Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 119421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 1.087/1106; 1.107/1.125; 1.131/1.147 y 1.241/1.247.
Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, condenó solidariamente a R.R. Donnelley Argentina S.A., Maxervix S.R.L., Juan Pedro Apud Romano y José Luis Rivas a abonarle a Graciela Noemí Casas la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 1.046/1.068 vta.).
Asimismo, también acogió la demanda deducida contra Editorial Atlántida S.A., Alfredo José Vercelli y Constancio Carlos Vigil -también de forma solidaria- en concepto de los rubros indemnizatorios que individualizó.
Sobre el capital de condena detallado aplicó intereses, desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago, conforme el promedio mensual de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Por último, aplicó a la totalidad de las condenadas la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 1167 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, Editorial Atlántida S.A. (v. fs. 1.087/1.106), Constancio Vigil y Alfredo José Vercelli (v. fs. 1.107/1.125); R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.131/1.147 vta.) y la actora (1148/1160) dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Coetáneamente, los apoderados de Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. acreditaron la realización del depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 adjuntando sus correspondientes constancias, oportunidad en la que manifestaron que lo efectuaban en forma conjunta (v. fs. 1.126/1.130 vta.).
Por su lado, Constancio Carlos Vigil y Alfredo José Vercelli, sin acompañar documentación alguna del cumplimiento de la carga pecuniaria de mención, en su escrito recursivo solicitan se tenga por satisfecho el requisito previsto en el mentado art. 56 de la ley 11.653 en virtud del depósito conjunto efectuado entre Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.107 vta.).
A su turno, el sentenciante de grado concedió la totalidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados (v. fs. 1.162 y vta.).
III. Posteriormente, el a quo rechazó una solicitud efectuada por la letrada representante de la fallida R.R. Donnelley Argentina S.A., de transferir los fondos depositados en la presente causa a la cuenta perteneciente al proceso falencial de trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 19 (v. fs. 1.227/1.230).
Para así decidir, consideró que el depósito efectuado por la fallida se encuentra a nombre del tribunal como garantía del trabajador en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la sentencia dictada en autos, y no a nombre de R.R. Donnelley Argentina S.A. Asimismo, se fundó en la naturaleza jurídica y la finalidad tuitiva de dicha carga legal.
Luego, agregó que al momento en que se dio cumplimiento con la carga prevista en el art. 56 de la ley ritual laboral, R.R. Donnelley no se encontraba en proceso falencial, dado que la sentencia de quiebra es del 11 de agosto de 2014. Finalmente, especificó que, no obstante, lo expuesto y de entender el distinguido colega que interviene en la quiebra que el pago realizado fuese nulo o inoponible en los términos de los arts. 115, 118, 119 y concs. de la ley 24.552, evaluará la solicitud de transferencia de los fondos a la luz de las nuevas constancias que obren en autos, sin perjuicio de entender que el mismo no es alcanzado por las previsiones de los artículos señalados.
Frente a lo así resuelto, la mencionada letrada -en el carácter invocado anteriormente- dedujo revocatoria (v. fs. 1.233/1.234) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.241/1.247). El primer canal fue rechazado (v. fs. 1.236/1.238) y el segundo concedido (v. fs. 1249 y vta.).
IV. En relación a los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 1.087/1.106, 1.107/1.125 y 1.131/1.147, de modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha dicho que en el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 referenciado establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios -sin distinción alguna de cuál de éstos- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable (causas L. 117.710, "Conte", resol. de 23-XII-2013; L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017 y L. 126.414, "Formigo", resol. de 16-VII-2021).
Específicamente, ha sostenido que en el supuesto de pluralidad de legitimados pasivos puede aceptarse que un depósito resulte suficiente, mas ello es así sólo cuando los recursos de los litisconsortes se fundan sobre similares puntos litigiosos, pues en tal circunstancia queda a salvo la finalidad de la exigencia legal (causas L. 112.933, "Carini", resol. de 16-II-2011; L. 121.694, "Disalvo", resol. de 22-VIII-2018 y L. 114.365, "Gómez", resol. de 28-VIII-2020).
En tal sentido, corresponde señalar que dicha circunstancia no se verifica en autos; ante ello, resulta dable observar que de las constancias adjuntadas por Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1126/1.128) surge que el depósito ha sido realizado individualmente a nombre y cuenta de cada una de las sociedades codemandadas, circunstancia de la que se infiere -por ende- que lo ha sido de modo parcial, en cada caso.
Además, por otra parte, Constancio Vigil y Alfredo José Vercelli no cumplieron de modo alguno con la referida carga legal.
En consecuencia, los depósitos efectuados a fs. 1.126/1.128 se evidencian insuficientes respecto de cada una de las nombradas para dar cabal cumplimiento con lo dispuesto por el art. 56 de la ley 11.653 y, a todo evento, para resultar extensivo al resto de las recurrentes a los fines de la satisfacción de aquella carga (causa L. 113.478, "Alderete", resol. de 24-IV-2013; L. 114.352, "López", resol. de 3-V-2018 y L. 114.365, cit.).
En ese orden, se impone agregar que es doctrina de este Tribunal que la carga económica de referencia debe ser cumplida en término y en su totalidad (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 115.012, "Castillo", resol. de 29-II-2012 y L. 114.365, cit.), sin que corresponda intimar a las recurrentes a su integración (causas L. 112.220, "Simcic", resol. de 15-XII-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011 y L. 114.365, cit.).
En virtud de lo expuesto, no cabe más que concluir que los depósitos efectuados por las indicadas impugnantes, en las condiciones en que lo han sido, no cumplen con el indicado propósito ni con el recaudo de integralidad que le es propio.
V.1. La actora en el recurso extraordinario de inaplicabilidad articulado a fs. 1.148/1.160, se agravia esencialmente respecto de la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena, a cuyo fin cita doctrina legal. Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo de la trabajadora y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por la trabajadora, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 748,93% para el cálculo de los intereses. Y, por último, la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses.
V.2. El recurso prospera con el siguiente alcance.
V.2.a. En primer lugar, cabe señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el sentenciante de mérito, y el que habría de obtenerse del modo propuesto- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 114.932, "Alfonso", resol. de 26-X-2011; L. 117.912, "López", resol. de 18-VI-2014 y L. 126.548, "Aguirre", resol. de 26-V-2021), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 126.548, cit.).
En consecuencia de lo señalado, resulta oportuno destacar que aquella excepción se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen una relación sustancial y el fallo impugnado transgrede esa hermenéutica, precisamente, en un caso similar (causa L. 120.233 "Quezada", resol. de 5-IV-2017), y en ese orden ha de precisarse, igualmente, que en el marco de la directriz que impone atender las circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso (causas L. 82.813, "Rocha", sent. de 7-V-2008; L. 104.668, "Bravo", sent. de 21-XII-2011; L. 90.407, "Moreno", sent. de 3-V-2012 y L. 126.548, cit.), el análisis ha de llevarse a cabo en el contexto de la doctrina vigente a la fecha del pronunciamiento de esta Corte (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 126.548, cit.). Esto último viene impuesto, además, por razón del cumplimiento de la propia télesis de la casación, en lo concerniente a la preservación -en garantía de la igualdad- de la uniformidad de la jurisprudencia.
V.3. Sentado ello, corresponde anticipar que se advierte configurado el presupuesto de habilitación para el tratamiento del recurso, e igualmente, su procedencia con el siguiente alcance.
V.3.a. No obsta a lo señalado que a juicio de la recurrente las limitaciones contenidas en las mentadas normas adjetivas no resulten aquí aplicables, pues las razones que esgrime para justificar tal postura resultan desacertadas.
En efecto, por un lado, lo transcripto por la interesada en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que le atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 1.149 vta./1.150), corresponde a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una errada lectura por parte de la interesada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza a fs. 1.150 in fine , toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por la recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
Con todo, y en tanto situados por la impugnante bajo la hipótesis de arbitraria violación de los fallos de la Corte Suprema, lucen inatendibles los argumentos que esgrime la interesada con el objeto de evidenciar también la configuración de una "cuestión federal" como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que en función de la summa gravaminis imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto quizás el planteo indirectamente también pretenda orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 94.448, "Tunstall", sent. de 10-XII-2008; L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009 y L. 126.548, cit.).
V.3.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de la ley 23.928 y de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 126.548, cit.).
V.3.c. Ahora bien, sentado lo expuesto, respecto de la temática vinculada a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa L. 94.446 este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (B.O., 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" y L. 119.905, "Galván", resols. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; e.o.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso y revocar el pronunciamiento de grado en lo que fue materia de agravio. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
VI. Finalmente, en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la letrada representante de la fallida R.R. Donnelley Argentina S.A. a fs. 1.241/1.247, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, corresponde recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012; L. 121.837, "Rosales", resol. de 5-XII-2018 y L. 121.091, "QYM S.A.", resol. 6-VIII-2021).
Así, en el caso, el pronunciamiento del tribunal de origen, que rechazó el pedido de transferir fondos depositados en autos -a los fines del cumplimiento de la carga impuesta por el art. 56 de la ley 11.653- al proceso falencial, no genera el efecto indicado, por lo que no resulta susceptible de ser desvirtuado por la vía impugnativa articulada (causas L. 119.101, "Chazarreta", resol. de 5-VIII-2015; L. 119.394, "Alderete", resol. de 22-XII-2015; L. 119.298, "Ibazeta", resol. de 16-III-2016 y L. 114.365, cit.).
Más aun cuando de lo expuesto surge que el órgano de grado especificó que, de entender el magistrado que interviene en la quiebra que el pago realizado fuese nulo o inoponible en los términos de los arts. 115, 118 119 y concs. de la ley 24.552, evaluará la solicitud de transferencia de los fondos a la luz de las nuevas constancias que obren en autos, sin perjuicio de entender que el mismo no es alcanzado por las previsiones del artículo señalado.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar, que y, en relación a lo resuelto en el punto V.3.c., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 1.087/1106; 1.107/1.125; 1.131/1.147 y 1.241/1.247.
Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2021 16:03:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2021 08:18:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2021 19:29:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 11:28:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 12:07:40 - DI TOMMASO Ana
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