonces en condiciones de ser resuelta, siendo entonces el núcleo de decisión si en estos obrados es aplicable o no una medida de seguridad, puesto que si lo es, es acertada la decisión de la instancia de remitir la causa a juicio para que se respeten las debidas garantías al momento de su imposición cfr. art. 1 del C.P.P.
Pasaré a dar revista de los distintos supuestos establecidos en el art. 324 del ceremonial para guardar un orden metodológico y legal en la decisión que propondré al Acuerdo convocante, la cual adelanto será favorable a la recurrente.
En primer término y conforme el tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos a la fecha, la acción penal no se encuentra prescripta (art. 323 inc. 1° " contrario sensu " del C.P.P.).
Que, asimismo, encuentro acreditado el hecho materia de pesquisa a partir de la declaración de Edgard Rojas, del acta de procedimiento, de la declaración testimonial de Acuña Damian Alejandro y Portillo Fernando Mariano y demás constancias de autos (Artículo 323 inciso 2° contrario sensu del C.P.P.).
A mi juicio el hecho investigado encuadra en la figura legal de abuso sexual simple y violación de domicilio, en concurso real entre si, conforme los art. 45, 55, 119 primer párrafo y 150 del Código Penal, en los términos en que requiriera la Fiscalía la citación a juicio en autos (art. 323 inc. 3° a contrario sensu C.P.P.)
La probable autoría de Moreira en el suceso se encuentra acreditada con la provisoriedad que impone la instancia; fundamentalmente a partir del acta de procedimiento que describe su aprehensión y testifical de Rojas que describió haber observado " que Moreira tenía agarrado contra la pared a su cuñado, sosteniéndolo con un brazo mientras que con el otro le tocaba los genitales, su cola y lo besaba en la boca " (art. 323 inc. 4° a contrario sensu C.P.P.)
Ahora bien, a criterio del Suscripto media en autos una causa de inimputabilidad y no es aplicable en autos una medida de seguridad en los términos del art. 34 inc. 1° del C.P., por lo que no es procedente la remisión de la presente a juicio sino la solución que prevé el art. 323 inc. 5° del C.P.P.
En lo que interesa a la decisión en ciernes, el Dr. Juan Pablo Díaz, Perito Médico Psiquiatra Forense de la Asesoría Pericial de La Plata, determinó que los signos propios de la descompensación psicótica que padecía Moreira estaban ya presentes al momento del hecho investigado en autos y le impidieron comprender la realidad y dirigir sus acciones en consecuencia y no se encuentra en condiciones de participar en una audiencia de debate oral, pues su cuadro mental y su juicio crítico desviado lo privan de las capacidades necesarias para ello.
Tenemos entonces certificado que Moreira no comprendió la criminalidad del hecho que se le atribuye ni pudo dirigir sus acciones, por lo que su situación encuadra en los términos del art. 34 inc. 1 del C.P. resultando entonces imperativo efectuar un análisis en los términos que la CSJN delineó en "R. M. J. s/INSANIA" (Fallos: 331:211) y en "Antuña, Guillermo Javier s/ causa n° 12.434" (Fallos 335:2228); para luego profundizar la SCBA mediante Resolución SC Nº 2914/19 y su Protocolo Anexo y jurisprudencia en causas 126.897 y 137.159.
Que si bien resulta cierto, como afirma la Sra. Jueza, que la imposición de una medida de seguridad en los términos del art. 34 inc. 1° del C.P.P. requiere la previa celebración del juicio conforme la manda del art. 1° del C.P.P., se advierte a esta altura que en autos no resulta conveniente ni razonable la aplicación de dicha medida; extremo que, como se dijera, impone resolver en los términos del art. 323 inc. 5° del C.P.P
Que la imputación que se le erige a Moreira prevé una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión -art. 45, 55, 149 bis y 189 bis inc. 2do, segundo párrafo del C.P.- y en atención a la carencia de precedentes condenatorios por parte del nombrado, bien podría haberle correspondido -de no padecer su patología- una pena de ejecución condicional e incluso una suspensión del proceso a prueba.
Y en esta línea, no debe olvidarse que ya ha sentado la CSJN que "... el tribunal que dispone una medida de seguridad de naturaleza penal debe fijar el plazo máximo hasta que la medida podrá extenderse asegurando una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada, como la que aseguraría al limitar la pena que sería aplicable al caso si el imputado no fuera incapaz de culpabilidad. " (in re "Antuña" Fallos: 335:2228).
La SCBA ha afirmado que la respuesta judicial no puede desentenderse de la adecuada proporcionalidad respecto de la medida asegurativa impuesta en el marco del art. 34 inc. 1 del Código Penal, ni de su vigencia (SCBA - P.126.897- 08/05/2019). Es decir, que las medidas de seguridad se encuentran alcanzadas como límite por el principio de proporcionalidad; al tiempo que también deben regirse por reglas de subsidiariedad y prohibición de exceso.
Recuérdese que la CSJN in re "Squilario" sentó que " el instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios y ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de pena de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional."
En este sentido imponer una medida de seguridad en la presente sería más gravoso que imponer una pena en tanto esta última no sería de encierro efectivo; por lo que, la aplicación de una medida de seguridad en el fuero penal trastocaría los principios que reinan la materia; debiendo recordarse que al momento de disponer la excarcelación del nombrado, esta Sala ordenó la intervención del Juzgado de Familia en razón de la internación que aconsejaban los galenos, apareciendo dicho fuero como el más apto para continuar con la supervisión de Moreira.
Además "no puede soslayarse que estas medidas se ejecutan sobre personas con discapacidad, es decir sobre un grupo especialmente vulnerable, que son objeto de tutela a través de distinta normativa. Entre los diferentes instrumentos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.), el más relevante en la materia es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) -que adquirió jerarquía constitucional mediante la ley 27.044 (promulgada el 11 de diciembre del 2014)- A su vez, aún sin gozar de la misma jerarquía, las "Reglas Nelson Mandela" (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, resol. aprobada por la Asamblea General el 17-XII-2015) establecen, en su regla 109, bajo el título "Reclusos con discapacidades o enfermedades mentales" que "No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible". Cabe agregar que el valor de estas reglas ha sido reconocido por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (conf. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, sent. de 15-IX-2005. Serie C n° 133, párr. 99), y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Verbitsky, Horacio s/Hábeas corpus" causa n° V.856.XXXVIII, sent. de 3-V-2005) " (SCBA P.130.599)
Por lo demás, conocidos resultan los efectos negativos de la privación de libertad en cualquier ámbito y la aplicación restrictiva que en materia de salud mental debe imperar, a lo que ha de añadirse que habiéndose acreditado en esta instancia el estado de inimputabilidad de Moreira al momento de los sucesos y lo inaplicable de una medida de seguridad en resguardo del principio de proporcionalidad, el pase de estos obrados a juicio a fin que mediante un proceso de sustanciación -en el que imperen los principios rectores de la etapa de juicio- se evalúe la conveniencia y razonabilidad del dictado de la medida deviene en un dispendio jurisdiccional.
Por este orden de razones corresponde acoger favorablemente el recurso de apelación interpuesto y revocar el decisorio dictado el 8 de agosto de 2023 disponiendo el sobreseimiento sin costas de Christian Leonardo Moreira con relación al hecho que se le intimara de conformidad con las previsiones de los arts. 323, inciso 5° del C.P.P.
El Sr. Juez, Dr. Tomás A. Bravo dijo:
Comparto en un todo fundamentos expuestos por mi colega preopinante, los cuales hago míos por la presente y voto en idéntico sentido, por ser ello mi sincera, razonada y lógica convicción.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental,
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa y consecuentemente sobreseer definitivamente y sin costas a Christian Leonardo Moreira, cuyas demás circunstancias personales figuran en autos, con relación al evento que se le achacara como cometido el día 13 de marzo de 2023 en la localidad de Ing. Budge, partido de Lomas de Zamora, ello por los argumentos esgrimidos en el considerando. Artículo 21, inciso 1º, 210, 323 inc. 5°, 421, 433, 434, 439, 442 y 530 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámaras y vuelvan los presentes obrados al Juzgado de origen departamental, donde se deberán cumplimentar las notificaciones de rigor a las partes, sirviendo lo proveído de atenta nota de remisión.
En la fecha notifiqué electrónicamente al Sr. Fiscal General Departamental ( [email protected]) y a la Defensa Oficial ([email protected]), remitiendo la presente a la instancia de origen ([email protected]) Conste.
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2023 10:36:08 - BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2023 12:26:36 - GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2023 12:35:27 - BLYTHMAN Maria Silvia - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/09/2023 12:35:33 hs. bajo el número RR-1614-2023 por BLYTHMAN MARIA SILVIA.
Fin de la sentencia