Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77044
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la competencia del Tribunal del Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Junín -con asiento en dicha ciudad- para entender en la pretensión seguida en virtud de lo previsto en la ley 24.557 contra la Provincia de Buenos Aires y la aseguradora Provincia ART SA (art. 4 inc. 1 y 7 inc. 1, CCA).
II. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial, para conocer en la pretensión seguida contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener el reconocimiento de las prestaciones contempladas en las leyes 13.982 y 13.236 (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 inc. 1, 2 inc. 4, 6, 7 inc. 1 y 12 inc. 3, CCA).
III. Por Secretaría, se remitirán las actuaciones al órgano mencionado en primer término. Obtenidas copias certificadas del expediente -a cargo del reclamante-, ellas deberán girarse al juzgado en lo contencioso administrativo indicado para que allí sea ventilada la pretensión a la que se alude en el punto II del presente decisorio (art. 34 inc. 5, CPCC).
IV. Lo resuelto deberá comunicarse mediante oficio electrónico al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que intervino en autos.
B.77.044 “R. M. E. C/ M. E. M. Y OTROS S/ ACCIDENTE IN-ITINERE - CONFLICTO DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La señora M. E. R., en representación de su hijo menor de edad B. R. R. y a través de su apoderado, promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires y la firma Provincia ART SA, persiguiendo el cobro del 50% de las prestaciones dinerarias previstas en el art. 18 de la de la ley 24.557 y del 50% de la indemnización por fallecimiento que establece el art. 47 de la ley 13.982, con más intereses. Asimismo, solicita se cite en calidad de tercero a la señora E. M. M., para que comparezca al proceso por derecho propio y en representación de su hija menor de edad L. M. M..
Relata que el día 4 de mayo de 2016 el señor R. J. M. -quien en vida fuera padre de su hijo- falleció como consecuencia de un siniestro vial que tuvo lugar mientras se dirigía desde su domicilio en la ciudad de Junín a la localidad de Chacabuco, donde se desempeñaba como agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En primer lugar, explica que al momento en el que se produjo el incidente, ella se encontraba cursando el segundo mes de su embarazo y que tal circunstancia era conocida por los aquí demandados y por la citada como tercero, dado que el señor F. A. M. -padre de la víctima- así lo hizo saber mediante carta documento a la coaccionada Provincia ART SA y, verbalmente, a la señora M.. Asimismo, menciona que se llevó adelante el correspondiente proceso de filiación post mortem ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Junín, donde tramitaron los autos caratulados “R., M. E. c/ M., E. M. s/ materia de otro fuero” (expte. 1028/2017).
Luego, manifiesta que el 31 de mayo del mismo año la aseguradora notificó al señor M. -en su carácter de progenitor del causante- el rechazo de la cobertura solicitada y que, el 21 de junio de ese año, la señora M. requirió la intervención de la Comisión Médica N°14 de Junín, lo que motivó la formación del expediente administrativo N° 014-L-12892/16.
Continúa indicando que, en dichas actuaciones, se reconoció el carácter de accidente laboral in itinere al infortunio acaecido y que, el 25 de octubre del mismo año, se extendió una orden de pago por la suma de $2.585.962,36 que correspondía al 100% de la prestación contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), a favor de su hija menor de edad L. M. M., como única sucesora del fallecido debidamente reconocida hasta aquel entonces.
Así, afirma que la Provincia demandada, pese a haber sido anoticiada de la existencia de la persona por nacer, consignó judicialmente las sumas liquidadas conforme a la ley y abonó el monto total de la indemnización otorgada a quien sólo tenía derecho a percibir el 50%.
En otro orden, menciona que la señora M., con fecha 12 de diciembre de 2016, instó la causa “M., E. M. c/ ART Autoaseguradora Provincia de Buenos Aires y otro/a s/ materia a categorizar (expte. 34.446), que se ventiló ante del Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Junín. Aduce, de un lado, que posteriormente la por entonces demandante denunció el pago efectuado y, de otro, que la aquí actora se presentó en aquellos obrados denunciando el trámite filiatorio incoado. Frente a esto, arguye que el mentado órgano ordenó correr vista al Asesor de Incapaces para que se expida al respecto.
Por último, refiere que el día 8 de octubre de 2019 intimó, por medio de carta documento N° 000498696, a la señora M. para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas reintegre no solo las sumas percibidas “en violación y fraude a la ley y en perjuicio del menor, sino también sus accesorios, frutos e intereses” (v. fs. 57). Sin embargo, puntualiza que, con fecha 25 del mismo mes y año, la señora M. desconoció el carácter filiar invocado, toda vez que la sentencia dictada por el juez civil y comercial se hallaba recurrida por el modo en que habían sido impuestas las costas del litigio.
En suma, sostiene que se encuentran vulnerados los derechos del hijo menor de edad representado en los presentes obrados, por el ilegal proceder de quien pagó la totalidad de los rubros indemnizatorios a quien no tenía derecho a percibirlos íntegramente y de quien cobró dicha indemnización sabiendo que sólo le correspondía la mitad. Concluye, entonces, que su hijo se encuentra en un estado de absoluta desprotección económica que merece debida tutela.
II. La causa se inició ante el Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Junín, que dispuso -previo a todo trámite- remitir las actuaciones a la Fiscalía General departamental, para que dictamine respecto de la competencia del órgano para intervenir en el asunto.
Contestada la vista conferida, el Secretario a cargo del Área de Violencia Institucional, Ejecución Penal, Exhortos y Fuero Civil del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Junín estimó que el Tribunal debía inhibirse de seguir conociendo en los presentes autos, atento lo dispuesto en el art. 3 de la ley 11.653 (v. presentación electrónica de fecha 11-III-2020).
Ante ello, la actora formuló una aclaración en torno a la pretensión esgrimida. En este sentido, precisó que el objeto de la demanda se circunscribía a obtener el resarcimiento fijado en la Ley de Riesgos de Trabajo por muerte de un trabajador en un accidente in itinere y que “si la acumulación de dicha pretensión con el reclamo de rubros laborales pendientes de pago, resulta un obstáculo para lograr un impulso hábil de estas actuaciones, esta parte está dispuesta a desistir de todo aquello que exceda el reclamo fundado en la LRT” (v. presentación electrónica de fecha 8-V-2020).
A su turno, el Tribunal sostuvo que el reclamo se dividía en dos partes: una que se sustentaba en el art. 18 de la ley 24.557 y otra en lo establecido en el art. 47 de 13.982.
Analizando en primer término la segunda de las pretensiones entabladas, y en virtud de lo previsto en los arts. 12 inc. 6 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 2 de la ley 20.744, se rehusó a continuar interviniendo en la controversia en razón de la materia. Respecto de la acción de repetición perseguida, afirmó que el asunto era “netamente civil contra la tercera citada y contencioso administrativa contra el Estado Provincial”, dado que la actora no cuestionaba el monto de las prestaciones abonadas, sino el porcentaje otorgado.
Así las cosas, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Junín.
Radicadas las actuaciones ante el citado órgano, la actora formuló nuevamente una serie de aclaraciones, a la par que amplió y adecuó su demanda a las exigencias formales del fuero, requiriendo el reconocimiento retroactivo del beneficio de pensión que corresponde al hijo menor de edad (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2021).
Sin embargo, el titular del juzgado no aceptó la competencia que le fuera endilgada tras estimar que la acción podría dirigirse contra la aquí citada en calidad de tercero como demandada única y principal en un eventual proceso de petición de herencia. Por consiguiente, concluyó que el pleito debía resolverse por ante los juzgados del fuero civil y comercial, previa reconducción de la pretensión y del demandado principal (v. resol. de 18-III-2021).
De este modo, la causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 departamental, cuya magistrada resolvió que, atento haberse suscitado un conflicto negativo entre un tribunal de trabajo y un juzgado en lo contencioso administrativo, no correspondía emitir pronunciamiento alguno. A su vez, indicó que el proceso sucesorio donde presuntamente deberían hacerse valer los derechos invocados por la actora tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 de aquel departamento judicial (v. resol. de 7-IV-2021).
Devueltos los obrados al juzgado que los había remitido, éste mantuvo su primigenia postura y, en consecuencia, planteó la contienda negativa ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. A los fines de establecer el tribunal que deberá conocer y decidir en el caso salvaguardando la competencia ratione materiae (cfr. art. 6, CCA), cuadra señalar que en la especie gravita el impedimento contenido en el art. 87 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, a la luz de las sucesivas ampliaciones y adecuaciones de la demanda efectuadas -en parte, por la propia actuación de los órganos judiciales intervinientes-, cabe decir que en el caso se evidencian dos reclamos de distinta naturaleza que los hacen, entre sí, escindibles:
a) De un lado, la demanda se dirige contra la Provincia de Buenos Aires y la firma Provincia ART SA, con el objeto de obtener el 50% de la cobertura por el accidente laboral in itinere , en los términos de la ley 24.557.
Al respecto, es dable recordar que esta pretensión, conforme la regla de exclusión contenida en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, se encuentra sustraída de la jurisdicción especializada por hallarse regida, primariamente, por normas de derecho privado o laboral; ello, aun cuando el caso se suscite en el marco de una relación de empleo público (doctr. causas B. 73.571, "Molina", resol. de 8-IV-2015 y B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015).
b) De otro lado, se hallan las acciones enderezadas contra la Provincia de Buenos Aires tendientes a la obtención del reconocimiento del derecho al cobro del 50% del subsidio establecido por el art. 47 de la ley 13.982 y del retroactivo del beneficio de pensión contemplado en la ley 13.236 -desde el primer mes de su concesión hasta el mes de enero de 2021-, con más intereses.
Ambas, en la medida en que se encuentran alcanzadas por la cláusula general que define la materia contencioso administrativa contenida en los arts. 166 in fine de la Constitución provincial y 1 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, a la par de encontrarse regidas por normas y principios de derecho público, corresponde que sean ventiladas ante y resueltas por el juez especializado (doctr. causas B. 55.424, "Tocci", resol. de 19-X-1993; B. 73.750, "Villalta", resol. de 2-IX-2015; B. 73.523, "Levy" y B. 73.640, "López", ambas resol. de 14-X-2015 y B. 73.820 "Vargas", resol. de 21-X-2015, e.o.).
IV. De tal manera, queda claro que las pretensiones esgrimidas carecen de virtualidad para integrar una única demanda y ser resueltas por un mismo juez (arg. art. 87 inc. 2, CPCC). Para más, tampoco se aprecia un riesgo cierto de que con ello a la postre convivan pronunciamientos contradictorios, dado que existe una clara divergencia entre ambos pleitos (doctr. causas B. 73.756, "Victoria", resol. de 28-X-2015; B. 76.149, "Gomila", resol. de 6-XI-2019 y B. 75.902, “Rodríguez”, resol. de 23-XII-2020).
En nada modifica a la solución el hecho de que la actora requiera la citación en calidad de tercero de la señora E. M. M., en su carácter de representante legal de su hija menor de edad L. M. M., beneficiaria de la totalidad de las prestaciones aquí perseguidas (arg. arts. 90 inc. 1, CPCC y 10 inc. 1, CCA).
V. Consecuentemente, es menester recurrir al resorte de la escisión a fin de preservar la competencia material del fuero especializado (cfr. art. 6, CCA), debiendo desdoblarse el juicio para que la demanda incoada en virtud de lo previsto en la ley 24.557 tramite por ante el Tribunal del Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Junín -con asiento en dicha ciudad-, a la par de que la promovida con el objeto de obtener el reconocimiento de las prestaciones contempladas en las leyes 13.982 y 13.236 lo haga ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, previa extracción de copias a cargo de la reclamante (doctr. causas B. 72.435, "Farías", resol. de 8-V-2013; B. 72.536, "López de Belba" y B. 72.924, "Fran Constructora SA", ambas resol. de 12-III-2014; B. 73.583, "Martínez", resol. de 15-VII-2015; B. 73.921, cit. y B. 74.544, cit., entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar la competencia del Tribunal del Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Junín -con asiento en dicha ciudad- para entender en la pretensión seguida en virtud de lo previsto en la ley 24.557 contra la Provincia de Buenos Aires y la aseguradora Provincia ART SA (art. 4 inc. 1 y 7 inc. 1, CCA).
II. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial, para conocer en la pretensión seguida contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener el reconocimiento de las prestaciones contempladas en las leyes 13.982 y 13.236 (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 inc. 1, 2 inc. 4, 6, 7 inc. 1 y 12 inc. 3, CCA).
III. Por Secretaría, se remitirán las actuaciones al órgano mencionado en primer término. Obtenidas copias certificadas del expediente -a cargo del reclamante-, ellas deberán girarse al juzgado en lo contencioso administrativo indicado para que allí sea ventilada la pretensión a la que se alude en el punto II del presente decisorio (art. 34 inc. 5, CPCC).
IV. Lo resuelto deberá comunicarse mediante oficio electrónico al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que intervino en autos.
Regístrese, ofíciese y remítase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2021 12:32:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2021 18:55:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2021 19:19:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2021 20:34:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2021 20:46:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia