Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-46379482-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 10 de Mayo de 2022
El Expte. Nº 48.074-I, caratulado: “ACC GROUP S.A. s/recurso de apelación”, CONCIDERANDO:
I. Que a fs. 210/215vta. la recurrente interpone recurso de apelación (art. 76 inc. b) Ley 11.683) a efectos de que “...se declare la nulidad de las normativas que imposibilitan la aplicación de la técnica de re – expresión de estados contables en moneda homógenea y se adecúen los montos de los intereses y la inflación que afecta a los estados contables como variables económicas lesivas para la empresa”. (sic.).
Afirma que este Tribunal es competente por el art. 159 incisos a) y b) de la ley 11.683, “....fallo Aerolíneas Argentinas de CSJN que define las cargas sociales son un impuesto”.
Señala “que el precio de un producto o servicio está constituido por el costo del mismo y el porcentaje de utilidad y los impuestos que gravan este ítem en forma primaria (IVA, Ingresos Brutos). Asimismo manifestó que los costos en materia prima y gastos indirectos han generado crédito fiscal, que para la recurrente el trabajo es el principal insumo pero que sin embargo, éste no ha devengado el correspondiente crédito fiscal en cambio si lo ha devengado cuando se llega a determinar el precio de venta, con lo cual rompe el criterio de homogenidad Que la complejidad de este tema se encuentra correlacionado con la contabilidad de economía y derecho y la composición de cada sala del Tribunal Fiscal, sumado a las incumbencias mencionadas..., lo hacen plenamente competente para entender esa cuestión”
Agrega “que la inflación es un impuesto no legislado, que distorsiona cualquier planificación de corto, mediano y largo plazo y que conjugado con los intereses aplicados por el Poder Ejecutivo Nacional a través de AFIP indudablemente, si comparamos estas variables, trae como consecuencia un enriquecimiento inapropiado por medio de las arcas de Estado” (sic.)
Concluye agregando que “...los intereses aplicados de AFIP son confiscatorios y exceden en cualquier caso la actualización del impuesto, sosteniendo así el argumento del enriquecimiento indebido del Estado, por lo que este encruzamiento de intereses e inflación hace competente al Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación para expedirse sobre el fin de la cuestión” (sic.).
En cuanto a los hechos afirma que “...la empresa en marcha tratando de sustentarse, no puede por sí sola cambiar el contexto socio económico. Al respecto manifiesta que recurrió al Sr. Ministro de Hacienda a fin de que tome las medidas necesarias para corregir los efectos negativos de la situación macro-economía, cuyo espejo son las situaciones de la micro-economía de cada uno de los entes que trabajan en nuestro país, a lo que debe incluirse, de conformidad con sus dichos, el alto peso que representa el costo del personal empleado que trae aparejado que los flujos de fondos se vean altamente afectados.
Que en tal sentido afirma que entre las herramientas que la empresa cuenta para defenderse, están los ajustes por el poder adquisitivo de la moneda y cuya prohibición se refleja en las leyes en vigencia”. (sic.) Manifiesta la recurrente “...que estas distorsiones y el hecho de que las empresas tomen dinero o decidan pedir préstamos bancarios o contraigan deudas con la AFIP a tasas superiores a la inflación y combinadas con ellas, hacen que su capacidad de producción se vea disminuida por falta de adecuación de tecnologías físicas, el entrenamiento de los directores acorde a las políticas globales, y agrega, que el error material de no permitir los ajustes integrales de los estados contables se refleja especialmente en el reflujo de fondos, y en una inexacta distribución de los dividendos”.
Agrega que “...los empleadores pueden descontar parte de las contribuciones de la seguridad social, por ende quedan inmersas en el concepto de impuestos, computando un porcentaje de las mismas como crédito fiscal técnico en el Impuesto al Valor Agregado. Dicho porcentaje se encuentra previsto en el Dec. 814/2001 aún vigente sólo para algunas provincias y en determinados rubros.”
Asimismo da una definición de interés e inflación y concluye “...que en el caso de la Argentina, los intereses combinados a la alta inflación, producen un efecto nocivo, ya que los intereses en este caso de la AFIP, incrementando las deudas, en forma de proyección geométrica y la inflación que produce el deterioro del poder adquisitivo infiriendo que la consecuencia es el aumento de pobreza, disminución de la producción y caída del empleo.” (sic.)
Solicita como medida cautelar que se suspenda el cobro de tributos determinativos o a determinarse, hasta tanto se decrete aplicar la técnica de re-expresión de estados contables en moneda homogénea, incorporando la variación del poder adquisitivo de la moneda y el trabajo como componente del servicio producto como elemento de valor agregado adecuando los tributos según el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país.- Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba y hace reserva de caso federal.
Que con posterioridad la actora formula “ampliación de demanda”, a fs. 418 (períodos 06, 07 y 08/2017), 421 (períodos 09, 10 y 11/2017), 423/424 (período 12/2017), 425 (período 01/2018), 426 (período 02/2018), 427 y 428 (período 03/2018), 430/431 (períodos 03 y 04/2018), 432/448 (períodos 07/2012 a 04/2018 y ampliación del recurso de apelación contra la Resolución del sumario N° 07/009/2017/000337), 449/456 (período 06/2018), 457/459 y 460/461 (período 07/2018), 462/475 (períodos 06 y 07/2018), 476/483 (período 05/2018), 487/494 (períodos 06 y 07/2018), 495/502 (período 08/2018), 525/532 (período 09/2018), 536/543 (período 10/2018), 548/558 (período 11/2018), 578/588 (período 12/2018), 592/602 (período 02/2019), 603/613 (período 01/2019), 614/624 (período 03/2019), 625/638 (período 04/2019), 640/649 (ampliación del recurso de apelación contra la “resolución emitida el 25 de marzo de 2019, recepcionada el 12 de abril de 2019, que rechaza administrativamente los contestes y notificaciones referentes a la existencia del presente expediente” -resolución que no se identifica ni se acompaña-), 650/663vta. (período 05/2019), 664/677vta (período 06/2019), 678/691vta. (período 07/2019), 692/705vta. (período agosto 2019) y 706/718vta (período 10/2019)
II. Que oportunamente se elevan los autos a consideración de la Sala C a efectos de tratar la competencia de este Tribunal.
III. Que así, corresponde evaluar si el recurso de apelación planteado aquí por la recurrente es idóneo para abrir la competencia de este Tribunal Fiscal a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que el pronunciamiento sobre el alcance de su jurisdicción constituye un presupuesto esencial para otorgar validez a toda otra decisión posterior.
Que al respecto cabe recordar que "... la competencia es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso" (Palacio, Lino E.: "Manual de Derecho Procesal Civil" - 4ª ed. actualizada - 3ª reimpresión - Ed. Abeledo Perrot - T. I). Por tanto la misma viene atribuida exclusivamente por la ley, y en cuanto al Tribunal Fiscal de la Nación, específicamente por la ley 11.683, que taxativamente la delimita en su artículo 159.
Que de la propia letra de la ley de procedimiento tributario surge cual es la vía idónea a efectos de abrir la competencia de este organismo jurisdiccional, cuando en el mencionado artículo 159 establece, en lo que aquí interesa, que “El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva, o ajusten quebrantos..., b) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas..., c) De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos, formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y de las demandas de repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal..., d) De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art.81; e) De los recursos de amparo a que se refiere los arts. 182 y 183.”
Que de la lectura del recurso interpuesto surge claramente que los agravios del apelante no se refieren a una resolución de la AFIP-DGI en los términos del citado art. 159 de la ley 11.683, toda vez que en el caso de autos el organismo fiscal no ha dictado acto administrativo alguno objeto de apelación o repetición que determine tributo, ajuste quebranto, imponga multa, deniegue repetición de tributo o se demande repetición o por retardo de ésta y por lo tanto no se encuentra habilitada la vía para ocurrir ante este Tribunal, así como que tampoco se trata de un recurso de amparo, remedio éste, previsto en el art. 182 de la ley de marras ante la demora de los empleados de la administración en realizar un trámite o diligencia a su cargo, por lo que corresponde declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, con costas.
A mayor abundamiento, cabe destacar que la competencia de este organismo jurisdiccional no comprende cualquier cuestión relacionada con la materia tributaria o aduanera, por más compleja que ésta sea, sino exclusivamente aquéllas que resulten del texto de la ley de su creación (conf. CNACAF, Sala IV, “Sistemas Temporarios S.A. c/DGI” del 25/4/2006 y Sala II, in re: “alba Cía. Argentina de Seguros” del 8/5/2007, entre otros), además, siendo la competencia una institución de orden públlico, no corresponde extenderla por analogía (CNACAF Sala IV, in re “Juan Bracho García e Hijos SACI”, “Grunbaum Rico y Daucourt SAIC c/DGI”, sentencia del 28/5/1999 y 2/10/2001, entre otras).
IV. Que en atención a la forma en que se resuelve, se torna inoficioso considerar los restantes argumentos planteados por la recurrente, así como la solicitud de la medida cautelar solicitada a fs. 214vta. Pto. 4 V.- Finalmente, en caso de quedar firme el presente decisorio, procede ordenar que por Secretaría General de Asuntos Impositivos, se remita la causa a la AFIP- Administración de Ingresos Públicos para que le imprima el trámite que corresponda.
Por ello, SE RESUELVE:
Declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, con costas. Regístrese, notifíquese, y una vez firme el presente pronunciamiento, remitanse los autos a la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva- a fin de que les imprima el trámite que corresponda.-
Date: 2022.05.06 16:58:57 -03:00 Date: 2022.05.09 10:00:22 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.10 14:57:22 -03:00 Juan Carlos Vicchi Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.10 14:57:23 -03:00
Fin de la sentencia