Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124110
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
2Anular de oficio parcialmente el pronunciamiento de fs. 22 y vta. en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y abstracto el tratamiento de la validez constitucional del capítulo I de la ley 27.348 (art. 168, Const. prov.), y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653)
I. En el caso, el señor Mauricio Leonardo Azcua promovió acción por accidente in itinere contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 4/14 vta.) y la Presidenta del Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, ordenó conferir su traslado a la Fiscalía de Estado por el término de treinta días, bajo el apercibimiento previsto en el art. 28 de la ley 11.653 (v. fs. 15/16).
Ante lo así proveído, el Fisco dedujo revocatoria (v. fs. 19/20 vta.), oportunidad en que sostuvo que el órgano de grado debió resolver previo al traslado de la demanda, los planteos de inconstitucionalidad articulados por el accionante en el capítulo VIII del escrito de inicio, aduciendo, además, la imposibilidad del legitimado activo de dirigirse por la vía intentada, toda vez que al momento del acaecimiento del infortunio materia de litigio y a la fecha de interposición de la demanda, se encontraban vigentes la ley nacional 27.348 que instaura -de modo complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- la intervención en instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra y la ley 14.997, de adhesión de la Provincia de Buenos Aires a aquel régimen, por lo que consideró que la acción interpuesta no respetaba el marco legal previsto.
A su turno, el tribunal laboral en pleno, hizo lugar a la reposición intentada y dejó sin efecto el auto que dispuso el traslado de la demanda obrante a fs. 15, segundo párrafo, declarando inoficiosa la cédula librada a tal fin (v. fs. 22, primer párrafo).
En el mismo acto, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y abstracto el tratamiento de la validez constitucional del capítulo I de la ley 27.348 (v. fs. 22 y vta.).
II. Frente a esta última parcela de la decisión, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-V-2019), el que denegado por el a quo , por considerar no definitivo el pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. fs. 23 vta.), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 47/51 vta.).
En sustancia, la impugnante aduce que el recurso extraordinario debió ser concedido, pues el pronunciamiento impugnado por aquella vía involucra un asunto de imposible replanteo posterior, desde que se expide sobre la validez constitucional de la adhesión provincial al régimen diseñado por la ley nacional 27.348 -complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- generando así, un agravio de imposible e insuficiente reparación ulterior, en este estadio procesal de la causa. En esa línea argumental, entiende que el pronunciamiento impugnado debe ser equiparado a definitivo, a fin de habilitar la instancia extraordinaria de casación, para su revisión. Cita doctrina legal e invoca gravedad institucional.
III. La queja prospera.
Ello así, pues, si bien esta Corte ha sostenido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar el mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas L. 113.289, "Olivello", sent. de 28-XII-2010 y L. 113.643, "Usandizaga", sent. de 6-IV-2011) tal principio, por las razones que se desarrollan infra , debe ceder.
En el caso, no obstante recaer en etapa anterior al dictado de la sentencia de mérito de la causa, el pronunciamiento impugnado, en tanto resuelve sobre la constitucionalidad de la ley 14.997, declarando abstracto el tratamiento de la validez constitucional del régimen de riesgos del trabajo instituido por la ley 27.348, se pronuncia en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011 y L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019).
IV. En ese marco conceptual, visto que la decisión bajo censura resuelve en la presente litis una cuestión esencial, se advierte que carece de la formalidad de acuerdo y voto individual de los jueces que intervinieron, lo que, en el caso, constituye transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo cumplimiento resulta ineludible, correspondiendo su anulación oficiosa por esta Corte (causas L. 112.717, "Lasala", resol. de 30-III-2011; L. 117.364, "Coliqueo", resol. de 12-VI-2013; L. 120.805, "Gatica Estropio", resol. 13-IX-2017 y L. 121.952, "Mourglia", resol. de 14-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
2. Anular de oficio parcialmente el pronunciamiento de fs. 22 y vta. en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y abstracto el tratamiento de la validez constitucional del capítulo I de la ley 27.348 (art. 168, Const. prov.), y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653)
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:41:16 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:53:13 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 30/07/2020 20:43:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:51:35 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:28:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia