Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119522
En la ciudad de La Plata, a de de dos mil diecisiete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.522 “Zanotti, Uber Walter contra Federación Patronal Seguros SA. Accidente in itinere”.
El Tribunal de Trabajo nº 2 del Departamento Judicial La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 115/137 vta.).
La legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 145/155), que fue concedido por el juzgador de grado a fs. 156 y vta.
Dictada a fs. 180 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por Uber Walter Zanotti contra Federación Patronal Seguros SA, mediante la cual procuraba el pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Para así decidir, juzgó probado que el día 25 de febrero de 2013 el actor sufrió un accidente in itinere , mientras se trasladaba desde su domicilio hacia su lugar de trabajo, como así también las consecuencias que derivaron del infortunio, que le provocan una incapacidad laboral permanente parcial que, incluidos los factores de ponderación, lo invalida en un 45,70% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 115/116 vta.).
En la sentencia, el juzgador de grado -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad del decreto 472/2014 en cuanto -señaló- restringe las mejoras diseñadas para el cuestionado sistema de la ley de riesgos del trabajo, pretendiendo que solo sea aplicable el índice RIPTE sobre algunas prestaciones dinerarias y no sobre la totalidad de ellas, y condenó a la demandada a abonar al trabajador la suma que específicamente determinó de conformidad a las pautas que fija el art. 14.2.a de la ley 24.557, actualizando dicho importe conforme el mecanismo de ajuste previsto en los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773.
Finalmente, dispuso aplicar intereses al monto de condena, desde su exigibilidad y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, mediante el sistema “Banca Internet Provincia” (v. sent., fs. 135 vta./136).
II. Contra dicha decisión, Federación Patronal Seguros SA dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14.2.a de la ley 24.557; 8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773; 34 inc. 4 u 163 inc. 6 del CPCC; 44 inc “d” y 47 de la ley 11.653; 499, 622, 623, 1071, 1137, 1197 y 1198 del Código Civil; 7 y 10 de la ley 23.928; y 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; ley 25.561; decreto 472/2014; y de la doctrina legal que cita.
1. En primer lugar, cuestiona lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del decreto 472/14.
Alega que con tal proceder el sentenciante modificó la pretensión actoral e impidió a su parte emitir opinión al respecto, vulnerando los principios de congruencia y legalidad, y la garantía de defensa en juicio.
Argumenta que el referido decreto dispuso expresa y taxativamente que sólo los pisos mínimos y, eventualmente, las prestaciones adicionales de pago único incorporadas al art. 11 de la ley 24.557 (con las modificaciones introducidas por el decreto 1694/09), constituyen los montos que deben ser actualizados conforme el índice RIPTE; por lo que su aplicación a las sumas reconocidas en la sentencia implica una flagrante violación de la normativa vigente, que lleva a incrementar la reparación en forma desproporcionada.
Aduce que el juzgador interpretó erróneamente los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773 al aplicar dicho mecanismo de ajuste al monto que arroja como resultado el cálculo según la fórmula de la prestación dineraria del art. 14.2.a de la ley 24.557.
Asimismo, refiere que mediante el apartado 6 del art. 17 de la ley 26.773, el legislador ha decidido evitar que se sigan produciendo ajustes periódicos a través del dictado de sucesivos decretos, postulando entonces con esta nueva normativa traer a valores actuales aquellas prestaciones de monto fijo del sistema de riesgos del trabajo.
En definitiva, plantea que el índice RIPTE debe aplicarse al piso mínimo garantizado por el decreto 1694/2009 y no -como erróneamente lo hace el tribunal de grado, a partir de una incorrecta lectura del precepto- sobre la “fórmula” prevista en el art. 14.2.a de la ley 24.557, pues una interpretación diferente reviste una práctica contraria a derecho, toda vez que tal proceder configura un mecanismo de indexación expresamente prohibido por las leyes 23.928 y 25.561.
2. Por otro lado, se agravia del modo en que el tribunal calculó los intereses.
Señala que la liquidación de dichos accesorios sobre la base del monto de capital actualizado por el índice RIPTE importa una doble actualización de valores, violando lo dispuesto en el artículo 623 del Código Civil y las leyes 23.928 y 25.561.
3. Finalmente, critica la parcela del fallo por la que se la condena a abonar intereses conforme la tasa pasiva denominada “digital”.
En sustancia, afirma que el tipo utilizado no se ajusta a la doctrina legal de esta Corte que emerge de los precedentes L. 94.446 “Ginossi” (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164 “Abraham” (sent. de 13-XI-2013), entre otras.
III. El recurso prospera parcialmente.
1. En primer término, en lo que respecta a la definición vinculada a la declarada invalidez constitucional del decreto 472/14 habré de señalar, ya que a ello se hace mención en el recurso (v. fs. 147 y vta.), que el ejercicio de la atribución constitucional que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados a ejercer el control de constitucionalidad, aún de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecta la garantía de la defensa en juicio, que no puede ser argumentada frente al derecho aplicable para resolver la contienda (conf. causas L 100.688 “Fernández”, sent. del 11-XI-2009; L. 102.699 “Mascareño”, sent. del 7-XII-2011).
En ese sentido me he explayado, en torno a la facultad de los jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, al votar en la causa L. 81.953 "Omar" (sent. del 6-VII-2005), a cuyas consideraciones, en honor a la brevedad, me remito.
2. Sin perjuicio de lo expuesto, considero le asiste razón al quejoso cuando cuestiona la declaración de inconstitucionalidad que realizó el a quo del decreto 472/14.
Sobre el punto, considero suficiente reproducir -para brindar favorable respuesta al agravio- la parte pertinente del voto emitido por el colega doctor Soria al sufragar en la causa en L. 119.002 “Carabajal” (en circulación) , en la que se pronunció sobre la validez constitucional del mentado reglamento.
Sostuvo allí dicho magistrado, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (doctr. causas L. 62.704 “Caamaño de Trincado”, sent. de 29-IX-1998; L. 74.805 “Menéndez”, sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787 “C.,S.”, sent. de 15-III-2006 y L. 117.462 “Dell Acqua”, sent. de 20-VIII-2014; doctr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920; entre otros), doctrina que, incluso, ha sido reiterada por la Corte Federal en R.401.XLIII “Rodríguez Pereyra”, sent. de 27-XI-2012.
De la interpretación llevada a cabo en relación a las normas de los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773, el sentenciante arribó a la conclusión que el índice RIPTE puede emplearse para “ajustar” la indemnización que arroja la fórmula contemplada en el art. 14.2.a de la ley 24.557, y que siendo ello así, el decreto 472/14, en tanto excluye esa posibilidad, resulta inconvencional e inconstitucional (v. fs. 121/129).
Sin embargo, los términos empleados por el legislador permiten avizorar que la norma reglamentaria no posee ese vicio.
El art. 8 de la ley 26.773 establece que “Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia”.
Por su parte, el art. 17 ap. 6 de la misma ley prescribe: “Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010”.
En línea con lo señalado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18036/2011/1/RHl “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial, sent. de 7-VI-2016 (v. consid. 8°, último párrafo), una interpretación sistemática de las normas, lleva a afirmar que el “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” trajo un mecanismo de ajuste general y periódico, que como tal, actúa sobre los importes que en abstracto y genéricamente prevé el sistema, así, sobre los relativos a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que se refiere el art. 1 y sobre aquellos correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden sus arts. 3 y 4 del mencionado decreto 1694/09.
Precisamente, y tal como surge de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.532 “Godon”, sent. de 5-IV-2017, es esa la exégesis que recoge no sólo el decreto 472/14, sino también las resoluciones 34/2013, 3/2014 y 6/2015 -no obstante referirse asimismo al mínimo valor de la indemnización del art. 3 de la ley 26.773 en determinados supuestos- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8 ley 26.773).
Luego, no se verifica que lo regulado en el decreto reglamentario implique una trasgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional.
Dable es recordar que el alto Tribunal tiene dicho que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y en general no vulneran el principio establecido en el art. 99, inc. 2° de la Constitución nacional los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (conf. dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema, causa O. 158. XXXVI “Oharriz, Martín Javier c/ M° J. y DD. HH. - ley 24.411”, sent. de 26-VIII-2003, Fallos: 326:3032). También, que sólo en el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su espíritu o finalidad se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones que le son encomendadas por la Constitución (conf. CSJN, causa C. 90. XXXI “Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional s/ acción declarativa”, sent. de 16-IX-2003, Fallos: 326:3521).
Con todo, debe revocarse lo resuelto en este aspecto por el tribunal de grado, juzgándose aplicable el decreto 472/14. Entonces, no ha de ajustarse por medio del índice RIPTE el resultado que arroja la fórmula prevista en el art. 14.2.a de la ley 24.557, pues el coeficiente sólo recae sobre el piso mínimo de la indemnización pertinente.
3. Respecto del agravio concerniente a la forma en que se computaron los intereses en el fallo de grado, no corresponde abordarlo en virtud de lo resuelto en el primer apartado, donde se propuso revocar la actualización, por medio del índice RIPTE, del resultado que arroja la fórmula prevista en el art. 14.2.a de la ley 24.557. Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (conf. causas L. 98.067 “Roldán”, sent. de 9-XII-2009; L. 88.054 “Antoni”, sent. de 7-IV-2010; L. 94.184 “Jacquet”, sent. de 7-V-2014).
4. Finalmente, en lo concerniente a la tasa de interés moratorio, el tribunal de trabajo dispuso la aplicación de la tasa de interés “pasiva digital o BIP” por el lapso que especificó (v. sent., fs. 135 vta.). Ante ello, el impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en las causas L. 94.446 “Ginossi” (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164 “Abraham” (sent. del 13-XI-2013; v. rec., fs. 152 vta./154 vta.).
Al respecto, considero que el presente agravio no puede prosperar en razón de las siguientes consideraciones.
a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil derogado, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la “tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días”, tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448 “Cuadern” (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059 “Giani” (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446 “Ginossi”, y C. 101.774 “Ponce”, sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la Ley 14.399 (BO 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164 “Abraham”, L. 102.210 “Campana” y L. 108.142 “Díaz” (todas con sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
b. Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587 “Trofe”, y C. 119.176 “Cabrera”, ambas con sents. de 15-VI-2016; L. 118.453 “Dardengo” y L. 118.361 “Valentín”, ambas sents. de 28-IX-2016) , y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5827, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado III, punto 2 del presente.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Fin de la sentencia