Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75476
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo, 279 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.476, "Savone, Sebastián Diego s/Acc. de Amparo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación de la Municipalidad de Saladillo y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado que hizo lugar al amparo promovido por el señor Savone y declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 121/124 vta.).
Contra dicho pronunciamiento la comuna accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 127/131), que fue concedido por la Cámara a fs. 135/136.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 138) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación de la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado que hizo lugar al amparo deducido por el señor Savone y declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927.
Para así decidir, sostuvo que la reglamentación aludida, en cuanto exige el pago de la multa de manera ineludible para la renovación de la licencia de conductor, resulta violatoria del principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.) y lesiva del derecho a la igualdad (arts. 16 y 75 inc. 19, Const. nac.; 11 y concs., Const. prov.) y del núcleo protectorio de las libertades personales reconocidas en el art. 18 de la Constitución nacional.
En ese sentido, adujo que las réplicas efectuadas por el apelante no alcanzaban a conmover el decisorio apelado, a través del cual se puso de manifiesto el exceso reglamentario en que incurre la normativa impugnada de inconstitucional, con motivo de la introducción de una exigencia irrazonable -contar con libre deuda como requisito previo para la obtención o renovación de la licencia de conducir- que desborda el mandato del legislador y evidencia una conducta manifiestamente arbitraria por parte de la comuna demandada.
Finalmente, rechazó el agravio vertido en torno al plazo de caducidad de la acción de amparo, por entender que la postura pretendida por la demandada remite a un rigorismo formal incompatible con las constancias de autos, ya que el cómputo del referido plazo resurgía ante la continuidad de la afectación denunciada (arts. 5 y 25, ley 13.928 -texto conf. ley 14.192- v. fs. 122 vta.).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los apoderados de la Municipalidad de Saladillo denuncian la errónea aplicación de los arts. 5 y 25 de la ley 13.928, texto conforme ley 14.192.
Expresan que la norma aludida establece que el amparo debe deducirse dentro de los treinta días a partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u omisión que consideran violatorio del derecho o garantía conculcada y que en el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas comenzará a computarse respecto de cada uno de estos.
Aducen que en el caso, el plazo para deducir la acción se encontraba vencido, toda vez que se inició más de ocho meses después de que el actor tomara conocimiento del acto que denunció como lesivo, lo que entienden aconteció en abril del 2017.
Señalan que la solicitud que hizo el accionante en octubre de 2017, su denegatoria y la notificación consiguiente, no interrumpieron el plazo de caducidad en tanto este no resulta pasible de interrupción por intimaciones particulares o presentaciones en sede administrativa.
Afirman que la Cámara se limita a rechazar su pedido, fundándose únicamente en que la comuna adoptó una postura que se traduce en un rigorismo formal y en la existencia de una continuidad de la afectación denunciada.
Sostienen que hacer lugar al amparo ante semejante situación procesal vulnera la seguridad jurídica, ya que el plazo, en cualquier tipo de acción procesal, debe otorgar certeza sobre la eficacia de sus actos, que una vez concretados deben producir sus efectos propios. Es decir, presentada la demanda ocho meses después de vencido el plazo para hacerlo, debió ser rechazada.
Manifiestan que la constitucionalidad del plazo de caducidad se asienta en el valor de la seguridad jurídica y la estabilidad propia de los actos administrativos; en el consentimiento tácito del accionante; en la naturaleza excepcional del amparo y en el principio de división de poderes y la vigencia de la República.
Sostienen que el plazo legal de treinta días hábiles no resulta exiguo como para obstaculizarle al actor el acceso a la justicia, máxime cuando aquel no ha alegado ninguna circunstancia que le impidiera iniciar la acción de modo tempestivo.
Reiteran, así, idénticos argumentos a los expuestos en torno a la cuestión debatida en el escrito de contestación de demanda y en la apelación deducida ante la Cámara.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe destacar en primer lugar que la cuestión controvertida queda delimitada al único agravio traído por la parte recurrente ante esta instancia extraordinaria que consiste en argüir que el plazo para entablar la acción se encontraba vencido.
Tal agravio fue refutado mediante la denuncia de absurdo y violación del art. 5 de la ley 13.928 (v. fs. 127 vta.), en tanto aduce que la Cámara hizo lugar a la acción de amparo promovida por el accionante no obstante que la demanda fue presentada, a su entender, luego de fenecido el plazo de caducidad contemplado en la norma aludida.
En ese orden, el Tribunal de Alzada expresó que el cuestionamiento efectuado por el apelante respecto al plazo de caducidad no resultaba de recibo toda vez que advertía en la postura pretendida por la demandada una aplicación de aquel precepto legal con un rigorismo formal que no se compadecía con las constancias de autos, resaltando que en el caso su cómputo resurgía ante la continuidad de la afectación denunciada.
III.2. En primer lugar, cabe recordar que el concepto de absurdo, tal como ha sido elaborado por esta Suprema Corte, hace mención a la existencia en el resolutorio atacado de un desvío notorio, patente, palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida (conf. causas C. 104.663, sent. de 2-III-2011; C. 116.437, sent. de 18-XII-2013; C. 109.310, sent. de 15-IV-2015; A. 70.888, sent. de 19-X-2016; A. 74.237, sent. de 28-XII-2016; C. 120.646 y A. 73.179, sents. de 12-VII-2017; e.o.).
Al mismo tiempo la referida anomalía no se configura por cualquier error, ni apreciación opinable, ni posibilidad de otras interpretaciones, sino que es necesaria la acreditación de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones arribadas. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. causas A. 69.017, sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, sent. de 17-II-2010 y C. 105.397, sent. de 27-IV-2017).
A la vez que la comprobación del absurdo no se abastece con la formulación de una disconformidad o discrepancia con la línea argumental de lo resuelto en el fallo (cfr. causas A. 72.901, sent. de 26-X-2016; A. 72.375, sent. de 12-VII-2017; e.o.).
En el caso, el escrito en tratamiento carece de aptitud impugnatoria, en tanto la sola invocación del aludido vicio sin una cabal demostración de cómo este se configura (v. fs. 127 vta.), no logra demostrar que la decisión de la Cámara, al prescindir del momento postulado por la comuna para computar el inicio del plazo de caducidad, resulte descalificable en esos términos.
III.3. Resta abordar la violación de la normativa, denunciada en el recurso de la comuna, en torno a la aplicación del art. 5 de la ley 13.928. La norma prevé que la demanda deberá articularse dentro de los treinta días a partir de la fecha en que el afectado haya tomado conocimiento del acto u omisión que considere violatorio de su derecho.
El actor estima que su acción fue planteada en término útil; para ello tiene en cuenta la notificación del decreto 2.729/17 del Intendente de Saladillo, en virtud del cual se le deniega expresamente su pedido de entrega de la licencia de conducir.
Por su parte, la comuna recurrente alega que aquel tomó conocimiento al iniciar el trámite de renovación de registro de conducir, lo que aconteció, claro está, antes del citado acto administrativo y del plazo previsto en la normativa.
III.4. Las constancias -no controvertidas- de la causa, ponen en evidencia que el señor Savone en el mes de marzo de 2017 inició las gestiones ante la Municipalidad de Saladillo, con el fin de obtener la renovación de su registro de conducir.
Según lo explica en la demanda, desde que se presentó ante la comuna "comenzó un derrotero inefable" de trámites, donde se le habría informado "verbalmente" la existencia de causas en su contra por cobro de multas, y que luego "de ir de un lado a otro, y de insistir incansablemente para que alguien le brinde algún tipo de información" logró determinar la nómina y estado de dichos procesos (v. fs. 6). Agrega que algunas de las faltas que se le endilgan no son infracciones de tránsito, y que además no se encuentran firmes.
Puntualiza que ante dicha situación, formuló un reclamo administrativo por escrito en el mes de octubre a fin que se le otorgue la licencia, lo que fue denegado mediante decreto 2.729/17 notificado el día 1 de diciembre de 2017; por lo que a su criterio, la acción entablada el 29 de diciembre de 2017 resulta tempestiva.
IV.1. Aclarados los antecedentes fácticos del caso, surge claro que la defensa de la comuna debe ser rechazada. Lo explico.
IV.2. En primer lugar, ante la falta de información precisa por parte de la Administración, lo que no se encuentra controvertido, el accionante plantea un reclamo por escrito. Entonces la denegatoria de tal pretensión mediante un decreto del Intendente es el acto que configura la violación al derecho (conf. art. 5, ley 13.928).
No existen razones jurídicas valederas para considerar que lo ocurrido ex ante sea una expresión de voluntad, o una conducta conculcadora de derechos en los términos fijados por la norma. Repárese que no hay constancia de que más allá de la indicación verbal por parte del personal municipal, el demandante haya tenido un conocimiento cabal y certero de las bases legales de la denegatoria.
Por el contrario, del relato de los hechos se desprende más bien que el actor optó por articular un reclamo por escrito a fin de obtener una respuesta. El acto que lo denegara se considera entonces como aquel que encuadra en los términos del art. 5 de la ley de amparo.
IV.3. Para más, cabe destacar la inexistencia de elemento alguno a lo largo del proceso que permita tener por cierto que el señor Savone conoció de modo cabal que la existencia de multas en su contra era el impedimento para la culminación del trámite.
Repárese en su presentación en sede administrativa, indicó que "luego de realizar todos los trámites para la obtención de la licencia de conducir, me exigieron el «libre deuda» o «libre de deuda»".
Esta afirmación, que no ha sido refutada por el demandado, razonablemente puede indicar que quien acciona no conoció los argumentos de la denegatoria desde el inicio del trámite, sino que lo hizo al final del procedimiento "luego de realizar todos los trámites".
V. De lo expuesto, surge la inatendibilidad de los argumentos esgrimidos por la Municipalidad accionada, por lo que corresponde rechazar el recurso articulado, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Toda vez que la cuestión controvertida quedó delimitada al único agravio expuesto por la parte recurrente ante esta instancia extraordinaria, consistente en sostener que el plazo para entablar la acción se encontraba vencido, doy mi adhesión a la opinión y a la solución propuesta del señor Juez doctor Soria.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo, 279 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:02 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:14:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 10:23:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 07:05:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia