Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125729
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art.292 cit. y Acordada 1.790; art.63, ley 11.653) y habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazarlo (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653). Costas al recurrente vencido (art.68, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonarle a Reynaldo Pastor Martínez la suma que individualizó en concepto de prestación por incapacidad permanente, derivada del infortunio laboral acreditado en autos (arts. 6.1; 12 y 14.2.a de la ley 24.557; arts. 3, 8 y 17.6 de la ley 26.773 y art. 3 de la resolución 1/16; v. fs. 152/160).
Asimismo, declaró en situación de gran invalidez al trabajador y, en consecuencia, condenó a la mencionada aseguradora a pagarle mensualmente las sumas que se vayan devengando conforme el art. 17 inc. 2 de la ley 24.557, sin perjuicio de las que se devengaron a la fecha del dictado de la sentencia que determinó, como así también, la suma que estimó en concepto de prestación especial, para que el actor invierta ese dinero en adecuar su vivienda a su nueva situación de incapacidad (art. 20 de la ley 24.557 y art. 9 de la resolución SRT 180/15).
II. Frente a lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 3-III-2020) y el a quo lo denegó por no advertir configurados en el sub examine ninguno de los supuestos contenidos en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. pronunciamiento del 26-V-2020) dando lugar a la articulación de la presente queja digital el día 3 de junio de 2020 (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial).
En lo esencial, la impugnante sostiene que el fundamento del objeto de su queja apunta a lo que considera una inexplicable denegatoria del recurso de nulidad, cuando surge evidente la omisión de la cuestión esencial que denunció en oportunidad de desarrollar los agravios que lo motivaron.
III. De modo liminar, se impone observar que el tribunal de grado excedió su competencia al formular un juicio vinculado a la procedencia de la vía extraordinaria de nulidad intentada, materia privativa de esta Suprema Corte (causas Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010 y L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011), por lo cual corresponde hacer lugar al recurso de hecho traído de forma directa ante esta sede casatoria (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
IV.1. Sentado ello, corresponde ingresar en el análisis del remedio concedido. Al respecto, cabe recordar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014).
IV.2.a. Como se anticipó ut supra , el apelante interpuso un recurso extraordinario de nulidad, por cuya vía denunció, en prieta síntesis, que el a quo al sentenciar omitió analizar la prueba ofrecida por las partes. Asimismo, objetó los términos empleados por el tribunal de mérito a fin de plantear las cuestiones propuestas en el fallo de los hechos, con el argumento de considerar que al resolver la cuestión segunda en la sentencia propiamente dicha se alude a dos situaciones no previstas en aquella votación, como la configuración de un supuesto de gran invalidez y la consecuente condena de refacción en la vivienda.
Estos dos tópicos, esenciales aclara, para poder llegar a la conclusión final que el fallo aprehende, no cabe duda –afirma- que no fueron debatidas ni votadas individualmente por los jueces y además no integraban el cuestionario propuesto, ni formaron parte de lo que se concluyó como cuestiones probadas.
La sentencia, observa, hace lugar a la demanda por incapacidad laboral total definitiva, ordena el abono de la prestación dineraria incluyendo el adicional de pago único, pero también, aludiendo a una conclusión del veredicto, que a su modo de ver no fue tal, condenó a su representada al pago de una indemnización por gran invalidez y los gastos de refacción de la vivienda.
Afirma, con apoyo en doctrina legal de esta Suprema Corte, en ese sentido, que los magistrados que integran el tribunal omitieron pronunciarse sobre los hechos para llegar -por unanimidad- a la decisión en sentencia de declarar la procedencia de las pretensiones articuladas, no obstante sortear el análisis de elementos probatorios que enuncia y acusa preteridos en el decisorio recurrido, vicio que entiende configura un supuesto de privación de justicia y deviene violatorio la garantía constitucional del debido proceso, de la carga de la prueba, de la defensa en juicio y también de incolumidad del patrimonio de la demandada, contempladas en los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional.
IV.2.b. En ese contexto, cabe anticipar que la vía intentada en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial se observa manifiestamente improcedente. Tras acometer el examen de los elementos de juicio colectados en el proceso, mediante el cual sostuvieron que las consecuencias físicas dañosas en la salud del trabajador han sido cabalmente acreditadas con las conclusiones del perito, en relación causal con el hecho denunciado, como así también que las lesiones que sufriera determinan que el mismo necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida, los jueces integrantes del tribunal de origen concluyeron, por unanimidad, declarar en situación de gran invalidez al actor y consecuentemente, condenar a la mencionada aseguradora de riesgos del trabajo a pagarle la indemnización establecida en el art. 17 inc. 2 de la ley 24.557, sin perjuicio de las que se devengaron a la fecha del dictado de la sentencia que determinó, como así también, la suma que estimó en concepto de prestación especial, para que el trabajador invierta ese dinero en adecuar su vivienda a su nueva situación de incapacidad.
Siendo ello así, no cabe más que descartar la consumación, en la especie, del vicio omisivo denunciado al abrigo del art. 168 de la Carta provincial desde que las temáticas centrales del pleito, a las que alude el apelante, fueron objeto de tratamiento por los magistrados actuantes cualquiera fuere el mérito o acierto de la decisión recaída a su respecto, aspecto que sólo puede constituir materia de revisión por la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y no por el presente (causas L. 94.682, "Magione", sent. de 2-IX-2009; L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-V-2008; L. 84.291, "Kirilenko", sent. de 8-III-2007 y L. 117.957, "Altamirano", resol. de 16-VII-2014).
Sobre el tópico tiene dicho esta Suprema Corte que las denuncias referidas a errores de juzgamiento, así como los planteos relativos al deficiente análisis de la prueba -tanto en lo concerniente a la eventual ausencia de su tratamiento, o a la forma de encarar la misma- constituyen temas ajenos al recurso extraordinario de nulidad y su reparación debe buscarse por el carril del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.679 "Cisneros", sent. de 2-III-2011; L. 104.479 "Cattani", sent. de 30-V-2012 y L. 121.758, "Torales", resol. de 21-XI-2018).
En definitiva, reiteradamente ha sostenido esta Corte que, si bajo la denuncia de nulidad del pronunciamiento, en realidad los agravios que porta el recurso extraordinario se sustentan en el cuestionamiento a la forma en que el juzgador resolvió la contienda, en tanto aquellos importan la imputación de típicos errores in iudicando , devienen ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 79.779, "Gelis", sent. de 20-VIII-2008 y L. 120.402, "Díaz", resol. de 3-V-2017).
Para más, sabido es que la eventual transgresión tanto de normas de la Constitución nacional o sustanciales y procesales, también resulta materia detraída del limitado ámbito de actuación propio de la vía de nulidad escogida (causas Ac. 73.685, "Banco de Galicia y Bs.As.", resol. de 2-II-1999 y L. 98.582, "Melían", sent. de 22-V-2013; e.o.).
Ha expresado este Tribunal que, en lo que atañe a la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal, en cuanto a la infracción de los derechos constitucionales mencionados, no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, por resultar ajeno al mismo (causas L. 94.844, "Rodríguez", sent. de 3-VI-2009 y L. 119.125, "Hernández", resol. de 28-XII-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art.292 cit. y Acordada 1.790; art.63, ley 11.653) y habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazarlo (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653). Costas al recurrente vencido (art.68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda. Dése de baja en los registros informáticos y libros de secretaría (art. 14, Anexo Acuerdo 3975/20).
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:15:55 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 23/07/2020 19:58:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 23/07/2020 20:10:11 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 24/07/2020 15:42:34 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 29/07/2020 12:23:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia