Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a R. E. D. L. T., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple -dos hechos en concurso real entre sí- (artículos 119 primer párrafo, primer supuesto y 55 del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del Código Penal).
2Ordenar la INMEDIATA DETENCIÓN de R. E. D. L. T. y su posterior alojamiento en la dependencia policial o penitenciaria que corresponda.
3INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad sexual Integridad Sexual (ReCoDIS), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3659.
4INFORMAR, por intermedio de su representación legal, a la víctima de autos Adelina Elena Saez González de la presente sentencia, y CONSULTAR si desea ser informada respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
LIBRO: CIII REGISTRO: 3522 FOLIO: 139/148
Río Gallegos, 05 de octubre de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Carlos Enrique Arenillas, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados "D. L. T. R. E. S/ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO” Expte. Nro. ****/25 y resolver la situación procesal de D. L. T. R. E. ,, de apellido materno A., hijo de R. E. y de R., argentino, nacido el **/**/1970 en esta ciudad, soltero, alfabeto, empleado municipal y changarín, con domicilio en DIRECCION_1) de Comandante Luis Piedrabuena, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial de Cámara, el Dr. Emin Charif Sat; representa la acusación la titular de la Fiscalía de Cámara, Dra. María Verónica Zuvic, y al Ministerio Complementario el titular de la Defensoría Pública Oficial con asiento en Puerto Santa Cruz, el Dr. Alfredo Joannas. Y;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a R. E. D. L. T. que “...En fecha y horario indeterminados, pero en el período de tiempo comprendido entre enero y marzo de 2022, en un número indeterminado de veces, habría realizado tocamientos en la vulva y los pechos, por sobre la ropa de la niña A. E. S. G. de 12 años de edad. Hechos que habrían ocurrido en el domicilio sito en xxxxx N° *** de Comte. Luis Piedra Buena, en ocasión de visitar el domicilio de la familia de la menor de edad, dado que era amigo de la entonces pareja de la madre, es decir, del sr. J. R....”.
Que a fs. 246/247 vta. se incorporó la propuesta de omisión de debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito remitida desde la Fiscalía, en la que se estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden al delito de abuso sexual simple reiterado (art. 119 primer párrafo del CP), correspondería imponer un monto de pena de un (1) año de prisión de cumplimiento efectivo, además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP); ante la presentación de la defensa de fs. 259 -en la que la solicitó se formulara una nueva propuesta en razón del transcurso de 10 años desde el dictado de una sentencia condenatoria respecto del encartado-, a fs. 261/262 se incorporó un nuevo dictamen fiscal en el que, con motivo de la inconveniencia de la privación de la libertad de D. L. T. y el encuadre del monto de pena solicitado por debajo de las previsiones del artículo 26 del CP, se solicitó la imposición de una pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al mencionado delito.
Que a fs. 264 y 272/vta, tanto el Dr. Sat como el imputado aceptaron esta última propuesta de omisión de debate, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Por su parte, a fs. 266/vta. se agregó el dictamen remitido desde la Defensoría Pública Oficial -en carácter de Ministerio Complementario- con asiento en Puerto Santa Cruz en el que si bien se aceptó tramitar las presentes por la vía de la omisión de debate, solicitó la imposición de una pena de dos (2) años de prisión de cumplimiento efectivo en orden al delito de abuso sexual simple reiterado (art. 119 primer párrafo del CP).
Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado R. E. D. L. T.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena requerida?
Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio, en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal formulada por la Sra. Fiscal de Cámara, quien inicialmente estimó en un (1) año de prisión de cumplimiento efectivo la pena aplicable para el caso de recaer sentencia condenatoria y, posteriormente, manteniendo el mismo monto, propuso que su ejecución fuera dejada en suspenso. Esta última propuesta contó con la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado y, asimismo, el Ministerio Complementario prestó conformidad con la tramitación del proceso mediante este procedimiento especial.
El monto de pena solicitado por la Fiscalía de Cámara para el caso de recaer sentencia condenatoria se encuentra dentro de los márgenes legalmente previstos y resulta admisible como límite máximo de la respuesta punitiva en el marco del procedimiento establecido por el artículo 517 del Código Procesal Penal. En cuanto a la modalidad de cumplimiento propuesta por la acusación estatal - inicialmente efectiva y posteriormente de ejecución condicional- , su procedencia será analizada oportunamente al abordar la determinación de la pena, en caso de corresponder su imposición, de conformidad con las disposiciones sustantivas aplicables. En esa misma oportunidad se examinará la incidencia que corresponda asignar al dictamen formulado por el Ministerio Complementario.
Es por ello que este Tribunal, por unanimidad, resuelve en primer término admitir la omisión de debate y proseguir con el estudio de las restantes cuestiones necesarias para el dictado de sentencia en los presentes actuados. SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho imputado, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado? Al respecto, el Tribunal dijo:
Que para resolver la cuestión traída a estudio corresponde en primer lugar destacar que el hecho enrostrado constituye una situación de violencia de género, respecto de la cual el Estado Argentino ha comprometido su responsabilidad internacional en aras de eliminarla en todas sus formas. A tales fines, la Convención de Belem do Pará y la jurisprudencia imponen como principio rector el abordaje jurídico bajo una perspectiva de género, constituyéndose así en una pauta ineludible de la sana crítica racional con la que el órgano decisor debe abordar el análisis conjunto, armónico e integral del plexo conviccional recogido por la instrucción.
En este sentido, resulta pacífica la jurisprudencia al determinar que ante la mujer que aduce ser víctima de violencia, debe incorporarse dicha perspectiva como principio rector para la solución de este tipo de casos, lo que exige un análisis integral tanto de la normativa internacional como de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deriva en la necesidad de tener presente que la víctima de autos goza en el proceso judicial de un estándar de protección superior -o de diligencia reforzadaproducto de las peculiares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad.
Sumado a ello, en razón de la condición de niña de la damnificada al momento de los hechos, concurre una particular situación de vulnerabilidad, receptada en el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que insta a los Estados parte a adoptar las medidas que sean apropiadas para proteger a los niños contra todo abuso, incluido el sexual, cuando se encuentre bajo la custodia "de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo", agregando que las medidas no deben circunscribirse solo a programas de prevención sino que comprende todas las que propendan a "la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial".
En este sentido, "Las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana deben aplicarse a la luz de la especialidad que el propio Pacto de San José ha reconocido a la materia de infancia y adolescencia, en el sentido de proteger reforzadamente los derechos de niños” -CIDH, Opinión Consultiva 17/2002-.
Por su parte, en las "100 Reglas básicas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad" (o Reglas de Brasilia) se incluyó expresamente a los menores de edad al conceptualizarse a las personas en situación de vulnerabilidad, estableciéndose en su ítem (3) que: "Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico". A su vez, en el ítem (11) del Capítulo 5, se dispone que: "Se considera en situación de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia...La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal".
Sentado ello, de las constancias de fs. 7 surge que se inició la presente pesquisa en razón de la presentación espontánea que D. G. realizó en la sede de la División Comisaría de la Mujer y la Familia de Comandante Luis Piedrabuena el 27 de **/2022 en la que denunció que ese día había mantenido una reunión con C. G. y R. N. -quienes prestaban servicios en la Oficina de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local- en la que fue informada de que durante su horario de clases habitual su hija A. E. S. G. había realizado dibujos que despertaron preocupación en su docente, V. A.. En relación con la posterior entrevista mantenida con la joven, D. G. refirió “algo que le había sucedido ahora y también en la localidad de Gobernador Gregores”, aclarando que por este último hecho ya se había efectuado la correspondiente presentación. En cuanto al primero, explicó que su hija había sindicado que lo había sufrido tres veces a manos de un amigo de su pareja, “L.” D. L. T..
En particular, reprodujo dos episodios de tocamientos que la niña había descripto: uno en el que le tocó la vagina por sobre la ropa mientras estaban reunidos en la mesa de su casa y otro en el que la abrazó por la espalda y le tocó los pechos. Asimismo, mencionó que D. L. T. había intentado besarla. Con motivo de su exposición, se llamó a prestar sus dichos a V. A., quien además de su rol de docente de A. E. S. G. a fs. 15 confirmó que aproximadamente a las 8:40 horas de ese **/** la vio llorando en clases, por lo que le ofreció salir del aula para charlar con ella; cuando aceptó, pidió llevar consigo un dibujo que había hecho.
Ya fuera del salón, solicitó a la Vicedirectora -S. V.- que concurriera; cuando llegó, le exhibieron los dibujos y S. V. consultó a A. E. S. G. por los motivos que la habían llevado a realizarlos; la niña refirió que el primer dibujo -donde se podía observar a una nena en el aire, sostenida del brazo por una figura masculina con su cara tachada, acompañada de otra menor llorando en el fondo y muñecas tiradas en el piso- hacía referencia a cuando vivía en otra ciudad junto a su padre, quien era violento con ella y su hermana; en otro se veía una mesa y dos personas sentadas, una tenía una niña llorando en sus piernas de la que salía una flecha que decía “Yo” y otra en dirección a los genitales del adulto sobre el que se encontraba con la referencia “Cosa de hombre” y “Señor”, respecto de la que expresó había ocurrido en la casa de su madre en ocasión de una cena con un amigo de su padrastro en la que este último “la sentaba sobre sus piernas y tocaba sus partes íntimas”. En una tercera representación, lograron apreciar una figura masculina -también identificada como “Señor”- que tenía tomados por detrás los senos de una niña -"Yo"- llorando, además de otra en la que “Señor” abrazaba por detrás a una niña también en llanto y le apoyaba sus genitales.
Preguntada que fuera por la fecha del acaecimiento de estos hechos, A. E. S. G. le dijo que eso había ocurrido tres meses antes, mientras su madre estaba “cortando papelitos”, que el “señor” -llamado “L. D. L. T.”, quien también había intentado besarla- ya no iba a su casa.
Su relato fue concordante con el de S. V., quien en su declaración agregada a fs. 17 y ratificada a fs. 84 confirmó que ese día concurrió a la vicedirección a requerimiento de V. A., resaltó el estado de angustia de la alumna y confirmó que sindicó como su agresor a D. L. T., quien la subía a su falda y tocaba sus partes íntimas mientras su madre no los veía.
Ahora bien, en casos como el presente adquiere particular relevancia el testimonio de la víctima, que en este caso se produjo bajo formato Cámara Gesell el 12 de septiembre de 2022, ocasión en la que A. E. S. G. describió, en primer término, otras situaciones vividas por ella y luego se refirió concretamente a los hechos investigados en autos.
Refirió que un entonces amigo de su padrastro, a quien conocía desde hacía cuatro meses y a quien identificó como ‘L.’ D. L. T., había realizado los tocamientos que denunció.
De la visualización de las imágenes agregadas se advierte que la joven se expresa inicialmente de manera locuaz, gesticula con sus manos y mantiene un tono de voz sostenido, actitud que cambia al momento de referirse al hecho, cuando se observan signos de incomodidad, como retraimiento -patente por ejemplo en un encogimiento de hombros acompañado de frotamientos de un brazo sobre otro- y una baja del tono de su voz. En ese contexto, explicó que la noche del hecho -un fin de semana que estimó “en las vacaciones de verano”- su madre estaba usando la computadora y ella se encontraba compartiendo la mesa junto a L. y su padrastro -que estaban tomando vino-, pero en ese momento se detuvo y le manifestó a la profesional interviniente “No puedo, me da vergüenza”.
Esta dificultad para brindar mayores precisiones acerca del episodio durante la entrevista no permite asignarle, por sí misma, un sentido desincriminante , toda vez que, por el contrario, admitió haber sufrido tocamientos de parte del encargado y explicó su dificultad para profundizar sobre lo sucedido por la vergüenza que le producía hacerlo frente a una persona desconocida. Tal expresión debe ser ponderada atendiendo a las dificultades que pueden presentarse en niños y niñas al momento de verbalizar experiencias de contenido sexual. En el caso concreto, la propia A. E. S. G. exteriorizó la vergüenza que le generaba profundizar sobre lo sucedido frente a una persona desconocida, circunstancia que encuentra correspondencia, además, con lo posteriormente consignado en la evaluación psicodiagnóstica. Desde esa perspectiva, la reticencia evidenciada no debe ser valorada aisladamente, sino en el contexto en que se produjo y junto con las restantes pruebas incorporadas, atendiendo asimismo al interés superior del niño en su dimensión procedimental (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 [2013], párrs. 6.b y 85).
En consecuencia, la limitada extensión de su declaración sobre el episodio debe ser ponderada atendiendo a la propia dinámica de la entrevista y al pudor que expresamente exteriorizó, en conjunto con las restantes pruebas reunidas.
En esa inteligencia, resultan de utilidad los resultados de la evaluación psicodiagnóstica que el día de la toma de testimonio se realizó respecto de A. E. S. G., en la que la perita del Cuerpo Pericial de Psicología de este Poder Judicial destacó -en forma concordante con las conclusiones a las que se arribara previamente- un “elevado estado de vergüenza por los hechos denunciados”, a lo que se sumó su deseo de no querer relatar los hechos por la incomodidad que le generaba hacerlo frente a una desconocida y por ya haberlo hecho en reiteradas oportunidades.
Además, la profesional advirtió una adecuada correspondencia entre su edad biológica y su edad psicológica, una ubicación temporoespacial que permitía que la joven evidenciara un criterio acorde a la realidad “evidenciando un estado de conciencia y juicio conservados”, la presencia de baja autoestima, sentimientos de inhibición y sentimientos de inferioridad, a los que sumó un estado de alerta constante “como resultado de la desconfianza que le genera el ambiente”, lo que acrecienta sus sentimientos de censura sobre su intimidad “de manera aguda”.
En igual sentido, se plasmó la presencia de “destacados rasgos de perturbación por hechos sucedidos en el pasado que dificultan el contacto con la realidad ante los elevados sentimientos de descontento, incomodidad, enojo e irritabilidad que intensifican un fuerte miedo irracional ante la constante amenaza que siente por parte del entorno” y un intento de ocultar los impulsos sexuales propios de la etapa explorativa del desarrollo en la que se encontraba, lo que le generaba una represión en la libido que buscaba depositar en otras actividades como el dibujo o la cerámica.
En cuanto a su testimonio, la psicóloga lo estableció como creíble en razón de un especial hincapié en la congruencia entre el estado anímico de A. E. S. G. y los hechos denunciados.
En lo relativo a las secuelas relativas a traumas relacionados con la sexualidad, se informó que los resultados de las técnicas psicológicas aplicadas arrojaron “elevados rasgos de retraimiento, rigidez, sumisión y una inhibición de la espontaneidad ante un fuerte bloqueo a nivel emocional producto de un conflicto o situación que ha dejado una profunda huella en la menor”, que generan que no pueda sentirse capaz de enfrentar y combatir obstáculos, frente a los que se ve obligada a “realizar esfuerzos” frente a amenazas de su entorno, frente a las cuales opta “por encerrarse y protegerse”.
Estas conclusiones resultaron concordantes con las manifestaciones de V. A. y D. G., quienes respectivamente a fs. 38 y 39 relataron sus episodios de llanto frente a confrontaciones por la relación con sus compañeros y episodios en los que la niña no salía de la habitación frente a posteriores visitas de parte de D.
L. T..
Sumado a ello, si bien durante una nueva experticia practicada el **/**/2023 en el marco de otro trámite no se le realizaron preguntas específicas con respecto a las presentes, de la lectura del informe de fs. 79 se desprenden similares conclusiones relativas a su capacidad de fabulación, juicio de la realidad, permeabilidad en cuanto a su intimidad y sentimientos de inseguridad.
Así, llamado que fuera a ejercer su defensa material, en un primer momento el imputado se negó a prestar declaración indagatoria, que luego se concretó frente a su solicitud de ampliación y fue plasmada a fs. 117, momento en el que explicó que no era amigo de R., sino que aquel lo era de su padre, y que había ido a su casa solamente “dos o tres veces”. Agregó que la denunciante le pidió que la pretensa damnificada fuera novia de su hijo, N., pero que se negó porque “era muy chico”, pero incluso pese a su negativa siguió insistiendo por diez o doce días hasta que su hijo le dijo “que no quería saber más nada” sin perjuicio de lo que ella continuó con el pedido; luego de eso, no tuvo más contacto con ellos hasta que tomó conocimiento de la denuncia. Preguntado que fuera por el contexto de sus visitas a la residencia de R. y D. G., contestó que concurrió por aproximadamente una hora a requerimiento de aquel porque ella quería “hablar por el tema de su hijo” y para ver el estado de un perro que les había regalado; las otras dos, fue a cenar “porque los chicos ya salían”.
Refirió que conoció a A. E. S. G. en su primera visita, y que dejó de ir a la casa porque su hijo y la joven ya no eran novios; además, confirmó que en esas ocasiones estuvo en la cocina comedor y que en una de ellas tomó un vino con D. G..
Deviene necesario remarcar una serie de inconsistencias que se advierten de su relato; la primera de ellas surge de su contraposición con el mencionado testimonio de D. G. (al que se sumó la copia del acta 124/2022 labrada en la OPIDNNA que a fs. 09 acompañó a su denuncia) y el que a fs. 30 prestó J. R. -pareja de ésta última y padrastro de A. E. S. G.-, cuyos relatos fueron concordantes con el de la joven respecto de la presencia habitual (hasta varias veces por semana) del encartado en la vivienda en que habitaban, sita en xxxxx N° ***; incluso la madre refirió que en una ocasión quedó durante aproximadamente 15 minutos a su cuidado y que la damnificada le explicó que los hechos habían ocurrido allí, que no salía de su habitación “porque no lo quería ver” -a tal punto de negarse a concurrir a sus clases de cerámica por la cercanía a la vivienda del encartado- y detalló que uno de los hechos ocurrió mientras la tenía sentada en su falda mientras le hablaba de su hijo, pero que no le dio mayores detalles porque se ponía muy nerviosa y no quería que se enojara.
La segunda inconsistencia surge del propio relato del encartado, quien inicialmente afirmó que había descartado de plano la propuesta de D. G. de que sus hijos fueran novios, pero luego sostuvo que N. “no quería saber más nada” con el tema (lo que hubiera conllevado, cuanto mínimo, una toma de conocimiento de su parte del interés) y luego que posteriormente los jóvenes mantuvieron una relación.
Asimismo, de las testimoniales producidas a requerimiento de la defensa respecto de E. N. de fs. 130 y de N. S. P. a fs. 152 surgió la ratificación del contenido del acta de fs. 9 y la circunstancia de que esta última fue psicóloga tratante de A. E. S. G. durante dos sesiones, en las que, en concordancia con los resultados de las pericias antes analizadas -y sin mayores precisiones respecto de presente pesquisa- advirtió en la joven “problemas de vinculación en general con las personas”.
Así las cosas, entiende el Tribunal que las constancias reunidas permiten tener por acreditados con el grado de probabilidad rayano a la certeza requerido por la instancia tanto el acaecimiento del hecho investigado como su autoría en cabeza del encartado.
En primer lugar, la acusación de la joven, que se mantuvo indemne a lo largo del tiempo frente a diversos interlocutores y cumplió con los criterios de verificación exigidos para este tipo de casos que suelen ocurrir en contextos intimidad y sin que (en este caso) terceros hubieran podido advertir lo sucedido; no se advierten móviles vindicativos previos contra el imputado, resulta verosímil y fue sostenido a lo largo del tiempo frente a diversos interlocutores.
Al respecto, se tiene dicho que "...el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual... alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima atenta contra una regla de la experiencia común, como es que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales..." (Cf. Trib. Sup. Just. Santa Cruz, “NJA”, rta. 14 de mayo de 2008).
En esa inteligencia, las opiniones de la perita del área de la psicología en respecto de las secuelas que presentó -identificadas tanto por la profesional forense como por su madre- configuran indicadores psicológicos compatibles con una experiencia que afectó intensamente su esfera emocional y sexual tanto inespecíficos (el retraimiento social, estado de alerta permanente, represión de impulsos) como altamente específicos (como la acusación de su parte), que dotaron a su relato de una marcada potencia epistémica. A ello se suma que, aun frente a las dificultades que le produjo profundizar sobre lo ocurrido, aportó diversos detalles periféricos que dotan de contexto a su relato, tales como el encuadre temporal de uno de los episodios durante un fin de semana, el uso común de la mesa de su casa y que ese día los adultos estaban tomando vino, referencias que incluso encuentran su correlato en la propia versión defensiva, pues D. L. T. reconoció haber concurrido al domicilio, permanecer en la cocina comedor y haber tomado vino en una de esas ocasiones. Esa coincidencia, sumada a los testimonios que confirmaron la habitualidad de sus visitas y a las inconsistencias advertidas en su explicación acerca de su frecuencia, finalidad y de la relación entre su hijo y la damnificada, termina por robustecer la identificación efectuada por la menor y descartar la versión alternativa propuesta por el acusado.
Completaron el plexo probatorio los resultados de la pericia psicológicopsiquiátrica practicada al encartado en la que a fs. 157 se concluyó que tenía una adecuada orientación temporoespacial y que tanto su conciencia como su juicio de la realidad estaban conservados.
A nivel afectivo, evidenció la presencia de elevados signos de irregularidad, reserva, desarraigo, necesidad de apoyo y una marcada inseguridad que puede suscitarse ante la presencia de situaciones desconocidas y que no puede resolver, lo que acrecienta su baja autoestima y tendencia al retraimiento.
Posteriormente, se remarcó su “bajo nivel de tolerancia a la frustración”, que “lo lleva a reaccionar de una manera irritable, agresiva y explosiva” que lo lleva a actuar sin tener en cuenta las repercusiones a terceros; además de que “su poca sensibilidad y falta de adaptación... lo llevan a posicionarse en un estado de alerta constante para poder defenderse del medio”, lo que compromete su conducta en actos potencialmente peligrosos para sí y para terceros.
Del informe se destaca además “una ausencia en el control inhibitorio de sus impulsos”, que intenta reprimir “pero quedan marcados en su psiquis como un elevado sentimiento de culpabilidad”; a ello se sumó una constante dependencia a nivel emocional ante su marcada carencia a nivel afectivo fijada a la espera de una satisfacción proveniente del exterior, que “lo incentiva a mostrarse como una persona inicialmente crédula que luego se posiciona en una actitud avasallante, la cual desconoce sobre límites y no acepta un 'no' como respuesta”.
Además, se plasmó la presencia del indicadores correlacionados con elevadas tendencias deshonestas, violentas, intempestivas y tenaces que redundan en reacciones agresivas e impulsivas como forma de compensación frente a “sus fuertes sentimientos de inseguridad, su marcada conflictiva sexual y como una manera de reafirmar su rol masculino”, además de una falta de adaptación al medio ante la ausencia de registro de la manera en la que es percibido por terceros acrecentadas por sus perturbaciones a nivel emocional y dificultades en las relaciones interpersonales.
Finalmente, se observó en su discurso “una necesidad imperiosa de destacar su Yo con características que lo llevan a adoptar una posición de victimización simulando sentimientos de angustia, total desconocimiento y falta de compresión” respecto a la situación que lo llevó a encontrarse privado de su libertad.
Desde luego, si bien tales conclusiones no permiten -de ninguna manerainferir por sí mismas la comisión del hecho ni la responsabilidad penal del encartado (lo que importaría fundar el reproche en rasgos de personalidad incompatibles con un derecho penal de acto), sí poseen utilidad como elemento periférico de corroboración, en tanto varios de los indicadores relevados -en especial sus dificultades para aceptar límites, el escaso control inhibitorio de sus impulsos, la baja tolerancia a la frustración y la conflictividad advertida en el plano interpersonal y sexual- resultan congruentes con la dinámica fáctica que emerge de las restantes probanzas recopiladas en autos.
En ese limitado alcance, la experticia no sustenta autónomamente la materialidad del hecho ni su autoría en cabeza del encartado, pero se integra de manera coherente al cuadro probatorio previamente analizado y coadyuva al refuerzo de sus conclusiones.
Asimismo, y toda vez que ni de la analizada pericia ni a lo largo de la sustanciación del proceso se comprobaron situaciones especiales que tornaran viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal o de alguna excusa absolutoria, el Tribunal entiende que el encartado deberá responder penalmente por los hechos imputados.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
El Tribunal en pleno dijo:
Llegado el momento de la adecuación jurídica de las conductas que se tuvieron por acreditadas en cabeza de Raúl D. L. T., corresponde recordar que el encuadre efectuado al momento de requerir la elevación a juicio de las presentes actuaciones fue abuso sexual simple reiterado, en los términos del primer párrafo del artículo 119 del Código Penal.
En primer lugar, debe resaltarse que las conductas que se tuvieron por comprobadas implican un contacto corporal de connotación sexual en el que de ninguna manera importa la existencia o no de consentimiento por parte de la víctima en razón de que el bien jurídico lesionado -de acuerdo a su edad al momento de los hechos, que puede tenerse por acreditada en razón de la copia de su Documento Nacional de Identidad agregada a fs. 13 y la partida de nacimiento subsiguientemente incorporada- es la indemnidad sexual; al respecto, bien dice la doctrina que “...los menores de trece años carecen iure et de iure de cualquier tipo de posibilidad de consentir o asentir una relación sexual con otra persona mayor de edad…” (Aboso, Gustavo Eduardo: Derecho penal sexual. 2022. Segunda edición ampliada y actualizada, pág. 79); y que “La ley presume iure et de iure que el sujeto pasivo carece de capacidad o madurez para autorizar libre y conscientemente la ejecución de la conducta sobre su cuerpo... el autor se aprovecha de la edad de la víctima que carece de la capacidad necesaria para comprender el sentido de la conducta del autor” (Basílico, Jorge y Villada, Jorge. Código Penal de la Nación Argentina. Comentado. Anotado. Concordado, 4ta Edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2024).
Sentado ello, corresponde destacar que el abuso sexual “...ocurre cuando el sujeto activo le impone al sujeto pasivo llevar a cabo un acto sexual sin su consentimiento válido...” y que “dicho acercamiento o contacto puede ser entre el autor y la víctima... puede consistir en tocar las zonas erógenas del cuerpo de la víctima, hacerse tocar por la víctima” (De la Fuente, Javier. Abusos sexuales. Argentina: Hammurabi, 2021, p. 54).
En el caso de estudio, no requiere mayores consideraciones la comprobación de la falta de consentimiento de la víctima, ni tampoco la significación sexual de los tocamientos y el conocimiento y voluntad con que fueron realizados, por lo que este Tribunal considera que los tocamientos que, en dos oportunidades, D. L. T. realizó sobre los pechos de la damnificada y en su vulva mientras la tenía en su regazo resultan constitutivos, cada uno de ellos, de un hecho de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.En cuanto a la relación concursal, las conductas acreditadas constituyeron dos episodios autónomos y diferenciados, desarrollados en oportunidades distintas y consumados independientemente uno del otro. No se cuenta, en cambio, con elementos que permitan afirmar la existencia de una única resolución delictiva que otorgue unidad jurídica a ambos comportamientos y permita considerarlos como manifestaciones de un único delito continuado. Por ello, corresponde asignar autonomía típica a cada uno de los abusos comprobados.
Esta precisión jurídica no afecta el principio de congruencia, pues no introduce modificación alguna en las circunstancias fácticas que integraron la imputación y respecto de las cuales el acusado pudo ejercer plenamente su defensa.
Finalmente, al encontrarnos frente a la concurrencia de dos hechos reprimidos con una misma especie de pena, resultan aplicables las previsiones del artículo 55 del Código Penal.
Es por ello que este Tribunal entiende que el actuar oportunamente llevado a cabo por R. E. D. L. T. resulta constitutivo del delito de abuso sexual simple -dos hechos en concurso real entre sí- (arts. 119, primer párrafo, y 55 del Código Penal).
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar y qué pena corresponde imponer?
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
En el caso concreto, a fs. 261/262 la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de un año de prisión, petición que en el caso constituye el límite cuantitativo máximo de la respuesta punitiva en razón del procedimiento previsto en el artículo 517 del Código Procesal Penal. En otro orden, corresponde aclarar que la solicitud del Ministerio Complementario del dictado de una pena de dos años de cumplimiento efectivo deviene en un exceso de las facultades que el ordenamiento procesal le confiere, toda vez que el artículo 517 del Código de rito circunscribe expresamente la estimación sancionatoria al Ministerio Público Fiscal y, en su caso, a la parte querellante, respecto de lo que establece que la condena no podrá superar la pena mayor requerida por alguno de ellos.
Tal previsión, interpretada en concordancia con la regulación de las partes contenida en el Título IV del digesto ritual, que si bien reconoce a la víctima determinados derechos de información, protección y participación -además de la posibilidad de constituirse en querellante particular-, no le atribuye -ni tampoco a su representación complementaria- facultades autónomas para formular una pretensión punitiva.
En consecuencia, la intervención del Ministerio Complementario no puede ampliar el límite cuantitativo fijado por la acusación estatal, que en el caso deberá quedar establecido en un año de prisión.
Así, a fines de determinar dicho monto, operan como agravantes la multiplicidad de hechos cometidos y la afectación a las relaciones sociales que su comisión provocó, no solo en el caso de la damnificada sino también de su grupo familiar, que redundaron en una mayor capacidad dañosa de las acciones cometidas por el imputado.
A ello se suman la propia naturaleza de los hechos cometidos por tratarse de un delito contra la indemnidad sexual de una víctima doblemente vulnerable -una niña menor-, las graves consecuencias que tuvieron sobre su psiquis, quien incluso vio afectada su vida cotidiana por las secuelas provocadas, y su comisión en el domicilio de la nombrada, ámbito en el que razonablemente debía encontrar resguardo y seguridad, circunstancia que también incrementó la entidad lesiva de las conductas.
Finalmente, también operan como agravantes los antecedentes condenatorios previos en cabeza del imputado, que si bien no deben ser considerados a los efectos de la declaración de reincidencia en los términos del artículo 50 del CP, denotan un manifiesto y constante apartamiento a la norma de parte de D.
L. T..
Por otra parte, el Tribunal no encuentra circunstancias atenuantes en el caso de estudio.
De igual manera, deben tenerse en cuenta las resultas de los informes socioeconómico ambientales y las demás constancias obrantes en autos, de los que surge que el imputado nació en esta ciudad hace 55 años, completó sus estudios primarios, es padre de cinco hijos mayores de edad y abuelo de una menor, con quienes, a excepción de uno de aquellos, convive en una casa de su propiedad, presta servicios en la Municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena y además trabaja como changarín en establecimientos rurales. Asimismo, debe tenerse en cuenta que transitó una etapa de la sustanciación de las presentes privado de su libertad entre el 28 de octubre de 2024 (fs. 95) y el 14 de noviembre de 2024 (fs. 191 y 193) en razón de la rebeldía declarada el 30 de mayo de 2023.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, la consideración conjunta de estas circunstancias permite concluir que la cuantía de la pena solicitada por la Fiscalía resulta proporcional a la gravedad del hecho y se mantiene dentro del tramo inferior de la escala penal aplicable; por ello, frente a la comisión de dos hechos de abuso sexual simple en concurso real entre sí (arts. 119 primer párrafo, primer supuesto y 55 del CP), corresponde imponer a R. E. D. L. T. la pena de un (1) año de prisión.
Determinada la cuantía de la sanción, corresponde ahora establecer su modalidad de cumplimiento.
En lo pertinente, de la lectura del dictamen de fs. 261/262 se desprende, en primer término, la manifestación de que la cuestión a dilucidar pasa por “la posibilidad legal de otorgar una nueva condena de ejecución condicional”, que “se rige de manera taxativa por el artículo 27 del Código Penal”, que “es claro y no deja lugar a interpretaciones”.
Al respecto, asiste la razón a la acusación estatal en cuanto a que su segundo apartado prevé la posibilidad de que la concesión de una segunda pena en suspenso proceda en el caso de que el nuevo delito hubiera sido cometido, en este caso, luego de diez años desde el dictado de una primera condena. De la lectura de las presentes se desprende que, en fecha 23 de mayo de 2014, se condenó al encartado, mediante la sentencia protocolizada al L° XXVII, R° 1587, F° 018/022, dictada en el marco del Expte. N° 4556/13, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso en orden a los delitos de lesiones leves en concurso real con amenazas calificadas; dicha condición no se ve cumplimentada en razón de que la fecha de comisión de los delitos que se tuvieron por comprobados en los considerandos que anteceden oscila entre enero y marzo de 2022, por lo que no se ve cumplimentado el mencionado requisito.
En efecto, el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la condena de ejecución condicional a la que luego hiciera referencia no obsta de manera alguna a la aplicación de la limitación expresa que prevé el artículo 27 del Código Penal. Ello así en razón de que mientras el artículo 26 establece las condiciones generales que facultan al Tribunal a dejar en suspenso el cumplimiento de una pena privativa de libertad, el artículo 27 introduce un impedimento específico para quienes ya hubieran sido anteriormente beneficiados con dicha modalidad de cumplimiento, cuya superación exige el transcurso del plazo allí establecido; en consecuencia, deviene imperativo que la pena de un (1) año de prisión impuesta sea de cumplimiento efectivo. En definitiva, el término de un (1) año de prisión de cumplimiento efectivo resulta proporcional a la gravedad de los hechos y adecuado a las pautas mensurativas valoradas precedentemente, por lo que corresponde además imponer las costas procesales.
Determinada de ese modo la modalidad efectiva de cumplimiento de la pena, corresponde ordenar la inmediata detención de R. E. D. L. T. y su posterior alojamiento en el establecimiento policial o penitenciario que corresponda. Deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (ReCoDIS - Ley provincial Nº 3659), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz.
Por aplicación de las prescripciones del artículo 73 inciso b del Código Procesal Penal, 5 inciso i de la Ley 27.372 - Ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos- y 11 bis de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad corresponde poner en conocimiento de la presente sentencia a la víctima de autos Adelina Elena Saez González y consultar si desea ser informada por el juez o tribunal de ejecución respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social de su agresor - salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación- , ello por intermedio de su representación legal.
Por todo lo expuesto, en virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a R. E. D. L. T., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple -dos hechos en concurso real entre sí- (artículos 119 primer párrafo, primer supuesto y 55 del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del Código Penal).
2. ORDENAR LA INMEDIATA DETENCIÓN de R. E. D. L. T. y su posterior alojamiento en la dependencia policial o penitenciaria que corresponda.
3. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad sexual Integridad Sexual (ReCoDIS), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3659.
4. INFORMAR, por intermedio de su representación legal, a la víctima de autos Adelina Elena Saez González de la presente sentencia, y CONSULTAR si desea ser informada respecto de la sustanciación de trámites tendientes a obtener los distintos estadios de progresividad para la reinserción social del agresor (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación).
5. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos. Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- Dr. Carlos Enrique Arenillas - juez subrogante- Dra. María Fernanda Tuñón - secretaria-.
Fin de la sentencia