Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129644
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente a la queja traída (arts. 292, C.P.C.C.; 31 bis de la ley 5827 tercer párr.; 63, ley 11.653; y Acuerdo 4068 y Resolución 24/20) y declarar procedente, con los alcances establecidos en la presente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora en virtud de que el planteo abordado en el punto III.3 ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 4 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial Lanús-Avellaneda, en lo que interesa destacar, condenó a la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- en su calidad de autoasegurada, al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por fallecimiento en un accidente in itinere de Roxana del Valle Silva, cónyuge y madre, respectivamente, de Florentino Silva, Karen Elizabeth Silva, Emilce Judith Silva y Cesar Nicolás Silva (v. sent. de 11-VII-2022).
Previo desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, modificatorio de los arts. 3, 4, 6, 7 y 10 de la ley 23.928, sin perjuicio -aclaró- de utilizar los mecanismos correspondientes para preservar el crédito laboral y tras hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., tuvo por acreditado -según el material probatorio valorado en el fallo de los hechos- el accidente sufrido in itinere por la trabajadora que provocó su fallecimiento.
Teniendo en cuenta ello, juzgó aplicable el régimen especial de conformidad con el momento en que se produjo la consolidación del daño y, en consecuencia, determinó la indemnización a que deben acceder los beneficiarios del reclamo de acuerdo al ingreso base del mes de febrero de 2012 y la incapacidad determinada con causa laboral en el 100 (cien) % de la total obrera, según las pautas de liquidación que consignó.
Finalmente, sobre el capital de condena detallado aplicó intereses conforme la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a plazo fijo a treinta días (v. liquidación de 12-VII-2022).
II. Frente a dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 10-VIII-2022), ocasión que -en prieta síntesis- agraviándose del quantum indemnizatorio que entendió irrazonable, sostuvo que la sentencia no hubo de oponer ningún reparo a fin de utilizar algún mecanismo de actualización que preserve el crédito alimentario de los derechohabientes. Destacó que, por el contrario, utilizó como "Ingreso Base" el monto nominal del salario percibido por la trabajadora fallecida a comienzos del año 2012 sin tener en cuenta el "valor real" y solo detalló -afirmó- que los intereses se adicionarían a la tasa pasiva aplicable al caso.
En esa misma línea argumental, tras memorar el criterio establecido en la causa L. 119.914, "A.D.A." (sent. de 22-VI-2020) e individualizar diversos precedentes jurisprudenciales que evocan los principios de "reparación equitativa" o "resarcimiento razonable" (sic), denunció como conculcadas las garantías constitucionales y convencionales que citó, en la medida que consideró ilustrado que -a su entender- el crédito laboral no fue debidamente preservado, tal como lo hubo de destacar -reiteró- el juzgador de grado.
Finalmente, cuestionó también la tasa de interés adicionada al capital de condena.
A su turno, el a quo denegó el recurso extraordinario intentado con fundamento en la ausencia de cita doctrinaria en apoyo de los agravios desplegados (v. resol. de 9-IX-2022), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 20-IX-2022).
En la vía directa, alega que yerra el tribunal al considerar que su parte no efectuó cita doctrinaria alguna, en cuanto de la lectura de dicha impugnación se advierte su realización.
III. La queja prospera parcialmente.
III.1. Al respecto, sin perjuicio de destacar que el tribunal de grado al denegar el recurso de inaplicabilidad de ley se extralimitó en sus atribuciones, en la especie, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. acápite 2.4 del escrito ingresado el 10-VIII-2022; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021), sin que abastezca aquel cometido el argumento introducido en aquella oportunidad, en torno a determinar el valor histórico de la demanda expresado en moneda de curso legal al equivalente en moneda extranjera convertida a valor actual, por resultar inviable a la luz de lo establecido en el mencionado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. pag. 11/13 del escrito de 10-VIII-2022; cfr. doctr. causas Ac. 95.447, "Giraudo", resol. de 30-V-2007, e.o.).
En consecuencia, el intento recursivo debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley ritual del fuero; cuya función queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 129.417, "Giacomin", resol. de 19-IX-2022).
III.2. En este contexto, no es ocioso primeramente destacar la inexistencia de margen alguno para ingresar en el análisis de la queja a partir de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023, e.o.).
En cuanto a los restantes agravios dirigidos a cuestionar el quantum indemnizatorio desde la perspectiva de la preservación del valor del crédito laboral, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que, por un lado, se advierte que el único precedente jurisprudencial citado a tal fin como dictado por esta Suprema Corte (causa L. 119.914, "A.D.A.", sent. de 22-VI-2020) ha sido elaborado sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020 y L. 129.085, "Bamba", resol. de 19-IX-2022) y desde otro costado, en la medida que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.392, "Raiteri", resol. de 13-VII-2022 y L. 130.077, "Diez", resol. de 27-III-2023).
III.3. Finalmente, el agravio destinado a impugnar la tasa de interés aplicable al caso debe prosperar con el siguiente alcance.
Es oportuno precisar al respecto, que aquel análisis debe efectuarse en el marco de la directriz que impone adecuar el caso en el contexto de la doctrina vigente a la fecha del pronunciamiento de esta Corte (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 129.346, "Vargas", resol. de 6-II-2023). Esto último viene impuesto, además, por razón del cumplimiento de la propia télesis de la casación, en lo concerniente a la preservación -en garantía de la igualdad- de la uniformidad de la jurisprudencia.
Así, corresponde destacar, que en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayoría-, como lo ha reiterado en innumerables supuestos, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), ha determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016).
Por ello, y con fundamento en el art.31 bis de la ley 5827 tercer párr., corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a su respecto, el que prospera con los alcances arriba establecidos (arts. 292, C.P.C.C.; 63, ley 11.653; y Acuerdo 4068 y Resolución 24/20).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar que, en relación a lo resuelto en el punto III.3., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas por razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente a la queja traída (arts. 292, C.P.C.C.; 31 bis de la ley 5827 tercer párr.; 63, ley 11.653; y Acuerdo 4068 y Resolución 24/20) y declarar procedente, con los alcances establecidos en la presente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora en virtud de que el planteo abordado en el punto III.3 ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:50:00 hs. bajo el número RR-490-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia