Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121312
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.312, "Poggio, María Laura contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 144/156 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 172/176).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por María Laura Poggio y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 144/156 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que la accionante, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, sufrió un accidente de trabajo el día 15 de mayo de 2015 y que, como consecuencia de aquél, padece un 24% de incapacidad parcial y permanente. Tuvo por demostrado también que al momento del evento dañoso tenía treinta y cuatro años de edad, y que el valor del ingreso base mensual establecido en el art. 12 de la ley 24.557, teniendo en cuenta las remuneraciones sujetas a cotización, ascendía a $9.745,63 a la vez que dicho módulo, contemplando el total de los haberes percibidos por la demandante alcanzaba la suma de $13.020,62 (v. vered., fs. 148 vta. y 149).
Ya en sentencia, y en lo que resulta relevante para resolver la controversia, el órgano de mérito declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 peticionada por la parte actora, en cuanto dicho precepto, a fin de determinar el valor mensual del ingreso base empleado para establecer las prestaciones dinerarias, excluye los rubros no remunerativos (v. sent., fs. 152).
Señaló que la prestación dineraria mensual, por ser sustitutiva de la remuneración, no debería tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba durante el período en que no pueda prestar tareas un reemplazo de los que, hasta el día del accidente, fueron sus ingresos remuneratorios (v. sent., fs. 152 vta.).
Asimismo, remarcó que carecía de justificativo válido sostener que durante ese lapso el trabajador se viera afectado por un déficit en su "ingreso de bolsillo", que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le era, en absoluto, imputable, y que la norma asigna a la responsabilidad del empleador (v. fs. cit.).
Advirtió que el mantenimiento del valor del salario durante el período referido, que constituye un objetivo que apunta a la reparación del daño sufrido, resultaba en la práctica seriamente obstaculizado por cuanto la ley 24.557 no tiene en cuenta para calcular el valor mensual del ingreso base aquellas prestaciones que forman parte del ingreso mensual del trabajador, pero carecen de carácter remuneratorio (v. fs. 153).
Por otra parte, precisó que en el ámbito del derecho común la indemnización que se reconoce en concepto de lucro cesante se encuentra determinada por la utilidad o ganancia cierta dejada de percibir por el acreedor, verificándose -ya en materia laboral- una notoria diferencia entre la normativa en cuestión y las previsiones contenidas en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantizan al trabajador impedido de laborar la percepción de una suma equivalente a su retribución (v. fs. cit.).
Manifestó que en tales condiciones resultaba ostensible la configuración de una diferencia -por disminución- generada por la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable", no profesional, anomalía que torna irrazonable el régimen y, por lo tanto, sujeto a su declaración de inconstitucionalidad (v. fs. 153).
Explicó que en el caso existían elementos suficientes para concluir que la metodología de cálculo prevista en el citado dispositivo legal no conducía a un resultado razonable, sino que mediante su aplicación se produciría una clara vulneración del derecho de propiedad. Por ello, entendió que en el caso el dispositivo legal impugnado colisionaba con los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad -y no regresión- en materia de seguridad social, contenidos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- (v. fs. 153 vta. y 154).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que cuestiona que se declarara la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y se hubieran incluido para calcular el valor mensual del ingreso base todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario de la trabajadora (v. fs. 172/176).
Alega que esa decisión es producto de un razonamiento absurdo que condujo al juzgador a un resultado injusto y contrario a derecho.
Explica que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica (v. fs. 174 y vta.).
Afirma que el ingreso base debe calcularse tomando en cuenta los rubros sujetos a aportes y contribuciones, según lo establece la norma (art. 12, LRT).
Alega que, en el caso, la accionante percibió una remuneración en consonancia con la normativa laboral vigente, y que, por ello, no existe infracción a norma constitucional alguna, toda vez que ésta tuvo y tiene acceso a una "remuneración justa" (fs. 174 vta.).
Sostiene que mientras el monto a abonar al trabajador mediante el cálculo previsto en el art. 12 de la ley 24.557 sea razonable y no vulnere la garantía de retribución justa, no existe agravio suficiente para impugnar la constitucionalidad de la norma, y añade que en el caso no se verifica pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia, toda vez que la trabajadora nunca dejó de percibir sus remuneraciones (v. fs. 175).
Por tales razones, a su juicio, el sentenciante de grado incurrió en absurdo al descalificar una norma válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. cit.).
III. El recurso no prospera.
Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -conf. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-) el cuestionamiento, dirigido a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual (art. 12, ley 24.557) que el tribunal de origen efectuó a los fines de cuantificar la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial, debe rechazarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2020 12:36:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:13:34 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:14:51 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 21/06/2020 16:53:46 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 22/06/2020 09:03:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia