Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75422
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.422, "Cáceres Mabel Lujan s/Acc. de amparo. Recurso extraordinario de inapl. de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia acogió la acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial –IOMA- (v. fallo de fs. 96/99), imponiendo las costas en ambas instancias a la Fiscalía de Estado en su calidad de vencida (arts. 5 y 19, ley 13.928).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 102/108), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 110/111.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la actora y, en consecuencia, acogió la acción de amparo tendiente a que el IOMA garantice la prestación de internación domiciliaria solicitada por la señora Mabel Lujan Cáceres en los términos en que fuera prescripta a la afiliada, conforme la demanda y la documentación obrante en la causa (arts. 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 1, 16, 17, 17 bis y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192; y doctr. de la CSJN y de la SCBA). Con costas del proceso, en ambas instancias, a la Fiscalía en su calidad de vencida (conf. arts. 5 y 19, ley 13.928 y 274, CPCC).
Para así decidir:
I.1. Entendió que la sentencia de primera instancia que había rechazado por improcedente la acción de amparo, era contraria al criterio que prevalece en supuestos análogos en referencia al derecho a la salud, ante la pretensión de cobertura de una prestación prescripta para la atención de la amparista Mabel Lujan Cáceres de 69 años de edad.
I.2. Tuvo por acreditado con las constancias de la causa que la actora se encuentra "en regular estado general, con dificultad severa en la marcha, que presenta limitada deambulación, no pudiendo realizar actividades básicas de la vida diaria y quedando limitada a la colaboración y asistencia de terceros para las mismas", con diagnóstico de "Diabetes Tipo II de larga data y de difícil manejo, con glucemias oscilantes; HTA refractaria, tratamiento farmacológico de primera línea; cardiopatía isquémica severa con colocación de cinco stents y con episodios de precordalgia actuales que han motivado un nuevo plan de estudios por su cardióloga de cabecera. Asimismo que actualmente ha presentado un desmejoramiento clínico global marcado, alterando un poco más el manejo, ya de por sí dificultoso, de sus glucemias y tensiones arteriales. Polimedicada... " por lo que requiere en forma urgente "internación domiciliaria con las siguientes prestaciones: médico, 2 visitas semanales; enfermería, 2 visitas diarias de 1:30 hs.; cuidador, 16 hs. por día; kinesiología, 1 visita por día de lunes a viernes; terapia ocupacional, 3 visitas por semana; psicología, 1 vez por semana; material descartable; tratamiento ortopédico", conforme surge de la prescripción realizada por su médica tratante, doctora Sandra Sabbatini (v. fs. 25/30).
I.3. Ponderó que la actora reclamó en su carácter de cónyuge del señor Osmar Quiroga, afiliado directo y jubilado del Instituto de Previsión Social (v. fs. 31/32), contra la obra social demandada y el Ministerio de Salud de la Provincia. Afirmó que, dada la índole de los derechos en peligro, que requieren de tutela urgente y justifican el acceso a la jurisdicción a través de la vía del amparo, debía ser acogida la procedencia de la presente acción. Consideró que la patología y la necesidad de la asistencia domiciliaria en los términos establecidos, en función de las específicas indicaciones de su médica tratante -cuyo diagnóstico y prescripciones no han sido controvertidos por la accionada- permiten tener por satisfecha la acreditación de los presupuestos de hecho configurativos de la plataforma fáctica de solución estimatoria en el caso.
I.4. Evaluó que, ante lo descripto, los argumentos expuestos por la a quo para rechazar la acción incoada, vinculados a la ausencia de solicitud en sede administrativa de la prestación, frente a la prescripción médica efectuada por la galeno interviniente a los requerimientos específicos de la paciente, devienen insuficientes, máxime si se consideran las posibles consecuencias negativas de la falta de cobertura de la modalidad prescripta. En tal sentido, describe que la médica certificante, doctora Sabbatini, ha informado que se requiere en forma urgente la internación domiciliaria y demás prestaciones que se detallan, "...a fin de mejorar sus condiciones clínicas, extremar controles y minimizar riesgos potenciales de descompensaciones agudas como viene padeciendo" (v. fs. 26).
I.5. Concluyó que debía hacerse lugar a la acción de amparo interpuesta y revocar el pronunciamiento de grado, en tanto, la ausencia de la cobertura solicitada se muestra contraria a la índole de los derechos que se pretenden tutelar, vinculados tanto al derecho a la salud e integridad psicofísica del individuo como a su calidad de vida, valores que cuentan con especial protección constitucional (arts. 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.).
I.6. Resaltó, "a mayor abundamiento" que conforme reiterada doctrina judicial, en una materia como la tratada en la especie, se requiere especial prudencia, debiendo evitarse que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (conf. doctr. CSJN).
I.7. Puntualizó que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; asimismo arts. 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), se reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- con rango constitucional de manera tal que su ejercicio no se torne ilusorio (cita fallos de la CSJN y doctr. SCBA en la causa B. 65.238, "Toledo", sent. de 5-XI-2003; entre muchas), ya que se trata de bienes que reciben protección constitucional directa y operativa (conf. precedentes cits.).
II. La demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad contra el fallo del Tribunal de Alzada por considerarlo violatorio de la ley y de la doctrina legal aplicable (v. escrito obrante a fs. 102/107 vta.).
Denuncia que se han violado o aplicado erróneamente por el a quo los arts. 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; la XI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 incs. 2 y 1 de la ley 13.928; 36, incs. 5 y 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que emana de los fallos de esta Suprema Corte de Justicia. Invoca absurdo y arbitrariedad.
II.1. Afirma que no hubo acción u omisión alguna que pueda ser catalogada como arbitraria o ilegítima por lo cual considera que la condena al IOMA es irrazonable. Dice que el a quo consideró cumplidos los presupuestos de procedencia por haberse acreditado, de forma exclusiva, la patología de la actora y la necesidad de la prestación, reclamada, soslayando la ausencia de una acción y omisión manifiestamente arbitraria o ilegítima. Infiere que ello se contrapone a la doctrina de esta Corte emanada de las causas B. 64.413; B. 64.200; B. 63.788; B. 64.981; B. 64.102; entre muchas otras).
Entiende que no puede condenarse al IOMA en tanto este organismo no tuvo oportunidad de pronunciarse y resolver sobre la cobertura de la prestación "internación domiciliaria" reclamada, porque nunca la amparista inició el trámite pertinente.
Sostiene que hubo absurdo en la ponderación de la ausencia de cobertura y que esta a su vez es una afirmación dogmática que no se halla sustentada su veracidad y se contrapone con las constancias de la causa. Ello en tanto quedó acreditado en autos que la demandada no tuvo oportunidad de resolver la cobertura de la prestación por que nunca fue solicitada y que por vía de amparo no se pueden sortear los carriles administrativos imprescindibles para obtener el reconocimiento de aquello que se reclama judicialmente. Denuncia la vulneración de doctrina legal sobre arbitrariedad o ilegalidad en el amparo (causas B. 64.357 y B. 66.013).
Aduce que no puede admitirse la directa judicialización del requerimiento de prestaciones asistenciales sin haber sido requeridas previamente a la autoridad demandada, sin que esto implique obligar al interesado a agotar la vía administrativa sin más, solo que debe utilizarse el amparo para actuaciones y omisiones manifiestamente ilegítimas conforme art. 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Denuncia arbitrariedad por dogmatismo de la Cámara al citar precedentes en los que no se pueden vislumbrar las circunstancias fácticas de los mismos. Cita fallos de la Corte provincial sobre el modo de fundar las sentencias (causa A. 72.461). Añade que en los precedentes citados por la Cámara no se han ventilado circunstancias fácticas como las de autos, en tanto que en los mismos sí existía un pedido administrativo previo y una decisión adversa por parte del IOMA. Dicho déficit, aduce, tampoco puede suplirse con la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8 Const. prov.) y que tal proceder es dogmático.
Aclara que, si bien es conocida la doctrina de la Corte de la Nación sobre el derecho a la salud y su reconocimiento relacionado con el derecho a la vida, no es menos cierto que los derechos no son absolutos, cita arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre fundamento de las sentencias, sosteniendo que la atacada es arbitraria.
II.2. Por último, asevera que es improcedente condenar a la cobertura de internación domiciliaria por una empresa no prestadora del IOMA tal como MEDOMIC S.R.L., en tanto la misma no se encuentra incluida en el amplio listado de prestadores del IOMA con convenio. En el caso, afirma, no se alegaron ni demostraron razones que justifiquen desplazar a todas las empresas convenidas con el IOMA y otorgar la cobertura con una empresa, respecto de la cual no se ha acreditado que hubiese asistido a la actora, tal como se pretendía en la demanda.
Aduce que no puede desplazarse livianamente la normativa que rige la actuación del IOMA en su vinculación con sus afiliados y prestadores, sin expresar precisas y adecuadas razones justifiquen tal decisión y que en ese sentido la sentencia debe ser fundada.
III. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1. El embate del recurrente en punto a la vía elegida por la actora, se limita a señalar que no se ha configurado el supuesto de conculcación de un derecho o garantía constitucional con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que nunca se le negó prestación alguna a la actora y que en tanto no es manifiesta la ilegitimidad que se le atribuye, la vía sumarísima del amparo no resulta procedente.
Tales argumentos no van más allá de meros disentimientos personales con la solución dada por el a quo a la contienda y, como tales, no logran demostrar que la sentencia no constituya una derivación del derecho vigente.
Por otra parte, cabe recordar que la facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 87.394, "V. de C.", sent. de 11-V-2005; L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006; A. 69.413, sent. de 17-VIII-2011 y A. 71.534, sent. de 22-V-2013).
De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 73.381, "Nespeca", sent. de 4-IV-2001 y L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004). Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003; L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008; A. 69.413 y A. 71.534, cits.), lo que no se ha efectuado en el presente.
En el caso, el recurrente omite atacar idóneamente los fundamentos básicos del pronunciamiento, en particular, aquéllos que dan sustento normativo a la condena al IOMA, dada la índole de los derechos que se pretenden tutelar, vinculados tanto al derecho a la salud e integridad psicofísica del individuo como a su calidad de vida, valores que cuentan con especial protección constitucional (arts. 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.). Y en virtud de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; asimismo 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), sobre el derecho a la salud -comprendido dentro del derecho a la vida-.
Sabido es que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. Ac. 89.235, sent. de 27-IV-2005; Ac. 85.863, sent. de 6-VII-2005 y las ya citadas A. 70.309, sent. de 2-XI-2011 y A. 70.905, sent. de 30-V-2012).
Además el Tribunal a quo , por mayoría, tuvo en cuenta los argumentos del Fisco, referidos a la ausencia de solicitud en sede administrativa de la prestación (v. fs. 97) , pero frente a la prescripción médica efectuada por la profesional interviniente a los requerimientos específicos de la paciente, los consideró insuficientes para desabastecer la convicción que arrojan las constancias de la causa, máxime considerando las posibles consecuencias negativas de la falta de cobertura de la modalidad prescripta y la urgencia del caso.
Se advierte que los reproches planteados por la impugnante reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causas C. 110.731, "Olguín", sent. de 15-VII-2015; A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; e.o.), vicio que, si bien invoca, no logra acreditar.
La situación de urgencia, las posibles consecuencias negativas de la falta de cobertura, que ponderó la Cámara para la admisibilidad de la acción de amparo, constituyen una típica situación de hecho no revisable, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 29-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; e.o.), lo cual no se ha acreditado tampoco.
En efecto. Es doctrina consolidada de este Tribunal, que el absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
En ese sentido, la mención genérica que se formula en el recurso referida a la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la alusión a principios contenidos en la Constitución nacional y en la provincial, no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación constitucional, extremo que tampoco se verifica en el sub examine (conf. causas Ac. 45.733, sent. de 10-IX-1991, pub. en "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-229; Ac. 57.103, sent. de 4-VI-1996; Ac. 83.252, sent. de 3-XII-2003; A. 69.592, sent. de 6-V-2009; A. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; A. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016; e.o.) .
En ese contexto y a la luz de los antecedentes obrantes en autos, una solución como la recurrida debe mantenerse, tanto el recurso resulta insuficiente.
III.2. Ahora bien, con respecto a la oposición de la recurrente referido a la empresa MEDOMIC S.R.L., la misma no puede prosperar atento su manifiesta insuficiencia técnica. En efecto, en el voto de la mayoría de la Cámara no se ha realizado alguna mención sobre la empresa en cuestión (art. 279, CPCC).
No obstante ello, para evaluar el alcance de la sentencia de Cámara se debe hacer un esfuerzo hermenéutico en tanto se ha acogido la acción "tendiente a garantizar la prestación en los términos que fuera prescripta a la afiliada, conforme los términos de la demanda y la documentación obrante en la causa".
Así las cosas, entiendo que la correcta interpretación que cabe realizar es que, no surgiendo de la prescripción de la médica certificante la designación de la empresa MEDOMIC S.R.L. para efectuar la prestación requerida, como así tampoco de la "Cartilla de empresas de internación domiciliaria" del IOMA obrante a fs. 31 del expediente administrativo acollarado a las presentes; la empresa que realice la prestación para la actora, como así también los profesionales intervinientes, deberán integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de la obra social (v. fs. 32 de las act. adm.).
IV. En virtud de las razones dadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto. Las costas se imponen a la vencida (arts. 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Habré de acompañar la solución propuesta por los colegas que me anteceden en el orden de votación, en cuanto a que el recurso articulado resulta insuficiente (conf. art. 279, CPCC). Ello por los argumentos que a continuación expongo.
II.1. Liminarmente cabe señalar las cuestiones relevantes que conforman el pleito. Así, la actora da inicio a este proceso de excepción señalando que padece "diabetes Tipo II, con dificultad en la marcha que impide su movilidad no pudiendo realizar tareas básicas de la vida diaria" (fs. 4), lo que además le provoca un cuadro de hipertensión refractaria y patologías cardíacas.
En virtud de tales padecimientos requiere la cobertura de internación domiciliaria a través de la empresa Medomic S.R.L., y -según surge de lo señalado por el profesional a fs. 25/27- dos visitas semanales del médico, dos visitas diarias de un enfermero, un cuidador 16 horas por día, una sesión de kinesiología diaria de lunes a viernes, un psicólogo una vez por semana, material descartable y equipamiento ortopédico. Acompaña un certificado médico firmado por el profesional tratante donde se da cuenta de ello.
II.2. Al contestar el informe (conf. art. 10, ley 13.928, fs. 67), la Fiscalía de Estado indica que la b
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