Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120245
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.245, "Fernández, Ángela Zulema contra Consorcio Propietarios Pueyrredón 157- Ramos Mejía y otro. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 438/457 vta.).
Se dedujo, por la aseguradora codemandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs.483/498 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen admitió la demanda promovida por la señora Ángela Zulema Fernández y condenó a QBE Argentina ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de las prestaciones dinerarias por fallecimiento contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 18 de la ley 24.557 -por mayoría, según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última. La rechazó, en cambio, respecto del Consorcio de Propietarios Pueyrredón 157 Ramos Mejía (v. sent., fs. 446/457 vta.).
Para así decidir, el órgano judicial de grado tuvo por acreditado que el día 31 de diciembre del año 2010, el señor Walter Damián Fernández sufrió un accidente mientras se dirigía a su trabajo, produciéndose –luego- su fallecimiento.
En ese sentido, juzgó que, conforme los dictámenes médicos -tanto el producido en la causa penal como el efectuado en los presentes autos-, el accidente operó como nexo causal directo y eficiente de la muerte del trabajador, en tanto fue consecuencia del severo traumatismo en la región encefálica sufrido por la caída de la moto (v. vered., fs. 439/443 vta.).
Por otro lado, conforme las constancias del expediente, tuvo como legitimada activa a Ángela Zulema Fernández en su carácter de sucesora a título particular (mediante cesión de derechos hereditarios) de Ángel Carlos Fernández y Hermenegilda Rodríguez (padres del trabajador fallecido y, como tales, derechohabientes beneficiarios de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo; v. vered., fs. 443 vta./445 y sent., fs. 448/449).
Puesto a decidir el marco jurídico del reclamo, por mayoría -a partir del voto de la magistrada del segundo término-, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas aun con anterioridad a su entrada en vigencia, y declaró ex officio la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlo en pugna con los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 2 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 2 del Protocolo de San Salvador y 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ponderando que dicho precepto vulneraba los principios de progresividad y justicia social plasmados en las mentadas normas (v. sent., fs. 452 vta./454 vta.).
Sentado ello, declaró abstracto pronunciarse sobre la constitucionalidad del pago en forma de renta de la prestación por fallecimiento (v. últ. fs. cit.).
Luego, consideró que correspondía, también de oficio, decretar la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, en tanto limita la aplicación del índice RIPTE a las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 (v. sent., fs. 454 vta./455).
A partir de lo expuesto, entendió que el primigenio cálculo efectuado conforme el decreto 1.694/09, que arrojó la suma de $484.481 ($364.481 de la prestación por fallecimiento y $120.000 de la compensación adicional de pago único -v. sent., fs. 449 vta.-), debía ser incrementado en un 20% por aplicación del art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $581.377,20 (v. sent., fs. 455 y vta.).
Sobre dicho importe decidió que correspondía aplicar el índice RIPTE previsto por la citada ley 26.773, el que calculado a julio de 2014 -fecha de toma de conocimiento por parte de la aseguradora de las circunstancias que llevaron al origen de la presente indemnización- dio un coeficiente de 1,51, alcanzando la prestación la cuantía de $877.879,57.
En tales condiciones, y toda vez que dicho monto era inferior al piso establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, estableció la prestación en la suma de $943.119, a la que adicionó la cantidad de $178.607 en concepto de daño moral (v. sent., fs. 455 vta.).
Finalmente, sobre el total de $1.121.726, liquidó intereses conforme la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde julio de 2014 (atento la aplicación del índice RIPTE a esa fecha) hasta su efectivo pago (v. sent., últ. fs. cit.).
II. La aseguradora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución local; 2, 3, 699 y 701 del Código Civil; 11 apartado 4 inc. "b", 14 apartado 2 inc. "b" y 26 de la ley 24.557; 6 y 17 apartado 5 de la ley 26.773; del decreto 1.694/09 y del art. 63 de la ley 11.653; así como de doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia, en primer lugar, de la decisión de origen por la que declaró aplicable al caso la ley 26.773 (v. fs. 488/494 vta.).
Manifiesta que la citada norma, en su art. 17 apartado 5, es clara y fija expresamente el momento de su entrada en vigencia, y que el apartado 6 resulta complementario de esa disposición, en cuanto determina el modo en que debe efectuarse el cálculo del RIPTE con relación a las prestaciones dinerarias, pero de ningún modo prevé una actualización de la deuda.
En ese sentido, afirma que la ley 26.773 debe ser analizada integralmente, y, en concordancia con los arts. 10, 11, 12 y 13 que fijan la actualización de las alícuotas que deben abonarse a las aseguradoras, el art. 17 apartado 5 establece la entrada en vigencia de la norma.
Con cita del fallo "Espósito" de la Corte Suprema, aduce que el razonamiento del a quo contradice la coherencia lógica de la norma, e importa la violación del principio de irretroactividad de las leyes contemplado en el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cod. Civ. y Com.) y del derecho de propiedad consagrado en la Constitución nacional.
II.2. En segundo lugar, denuncia el quebranto de la doctrina legal sentada en las causas L. 94.446, "Ginossi" y L. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), así como en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en cuanto en el fallo se resolvió la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en su variante "digital".
II.3. Por otro lado, la interesada objeta la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la liquidación de intereses -dice- desde la fecha del siniestro.
Plantea que resulta improcedente la aplicación de dichos accesorios, en tanto la prestación fue "actualizada" conforme el índice RIPTE, lo que implica una doble actualización de valores. En ese mismo sentido, entiende que la indemnización que le pudiere corresponder al damnificado no puede constituirse en un enriquecimiento sin causa.
II.4. También cuestiona la regulación de honorarios efectuada por el tribunal de la instancia, en tanto alega que resultan altos y, por ende, contrarios a la normativa vigente, por lo que solicita se aplique la ley 24.432.
II.5. Por último, considera incorrecto el pronunciamiento de grado en cuanto decidió reconocer a Ángela Zulema Fernández legitimación para acceder a la acreencia de su hermano Walter Damián Fernández, en virtud de la cesión de derechos hereditarios realizada por los progenitores del difunto a favor de la primera.
Al respecto, alega que la demandante carece de todo derecho para percibir las prestaciones de la ley 24.557, por no estar incluida en los legitimados establecidos en el art. 18 de dicha normativa.
Siguiendo esa línea, manifiesta que no puede plantearse la existencia de una cesión de derechos hereditarios, porque aquéllos no entran dentro del acervo hereditario.
Aduce que las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, generadas por el fallecimiento de un trabajador, nacen a partir de su deceso y que los acreedores directos son quienes dicha norma y la ley 24.241 determinan como derechohabientes, cuya enumeración tiene carácter taxativo.
En ese marco, con cita de doctrina, plantea que Ángela Zulema Fernández no se encuentra dentro de los casos incluidos en el art. 53 de la ley 24.241.
III. El recurso ha de prosperar parcialmente.
III.1. En primer lugar, aunque ello implique alterar el orden de los agravios, resulta inatendible el cuestionamiento relativo a la falta de legitimación activa de la accionante.
III.1.a. En lo que interesa, el órgano de grado, al dar respuesta a la tercera cuestión del veredicto, consideró acreditado, mediante la declaratoria de herederos, que al momento de su deceso, Fernández era de estado civil soltero y sin descendencia, y que le sucedían en carácter de herederos universales sus progenitores Ángel Carlos Fernández y Hermenegilda Rodríguez.
Asimismo, que luego de esta declaratoria, los mencionados causahabientes procedieron a la cesión, mediante escritura pública (cuya constancia obra en autos; v. fs. 3/4), de sus derechos hereditarios en relación al trabajador fallecido a favor de su otra hija, Ángela Zulema Fernández.
Respecto de la cesión, tuvo por cierto que se ajustaba a las previsiones del art. 1.184 inc. 6 del Código Civil (realizada mediante escritura pública); que los cedentes tenían el carácter de herederos de quien fuera su hijo Walter Damián Fernández; que se había tratado de una sucesión abierta y concluida al momento en que tuvo lugar la cesión; que la misma es de derechos hereditarios que pudieran corresponderle con motivo de la sucesión del señalado causante, y que este contrato se había realizado por precio.
Luego, en la sentencia, juzgó que debía tenerse por idónea y válidamente asumida la legitimación pretendida.
Para arribar a tal conclusión, tuvo especialmente en cuenta, en primer lugar, el hecho de que por el deceso de Walter Damián Fernández -soltero y sin descendencia- serían beneficiarios de la prestación por fallecimiento establecida en el art. 18 ley 24.557, los padres (cfr. dec. 1.278/00), enmarcándoseéstos como derechohabientes de su hijo fallecido (aspecto que –juzgó- había tenido clara comprobación con la declaratoria de herederos).
Especialmente consideró la limitación que con tanta vehemencia había esgrimido la aseguradora, en orden a que eran los únicos beneficiarios directos definidos expresa y taxativamente por dicha norma, no incluyendo la posibilidad de ampliar o restringir este concepto por vía interpretativa, y más allá de cualquier correspondencia con el esquema hereditario previsto en el Código Civil, tal como lo dejara la doctrina de esta Corte que citó.
Sin embargo, ya en sentencia (v. fs. 448 vta.) sostuvo que no era el carácter de legítimos derechohabientes lo que obraba no clarificado o transgrediendo el orden de prelación establecido en el art. 18 de la ley 24.557, sino que, precisamente, a partir de revestir los padres del causante el carácter de beneficiarios de la prestación de dicha norma, el hecho de haber acudido aquéllos al instituto de la cesión de derechos hereditarios no era más que una legítima y válida facultad de disposición, a partir de poseer tal carácter.
En ese sentido, juzgó que ello no significaba que quien se había presentado, asumiera el carácter de heredera a título universal del causante, ni tampoco que fuera como causahabiente su legitimación, sino que la cesionaria -Ángela Zulema Fernández- resultaba ser sucesora a título particular de los derechos hereditarios que por sucesión abierta y concluida recibiera mediante escritura pública de los derechohabientes beneficiarios de la prestación por fallecimiento, que hubiera correspondido percibir a los padres del causante.
Así, concluyó que no se trataba de una interpretación forzada ni ampliada del esquema de beneficiarios delimitados en la norma de análisis, sino de la legítima posibilidad de Ángel Carlos Fernández y Hermenegilda Rodríguez de haber hecho uso de sus posibilidades legales a partir de aquello a que hubieran tenido derecho a acceder como derechohabientes, no pudiendo objetar la aseguradora el destino indemnizatorio una vez establecida la procedencia del derecho de los directos beneficiarios, conforme lo establecido por los arts. 18 de la ley 24.557 y 1.484 inc. 6, 2.160, 2.161, 2.162, 3.322 y 1.435 del Código Civil.
III.1.b.i. En este contexto, la interesada orienta su crítica -signada por la denuncia de violación del régimen de la ley 24.557- a tratar de evidenciar que la actora Ángela Zulema Fernández no es una legitimada para reclamar la prestación por fallecimiento de su hermano, en su carácter de tal.
Ante ello, se advierte nítidamente que la recurrente no se hace cargo -al cabo- de controvertir las esenciales conclusiones que nutren al fallo de grado, desenfocándose así del esquema fáctico jurídico delineado por el a quo para resolver la controversia.
Tal desencuentro entre la motivación que nutre al fallo y las articulaciones delineadas por la quejosa autorizan a declarar la insuficiencia de esta parcela del recurso (causas L. 109.192, "Ferre", sent. de 26-IX-2012; L. 105.538, "Granoni", sent. de 6-III-2013 y L. 112.985, "Glavan", sent. de 27-III-2013; e.o.).
Tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014 y L. 119.124, "G., L.M.", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
III.1.b.ii. La insalvable deficiencia técnica de la pieza recursiva se patentiza aún más al observarse que la impugnante ha omitido denunciar las normas sustantivas y procesales invocadas por el tribunal para dar sustento a esta parcela del pronunciamiento (arts. 18, ley 24.557; 1.484 inc. 6, 2.160, 2.161, 2.162, 3.322 y 1.435, Cód. Civ.).
Esto también alcanza por sí para sellar la suerte del recurso, desde que esta Corte siempre ha considerado insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas vinculadas con los agravios que expone -lo que representa el incumplimiento de la exigencia contenida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial-, pues no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 104.779, "C., S.S.", sent. de 30-X-2013; L. 116.812, "Rodríguez", sent. de 5-III-2014; A. 71.645, "Colangelo", sent. de 26-III-2014 y L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; por citar los más recientes).
III.1.b.iii. Finalmente, aunque lo expuesto en los apartados anteriores resulta suficiente para rechazar este tramo de la queja, habré igualmente de manifestar que la doctrina legal que la compareciente denuncia transgredida (v. fs. 498) tampoco es idónea para sustentar el agravio, toda vez que se halla vinculada a una normativa que no es de aplicación al pleito.
Al respecto, expresamente se ha señalado que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos de hecho y derecho, diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 106.020, "A., V.N.", sent. de 12-XII-2012; L. 108.601, "Paradiso", sent. de 28-VIII-2013 y L. 116.824, "G., R.E.", sent. de 23-X-2013; e.o.).
III.2. Por el contrario, merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. De manera liminar, cabe dejar sentado que, conforme lo estableció el órgano de grado en el veredicto (v. fs. 438/442 vta.), el accidente que provocó el fallecimiento del trabajador ocurrió el 31 de diciembre de 2010, hito que determina el régimen jurídico aplicable al caso.
III.2.b. A partir de lo expuesto, en primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.b.i. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en los principios de justicia social y progresividad, así como en que no se trata de una nueva ley, sino de una norma que actualiza los montos indemnizatorios.
Al respecto, es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C.,S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1.062; 302:457 y 1.149; 303:1.708; 324:920 y 335:2.333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.2.b.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad", así como al de "justicia social", que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada, máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.2.b.iii. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
III.2.c. En lo que concierne al fondo del cuestionamiento, el agravio también debe prosperar.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.