Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122257
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
RAINELLI ANA ROSARIO Y OTRO/A C/ PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE.
La Plata, 8 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, en lo que aquí interesa destacar, hizo lugar a la demanda entablada por Ana Rosario Rainelli y Luis Angel Estrada -en su carácter de padres del trabajador fallecido Dante Tupac Estrada- y condenó a Prevención ART S.A. al pago de las sumas que especificó en concepto de las indemnizaciones previstas en los arts. 11 apdo. 4 inc. "c" y 15 apdo. 2 de la ley 24.557 como consecuencia del accidente in itinere sufrido por el trabajador (v. fs. 112/117 vta.).
Para así decidir, valorando el material probatorio de la causa, juzgó acreditado que el dependiente el día 18 de marzo de 2017, en oportunidad en que regresaba de su lugar de trabajo a su hogar, sufrió un accidente que le causó la muerte. A ello agregó que, la accionada no logró demostrar -como era su carga- por medio de prueba hábil, la alteración de su recorrido habitual.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/134), el que fue concedido por el a quo a fs. 141 y vta.
En su presentación denuncia la transgresión de las normas, las garantías constitucionales y la doctrina que cita. Alega, también, excesivo rigor formal, que la sentencia resulta arbitraria y carente de fundamento jurídico, y prescinde de las constancias y pruebas de la causa, así como del principio del onus probandi .
Objeta que tuviera por reconocido el infortunio in itinere , afirmando que los accionantes no aportaron ningún tipo de prueba que permitiera dar certeza de que el trabajador realmente sufrió un siniestro de tal naturaleza. Ello, toda vez que su parte ha demostrado que hubo un desvio injustificado del trayecto como del horario de producción del hecho.
III. El recurso no es de recibo.
III.1. Como fue señalado, el juzgador de grado admitió el reclamo indemnizatorio deducido por considerar acreditado que el accidente en la vía publica protagonizado por Dante Tupac Estrada reuniera las características de " in itinere " (art. 6 apdo. 1, ley 24.457). Ello, por cuanto las probanzas reunidas en la causa resultaron idóneas para demostrar que medió razonabilidad horaria entre la ocurrencia del suceso y la hora de salida del trabajo.
III.2. La conclusión expuesta en el pronunciamiento de origen, claramente vinculada a cuestiones de hecho y prueba no logra ser descalificada por la recurrente.
Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales del trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 90.380, "Amerise", sent. de 3-IV-2008 y L. 95.453, "A., V", sent. de 18-II-2009).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
En la especie, si bien la recurrente sostiene que la sentencia del tribunal de grado es descalificable por arbitraria, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas de la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración de la arbitrariedad derivada de absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014 y L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015).
En efecto, en su crítica, se limita a destacar determinadas circunstancias fácticas y elementos de prueba que -a su criterio- resultarían fundamentales para concluir que el trabajador el día del infortunio alteró el trayecto que habitualmente cumplía para regresar desde su lugar de trabajo a su domicilio particular. Sin embargo, en ese discurrir omite controvertir la apreciación e interrelación de los distintos medios probatorios efectuada por el juzgador de grado, con arreglo a los cuales arribó a la conclusión impugnada.
Para más, cabe recordar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 121.099, "Oyhanarte", resol. de 29-XI-2017).
III.3. Por otra parte, corresponde señalar que la recurrente no consigue evidenciar que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que se encuentra descartada en el presente caso.
III.4. No obsta a lo expresado la alegación de excesivo rigor formal, pues si bien es cierto que la aplicación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos incompatibles con el adecuado servicio de justicia, no lo es menos que la doctrina del exceso ritual no importa avalar ni respaldar comportamientos negligentes (causas L. 118.203, "Colaianni", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.245, "Simoncini", resol. de 11-II-2015).
III.5. Por último, resta aclarar que es ineficaz la denuncia de violación de normas constitucionales si no se acredita que previamente fueron violados los preceptos legales en que se funda el recurso (causas L. 112.983, "Aragón", resol. de 1-XII-2010 y L. 100.667, "Mansur", resol. de 31-VIII-2011).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia