Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124439
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó la demanda instaurada por Oscar Maximiliano Cuenca contra Galeno ART S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones de la ley 24.557, en virtud de la incapacidad que denunció poseer como consecuencia del accidente in itinere sufrido (v. fs. 238/245).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó -conforme las conclusiones brindadas por los peritos médico, psicólogo y psiquiatra en sus respectivos informes- que el actor no presenta la secuela física alegada, así como tampoco, el deterioro psíquico pretendido.
Asimismo que, si bien el experto en psiquiatría había detectado cierto grado de incapacidad, destacó que tenía carácter transitorio y, por ende, no indemnizable por el sistema de la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 253/263 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 274 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En lo esencial, denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba pericial por parte del tribunal de origen.
Afirma que el fallo incurre en arbitrariedad al descartar la incapacidad psicológica como consecuencia de la inexistencia de minusvalía física.
Finalmente, objeta que las costas le hayan sido impuestas a su parte, en tanto goza del beneficio de gratuidad y, además, podía haberse creído con derecho a reclamar.
III. El recurso intentado no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde observar que determinar tanto la existencia de la relación causal o concausal entre el infortunio sufrido por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, como el análisis del material probatorio, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.387 "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.2. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluidas las pericias médica, psicológica y psiquiátrica que el impugnante denuncia como erróneamente ponderadas y, sobre tales premisas, estableció que el trabajador no posee incapacidad física como consecuencia del accidente in itinere padecido. Respecto del daño psíquico, puntualizó que la pericia psicológica, además de no afirmar la existencia de esta minusvalía, se contradice con lo informado por el psiquiatra en cuanto a la transitoriedad de la incapacidad, en consecuencia, apartándose de tal dictamen, se pronunció por la ausencia de daño indemnizable en el marco del sistema tarifado (v. sent., fs. 242 vta./243).
Tal motivación no logra ser descalificada por el impugnante, pues su crítica -basada en que el dictamen médico resultó incompleto, y que no debió descartar la incapacidad psicológica por ausencia de incapacidad física- no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance-, y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.230, "Ocampos Segovia", resol. de 11-IV-2018).
En ese sentido, soslaya el interesado que la arbitrariedad -que denuncia- sólo queda configurada si media cabal acreditación de su existencia, y no basta con invocarla, sino que es menester demostrarla acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014 y L. 120.996, "Chaves", resol. de 27-XII-2017).
III.3. Por otro lado, sabido es, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportados a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699 "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036 "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 120.184, "Laborda", resol. de 8-II-2017).
III.4. A mayor abundamiento, es del caso recordar que en la tarea de valorar las pericias y asignarles entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016).
III.5. Finalmente, el cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible. Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 118.118, "Giménez", resol. de 6-III-2015 y L: 122.073, "Navarro", resol. de 14-VIII-2019).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Asimismo conviene recordar -ya que a ello hace mención el impugnante- que el beneficio de gratuidad consagrado en el art. 22 de la ley 11.653 no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 93.926, "Segovia", sent. de 28-V-2010; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013 y L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 18:53:57 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 11:01:20 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:01:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/06/2020 17:59:45 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:01:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia