Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120736
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.736, "Gorosito, Amelia Lilia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 183/198 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/220 vta.), el que denegado por el citado órgano a fs. 221 y vta., fue concedido por esta Corte (v. fs. 267/268) al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 262/264 vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción promovida por Amelia Lilia Gorosito y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 26.773 (v. fs. 183/198 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que la accionante -dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- sufrió un accidente el día 31 de octubre de 2013 en el trayecto entre su domicilio y el lugar de desempeño de tareas; que como consecuencia de aquél padece una incapacidad parcial y permanente del 28% del índice de la total obrera y que el valor del ingreso base mensual establecido en el art. 12 de la ley 24.557 ascendió a $4.509,72 (v. vered., fs. 183/184 vta.).
Precisamente, para determinar la base de cálculo de la indemnización reclamada (art. 12, ley 24.557) -con fundamento en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, en el principio de primacía de la realidad reconocido en el art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y diversos precedentes jurisprudenciales que citó- entendió que la totalidad de los rubros que integran la remuneración del trabajador revisten carácter salarial y deben ser incluidos, más allá de la denominación "no remunerativa" utilizada por la patronal, habida cuenta que constituyen una ganancia o ventaja patrimonial que obtuvo como contraprestación por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo, sin que la demandada, sobre quien -dijo- recaía la carga de hacerlo, hubiera demostrado que tales rubros se originaron en una causa ajena o extraña a la prestación de servicios debida por el trabajador en el marco de la relación de empleo (v. sent., fs. 187 vta. y 188).
Añadió que de entenderse que el art. 12 de la ley 24.557 excluye rubros que aun revistiendo carácter remunerativo no tributaron aportes al ser encubiertos bajo un ropaje no salarial, caería en una manifiesta inconstitucionalidad pues, en definitiva, parte de la capacidad de ganancia perdida con el infortunio no sería restablecida en su totalidad en virtud de un subterfugio terminológico con grave afectación de los derechos constitucionales del trabajador (v. fs. 188 vta. y 189).
En otro orden, por mayoría, declaró procedente la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Lo hizo por entender que la norma citada no excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los accidentes in itinere como el de autos y destacó que tales infortunios se enmarcan en el supuesto del trabajador "a disposición del empleador", tal como allí se establece. Señaló, además, en apoyo de su decisión que, por imperio del principio in dubio pro operario que rige en la materia, las dudas que pudiera generar el alcance del citado precepto deben ser resueltas por aplicación de la hermenéutica más favorable al trabajador (arts. 9, LCT y 39 inc. 3, Const. prov.; v. fs. 192/193 vta.).
El sentenciante indicó entonces que no advertía motivos que pudieran justificar una diferencia de tratamiento indemnizatorio entre las diversas contingencias cubiertas por el sistema de riesgos del trabajo (v. fs. 194 y vta.). Agregó que no obstaba a la solución propuesta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016), pues -expresó- en aquel precedente el alto Tribunal revocó el fallo de origen por el cual se había dispuesto la aplicación de la ley 26.733 a una contingencia ocurrida con anterioridad a su entrada en vigencia, declarando inaplicable in totum el citado cuerpo legal pero nada resolvió sobre la validez constitucional del art. 3 ni acerca de la interpretación que cabía asignarle en torno a la inclusión dentro de su ámbito de este tipo de contingencias, lo cual -dijo- impedía extraer de aquel fallo doctrina judicial alguna sobre el tema debatido (v. fs. 195 vta.).
Finalmente, en razón de lo expuesto, considerando aplicable a los accidentes in itinere el art. 3 de la ley 26.773, declaró abstracto el tratamiento del planteo formulado por la demandante cuestionando su validez constitucional (v. fs. 196).
En consecuencia, cuantificó la indemnización reclamada en la suma de $114.475,67 ($4.509,72 x 53 x 28% x 65/38) con más la de $22.895,13 (art. 3, ley 26.773) totalizando la cifra de $137.370,80, de la que dedujo la ya percibida por la actora de $30.982,19 que arrojó un monto de condena de $106.388,61 (v. fs. 196).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/220 vta.).
II.1. En primer lugar, controvierte lo resuelto en el pronunciamiento impugnado en torno a la aplicación del art. 12 de la ley 24.557.
En sustancia, se agravia de la decisión en cuanto el a quo calculó el valor mensual del ingreso base incluyendo todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario de la trabajadora.
Alega que la base salarial que corresponde aplicar conforme la manda legal no es irrazonable ni violatoria del derecho de propiedad de la actora. Destaca que esta percibió una remuneración en consonancia con la normativa laboral vigente y señala que el caso en examen debe analizarse dentro de un sistema de reparación global que no se conforma únicamente con la remuneración percibida por el trabajador, sino que abarca prestaciones médicas inmediatas, dinerarias de pago temporario y, por último, la reparación de la minusvalía (v. fs. 217).
Finalmente, afirma que, a su juicio, el sentenciante de grado incurrió en absurdo al descalificar una norma válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. 217 vta.).
II.2. A continuación, objeta la condena a abonar la indemnización adicional de pago único establecida en el art. 3 de la ley 26.773. Afirma, esencialmente, que los accidentes in itinere -como el de autos- se encuentran fuera del supuesto amparado por el mencionado dispositivo. En ese orden, denuncia vulnerada la doctrina emergente del precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 7-VI-2016).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. El valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.b. Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.2. La impugnación dirigida a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente no resulta atendible.
Debo destacar que aun cuando de la lectura del recurso deducido surge que el interesado pareciera entender -erróneamente- que el tribunal de origen habría invalidado constitucionalmente la norma a fin de incorporar conceptos no sujetos a cotización, la crítica -desde su propia formulación- no involucra el examen de una cuestión de naturaleza federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerite la apertura de la instancia extraordinaria, ya que se trata, en definitiva, de la interpretación y aplicación del derecho común y del análisis de una cuestión fáctica vinculada a la ausencia de prueba con relación a si los rubros denominados "no remunerativos" reconocen un origen ajeno a la relación de trabajo (v. sent., fs. 187 vta./189), temas extraños a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466 "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
En consecuencia, debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone toda vez que los precedentes invocados a fs. 216 vta. no constituyen sustento idóneo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues no guardan correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares atento a que mediaron presupuestos fácticos y normativos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017 y L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018).
Es oportuno recordar, además, que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales o la doctrina de los autores (causas L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-V-2013 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III.3. En cambio, entiendo que el reproche a lo resuelto por el tribunal de la instancia con fundamento en el art. 3 de la ley 26.773 merece favorable acogida.
III.3.a. Aun poniendo de relieve la insuficiencia del valor de lo cuestionado, he de señalar -no obstante- que la resolución del mentado cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.3.b. Bajo estos señalamientos, es evidente que las razones que llevaron al a quo a aplicar al caso la norma cuestionada, colisionan con el criterio que emana de la doctrina legal establecida en las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018) y L. 120.205, "Pereyra" (sent. de 11-III-2020), asimismo con aquella sentada en la causa L. 120.838, "Miranda" (sent. de 28-VIII-2019).
En el primer precedente -cuyas directrices fueron reiteradas en los restantes-, al establecerse que contingencias como las de autos no caen bajo el ámbito de aplicación del precepto legal, se dijo que tal conclusión era adoptada sin negar las cavilaciones que puede generar la expresión "a disposición" empleada por el legislador, acentuadas quizás, a poco de observar que desde ciertas opiniones científicas se afirma que la atribución de responsabilidad en el accidente in itinere hallaría su basamento en que en el trayecto pertinente el trabajador pone el tiempo a disposición del empleador, tal como se detalla en el precedente de este Tribunal L. 78.855, "Cebrymsky" (sent. de 8-IV-2007) citado en la sentencia en revisión.
Hubo de agregarse que, sin embargo, no puede ignorarse -también se ilustra al respecto en la citada causa L. 78.855-, que otras voces sostienen que el fundamento de esa responsabilidad radica en la "ocasión", destacan así "...la gravitación que sobre el infortunio ejerce el hecho del trabajo que obliga a desplazarse hacia un lugar determinado..." (Vázquez Vialard, Antonio; Accidentes y enfermedades del trabajo , Ed. Astrea, Bs. As, 1989, pág. 71). En este razonamiento, el tiempo que el trabajador compromete en la relación de trabajo se limita al comprendido "...entre el momento en que efectivamente pone su capacidad laboral a disposición del empleador, hasta aquel en que esa obligación cesa..." (conf. ob. cit. pág. 73); en consecuencia, en el marco temporal que rodea a este tipo de contingencia, el dependiente no se encuentra a disposición del principal.
Por otro lado, y en lo que resulta aquí fundamental, se afirmó que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su art. 4 consagra en favor del damnificado), la norma examinada al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, la razón emerge manifiesta: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
Finalmente, se indicó que esa solución se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5° seg. párr.).
A partir de lo expuesto, resulta claro que el adecuado análisis interpretativo del precepto legal en examen estuvo ausente en el pronunciamiento recurrido.
III.3.c. En tanto lo anterior justifica la procedencia de la impugnación, toca expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 3 de la ley 26.773 que subsidiariamente efectuó la parte actora en la instancia (v. fs. 30 vta./32), ello, pues -es sabido- con arreglo al postulado de la adhesión a la apelación, en la resolución del recurso de inaplicabilidad de ley debe tenerse en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (causas L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 117.547, "Di Vieste", sent. de 31-X-2016).
Al respecto, la deficiencia argumental que porta el mentado reproche -ciertamente sucinto- ha de sellar su suerte adversa: pretende estructurarse bajo genéricas reflexiones que incluso contrastan con aquellas sobre las cuales se erige la labor hermenéutica de la norma presente en la doctrina de este Tribunal, en un intento que, al cabo, en modo alguno evidencia las trasgresiones a los derechos constitucionales que se enuncian.
No debe olvidarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
IV. Con todo, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada en cuanto en ella se condenó a abonar a la demandada la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, la que se desestima. La causa deberá regresar al tribunal de la instancia a fin de que practique una nueva liquidación conforme lo aquí resuelto.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289 del CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. En lo concerniente al reproche vinculado con la determinación del valor del ingreso base mensual, adhiero a lo expresado en el voto que abre el acuerdo.
II.2.a. Por otro lado, también acompaño la solución propuesta por el doctor Soria en cuanto merece favorable recepción la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, a tenor de lo resuelto por esta Corte en las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); L. 120.838, "Miranda" (sent. de 28-VIII-2019) y L. 120.205, "Pereyra" (sent. de 11-III-2020), entre otras, cuyos fundamentos comparto.
II.2.b. Asimismo, coincido con lo manifestado por el distinguido colega en el punto III.3.c. de su voto.
III. Por lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en los términos señalados en el punto IV del sufragio emitido en primer término.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:15 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:45 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/07/2020 18:55:34 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.